RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA INTERPONERLO EN REPRESENTACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, RECAUDACIÓN E INVERSIONES, DE DICHO INSTITUTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 41/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 20 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veinte de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 41/2025, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Décimo Octavo Circuito.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en caso de resultar procedente, resolver si la Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en representación de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio sin número de ocho de mayo de dos mil veinticinco, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el citado órgano jurisdiccional (Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito), al resolver el recurso de reclamación ********** y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal **********.
4. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el consecutivo 41/2025; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran sobre la vigencia de los criterios de la posible contradicción y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados, así como la de aquéllos de los que éstos hayan derivado.
5. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País, que guarde relación con la temática planteada en este asunto y, finalmente se realizó el turno electrónico del expediente.
6. Por oficio 4952/2025 de doce de junio de dos mil veinticinco, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, informó que el criterio contenido en la revisión fiscal ********** de su índice, continúa vigente y que puso las actuaciones relativas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
7. A través del oficio 3672/2025 de trece de junio de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, informó que el criterio contenido en el recurso de revisión **********, continúa vigente y que puso las actuaciones relativas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
8. Por oficio DGCCST/X/398/062025, de veinte de junio de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que no existe contradicción de criterios radicada en los últimos seis meses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que trate el tema relativo a este expediente.
9. Mediante auto de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
10. El expediente fue listado para verse en sesión de seis de agosto de dos mil veinticinco, fecha en la que fue aplazado a petición del Magistrado ponente, para analizar las observaciones de las magistradas de este Pleno.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente; en virtud de que trata de una denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y el Tercer, ambos Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, órganos jurisdiccionales que se encuentran dentro de la región Centro-Sur; además, la materia es administrativa en virtud de que se refiere a la procedencia del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por parte legitimada, esto es, por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de reclamación **********, expediente en el que se emitió uno de los criterios contendientes.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
14. A) Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. Antecedentes del recurso de reclamación **********.
15. Mediante escrito depositado en correos de México el once de febrero de dos mil veinticinco, la autoridad recurrente (Subdirector de lo Contencioso en representación de la Subdirección de Afiliación y vigencia de Derechos adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, todas las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de treinta de enero de dos mil veinticinco, dictado por la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en los autos del recurso de revisión fiscal **********, en el que se desechó el recurso por notoriamente improcedente, al considerar que la parte recurrente no estaba legitimada para interponer el recurso.
16. En proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, admitió el recurso de reclamación y le asignó el número de expediente **********.
17. En sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, el Pleno del aludido órgano jurisdiccional resolvió declarar infundado el recurso de reclamación bajo las siguientes consideraciones medulares:
• Estimó inoperantes los argumentos tocantes al análisis de los artículos 23, 25 y 50, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que su texto fue analizado en el auto recurrido; en adición fue desestimada la cita del punto 6.1, función 1, del Manual de Organización General del indicado Instituto.
• Consideró que en el oficio por el que se interpuso el recurso, la autoridad signante citó el artículo 5, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el >
• Con independencia de haber citado la normatividad apuntada en el párrafo que antecede, el órgano jurisdiccional consideró inoperante el agravio, porque tratándose de juicios administrativos la representación recae en las unidades encargadas de la defensa jurídica, esto es, la Dirección Jurídica y no el Director General; así, éste no puede delegar facultades que no le competen.
• Indicó que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene facultades para representar al Instituto en toda gestión judicial y administrativa, incluso para ejercitar y desistir de acciones legales, atribuciones que puede delegar; sin embargo, para apoyarse en esas actividades cuenta con una Dirección Jurídica, la cual, es la expresamente facultada para representar al Instituto y para defender sus intereses.
• En esa tesitura, estimó, la Dirección General puede delegar la gestión de las actividades encomendadas, pero la defensa se requiere que se ejercida por el área técnica especializada, por tanto, la delegación no es acorde con la facultad relativa con la defensa de los intereses del Instituto.
• Así, la legitimación para recurrir corresponde al Director o al titular de la unidad jurídica, pero no a la Subdirectora de lo Contencioso, ya que el acuerdo delegatorio es ineficaz en la medida en que la Dirección General pretendió delegar una facultad que no tiene.
