RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR LOS MUNICIPIOS. COMPETENCIA PARA SU FISCALIZACIÓN. I. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. LA COMPETENCIA PARA SU FISCALIZACIÓN SE DEFINE POR EL ORIGEN JURÍDICO DEL RECURSO, POR LO QUE CORRESPONDE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR LOS MUNICIPIOS, INCLUIDAS LAS APORTACIONES FEDERALES, MIENTRAS QUE LAS ENTIDADES ESTATALES DE FISCALIZACIÓN SÓLO PUEDEN REVISAR RECURSOS LOCALES Y DEUDA PÚBLICA, Y TRATÁNDOSE DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ÚNICAMENTE PUEDEN INTERVENIR EN LOS TÉRMINOS DE LA COORDINACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, PÁRRAFO QUINTO, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN LOS DICTÁMENES APROBADOS CON BASE EN DICHO INFORME, POR LOS QUE SE DECLARÓ REVISADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO ACTOR, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS FEDERALES). II. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EL ÓRGANO ESTATAL DE FISCALIZACIÓN CARECE DE COMPETENCIA PARA FISCALIZAR LAS APORTACIONES FEDERALES EJERCIDAS POR LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONGRESO LOCAL NO PUEDE SUSTENTAR SU DETERMINACIÓN SOBRE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EN UNA AUDITORÍA PRACTICADA POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE RESPECTO DE ESOS RECURSOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79, PÁRRAFO QUINTO, FRACCIÓN I, Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN LOS DICTÁMENES APROBADOS CON BASE EN DICHO INFORME, POR LOS QUE SE DECLARÓ REVISADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO ACTOR, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS FEDERALES). III. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE FISCALIZACIÓN EN SU REVISIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, PÁRRAFO QUINTO, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (INVALIDEZ DEL INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN LOS DICTÁMENES APROBADOS CON BASE EN DICHO INFORME, POR LOS QUE SE DECLARÓ REVISADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO ACTOR, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS FEDERALES). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA (INVALIDEZ DEL INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN LOS DICTÁMENES APROBADOS CON BASE EN DICHO INFORME, POR LOS QUE SE DECLARÓ REVISADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO ACTOR, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS FEDERALES).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 245/2025. MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ESTADO DE TLAXCALA. 13 DE ABRIL DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 245/2025, promovida por el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Estado de Tlaxcala, por conducto de su Síndico, en contra del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la cual se demanda la invalidez del proceso de fiscalización de recursos públicos federales en el segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El dos de octubre de dos mil veinticinco, el Síndico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi del Estado de Tlaxcala (en lo sucesivo, “municipio actor”) promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior de ese Congreso, en la que reclamó la invalidez de los siguientes actos:
a) Del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala (en adelante solo OFS), demando la invalidez de los siguientes actos:
Reclamo la invalidez del proceso de fiscalización llevado a cabo por el OFS, a los recursos públicos federales recibidos y ejercidos por el municipio actor de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024 (segundo semestre del ejercicio 2024), procedimiento que culminó para el OFS con la emisión del:
l.- Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicho Informe de Resultados nunca fue notificado oficialmente por la autoridad demandada, OFS, al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, por lo que tuve conocimiento del mismo el día 25 de agosto del año 2025, con la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, del Acuerdo por el cual el Congreso del Estado de Tlaxcala declaró revisada y fiscalizada la cuenta pública del municipio actor correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2024, con base en dicho Informe de Resultados.
b) Del Congreso del Estado de Tlaxcala demando la invalidez de los siguientes actos:
Reclamo la invalidez del proceso de fiscalización superior llevado a cabo por medio de su Órgano de Fiscalización Superior, a los recursos públicos federales recibidos y ejercidos por el municipio actor de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024 (segundo semestre del ejercicio 2024), procedimiento que culminó para el Congreso Local con los siguientes actos:
I.- EI Dictamen aprobado por el Pleno de dicho Congreso, con base en el Informe Individual de Resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, emitida por el OFS, mediante Acuerdo emitido el 14 de agosto del año 2025, por el que se declara revisada y fiscalizada la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, correspondiente al periodo del 01 de julio al 8 de agosto del 2024.
