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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XII Y 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER EMITIDO EL ACTO RECLAMADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 31, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN, Y 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE TLAXCALA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, AL HABER PLANTEADO EL MUNICIPIO ACTOR QUE LA FISCALIZACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA ENTIDAD AFECTA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL, EN TANTO QUE ES UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 16, 79, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEXTO, 124 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINÓ APROBAR LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. SU REVISIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y TIENE COMO FINALIDAD EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, COMPROBAR SI SE HA AJUSTADO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR EL PRESUPUESTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI, Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. IX. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. X. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. ES ATRIBUCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN FISCALIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES QUE LA FEDERACIÓN HAYA OTORGADO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y VERIFICAR SU APLICACIÓN AL OBJETO AUTORIZADO, ASÍ COMO LOS RECURSOS FEDERALES QUE ADMINISTREN O EJERZAN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XII Y 47 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. XI. APORTACIONES FEDERALES. FORMAN PARTE DE ÉSTAS LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN TANTO QUE SON RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS CONDICIONANDO SU GASTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AUTORIZADOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIONES III Y IV, 33, 36 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. XII. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. EL DECRETO EMITIDO POR EL PODER LEGISLATIVO UNA VEZ CONCLUIDA SU REVISIÓN EN EL QUE SE CALIFICA AQUÉLLA COMO APROBADA, DESAPROBADA O NO APROBADA ES UN ACTO ESENCIALMENTE POLÍTICO, POR LO QUE NO TIENE CONSECUENCIAS JURÍDICAS SANCIONATORIAS PARA LAS ENTIDADES SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ORIGEN, ANTECEDENTES Y CONTENIDO DEL DECRETO IMPUGNADO. XIV. APORTACIONES FEDERALES. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN AUDITAR TALES RECURSOS DE LOS QUE FORMAN PARTE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE SE TRATA DE RECURSOS SUJETOS AL RÉGIMEN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XV. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS SE REFIERE RESPECTO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 253/2024. · Registro digital (IUS): 33681
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-03
Promovente: MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Duodécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.268.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 253/2024. MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA. 9 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 253/2024, promovida por el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Estado de Tlaxcala, por conducto de su síndico, en contra del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior de ese Congreso, en la cual demanda la invalidez del proceso de fiscalización de recursos públicos federales del ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El treinta de agosto de dos mil veinticuatro, el síndico municipal del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi del Estado de Tlaxcala (en lo sucesivo, “municipio actor”) promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior de ese Congreso.

2. Del Órgano de Fiscalización Superior de ese Congreso reclamó la invalidez de los siguientes actos:

Ver cuadro 1

3. Del Congreso del Estado de Tlaxcala reclamó la invalidez de lo siguiente:

• La aprobación del dictamen de cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, con número de expediente LXIV 111/2024. Concretamente los puntos Tercero y Quinto.

• El acuerdo por el cual aprobó la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el periódico oficial de esa entidad el catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

• Todas las consecuencias jurídicas que se deriven de la indebida fiscalización de recursos federales que realizó el Congreso local, por conducto de su Órgano de Fiscalización Superior.

4. Conceptos de invalidez. En su demanda, el municipio actor expuso medularmente lo siguiente:

4.1. Procedencia. En la presente controversia no se alega una invasión en la esfera de competencias constitucionalmente reguladas en favor del municipio actor, sino la afectación en su ámbito presupuestal, regulado directamente por la Constitución Federal, con motivo de la indebida fiscalización realizada por el Órgano de Fiscalización Superior respecto de recursos públicos federales que ejerció el municipio en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

4.2. De acuerdo con el artículo 79, fracción I, de la Constitución Federal, la fiscalización de los recursos públicos federales que recibe y ejerce el municipio corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, el Órgano de Fiscalización Superior carece de competencia para realizar una fiscalización sobre estos recursos y, por ende, a través de los actos impugnados se obligó indebidamente al municipio actor a someterse a un proceso de fiscalización realizado por una autoridad incompetente, lo cual también se relaciona con una violación directa a la Constitución Federal.

4.3. Afectación en el ámbito presupuestario municipal. La fiscalización realizada por el Congreso local -a través de su Órgano de Fiscalización Superior- de los recursos públicos federales ejercidos por el municipio actor en el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés implica una intromisión en las facultades hacendarias del municipio actor, específicamente a la libre administración hacendaria tutelada en el artículo 115, fracción IV, penúltimo y último párrafo de la Constitución Federal.