• Al respecto, afirmó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuenta con una Dirección Jurídica que es la encargada de las defensa de sus intereses, patrimonio y derechos ante los tribunales, además, cada unidad administrativa estará encabezada por un director o titular, que puede auxiliarse en el ejercicio de sus atribuciones por coordinadores, subdirectores, subcoordinadores, jefes de servicios, jefes de departamento, oficinas de representación y demás personal.
• Por todo lo argumentado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Director General carece de atribuciones de defensa legal o jurídica del Instituto, ya que esa atribución se reservó de manera específica a la Dirección Jurídica, en términos del artículo 59, fracción II, del aludido Estatuto.
• Además, el artículo 6.1 del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no constituye un acuerdo delegatorio del Director Jurídico para los funcionarios ahí previstos, ya que fue expedido por otra autoridad, por lo que su cita no es suficiente para acreditar la legitimidad para interponer el recurso.
• Señaló que el indicado Manual, es un ordenamiento interno que no le otorga legitimación a la Directora de lo Contencioso para actuar en representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
18. Bajo el contexto descrito, es que el Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundado el recurso de reclamación.
19. B) Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. Antecedentes de la revisión fiscal **********.
20. Mediante oficio presentado el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correos de México, la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos adscrita a la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, por conducto de la Subdirectora de lo Contencioso, todas las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veinticuatro por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo **********.
21. Por cuestión de turno correspondió conocer de dicho recurso de revisión al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, cuya Presidencia lo admitió a trámite mediante auto de dos de mayo de dos mil veinticuatro, registrándolo con el número de recurso de revisión fiscal **********.
22. En sesión de nueve de enero de dos mil veinticuatro el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito dictó resolución en la que resolvió confirmar la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veinticuatro, por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo **********.
23. El Tribunal Colegiado de Circuito, consideró que la autoridad recurrente estaba legitimada para interponer el recurso, bajo las siguientes consideraciones esenciales:
• La Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene legitimación en términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• Lo anterior, en relación con el punto 6.1, función 1, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que corresponde a la autoridad recurrente la representación jurídica del Instituto y de las unidades que lo integran.
24. Así las cosas, bajo ese contexto, como se adelantó ya, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, confirmó la sentencia de seis de febrero de dos mil veinticuatro.
V. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
25. El objeto de resolución de una contradicción consiste en unificar los criterios contendientes a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica; de ahí que sea imperativo establecer si ésta se configura, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo para determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
26. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
27. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:
>
28. Por ende, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
29. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Marzo de 2010, página 122, que a continuación se transcribe:
>
30. A partir de los lineamientos expuestos para determinar cuándo existe una contradicción entre criterios, enseguida se emprende el análisis relativo, en torno al caso que nos ocupa.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
31. Es existente la contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, Primero y Tercero, como enseguida se demuestra.
32. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
33. En efecto, en el caso concreto, los dos contendientes analizaron casos en los que se pronunciaron en relación con la legitimación de la autoridad que interpone el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
34. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Requisito respecto del que, este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales colegiados, existe un punto de toque en relación con la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.
35. Efectivamente, en las ejecutorias existe pronunciamiento en relación con la procedencia del recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con la legitimación de la persona titular de la Subdirección de lo Contencioso, en representación de la Subdirección de Afiliación y vigencia de Derechos, adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, todas las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llegando a conclusiones encontradas, en los siguientes términos esenciales:
a) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, consideró que la persona titular de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, ya que de los artículos 23, fracción XI y XIV, 25, 50 y 59, del Estatuto orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, el primero del Acuerdo por el que la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega facultades en las personas servidoras públicas de la Dirección Jurídica, las facultades que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil veinticuatro, así como el numeral 6.1, fracción I, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se acredita la legitimación para interponer el mencionado recurso. b) En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, estimó que la aludida autoridad tenía legitimación con base en los artículos 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, así como en el punto 6.1., función 1, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
36. Bajo ese contexto, es patente que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en relación con la legitimación de la persona titular de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, así como en el punto 6.1., función 1, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
37. Al respecto, conviene precisar que solo uno de los contendientes abordó el análisis de los artículos 23, fracción XI y XIV, 50 y 59, del Estatuto orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, así como el primero del Acuerdo por el que la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega facultades en las personas servidoras públicas de la Dirección Jurídica, las facultades que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil veinticuatro, por lo que no existe contradicción en la aplicación de tales preceptos normativos; lo que no es un obstáculo para que, en su momento, pueda ser analizada uno o varias de las mencionadas hipótesis normativas para dar solución a la presente contradicción de criterios.
