PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. SU PROCEDENCIA DEPENDE DE QUE EL ASPIRANTE ACREDITE QUE POSEE LA PARCELA EN CONCEPTO DE TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO.
AMPARO DIRECTO 434/2024. 30 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO NÚÑEZ LOYO. SECRETARIO: MIGUEL ERIC CRUZ SANTIAGO.
Naucalpan de Juárez, Estado de México. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria por videoconferencia de treinta de abril de dos mil veinticinco.
Visto, para resolver el juicio de amparo directo 434/2024; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Recepción de la demanda de amparo
Mediante escrito recibido el tres de julio de dos mil veinticuatro,(1) en la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, ******** solicitó el amparo y protección de la justicia Federal contra la sentencia de trece de junio de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio agrario ***/2023, por la Magistrada adscrita al Tribunal mencionado.
La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como terceros interesados a ********, a la ********, a ******** y a ******** y, expuso sus conceptos de violación.
SEGUNDO. Remisión de la demanda a este Tribunal
Mediante oficio ***, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, Estado de México, remitió la demanda de amparo, el informe con justificación y el expediente agrario ***/2023, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la sustanciación del juicio de amparo directo.
TERCERO. Admisión de la demanda de amparo
Este Tribunal, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, por auto de presidencia de seis de agosto de dos mil veinticuatro,(2) la registró como amparo directo 434/2024 y la admitió a trámite, dando intervención al Fiscal Federal adscrito,(3) quien no formuló pedimento.
CUARTO. Turno de autos
Mediante auto de presidencia de veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco,(4) se turnó el expediente a la ponencia del magistrado Guillermo Núñez Loyo, a efecto de que fuera formulado el proyecto de sentencia respectivo.
QUINTO. Resolución por videoconferencia
De conformidad con el artículo 1(5) del Acuerdo General 16/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, el numeral 36(6) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el diverso 30(7) del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; este órgano jurisdiccional puede incluir el presente asunto en la lista electrónica que se publica en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), y dictar la sentencia correspondiente en la sesión ordinaria por videoconferencia de la fecha; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia
Este Tribunal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero, quinto y sexto, 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, inciso a), V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, con apoyo en los artículos 33, fracción II, 34, en relación con el diverso 170 de la Ley de Amparo; 35, fracción I, inciso b), 36 y 210, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y además, en los puntos PRIMERO, fracción II, SEGUNDO, fracción II y TERCERO, fracción II, del “ACUERDO GENERAL 03/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO”;(8) toda vez que, se trata de un amparo directo en el que se reclama una sentencia dictada por un Tribunal Unitario Agrario, con residencia dentro del territorio en que este Tribunal ejerce competencia por materia y vía.
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, la sentencia de trece de junio de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio agrario ***/2023.
La existencia de dicha sentencia se encuentra acreditada con la manifestación de su reconocimiento por la autoridad responsable en su informe justificado; confesión expresa y espontánea, que hace prueba plena en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Lo que se corrobora con los autos del juicio agrario ***/2023, anexo al referido informe, los cuales igualmente gozan de eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129 y 202 de la Normatividad aludida.
TERCERO. Oportunidad
La demanda de amparo directo se promovió oportunamente, como se representa en la gráfica siguiente:
SIN TEXTO
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CUARTO. Legitimación
La demanda de amparo fue promovida por parte legítima, pues se trata de *******, parte demandada en el juicio agrario de origen y a quien perjudica la sentencia reclamada, en la que se declaró la improcedencia de la acción de prescripción positiva que ejerció en el sumario de origen; por ende, debe ser reconocida como parte quejosa, en términos de los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, así como 1, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
QUINTO. Antecedentes
******** demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, de ********, de la ******** del núcleo agrario ********, municipio de *****, Estado de México, las prestaciones siguientes:
“A) La prescripción adquisitiva, a favor del suscrito *******, respecto de la parcela número **** del plano interno del ejido de ********, Municipio de *****, Estado de México, toda vez que dicha parcela la he venido poseyendo en carácter de titular, de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, desde hace más de diez años.
