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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA ANUAL [ARTÍCULO 31, FRACCIÓN II, INCISO K), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "TORRES DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA, TELEVISIÓN, RADIO, ETCÉTERA) 0.88 UMA"; INCISO L); E INCISO M), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "GAS LP, GAS NATURAL", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 47, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 376/2024. · Registro digital (IUS): 34360
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: Poder Ejecutivo Federal.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 376/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 18 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: MARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y BERENICE GARCÍA HUANTE.

RESUMEN DE LA SENTENCIA

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ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 376/2024 promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala, en contra del artículo 31, fracción II, incisos k), l) y m), en diversas porciones normativas, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, expedida mediante el Decreto número 47 publicado el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

El problema jurídico a resolver por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si las porciones normativas impugnadas resultan inconstitucionales por invadir la competencia de la Federación en las materias de hidrocarburos y telecomunicaciones.

I. ANTECEDENTES

1. Publicación de la norma impugnada. El veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto número 47 por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

2. Promoción de la controversia constitucional y conceptos de invalidez. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la titular de dicho Poder de la Unión, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala la invalidez del artículo 31, fracción II, incisos k), l) y m), en diversas porciones normativas, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

3. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la parte accionante aduce que la norma impugnada es inconstitucional por las razones siguientes:

• PRIMERO. Competencia exclusiva de la Federación en la materia de hidrocarburos. El inciso m) de la fracción II del artículo 31 impugnado que prevé el pago de licencias municipales por la instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública o privada de gas LP y gas natural, invade la competencia exclusiva de la Federación en la materia de hidrocarburos que está prevista en los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 4o. y 6o. de la Ley de Hidrocarburos.

• Los preceptos constitucionales en cita señalan que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional, en tanto que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar y establecer contribuciones en dicha materia.

• La porción normativa del inciso m) que se combate prevé el cobro por otorgar licencias municipales para la instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública o privada de gas LP y gas natural, lo que se relaciona directamente con la materia de hidrocarburos.

• Por lo tanto, el legislador local invadió las facultades reservadas en exclusiva al Congreso de la Unión.

• El cobro por la expedición de las licencias municipales mencionadas también invade las facultades del Poder Ejecutivo Federal en la materia de hidrocarburos.

• Los artículos 1o. de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 2o., fracción II, y 44 de la Ley de Hidrocarburos señalan que el Estado Mexicano percibirá ingresos por la actividad de extracción de hidrocarburos que se autorice mediante asignaciones y contratos, en los que se pactará una contraprestación mensual por concepto de derechos por extracción.

• Para este efecto, el artículo 6o. de la Ley de Hidrocarburos dispone que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, expedirá las licencias y permisos de construcción relativos al sector de hidrocarburos.

• Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, lo cierto es que sí prevé el pago de derechos por la instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública o privada de gas LP y gas natural, lo que se relaciona directamente con la regulación en materia de hidrocarburos. Además, la obtención de ingresos para la hacienda municipal por dicho concepto implica una doble tributación en la materia de que se trata.

• Son aplicables las sentencias dictadas por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las controversias constitucionales 65/2024 y 119/2020, en las cuales sostuvo que los cobros municipales para autorizar las actividades de explotación de hidrocarburos invaden las facultades exclusivas de la Federación.

• SEGUNDO. Competencia exclusiva de la Federación en la materia de telecomunicaciones. Los incisos k) y l) de la fracción II del artículo 31 impugnado que prevén el pago de licencias municipales por la instalación de torres de telecomunicaciones y por el despliegue, uso, mantenimiento y reparación de infraestructura de telecomunicaciones, invaden la competencia exclusiva de la Federación en dicha materia que está prevista en los artículos 6o., apartado B, fracción II, 25, 27 y 73, fracción XVII, de la Constitución Federal.

• En ejercicio de su facultad constitucional para dictar leyes sobre telecomunicaciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 5o. señala que pertenece a la jurisdicción federal la regulación de las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía asociados a las redes públicas de telecomunicaciones.

• La ley en cita no faculta a las entidades federativas para otorgar autorizaciones relacionadas con licencias de colocación y permanencia de infraestructura de telecomunicaciones.

• La expedición de licencias municipales relacionadas con la infraestructura de telecomunicaciones no se ubica en la competencia residual que el artículo 124 constitucional otorga a los municipios, pues dicha materia está reservada a la Federación.

• Por otra parte, el artículo 115, fracción V, constitucional señala que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, como sucede con la infraestructura de telecomunicaciones.

• Por lo tanto, el Congreso Local no está facultado para fijar cobros para autorizar la instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radiorepetidoras o similares, porque se trata de una competencia otorgada expresamente a la Federación.

• Es aplicable la sentencia dictada por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, en la cual sostuvo la inconstitucionalidad de cobros municipales por servicios de regulación exclusiva de la Federación.

4. Radicación y turno del asunto. Mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil veinticuatro, la entonces presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 376/2024 y ordenó turnarlo al Ministro en retiro Javier Laynez Potisek.