II.- EI Dictamen aprobado por el Pleno de dicho Congreso, con base en el Informe Individual de Resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, emitida por el OFS, mediante Acuerdo emitido el 14 de agosto del año 2025, por el que se declara revisada y fiscalizada la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, correspondientes al periodo del 09 al 30 de agosto del 2024.
III.- EI Dictamen aprobado por el Pleno de dicho Congreso, con base en el Informe Individual de Resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, emitida por el OFS, mediante Acuerdo emitido el 14 de agosto del año 2025, por el que se declara revisada y fiscalizada la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 2024.
Con los referidos dictámenes, emitidos con base en el Informe de Resultados de la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, presentado por el OFS, el Congreso de Tlaxcala, valido (sic) la fiscalización realizado (sic) por el OFS a los recursos públicos federales recibidos y ejercidos por el municipio actor en el segundo semestre del año 2024.
Informo a este Máximo Tribunal Constitucional del país que los dictámenes antes citados fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 25 de agosto del año 2025, y notificados a la Presidenta Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, el día 27 de agosto del mismo año 2025.
c) Reclamo la invalidez de todas las consecuencias jurídicas que se deriven de la indebida fiscalización realizada a los recursos públicos federales ejercidos por el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2024, que realizó el Congreso del Estado, por medio de su Órgano de Fiscalización Superior, concretamente se demanda la invalidez de lo ordenado por el OFS en la foja 166 del Informe Individual de Resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, del segundo semestre del ejercicio fiscal 2024:
“Se transcribe”.
Asimismo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado de alcances y efectos de la sentencia que se llegue a emitir en la presente Controversia Constitucional, también se solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que:
d) EXHORTE a las autoridades demandadas, Órgano de Fiscalización Superior y Congreso del Estado de Tlaxcala, para que en la fiscalización de ejercicios fiscales posteriores (del ejercicio fiscal 2025 en adelante), se ABSTENGAN de emitir actos que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad que se detectaron en la Controversia Constitucional 253/2024, esto es, para que se ABSTENGAN de fiscalizar la aplicación y ejercicio de los recursos públicos federales recibidos y ejercidos por el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en los ejercicios fiscales del 2025 en adelante, y así evitar la promoción innecesaria de Controversias Constitucionales cada año, ya que dichos recursos federales son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, autoridad facultada por la Constitución Federal para tal fin.
e) Finalmente, solicito se dé vista a Fiscalía General de la República, ya que como más adelante se demostrará, la actuación de las autoridades demandadas configura la comisión de delitos federales, al obstruir el ejercicio de las facultades asignadas a la Auditoría Superior de la Federación, lo que en términos del artículo 48, fracción I, incisos e) y j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualiza la competencia de los Jueces Penales Federales para conocer de dichos delitos.”
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el municipio actor expuso esencialmente lo siguiente:
a) El municipio alega la afectación en su ámbito presupuestal y autonomía hacendaria, con motivo de la fiscalización realizada por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio de su Órgano de Fiscalización Superior, respecto de recursos públicos federales que ejerció en el segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
b) La fiscalización de los recursos públicos federales que recibe y ejerce el municipio corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, el Órgano de Fiscalización Superior obligó indebidamente al municipio actor a someterse a un proceso de fiscalización realizado por una autoridad incompetente, lo que implica una intromisión en las facultades hacendarias del municipio que viola los artículos 74, fracción IV, 79, fracción I; 115, fracción IV, penúltimo y último párrafo, 116, fracción II, párrafo sexto, 124 y 133, de la Constitución Federal.
c) Si bien la fiscalización de las Participaciones Federales puede realizarse de manera concurrente por los órganos de fiscalización de los estados, ello se condiciona a que exista un Convenio de Coordinación. Sin embargo, el suscrito entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Tlaxcala ya no se encontraba vigente en el ejercicio fiscal auditado.
d) Obligar al municipio a entregar al Órgano de Fiscalización Superior información y documentación sobre recursos públicos federales interfirió con el ejercicio de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual también ocasiona, en última instancia, una afectación en su ámbito presupuestario municipal.