B) Como consecuencia de la prestación anterior se determine por parte de este H. Tribunal que corresponde al suscrito el mejor derecho que al C. ********, a poseer la parcela ejidal marcada con el número ******* del plano interno del ejido de ********, municipio de *****, Estado de México, por los motivos y razonamientos que más adelante señalaré.
C).- Como consecuencia de la prestación anterior se ordene a la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el Estado de México, cancelar el Certificado parcelario número ********, expedido a favor del C. ******** y en consecuencia expedir el certificado parcelario a favor del suscrito ******** que me acredite como legal titular del ejido de ********, Municipio de *****, Estado de México, respecto de la parcela ******** del plano interno del Ejido que nos ocupa, la cual me pertenece por los motivos y razonamientos que enseguida señalaré."
En auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, a quien correspondió conocer de la demanda agraria, ordenó su registró bajo el número ***/2023 y la admitió a trámite, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley y, ordenó emplazar a la parte demandada ********, así como, a la ******** del núcleo agrario ********, Municipio de *****, Estado de México, y a los colindantes ******** y ********.
Seguido el juicio por todos sus trámites, el trece de junio de dos mil veinticuatro, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, dictó sentencia, en la que determinó lo siguiente:
“PRIMERO.- Es procedente la vía en que se tramitó el presente juicio agrario, donde la parte actora ******* no acreditó los elementos constitutivos de la acción de prescripción positiva, en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, acorde a lo dispuesto en las consideraciones de la presente sentencia, en consecuencia es improcedente declarar la prescripción positiva de la parcela número ***, ubicada en el núcleo agrario ********, Municipio de *****, Estado de México, por lo que es (Sic) consecuencia resulta improcedente ordenar al Registro Agrario Nacional cancele el certificado parcelario número ******** y expida otro a favor de *******, conforme a lo motivado y fundado líneas arriba.
Consecuentemente, se absuelve de dichas prestaciones a la parte demandada ********, así como a los litisconsortes pasivos necesarios Asamblea General de Ejidatarios del núcleo agrario ********, Municipio *****, Estado de México, representada por su ******** y colindantes de dicha parcela.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente (...).”
Al respecto, el Tribunal responsable determinó que la litis en el procedimiento, se circunscribía a establecer si eran procedentes o no las pretensiones que la parte actora ******* reclamaba de *********, consistentes en que se declarara que operó a su favor la prescripción positiva de la parcela ***, con superficie de ***** hectáreas, amparada con el certificado parcelario número *******, ubicada en el ejido de ********; y, como consecuencia de lo anterior, se remitiera copia certificada de la sentencia al Registro Agrario Nacional en el Estado para su inscripción; así como, para la baja de ********, la cancelación del citado certificado parcelario y expidiera uno nuevo a favor de *******, que le acreditara como titular de la citada parcela, acción prevista en la fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el diverso 48 de la Ley Agraria.
Teniendo como litisconsortes pasivos necesarios a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido ********, Municipio de *****, Estado de México, por conducto de su Comisariado Ejidal y a los colindantes ******** y ********.
En el considerando sexto, expuso que el juicio agrario dio inicio con la demanda presentada por ******* quien reclamó la prescripción positiva o adquisitiva sobre los derechos agrarios de la parcela números ***, ubicada en el Ejido ********, Municipio de *****, Estado de México, quien fundó su causa de pedir en los hechos de su demanda visibles en autos a fojas uno a ocho en las que indicó, que tenía en posesión la parcela ***, a partir del seis de octubre de dos mil doce, fecha en la que ********, le entregó la unidad de dotación en comento, por ser el titular de los derechos agrarios y conforme al contrato de cesión de derechos obrante en autos.
De manera que, desde aquella data había venido poseyendo dicha parcela de forma pacífica, continua y en calidad de titular, misma que ha venido trabajando; por lo que acudió ante el Tribunal Agrario responsable al haber operado a su favor la prescripción que señala el artículo 48 de la Ley Agraria, por haber poseído dicha parcela por más de cinco años, a la vista de los ejidatarios, posesionarios y avecindados del núcleo de forma pública, continua y de buena fe.