4.4. En el informe individual de resultados de la cuenta pública del municipio y en el dictamen con proyecto de acuerdo, el Congreso local determinó, sin tener facultades para ello, que el municipio actor ejerció de manera irregular los recursos provenientes de fondos federales, llegando a presumir la existencia de un daño patrimonial, e instruyó acciones para iniciar las respectivas investigaciones de responsabilidad administrativa y/o penal.

4.5. En consecuencia, la fiscalización que llevó a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local sobre recursos públicos federales ejercidos por el municipio actor: i) invade la competencia de la Auditoría Superior de la Federación, a quien compete esta fiscalización, y ii) afecta el ámbito presupuestario del municipio actor, tutelado directamente por la Constitución Federal, en tanto que los recursos públicos federales que conforman su presupuesto municipal e integran su hacienda pública fueron fiscalizados por una autoridad incompetente.

4.6. Por otro lado, si bien la Constitución Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación permiten una fiscalización concurrente en materia de participaciones federales, esto se realiza a través de convenios suscritos entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad. No obstante, esta modalidad no se encontraba vigente en el ejercicio fiscal fiscalizado, en tanto que se había notificado la terminación del convenio respectivo, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior no contaba con atribuciones para la fiscalización que realizó.

4.7. Aunado a lo descrito, obligar al municipio actor a entregar al Órgano de Fiscalización Superior información y documentación sobre recursos públicos federales interfirió con el ejercicio de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual también ocasiona, en última instancia, una afectación en su ámbito presupuestario municipal.

4.8. Falta de fundamentación del dictamen LXIV 111/2024. Existe una falta de fundamentación en el dictamen LXIV 111/20234 [sic] por lo que hace al alcance de la facultad del Congreso local para ordenar en sus puntos resolutivos tercero y quinto: i) instruir al Órgano de Fiscalización Superior dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, y ii) instruir al órgano interno de control del municipio actor aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con observaciones no solventadas.

4.9. La Constitución local establece como facultad del Congreso local dictaminar la cuenta pública de los municipios. No obstante, la calificación de este órgano legislativo (aprobar o no aprobar), únicamente puede tener consecuencias políticas y no jurídicas. Si en el dictamen impugnado el Congreso local se pronunció sobre la calificación de la cuenta pública (aprobada), instruyó el seguimiento de las observaciones pendientes de solventar y, en su caso, llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, es claro que ese ente legislativo excedió sus facultades.

5. Radicación y turno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente expediente con el número 253/2024 y lo tunó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en su carácter de Ministro Instructor.

6. Admisión y trámite. El veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor admitió a trámite la controversia constitucional únicamente en contra del acuerdo por el que se determinó aprobar la cuenta pública del municipio actor en el ejercicio presupuestal dos mil veintitrés, al tratarse de la determinación final del procedimiento de fiscalización reclamado. Además, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, no así a la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior de ese Congreso, por tratarse de un órgano subordinado al referido poder, y ordenó su emplazamiento, así como formar el cuaderno incidental para la suspensión solicitada.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, el diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala dio contestación a la demanda y manifestó lo siguiente:

7.1. La cuenta pública del municipio actor fue aprobada mediante el acuerdo de dos de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que no existe agravio en la competencia de este, aun cuando alegue una intromisión en la forma en que administró los recursos públicos federales con motivo de la fiscalización. Por otra parte, corresponde al servidor público en funciones hacer valer, ante la instancia que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, la falta de competencia del Congreso para realizar la fiscalización.

7.2. Falta de legitimación. En la presente controversia constitucional no se advierte la existencia de un agravio en perjuicio del promovente, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria. Por un lado, el dictamen y acuerdo impugnados no actualizan una invasión de competencias constitucionalmente establecidas en favor del municipio. Por otro lado, el promovente impugna normas que no inciden en su esfera competencial.

7.3. El municipio actor pretende que se analicen actos desarrollados en ejercicio de las atribuciones del Poder Legislativo porque supuestamente le causan un agravio personal y directo. Sin embargo, el Congreso local cuenta con la facultad constitucional para dictaminar las cuentas públicas y para aprobar el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas. Además, el proceso de fiscalización no concluye con el dictamen porque su finalidad es sancionar a los servidores públicos que realizaron una mala administración y no al municipio en sí mismo.