3. Radicación y turno. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente expediente con el número 245/2025 y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en su carácter de Ministra Instructora.
4. Admisión y trámite. El veinte de octubre de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora admitió a trámite la controversia constitucional. Además, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala (no así a la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior de ese Congreso, por tratarse de un órgano subordinado al referido poder) y ordenó su emplazamiento, así como formar el cuaderno incidental para la suspensión solicitada. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
5. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El cinco de diciembre de dos mil veinticinco, la diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala dio contestación a la demanda y manifestó lo siguiente:
Causa de improcedencia
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, relativa a la falta de legitimación del municipio actor, porque los actos impugnados no inciden en la esfera de su competencia constitucional.
b) El municipio actor pretende que se analicen actos desarrollados en ejercicio de las atribuciones del Poder Legislativo, porque supuestamente le causan un agravio personal y directo. Sin embargo, el Congreso local cuenta con la facultad constitucional para dictaminar las cuentas públicas y aprobar el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas.
c) Además, el dictamen del Congreso local no tiene como finalidad sancionar al municipio, sino a los servidores públicos que realizaron una mala administración (mediante la determinación de gestionar el inicio de los procedimientos respectivos). En ese sentido, debe advertirse la falta de legitimación en la causa, puesto que el municipio actor impugna los acuerdos en que el Congreso local aprobó la cuenta pública en el periodo comprendido del uno de julio al treinta de agosto y determinó tenerla por no aprobada en el periodo comprendido del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre, todos del ejercicio dos mil veinticuatro, los cuales no son la etapa final del proceso de fiscalización, porque no culminan con sanción alguna.
Contestación a los conceptos de invalidez
d) Las disposiciones impugnadas son constitucionales porque, de acuerdo con lo previsto en los artículos 115, fracción IV, párrafo penúltimo, y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Federal, el Congreso local cuenta con la atribución para revisar las cuentas públicas municipales, mediante un Órgano Estatal de Fiscalización como auxiliar en el proceso de fiscalización. La Constitución Federal y las leyes secundarias de la materia autorizan a las legislaturas locales para realizar la fiscalización de los recursos administrados por los municipios, situación que de ninguna manera invade la esfera competencial del actor, pues el Congreso local tiene la atribución de crear normas jurídicas que permitan establecer la forma en que se desarrollará la facultad de fiscalización prevista en la Constitución Federal.
e) Conforme al párrafo penúltimo de la fracción IV del artículo 115, de la Constitución Federal, los fondos federales que ejercen los entes fiscalizables pueden ser auditados por los órganos de fiscalización de las legislaturas de los estados y no sólo por la Auditoría Superior de la Federación.
f) Cuando la Constitución Federal alude a la aprobación de las cuentas públicas municipales no distingue el origen de los recursos, lo que implica que compete a las legislaturas locales fiscalizar las cuentas públicas en su integridad, incluyendo recursos de origen federal. Por lo que el Órgano de Fiscalización Superior tiene a su cargo la fiscalización de la cuenta pública, incluyendo la aplicación de recursos de origen federal, en tanto formen parte de la cuenta pública municipal.
g) Contrario a lo que señala el municipio actor, conforme al marco jurídico previsto en las leyes secundarias de la materia, el Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso Local contaban con facultades para emitir el informe individual de resultados de la cuenta pública del municipio y los dictámenes con proyecto de acuerdo.
h) Los acuerdos reclamados no actualizan afectación, ni responsabilidad en contra del municipio actor al momento de su emisión, dado que el proceso aún no ha concluido con una sanción. En su contenido, el Congreso señaló que se emitían sin perjuicio de la competencia y facultades que establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la demás normativa que le es aplicable a la Auditoría Superior de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales.
6. Vistas. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron manifestaciones en el presente asunto.
7. Acta de audiencia. El veinticinco de febrero de dos mil veintiséis se celebró la audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos, en la cual se relacionaron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza. Además, se hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos.
8. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento, el diez de marzo de dos mil veintiséis, la Ministra Instructora cerró la instrucción del presente asunto.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I, del ACUERDO General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(3)
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
10. En términos del numeral 41, fracción I,(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria), deben fijarse los actos, normas generales u omisiones impugnados, objeto de la controversia constitucional.
11. De una lectura integral a la demanda y las constancias que obran en el expediente, se advierte que el municipio actor impugna los actos siguientes:
Ver actos
12. Con relación al Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se precisa que, como parte de los actos previos a la emisión de los Acuerdos del Congreso local por los que se declara revisada y fiscalizada la cuenta pública del ente actor (en los periodos que comprenden del uno de julio al ocho de agosto, del nueve al treinta de agosto y del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro), dicho informe adquirió definitividad con motivo de la publicación oficial de los referidos Acuerdos, realizada el veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.(5)
13. La existencia de los actos impugnados se hace constar con la copia certificada que obra en el expediente y se confirma con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala de los Acuerdos del Congreso local por los que se declaró revisada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio actor en el segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.(6)
III. OPORTUNIDAD
14. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria, establece en su fracción I,(7) que el plazo de treinta días para promover controversia constitucional para la impugnación de actos se hará de la siguiente forma:
a) A partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) A partir del día siguiente al que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o
c) A partir del día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos.
15. En el caso, el cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día en que el municipio tuvo conocimiento de los actos impugnados, esto es, el veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, con su publicación en el periódico oficial de esa entidad federativa.
16. De este modo, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del veintiséis de agosto al ocho de octubre de dos mil veinticinco. De ahí que, si la demanda se presentó el dos de octubre de dos mil veinticinco, su presentación resulta oportuna; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.(8)
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
17. De conformidad con los artículos 10, fracción I,(9) y 11, primer párrafo,(10) de la Ley Reglamentaria, el carácter de parte actora lo tiene la entidad, poder u órgano que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarla.
18. En el caso, el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi del Estado de Tlaxcala compareció por conducto de su Síndico Municipal, Gilberto Flores Maldonado, cuya calidad acreditó con copia certificada del acta de sesión pública y solemne de instalación del Ayuntamiento de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro. El funcionario está facultado para promover la presente controversia constitucional en términos de los artículos 4, fracción XII y 42, fracción III,(11) de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
19. Se reconoce como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en términos de los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria.(12)
20. El órgano demandado es representado por la diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, lo que acredita mediante copia certificada del Acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco por el que se elige a los integrantes de la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura. La funcionaria cuenta con la facultad para representar a ese Poder en términos de los artículos 31, último párrafo, de la Constitución local,(13) y 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.(14)
21. Asimismo, se precisa que en el acuerdo de admisión(15) de este asunto, la Ministra instructora tuvo como demandado únicamente al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, sin reconocer tal carácter al Órgano de Fiscalización Superior, al tratarse de una autoridad que da cuenta de sus actos al mencionado Poder, acorde con la jurisprudencia P./J. 84/2000,(16) de rubro: “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS”; sin que ello implique que deba dejarse de analizar la constitucionalidad de los actos impugnados que fueron emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización, en virtud de que su defensa en este medio de control corresponde al Poder Legislativo.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. En este apartado se analizan las causas de improcedencia planteadas por la autoridad demandada, así como aquellas que se puedan advertir de oficio.
23. El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, ya que el municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional en tanto que los actos reclamados no actualizan una invasión en su esfera competencial.
24. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestima la causa de improcedencia, ya que existe un principio de agravio suficiente para considerar que el municipio actor sí cuenta con interés legítimo en el presente asunto.
25. Al respecto, este Alto Tribunal ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino solo las relacionadas con los principios de división de poderes o la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación de las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.
26. Bajo esa consideración, se ha adoptado un entendimiento amplio sobre esa afectación y se ha establecido que, para acreditarla, es necesario que exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor con la emisión del acto o norma general impugnados, el cual puede derivar de la afectación de cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Constitución Federal, como las garantías institucionales o prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales.(17)
27. En el presente asunto, el municipio actor reclama la intromisión en su ámbito presupuestario con motivo de la fiscalización realizada por el órgano de fiscalización local respecto de recursos públicos federales que ingresaron a su hacienda pública (Participaciones Federales, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) y el exceso en las facultades de la legislatura local para instruir consecuencias jurídicas al aprobar la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, del Estado de Tlaxcala, correspondiente a los periodos comprendidos del uno de julio al ocho de agosto y del nueve al treinta de agosto, ambos de dos mil veinticuatro y al no aprobar la cuenta pública de dicho municipio en cuanto al periodo del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.