Enseguida, la Magistrada adscrita al Tribunal responsable, indicó que de conformidad con los dispositivos 48 de la Ley Agraria, 806, 823, 824, 825, 1135, 1136 y 1168 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al juicio agrario, la prescripción era un medio de adquirir bienes y derechos o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones que la ley estableciera; llamándose prescripción positiva a la adquisición de bienes mediante el transcurso del tiempo.
Explicó que, la Ley Agraria contemplaba la prescripción sobre tierras ejidales, siempre que el poseedor ejerciera la posesión respecto de la totalidad de la parcela en concepto de titular de derechos de ejidatario, fuera sobre tierras que no estuvieran destinadas al asentamiento humano, ni se tratara de bosques o selvas, así como tampoco de tierras de uso común, habida cuenta que éstas por su naturaleza jurídica eran imprescriptibles de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 del ordenamiento legal mencionado, y que dicha posesión fuera pública, continua, pacífica, y por un periodo de cinco años si la posesión era de buena fe, o de diez si fuere de mala fe.
Por lo tanto, para poder determinar esos aspectos, era necesario que el accionante revelara y acreditara la causa generadora de su posesión, pues sólo así el Tribunal estaría en condiciones de determinar si la posesión que ejercía el actor era apta para prescribir, debiendo entenderse por causa generadora de la posesión, cualquier acto que fundadamente se considerara bastante para transferir el dominio sobre la parcela de que se trataba, a fin de estar en aptitud de dilucidar, primeramente, si la posesión era en concepto de titular de derechos de ejidatario, para en seguida determinar lo referente a los plazos en que habría de operar la prescripción, ya que la posesión debía ser de naturaleza originaria y no precaria o derivada.
Con base a lo anterior, determinó que los elementos de la acción de prescripción positiva o adquisitiva eran los siguientes:
Primero. Que la parcela a prescribir se identificara con el concepto de tierras formalmente parceladas; y que no se tratara de tierras destinadas al asentamiento humano, de bosques o selvas.
Segundo. Acreditar el motivo o causa generadora de la posesión.
Tercero. Que las tierras ejidales materia del análisis de prescripción fueran poseídas por la o el interesado en concepto de "titular de derechos de ejidatario".
Cuarto. Que su posesión además fuera pública, pacífica, continua y por más de 5 años (si fue de buena fe) o de 10 (si fue de mala fe).
En el caso, la Magistrada resolvió que: el primer elemento de la acción de prescripción positiva o adquisitiva, consistente en que la parcela a prescribir se identificara con el concepto de tierras formalmente parceladas; y que no se tratara de tierras destinadas al asentamiento humano, de bosques o selvas, se acreditó con los siguientes medios de convicción:
I. Constancia de vigencia de medidas y colindancias expedida por el personal del Registro Agrario Nacional en la que se asentó que ******** era titular del certificado parcelario número *****, que ampara los derechos sobre la parcela *** del ejido ********, Municipio de *****, Estado de México, documentales a las que les confirió valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 189 de la Ley Agraria; y,
II. Copia simple del certificado parcelario *****, en el núcleo agrario ********, municipio de *****, Estado de México.
Probanza con las que tuvo por demostrado que la parcela ***, amparada con el certificado parcelario número *******, en el núcleo agrario ********, Municipio de *****, Estado de México, se trata de tierras formalmente parceladas, y no de tierras destinadas al asentamiento humano, ni de tierras de uso común, toda vez que de acuerdo con el artículo 78 de la Ley Agraria, el documento que se analizó fue el idóneo para acreditar los derechos de los ejidatarios sobre las tierras parceladas y su expedición fue consecuencia del destino y asignación formal que de las tierras parceladas, realizó la asamblea de Ejidatarios en términos del artículo 56 de la Ley Agraria.
Luego, precisó que el segundo elemento de la acción relativo a acreditar el motivo o causa generadora de la posesión, también fue demostrado.
Toda vez que la parte actora exhibió una cesión de derechos de fecha seis de octubre de dos mil doce, entre el cedente ******** y como cesionario *******, respecto de la parcela *** del ejido del que se trata.