7.4. En ese sentido, si el municipio actor impugna el acuerdo del Congreso local, por el cual se aprobó su cuenta pública en el ejercicio dos mil veintitrés -el cual no es la etapa final del proceso de fiscalización- no existe un agravio en sus competencias y facultades, por lo que debe advertirse la falta de legitimación en la causa. A su vez, el dictamen no impone una sanción o determina alguna responsabilidad, por lo que no existe una afectación real y tampoco una invasión en sus competencias.

7.5. Por otro lado, el municipio actor impugna los artículos 105 de la Constitución local y 4, 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. No obstante, las disposiciones referidas prevén la facultad del Congreso local para revisar la cuenta pública de diversos entes fiscalizables e indican las bases sobre las cuales se realizará, lo cual no vulnera la autonomía del municipio actor.

7.6. Si la representante del municipio actor aduce violaciones a su esfera de derechos -con motivo del inicio de procedimientos de responsabilidad- y no a la competencial, la controversia constitucional no es la vía idónea para reclamar esas violaciones. A su vez, siendo los argumentos de invalidez ajenos a su esfera de competencias, la controversia constitucional es improcedente respecto de las disposiciones normativas que dieron origen al acto impugnado.

7.7. Los actos y normas reclamadas son constitucionales. En primer lugar, las disposiciones impugnadas son constitucionales porque el Congreso local tiene la atribución para crear el Órgano de Fiscalización Superior como un auxiliar en el proceso de fiscalización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Federal.

7.8. En segundo lugar, el municipio actor parte de una premisa equivocada, ya que la Constitución Federal y las leyes secundarias de la materia son las que autorizan a las legislaturas locales para realizar la fiscalización de los recursos administrados por los municipios. Situación que de ninguna manera invade la esfera competencial del actor, pues el Congreso local tiene facultad para crear normas jurídicas que permitan establecer la forma en que se desarrolla la facultad de fiscalización prevista en la Constitución Federal.

7.9. Suponiendo sin conceder que existiera una invasión de competencias en cuanto a las normas impugnadas, su impugnación corresponde al Congreso de la Unión; mientras que, tratándose del acto de aplicación en concreto, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.

7.10. Por ende, debe concluirse que el dictamen y el acuerdo del Congreso local por el cual se aprobó la respectiva cuenta pública no actualizan afectación o responsabilidad alguna contra el municipio.

7.11. Finalmente, respecto de la afectación que se alega sobre los puntos Tercero y Quinto del referido acuerdo, esta impugnación corresponde al servidor público afectado y no al municipio actor.

8. Vistas. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron manifestaciones en el presente asunto.

9. Acta de audiencia. El veintinueve de enero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, en la cual se relacionaron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza. Además, se hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos.

10. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento, el seis de febrero de dos mil veinticinco, el Ministro Instructor cerró la instrucción del presente asunto y solicitó su radicación en la Primera Sala de este Alto Tribunal.

11. Avocamiento en la Primera Sala. Previa petición del Ministro Instructor, mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticinco, la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó avocarse al conocimiento de la presente controversia constitucional.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución General; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “Ley reglamentaria”); 11, fracción VIII,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, y el punto segundo, fracción I,(4) a contrario sensu, del Acuerdo General 1/2023.

13. Lo anterior, en tanto se plantea un conflicto entre el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi del Estado de Tlaxcala y el Poder Legislativo de la misma entidad federativa, sin que se impugnen normas de carácter general que hagan necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO

14. En términos del numeral 41, fracción I,(5) de la Ley reglamentaria, deben fijarse los actos, normas generales u omisiones impugnados, objeto de la controversia constitucional.

15. De una lectura integral a la demanda y las constancias que obran en el expediente, se advierte que la afectación reclamada por el municipio actor es causada por la determinación final del procedimiento de fiscalización del que fue objeto.

16. Por lo que únicamente se tiene como impugnado el Acuerdo por el que se determinó aprobar la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil veintitrés, publicado el catorce de agosto de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, conforme se precisó en el acuerdo de admisión de la presente controversia constitucional.

17. La existencia del acto reclamado se hace constar con la copia certificada que obra en el expediente y se confirma con la publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.(6)

III. OPORTUNIDAD

18. El artículo 21 de la Ley reglamentaria, establece en sus fracciones I y II,(7) que el plazo de treinta días para promover controversia constitucional para la impugnación de actos se hará de la siguiente forma:

a) A partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) A partir del día siguiente al que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

c) A partir del día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos.

19. En el caso, el cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día en el que el municipio tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro con su publicación en el periódico oficial de esa entidad federativa.