5. Admisión. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, el entonces Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y, como terceros interesados, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por oficio presentado el veintiuno de marzo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, por conducto del presidente de su Mesa Directiva, realizó manifestaciones limitadas a precisar que la litis se dirige a determinar si las normas impugnadas invaden las facultades exclusivas de la Federación en las materias de hidrocarburos y telecomunicaciones.

7. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por oficio presentado el veintiuno de marzo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República, por conducto de su delegado, realizó las siguientes manifestaciones:

• Materia de hidrocarburos. Del análisis sistemático de los artículos 25, cuarto párrafo, 27, párrafos cuarto y sexto, 28, cuarto párrafo, y 73, fracción X, constitucionales, en relación con la Ley de Hidrocarburos, se advierte que es facultad del Congreso de la Unión legislar sobre la materia de hidrocarburos y que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo pueden realizar los particulares a través de las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, sin que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas constituyan monopolios.

• El inciso m) de la fracción II del artículo 31 impugnado invade la esfera de competencias del Congreso de la Unión, pues establece el cobro por la expedición de licencias municipales para la instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública o privada de gas LP y gas natural, lo que se relaciona directamente con la materia de hidrocarburos, cuya regulación está reservada a la Federación.

• Materia de telecomunicaciones. Por su parte, el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal confiere al Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda la República en la materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.

• Los artículos 6o., apartado B, fracción II, 25, 27 y 28 constitucionales señalan que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

• Dichas concesiones se otorgan mediante licitaciones públicas, de conformidad con los lineamientos previstos en la Constitución Federal. Lo anterior implica que el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico y, sólo a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones permite su uso, aprovechamiento y explotación.

• De acuerdo con el artículo 115, fracciones IV y V, de la Constitución Federal, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como otorgar licencias o permisos para edificar construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial. Esta facultad está acotada por las condiciones previstas en las leyes federales que regulan al sector de las telecomunicaciones.

• Los municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, toda vez que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones regular el acceso a la infraestructura respectiva.

8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Por oficio recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala contestó la demanda en los siguientes términos:

• Los conceptos de invalidez son inoperantes porque las normas combatidas prevén el cobro de derechos por la prestación de un servicio por parte del municipio, lo que corresponde regular al Congreso Local a través de las leyes de ingresos, por disposición del artículo 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

• Por otra parte, el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal faculta a los municipios para recaudar contribuciones y obtener otros ingresos, como son los cobros previstos en las normas impugnadas, sin que con ello implique la expedición de permisos o autorizaciones para desarrollar actividades relacionadas con hidrocarburos y telecomunicaciones.

• Los cobros previstos en las normas impugnadas están tutelados por los principios de libre administración de la hacienda municipal y reserva de fuentes de ingresos municipales, tal como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 14/2004.

• En todo caso, las normas impugnadas regulan el uso del suelo, calles, banquetas y aceras del municipio, con motivo de la instalación de instrumentos de comunicaciones, pero no el desarrollo de actividades en las materias de hidrocarburos y telecomunicaciones.

• En consecuencia, los preceptos cuestionados no invaden las facultades reservadas constitucionalmente a la Federación en los sectores referidos.

9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de abril de dos mil veinticinco, el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Tlaxcala dio contestación a la demanda en representación de la persona titular del Poder Ejecutivo Local, y expresó lo siguiente:

• Los actos de promulgación y publicación de las normas impugnadas atribuibles a la Gobernadora del Estado de Tlaxcala se apegaron a las formalidades del procedimiento legislativo, por lo que no invaden las facultades de la Federación. Por lo tanto, procede sobreseer en la presente controversia constitucional en lo relativo a los actos atribuidos al Ejecutivo Estatal.

10. Audiencia y cierre de la instrucción. Previa formulación de alegatos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y, por acuerdo de diez de junio del mismo año, el entonces Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.

11. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

II. COMPETENCIA

12. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en relación con el Punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia.

III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA

13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se precisa la norma que es objeto de la presente controversia constitucional.

14. Precisión de la norma impugnada. En el apartado respectivo de la demanda, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal señaló como norma impugnada al artículo 31, fracción II, incisos k), l) y m), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, expedida mediante el Decreto número 47 publicado el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

15. Dicho precepto es del tenor siguiente:

CAPÍTULO III

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 31. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente:

[...] II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o remodelación; así como, por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:

[...] k) Estructura para anuncios espectaculares de piso, 0.32 UMA; torres de telecomunicaciones (telefonía, televisión, radio, etcétera) 0.88 UMA; pagarán teniendo como referencia el producto que resulte de la base mayor o proyección mayor del anuncio o estructura multiplicada por la base menor o proyección menor del anuncio o estructura multiplicada por la altura del anuncio o de la estructura (la altura se considera a partir del nivel de piso de la banqueta, en anuncios o estructuras que estén en azoteas se cobrará a partir del nivel de la misma);

l) Por concepto de despliegue, uso, mantenimiento y reparación de infraestructura de telecomunicaciones según sea el caso: m., 2 UMA, m2, 20 UMA, y unidad 10 UMA;

m) Instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública y/o privada de gas LP, gas natural, fibra óptica, telefonía, agua, drenaje sanitario y pluvial por m. 1.5 UMA; [...].