Documental de la que desprendió que la parte actora celebró dicho acto traslativo de derechos agrarios el seis de octubre de dos mil doce, el cual constituyó el punto de partida para el cómputo del plazo necesario para que operara la prescripción adquisitiva de buena fe, documental de la cual se advirtió que la naturaleza de la posesión que la parte actora refirió era originaria y no derivada ni precaria, toda vez que la adquirió del titular de dicha parcela, como se advirtió de la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional.
En cuanto al tercer elemento de la acción consistente en que las tierras ejidales materia del análisis de prescripción fueran poseídas por la o el interesado en concepto de "titular de derechos de ejidatario", indicó que dicho elemento no fue acreditado por lo siguiente.
Mencionó que la parte actora ******* no acreditó con los medios probatorios que aportó al procedimiento que poseyó en concepto de "titular de derechos de ejidatario", es decir, con el ánimo de calidad con la que se ejercía la posesión, como una persona potencialmente apta para ser ejidatario o comunero, esto es, no demostró con medio de convicción tener la calidad de aspirante a titular de derechos de ejidatario.
Explicó que la cuestión relativa a la demostración de la posesión en "concepto de titular de derechos de ejidatario" debía relacionarse con las disposiciones legales tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencialmente, se encontraban en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero, en sus respectivos casos (artículos 13 y 15 de la Ley Agraria); las formas y modalidades en materia de sucesión de derechos agrarios (precepto 17 de la Ley Agraria); la regulación y orden de preferencia en la asignación de tierras no regularizadas o vacantes (dispositivos 56, 57, 61 y 62 de la Ley Agraria) y las formas y efectos de la cesión y enajenación de derechos parcelarios (artículos 59, 78 y 80 de la Ley Agraria); por lo que, atento a lo anterior no se advertía que la parte actora se encontrara en alguno de estos diversos supuestos.
Adujo que lo considerado tenía apoyo en el precedente emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 96/2004-SS, que dio origen al criterio jurisprudencial "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO TÍTULO.".
Explicó que, en la contradicción de tesis 242/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó, que la connotación del artículo 48 de la Ley Agraria relativa a que era menester que la posesión fuera en "concepto de titular de derechos de ejidatario", guardaba estrecha relación con dos supuestos distintos: por una parte, con la prueba de la calidad de aspirante a titular de derechos de ejidatario y, por otra, con la prueba de la tenencia de la parcela ejidal, en forma pacífica, continua y pública por el periodo de tiempo que determinaba la ley, ya que refirió que el concepto de "titular de derechos de ejidatario" debía relacionarse con los diversos supuestos legislativos relacionados con los individuos que potencialmente podían adquirir la calidad de ejidatario en sus respectivos casos, las formas y modalidades en materia de sucesión de derechos agrarios, la regularización y orden de preferencia en la asignación de tierras no regularizadas o vacantes y las formas y efectos de la cesión y enajenación de derechos parcelarios, en los términos de los artículos 13, 15, 17, 56, 57, 59, 61, 62, 78 y 80 y 101 de la Ley Agraria.
Que dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 135/2009, de rubro: “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY RELATIVA NO PREVÉ COMO PRESUPUESTO PARA SU CONFIGURACIÓN QUE EL POSEEDOR NECESARIAMENTE CUENTE CON LA CALIDAD DE AVECINDADO.” Expuso que, de ambos criterios jurisprudenciales la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país consideró que la demostración de la posesión para efectos de la prescripción adquisitiva en materia agraria, debía relacionarse con las disposiciones de la Ley Agraria tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencialmente, se encontraba en el supuesto de: a) poder adquirir la calidad de ejidatario (artículos 13, 15 y 101); b) las formas y modalidades en materia de sucesión de derechos agrarios (artículo 17); c) la regularización y orden de preferencia en la asignación de tierras no regularizadas o vacantes (artículos 56, 57, 61 y 62) y, d) las formas y efectos de la cesión y enajenación de derechos parcelarios (artículos 59, 78 y 80).