20. De este modo, el plazo para su presentación transcurrió del quince de agosto al once de octubre de dos mil veintitrés.(8) Por lo que, si la demanda se presentó el treinta de agosto de esta anualidad, debe concluirse que la controversia constitucional es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. De conformidad con los artículos 10, fracción I,(9) y 11, primer párrafo,(10) de la Ley reglamentaria, el carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarla.

22. El Municipio de Contla de Juan Cuamatzi del Estado de Tlaxcala compareció por conducto de su Síndico Municipal, Leticia Flores Sarmiento, cuya calidad acreditó con copia certificada del acta de sesión pública y solemne de instalación del Ayuntamiento de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. La funcionaria está facultada para promover la presente controversia constitucional en términos de los artículos 4, fracción XII y 42, fracción III,(11) de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

23. Se reconoce como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en términos de los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley reglamentaria.(12)

24. El órgano demandado es representado por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, lo que acredita mediante copia certificada del Acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro por el que se elige a los integrantes de la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la legislatura. El funcionario cuenta con la facultad para representar a ese Poder en términos de los artículos 31, último párrafo, de la Constitución local,(13), y 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.(14)

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. En este apartado se analizan las causas de improcedencia planteadas por la autoridad demandada, así como aquellas que pueda advertir de oficio esta Primera Sala.

26. El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, ya que el municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional en tanto que las normas y actos reclamados no actualizan una invasión en su esfera competencial.

27. Al respecto, esta Primera Sala estima que la causa de improcedencia debe desestimarse, ya que existe un principio de agravio suficiente para considerar que el municipio actor sí cuenta con interés legítimo en el presente asunto.

28. Este Alto Tribunal ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino solo las relacionadas con los principios de división de poderes o la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación de las esferas competenciales tazadas desde el texto constitucional.

29. Bajo esa consideración, se ha adoptado un entendimiento amplio sobre esa afectación y se ha establecido que, para acreditarla, es necesario que exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor con la emisión del acto o norma general impugnados, el cual puede derivar de la afectación de cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Constitución Federal, como las garantías institucionales o prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales.(15)

30. En el presente asunto, el municipio actor reclama la intromisión en su ámbito presupuestario con motivo de la fiscalización realizada por el órgano de fiscalización local respecto de recursos públicos federales que integran su hacienda pública (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) y el exceso en las facultades de la legislatura local para instruir consecuencias jurídicas al aprobar su cuenta pública.

31. Específicamente, reclama la transgresión a la libre administración de su hacienda pública prevista en el artículo 115, fracción IV, penúltimo y último párrafo de la Constitución Federal, y la transgresión de los artículos 16, 79, fracción I, párrafo segundo, 116, fracción II, párrafo sexto, 124 y 133 constitucionales, ya que considera que la fiscalización de estos recursos corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y, además, que el Congreso local excede sus facultades al instruir dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar y, en su caso, iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa o penal.

32. Al respecto, al resolver el recurso de reclamación 250/2023-CA derivado de la controversia constitucional 288/2023,(16) esta Primera Sala sostuvo que un principio de agravio en perjuicio del actor puede derivar de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Constitución Federal, siendo que conforme a esta, el ámbito constitucional presupuestario de los municipios abarca hasta la revisión y fiscalización de su cuenta pública por órganos especializados técnicos.

33. En consecuencia, si en el presente asunto el municipio actor reclama una intromisión en su ámbito constitucional presupuestario y la violación directa a la Constitución Federal con motivo de la fiscalización realizada por el órgano de fiscalización local, esta Primera Sala estima que el municipio actor sí tiene interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, correspondiendo al estudio de fondo determinar la posible afectación a la hacienda pública municipal y resolver sobre la competencia del órgano de fiscalización local.(17)

34. Similares consideraciones sostuvo esta Primera Sala al resolver la controversia constitucional 288/2023.(18)

35. Finalmente, las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia y esta Primera Sala de oficio tampoco advierte la actualización de alguna diversa, por lo que resulta procedente estudiar el fondo del asunto.

VII. ESTUDIO DE FONDO

36. El municipio actor formuló tres agravios en su demanda en contra de: (I) el proceso de fiscalización realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala (en lo sucesivo, “órgano de fiscalización estatal”) respecto de los recursos públicos federales que integraban su hacienda pública en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y (II) los puntos tercero y quinto del dictamen que originó el acuerdo del Congreso del Estado de Tlaxcala (en adelante, “Congreso local”), por el cual aprobó su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, acto que se tuvo como efectivamente impugnado en la presente controversia constitucional.