28. Específicamente, reclama la transgresión a la libre administración de su hacienda pública, prevista en el artículo 115, fracción IV, penúltimo y último párrafo de la Constitución Federal, y la transgresión de los artículos 16, 79, fracciones I, III y IV, 116, fracción II, párrafo sexto, 124 y 133 constitucionales, ya que considera que la fiscalización de estos recursos corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y, además, que el Congreso local se excede en sus facultades al instruir acciones legales concretas para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa o penal.
29. Este Alto Tribunal ha sostenido en precedentes(18) que un principio de agravio en perjuicio del actor puede derivar de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Constitución Federal, siendo que conforme a ésta, el ámbito constitucional presupuestario de los municipios abarca hasta la revisión y fiscalización de su cuenta pública por órganos especializados técnicos.
30. En consecuencia, si en el presente asunto el municipio actor reclama una intromisión en su ámbito constitucional presupuestario y la violación directa a la Constitución Federal, con motivo de la fiscalización que le fue practicada, este Tribunal Pleno estima que sí tiene interés legítimo para promover la presente controversia constitucional,(19) pues existe un principio de agravio que corresponde al estudio de fondo, en el que se determinará si existe la posible afectación a la hacienda pública municipal y se resolverá sobre la competencia del Congreso local y de su órgano de fiscalización.(20)
31. Finalmente, las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia y este Tribunal Pleno tampoco advierte de oficio la actualización de alguna diversa, por lo que resulta procedente estudiar el fondo del asunto.
VII. ESTUDIO DE FONDO
32. El municipio actor argumenta una afectación en su ámbito presupuestal y autonomía hacendaria, con motivo de la fiscalización realizada por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio de su Órgano de Fiscalización Superior, respecto de recursos públicos federales que ejerció en el segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
33. Señaló que la fiscalización de los recursos públicos federales que recibe y ejerce corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, conforme al artículo 79, fracción I, de la Constitución Federal; por lo que el Órgano de Fiscalización Superior local obligó indebidamente al municipio a someterse a un proceso de fiscalización realizado por una autoridad incompetente, lo que implica una intromisión en las facultades hacendarias del municipio que viola los artículos 74, fracción IV, 79, fracciones I, III y IV; 115, fracción IV, penúltimo y último párrafo, 116, fracción II, párrafo sexto, 124 y 133, de la Constitución Federal.
34. Además, indicó que aun cuando la fiscalización de las participaciones federales puede realizarse de manera concurrente por los órganos de fiscalización de los estados, ello está condicionado a que exista un Convenio de Coordinación, siendo que el suscrito entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Tlaxcala ya no se encontraba vigente en el ejercicio fiscal auditado.
35. A partir de lo expuesto, este Tribunal Pleno puntualiza que la materia del presente asunto consiste en determinar si el Congreso local excedió su ámbito competencial al intervenir en el proceso de fiscalización de la cuenta pública del municipio actor, con lo cual pudo haber generado un agravio en su esfera competencial.
36. El estudio de este apartado se realizará en el siguiente orden: 1) parámetro de regularidad constitucional; 2) proceso de fiscalización, y 3) invasión competencial.
VII.1. Parámetro de regularidad constitucional
37. El artículo 79, párrafo quinto, fracción I, de la Constitución Federal, establece que la Auditoría Superior de la Federación es la autoridad encargada de fiscalizar en forma posterior ingresos, egresos, deuda, garantías, fondos y recursos:
Artículo 79. (...)
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
(...)
38. Del precepto citado se advierte que la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza recursos públicos en los siguientes casos:
a) Fiscaliza directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34319-776022d6/recursos-federales-ejercidos-por-los-municipios-competencia-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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