38. En adición a lo anterior, se tiene presente el texto del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, que estatuye:
>
39. El imperativo normativo en estudio, dispone que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puede delegar todas las facultades y atribuciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos le confieran de manera expresa y que no sean indelegables, para lo que podrá emitir los acuerdos delegatorios y otorgar poderes generales o especiales.
40. Del precepto antes descrito, no se advierte que se otorgue legitimación a la persona titular de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para interponer el recurso de revisión, ya que se refiere a la aptitud delegatoria del Director General, la cual debe expresarse jurídicamente mediante los actos jurídicos precisados en la norma estatutaria, esto es, un acuerdo delegatorio o mediante el otorgamiento de un poder general o especial.
41. Bajo ese contexto normativo, es que la cita del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se refiere a la legitimación de la Subdirección de lo Contencioso, por lo que se estima que no debe ser materia de pronunciamiento para dar solución a la presente contradicción de criterios.
42. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
43. Al respecto conviene precisar que en proveído de nueve de junio de dos mil veinticinco, se indicó como posible tema de la presente contradicción de criterios el de >.
44. Cabe precisar que en ambos casos los órganos jurisdiccionales contendientes analizaron la procedencia de un recurso de revisión en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, interpuesto por la Subdirección de lo Contencioso en representación de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, Adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, todas las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
45. Se destaca también, que el Tercer Tribunal Colegiad en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, identificó a la unidad administrativa como Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación; empero, del artículo 4, fracción I, inciso c), se advierte que la denominación correcta es la de Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones.
46. Por tanto, del análisis de los criterios contendientes, este Pleno regional estima que con base en las posturas de los tribunales colegiados de circuito contendientes, se tiene que el problema a dilucidar es el contenido en la siguiente pregunta:
¿La persona Subdirectora de lo Contencioso cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en representación de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, todas las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado?
47. Pregunta que debe examinarse a la luz del punto 6.1., función 1, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
48. Al reunirse los requisitos para configurar la existencia de la contradicción, este Pleno Regional procede a emitir el fallo respectivo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
49. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
50. Para determinar el criterio jurisprudencial que debe prevalecer en el presente caso, en primer orden se tiene presente el texto del artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye:
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; ...>>
51. El imperativo constitucional antes transcrito, en lo que a la resolución del caso interesa, establece que los tribunales de la Federación, conocerán de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solo en los casos en que lo señalen las leyes.
52. Al respecto, conviene precisar que de la norma constitucional transcrita en primer orden, se advierte que el Constituyente Permanente facultó al legislador ordinario para determinar los supuestos y requisitos de procedencia del recurso, de lo que se sigue su naturaleza excepcional.
53. Al caso se cita, por su criterio sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 205/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 598, cuyo rubro y texto son:
>
54. Ahora, el artículo 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:
>
55. El precepto legal en análisis, en lo que al caso interesa, establece que procede el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son susceptibles de ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica.
56. Sentado lo anterior, corresponde analizar lo previsto en el punto 6.1., función 1, del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual, este Pleno Regional tiene en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 182/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 311, que informa:
>
57. El Alto Tribunal consideró que la persona titular de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encontraba legitimada para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
58. En este punto, se tiene presente, en lo conducente, la ejecutoria de la contradicción de tesis 31/2009, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia antes citada, que es del tenor siguiente:
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 59/2001, que interpretó el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto actual corresponde al numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, determinó que las autoridades demandadas en un juicio de nulidad sólo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33581-ebfa3f49/recurso-de-revision-fiscal-legitimacion-de-la-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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