Concluyendo que no toda la posesión resultaba apta para prescribir, por ende, la parte actora no acreditó ser individuo potencialmente apto para que le prescribieran a su favor los derechos agrarios materia de la litis; toda vez que no quedó demostrado en autos ser sucesor de ejidatario, que tuviera reconocidos derechos de ejidatario, comunero, avecindado o poseer legamente reconocidos en dicho núcleo agrario, o en algunos de los demás supuestos, es decir, acreditar ser una persona potencialmente apta para ser ejidatario o comunero.
Señaló que, si bien era cierto que exhibió el contrato de cesión de derechos, dicho documento sólo resultaba apto para acreditar la causa generadora de su posesión pero no para demostrar que era un individuo potencialmente apto para ser ejidatario o comunero, dado que el contrato exhibido no podía surtir los efectos legales que precisaba el artículo 80 de la Ley Agraria habida cuenta que la cesión de derechos debía realizarse a otro ejidatario o a un avecindado, siendo que el en caso, la parte actora no adujo en su demanda contar con alguna calidad agraria reconocida dentro del ejido, esto es, no mencionó si era ejidatario o avecindado de dicho núcleo agrario, ni tampoco posesionario legalmente reconocido.
Además, -arguyó- de autos no se advertía que la parte actora hubiera aportado al procedimiento algún medio probatorio con el que acreditara ser una persona potencialmente apta para ser ejidataria o comunera.
Sustentó lo anterior en los criterios:
“TIERRAS EJIDALES. SI A LOS EJIDATARIOS NO SE LES HA OTORGADO EL DOMINIO PLENO SOBRE ELLAS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 81 DE LA LEY AGRARIA, NO PUEDEN CEDER SUS DERECHOS RELATIVOS A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, AUN A TÍTULO GRATUITO.”
"CESIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS. EL CONTRATO RESPECTIVO SE ENCUENTRA AFECTADO DE NULIDAD RELATIVA CUANDO EL ADQUIRENTE CARECE DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO O AVECINDADO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL.”
“PARCELAS Y AGUAS EJIDALES. LA CESIÓN DE DERECHOS, COMPRAVENTA O CUALQUIER ACTO DE ENAJENACIÓN QUE SOBRE ELLAS REALICE UN EJIDATARIO A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, AFECTA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL EJIDO, QUE ES DE NATURALEZA COLECTIVA.”
"COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO.”
Indicó que, acorde con los criterios anteriores, la legislación de la materia permitía a los sujetos agrarios una amplia libertad para explotar y aprovechar los bienes o derechos otorgados en usufructo por la asamblea (en atención a los artículos 9°, 20 fracción 1, 60, 73, 74, 79 y 80 de la Ley Agraria) puesto que con ello el legislador ordinario pretendió que se elevara la productividad de las tierras ejidales, disminuyendo el minifundio y evitando la pulverización de la tierra, sin embargo, no era posible disponer libremente de dichos bienes para enajenar a personas que no fuesen ejidatarios o avecindados del mismo núcleo agrario, es decir, incorporando a personas ajenas al núcleo agrario, sin la previa autorización de la asamblea.
Por tanto, señaló que el artículo 48 de la Ley Agraria al establecer como un requisito indispensable para la procedencia de la acción para quien pretendiera prescribir que se condujera con el carácter de titular de derechos de ejidatario, encontraba un sentido sociológico para evitar que personas ajenas al núcleo ejidal adquiriera derechos sobre tierras ejidales garantizando así el estado de cosas dentro de dicho núcleo de población, ello también encontraba fundamento en lo que disponía el artículo 80 de Ley Agraria en el sentido de que el adquiriente de tierras ejidales debía de ser ejidatario o avecindado, ya que éstas son personas que tienen reconocimiento por la asamblea ejidal.