37. En síntesis, el municipio actor argumenta una afectación en su ámbito presupuestal derivada de la invasión en las esferas competenciales previstas por la Constitución Federal en favor de los órganos de fiscalización federal (artículo 79, fracción I) y estatales (artículo 116, fracción II), con motivo de la fiscalización de la cual fue objeto, así como la falta de fundamentación en que incurrió el Congreso local en los puntos tercero y quinto del acuerdo impugnado, al exceder sus facultades en materia de revisión de cuenta pública.

38. La litis para esta Primera Sala consiste en determinar si el Congreso local excedió sus facultades en materia de control presupuestario al aprobar la cuenta pública del municipio actor y convalidar, en ese acto, la fiscalización realizada por el órgano de fiscalización estatal respecto de recursos federales.

39. Esta cuestión ha sido planteada con anterioridad ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el presente asunto retomará algunas consideraciones que se han sostenido sobre este control legislativo del presupuesto. Así, el estudio de este apartado se realizará en el siguiente orden: 1) parámetro de regularidad; 2) antecedentes y contenido del acto reclamado, y 3) estudio del control presupuestal legislativo realizado respecto de aportaciones federales.

VII.1. Parámetro de regularidad

40. Este Alto Tribunal ha señalado que el ciclo presupuestario se integra de distintas fases, siendo la última de estas la fase de control y evaluación del presupuesto que corresponde realizar a los órganos legislativos con apoyo de órganos técnicos especializados. Este control legislativo del presupuesto se trata de un acto esencialmente político circunscrito a la máxima jerarquía de fiscalización al derivar del cumplimiento de una obligación constitucional.(19)

41. La fiscalización legislativa del presupuesto se puede llevar a cabo a nivel estatal y a nivel federal, dependiendo del origen de los recursos que se estén fiscalizando.

42. A nivel federal, el artículo 74, fracción VI,(20) de la Constitución Federal dispone la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación. Mientras que, el diverso 79, fracción I, segundo párrafo,(21) establece como facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de los recursos de origen federal administrados o ejercidos por los gobiernos locales y municipales.

43. Por su parte, los artículos 115, fracción IV, párrafo penúltimo,(22) y 116, fracción II, párrafo sexto,(23) de la Constitución Federal, establecen el control legislativo del presupuesto a nivel local, según el cual corresponde a las legislaturas estatales revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los municipios, cuya hacienda se integra por los rendimientos de los bienes que les pertenecen y las contribuciones e ingresos que la legislatura establece en su favor.

44. Para realizar esta facultad, las legislaturas locales tienen la atribución de establecer entidades estatales de fiscalización con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, quienes solo podrán fiscalizar las acciones de la entidad federativa y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

45. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone en sus artículos 17, fracción XII,(24) y 47(25) que la Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución de fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado a municipios y que fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan estos, conforme al programa anual de auditoría que deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación.

46. La Ley de Coordinación Fiscal dispone en sus artículos 25, fracciones III y IV,(26) 33,(27) 36(28) y 37,(29) que tanto el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se tratan de aportaciones federales, es decir, recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los municipios condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos establecidos en ley, los cuales forman parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y, por lo tanto, su fiscalización corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.(30)

47. El artículo 70(31) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental únicamente prevé a favor de los gobiernos estatales y municipales la coadyuvancia en la fiscalización de recursos federales transferidos, y, para ello, la Auditoría Superior de la Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables.

48. Aunado a lo descrito, en la controversia constitucional 27/2021 arriba citada, se reiteró que la revisión de la Cuenta Pública por parte del Poder Legislativo no tiene consecuencias jurídicas sancionatorias per se para las entidades sujetas al procedimiento de fiscalización pues del acto legislativo de revisión no deriva la posibilidad de que se determinen responsabilidades de ningún tipo, sino que constituye un ejercicio más de rendición de cuentas que prevé nuestro orden constitucional. Siendo en la revisión realizada por el órgano técnico en donde, en su caso, se desprenderán los procedimiento sancionatorios y resarcitorios cuando los recursos públicos no se ejerzan conforme a la normatividad aplicable.

49. Bajo ese marco normativo, esa Primera Sala tiene como premisas las siguientes:

1. La Constitución Mexicana faculta exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos de origen federal administrados o ejercidos por los gobiernos municipales, y en el caso particular, esto atañe a las aportaciones que constituyen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33681-c0d782e0/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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