16. Si bien la parte accionante señaló en el apartado IV de la demanda como actos impugnados a la totalidad de los incisos k), l) y m) previamente reproducidos, sin distinguir alguna porción normativa en concreto, lo cierto es que del análisis integral de los conceptos de invalidez se advierte que combate únicamente las partes que se refieren a la infraestructura de telecomunicaciones y las líneas de gas LP y gas natural.

17. Por lo tanto, se tiene como acto impugnado al artículo 31, fracción II, incisos k), en su porción normativa "torres de telecomunicaciones (telefonía, televisión, radio, etcétera) 0.88 UMA"; l) y m), en su porción normativa "gas LP, gas natural", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

18. Existencia de la norma impugnada. La existencia del precepto normativo que se combate quedó debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, de veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

IV. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación.

20. En el caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del martes veintinueve de octubre al jueves doce de diciembre de dos mil veinticuatro.(6) Si la demanda se presentó el doce de diciembre de dicho año, es inconcuso que fue promovida de forma oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. De conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia, las partes en las controversias constitucionales deben comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas.

22. Como cuestión previa, cabe aclarar que la presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala, por la invasión a la esfera de competencias federales derivado de la emisión del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

23. La extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal reconoció en la tesis 2a. XLVII/2003,(7) que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación.

24. El escrito inicial de demanda fue suscrito por la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado el primero de octubre de dos mil veinticuatro, por la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

25. En esa tesitura, el artículo 11, tercer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia establece lo siguiente:

Artículo 11. [...] El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. [...]

26. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone lo siguiente:

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

[...] X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; [...]

27. Finalmente, el único punto del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, señala lo siguiente:

Único. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público. [...]

28. De las anteriores disposiciones se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que fue presentada por parte legitimada.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. Una vez hechas las anteriores precisiones, se analiza la legitimación de las partes demandadas señaladas por el Ejecutivo Federal, que son los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala.

30. De conformidad con los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional, que deberá comparecer al juico a través de los funcionarios facultados para representarla en términos de las normas que los rigen.

31. Legitimación del Poder Ejecutivo local. En términos del artículo 75, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala,(9) corresponde a la Consejería Jurídica representar a la persona titular del Ejecutivo Estatal en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en que sea parte.

32. En el caso, compareció en representación del Ejecutivo local el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Tlaxcala, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento otorgado por la Gobernadora de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el consejero jurídico cuenta con la representación del titular del Poder Ejecutivo local en el presente medio de control de constitucionalidad.

33. Legitimación del Poder Legislativo local. De acuerdo con el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,(10) la representación de dicho órgano corresponde al Presidente de la Mesa Directiva.

34. En el presente caso, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala compareció en representación de dicho órgano legislativo. Dicha representación se acreditó con la copia certificada del acuerdo emitido el diez de enero de dos mil veinticinco en el que consta la designación respectiva.

35. Legitimación de las partes terceras interesadas. Por otra parte, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión están legitimadas para intervenir en la presente controversia constitucional con el carácter de terceras interesadas.

36. En términos de los artículos 10, fracción III,(11) y 11 de la ley reglamentaria de la materia, son terceros interesados en las controversias constitucionales los poderes, entidades u órganos que, sin ser actores o demandados, pudieran resultar afectados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, los terceros interesados deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

37. La Cámara de Senadores compareció por conducto de uno de los delegados a quien se reconoció dicho carácter durante el trámite de este asunto, mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco.

38. Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión compareció por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, quien cuenta con la representación legal de dicho órgano legislativo, lo que acreditó a través de la copia certificada del acta de sesión en la que se hizo constar su designación, en términos de los artículos 22, numeral 1, y 67, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.(12)

39. Finalmente, el Municipio de San Lorenzo Axocomanitla del Estado de Tlaxcala no compareció al procedimiento.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO

40. En forma previa al análisis de la cuestión de fondo, se examinan las causas de improcedencia planteadas por las partes, así como aquellas que pudieran advertirse de oficio por este Alto Tribunal.

41. El Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala señaló en su escrito de contestación que los actos que se le atribuyeron fueron emitidos con apego a las formalidades del procedimiento legislativo, por lo que no invaden las facultades de la Federación, lo que conlleva la improcedencia de la controversia.

42. Si bien el Poder Ejecutivo local no aludió en forma directa a la improcedencia de la presente controversia constitucional, lo cierto es que de la lectura del oficio de contestación de la demanda se advierte que su intención fue plantear su inviabilidad.

43. Este Tribual Pleno determina que es infundado el motivo de improcedencia alegado, pues la Ley Reglamentaria de la materia asigna el carácter de partes demandadas en las controversias constitucionales a las entidades federativas, los poderes u órganos que emitieron el acto impugnado, lo que implica que su participación y la constitucionalidad de sus actos son susceptibles de ser analizados en dicha instancia.

44. Robustecen lo anterior las tesis de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(13) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."(14)

45. Sin perjuicio de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en el caso debe sobreseerse en el presente asunto porque ha sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de la norma impugnada.

46. El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general materia del juicio, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos.

47. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento para su creación, las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

48. Este principio se obtiene del artículo 74 de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34360-e4cf9388/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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