Asimismo, refirió que no por el hecho de contar con una cesión de derechos en forma automática debía considerarse para acreditar el carácter de titular de derechos de ejidatario, dado que de considerarlo así se estaría premiando la inobservancia de los requisitos que dispone el artículo 80 de la Ley Agraria, esto es, considerar que surtía plenos efectos un contrato de cesión de derechos alejado de los requisitos que disponía este último dispositivo legal, pues bastaría que el ejidatario transmitiera la parcela a cualquier persona omitiendo notificar al núcleo ejidal, notificar a su esposa e hijos, para que los ejidatarios, los avecindados, la esposa e hijos ejerciera derecho del tanto; y que el adquiriente por el mero transcurso del tiempo pudiera a través de la figura de la prescripción positiva regularizar su posesión obviando todos los elementos destacados; circunstancia diversa a la que puede acontecer cuando aún con la inobservancia de los requisitos del artículo 80 de la Ley Agraria el adquiriente se integraba al núcleo ejidal y a su dinámica interna como uno de ellos, ejerciendo su posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario, es decir, como individuo potencialmente apto para adquirir dicha calidad de ejidatario.
Resolvió que, dicho elemento no fue demostrado con los medios probatorios desahogados en el sumario de origen; pues si bien, el demandante refirió estar al corriente del pago de contribuciones, faenas y demás aportaciones, lo cierto fue, que no exhibió los correspondientes recibos de pago que acreditaran tal aseveración.
Siendo insuficiente para lo anterior la testimonial desahogada en autos, de manera que, no quedó demostrado que la parcela número *** la poseyera en concepto de "titular de derechos de ejidatario".
Por tanto, el Tribunal responsable resolvió que, ******* no demostró que la posesión a que aludía detentaba respecto de la parcela a prescribir y la efectuara con el carácter de "titular de derechos de ejidatario".
Consecuentemente, al no haberse acreditado el tercer elemento de la acción de prescripción positiva, resultaba innecesario el estudio del último de los elementos de la misma, porque para que procediera la acción era indispensable que la parte actora acreditara todos y cada uno de sus elementos, bastando la inacreditación de uno sólo de ellos para declarar la ineficacia de lo pretendido.
En ese sentido, resolvió que no se actualizaba la hipótesis del artículo 48 de la Ley Agraria; por tanto, resultaba improcedente la acción de prescripción positiva ejercida por la parte actora, para declarar que había operado en su favor la prescripción positiva de la parcela ***, ubicada en el núcleo agrario ********, Municipio de *****, Estado de México, y, como consecuencia, resultaba improcedente ordenar al Registro Agrario Nacional cancelara el certificado parcelario número **** y expidiera otro a favor de *******.
Esta es la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio.
SEXTO. Estudio
En principio, se destaca que, como lo aduce el solicitante del amparo, el análisis del acto reclamado se efectuará bajo el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo previsto en el inciso b) de la fracción IV del numeral 79 de la Ley de Amparo, y en términos de lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 62/2024,(11) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE A FAVOR DE LOS POSESIONARIOS DE TIERRAS EJIDALES [ARTÍCULO 79, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO].
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en juicios de amparo en materia agraria se debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los posesionarios de tierras ejidales.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la suplencia de la queja deficiente establecida en el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, es extensiva a favor de los posesionarios de tierras ejidales cuando se afecten sus derechos agrarios.
Justificación: Los posesionarios de tierras ejidales son sujetos de derecho agrario reconocidos plenamente en la ley, a quienes se les confieren ciertos derechos frente a los ejidos en función de la naturaleza de su posesión y se les garantiza la posibilidad de que puedan convertirse en ejidatarios. Resultaría discriminatorio y contrario al principio de igualdad que la legislación agraria les reconociera derechos y, pese a ello, no contaran con las mismas garantías que para su protección gozan los demás sujetos cuya condición jurídica es regulada por diversos ordenamientos de la materia con un sentido tutelar. Por tanto, cuando en juicios de amparo puedan afectarse derechos agrarios de posesionarios de tierras ejidales, la litis habrá de resolverse dentro del espectro protector que para tal efecto ha sido reconocido por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, y deberá suplirse a su favor la deficiencia de la queja de los conceptos de violación o agravios, lo que es congruente con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 1
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33643-a726b5d3/prescripcion-adquisitiva-en-materia-agraria-su-procedencia-depende · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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