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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UNO POSTERIOR EN EL QUE SE HAYA DETERMINADO LA CONCESIÓN DE UNA PENSIÓN DIVERSA EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "(...) Y SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. (...)"]. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTOR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 160/2024. · Registro digital (IUS): 33692
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-10
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.146.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 160/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE Y PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CAMILO WEICHSEL ZAPATA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 13 de noviembre de 2024, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 160/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en la que demandó la invalidez del Decreto 1735, publicado el 24 de abril de 2024, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos número 6302. En este Decreto el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación en favor de ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Antecedentes. De las constancias de autos se advierten los siguientes antecedentes del asunto:

a) Presupuesto 2021 para el Poder Judicial. El 15 de diciembre de 2020, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el decreto 1105 por el que autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2021. Al Poder Judicial local se le asignó la cantidad de $549,034,000.00, (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos, 00/100 M.N.) dentro de los cuales se incluyó la cantidad de $75,000,000.00 00 (setenta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.) para el pago de pensiones, jubilaciones y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en controversias constitucionales y amparos.

b) Presupuesto 2022 para el Poder Judicial. El Congreso local no presentó en tiempo el Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2022. En consecuencia, de manera tácita se autorizó un presupuesto con las mismas cantidades asignadas que en 2021.

c) Presupuesto 2023 para el Poder Judicial. El 29 de diciembre de 2022 se publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el año 2023. Al Poder Judicial local se le asignó la cantidad de $829,946,238.00, (ochocientos veintinueve millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y ocho pesos, 00/100 M.N.) dentro de los cuales se incluyó la cantidad de $160,547,842.00 ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos, 00/100 M.N.) para el pago de pensiones, jubilaciones y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en controversias constitucionales y amparos.(1)

De acuerdo con el Poder Judicial local, en este ejercicio fiscal se asignaron de manera adicional $50,000,000.00 cincuenta millones de pesos, 00/100 M.N.) en una primera ocasión y $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos, 00/100 M.N.) en una segunda ocasión con el fin de atender las pensiones y jubilaciones adeudadas. El Poder Legislativo demandado únicamente hace referencia a la asignación adicional de $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos, 00/100 M.N.).

d) Presupuesto 2024 para el Poder Judicial. El 29 de diciembre de 2023 se publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el año 2024. Al Poder Judicial local se le asignó la cantidad de $916,443,549.90, (novecientos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), dentro de los cuales se incluyó la cantidad de $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos, 00/100 M.N.) para el pago de pensiones, jubilaciones y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en controversias constitucionales y amparos.

e) Decreto 1735. El 24 de abril de 2024 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos número 6302, por el que se concedió pensión por jubilación a **********, con cargo al Poder Judicial del Estado de Morelos (el “Decreto”). Su contenido es el siguiente:

Artículo 1. Se concede pensión por Jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Programador al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.

Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Artículo 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguilando, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.

2. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2024, Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno de la misma entidad federativa, de quienes impugnó el Decreto.

3. Conceptos de invalidez. El Poder actor formula un único concepto de invalidez que se sintetiza a continuación:

a) En suma, el Decreto impugnado atenta contra su autonomía de gestión presupuestal y, con ello, de la independencia judicial. Por un lado, el Decreto fue aprobado sin intervención alguna del Poder Judicial local, por lo que el Congreso local está disponiendo del presupuesto del primero sin su autorización. Por otro lado, ni en la partida presupuestal de 2023 ni la de 2024 se consideró el pago del Decreto impugnado, por lo que el Congreso local no le ha otorgado el presupuesto suficiente para cumplir con la obligación de pago que ahora le asigna con el Decreto.

b) Además, menciona que el presupuesto de rubro asignado para pagar pensiones y jubilaciones en 2023 fue más alto que en 2024, considerando que en el 2023 recibió dos asignaciones adicionales. En concreto, en 2023 terminó con un monto de $290,547,842.00, (doscientos noventa millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos, 00/100 M.N.), mientras que en 2024 el monto asignado es de $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos, 00/100 M.N.)

4. Admisión y trámite. El 23 de mayo de 2024, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el número de expediente 160/2024 y designó como instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El 3 de junio de 2024, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como autoridades demandadas únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos,(2) y ordenó su emplazamiento. Asimismo, les requirió los antecedentes legislativos del Decreto, así como su publicación en el Periódico Oficial, respectivamente. Finalmente, dio vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. El Poder Legislativo dio contestación a la demanda por medio del Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Estado de Morelos. A continuación, resumimos sus argumentos:

a) Argumento de improcedencia. El Poder Legislativo sostiene que se actualizan dos causas de improcedencia. Por un lado, argumenta que el Poder actor carece de interés legítimo dado que el acto impugnado no afecta su ámbito de atribuciones. Esto en la medida en que el propio Congreso local tiene facultades para expedir decretos otorgando pensiones a los trabajadores del gobierno estatal. Por otro lado, menciona que el acto impugnado ha cesado en sus efectos.

b) Argumentos de fondo. En cuanto a los conceptos de invalidez, señala que el monto asignado al Poder Judicial en el 2023 para el pago de pensiones fue justamente el que el propio Poder solicitó, por lo que cuenta con el presupuesto necesario para hacer frente a sus obligaciones. Asimismo, menciona que giró un oficio al Poder Judicial para que informe al Legislativo la cantidad necesaria para el pago de pensiones, y que este último le hizo saber que requiere la cantidad de $149,816.68, (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos dieciséis pesos 68/100 M.N.) lo que se ha comunicado al Gobernador del Estado para la transferencia correspondiente.

6. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Poder Ejecutivo contestó la demanda a través de su Consejero Jurídico y representante legal en los términos siguientes:

a) Argumento de procedencia. Señala que los actos emitidos por el Gobernador del Estado de Morelos, relativos a la promulgación y publicación del Decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional, razón por la cual la impugnación que formula el Poder actor en contra del Ejecutivo local resulta notoriamente improcedente.

b) Argumentos de fondo. Respecto a los conceptos de invalidez, señala que el Poder Judicial recibió una partida equivalente al 4.7% del total del gasto programable, por lo que está en condiciones de cubrir con el pago de pensiones. Este es un porcentaje fijo que se asigna año con año, por lo que si al Poder actor no le alcanza para pagar sus obligaciones derivadas de decretos pensionatorios es su propia responsabilidad. También sostiene que el Poder Ejecutivo local no es un patrón sustituto o solidario frente a las personas jubiladas del Poder Judicial local.

7. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento.

8. Audiencia. Agotados los trámites respectivos, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como alegatos, el 25 de septiembre de 2024. En ésta se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y se hizo constar que las partes no formularon alegatos.

9. Finalmente, mediante acuerdo de Presidencia de 7 de octubre de 2024, se cerró la instrucción y previo dictamen del Ministro instructor, mediante acuerdo de Presidencia de 24 de octubre de 2024, se ordenó el envío del asunto a la Primera Sala.

10. Avocamiento. Finalmente, mediante auto de 29 de octubre de 2024, el Presidente de esta Primera Sala señaló que la misma se abocara al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro Ponente para elaborar el proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(5) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, y por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS Y NORMAS IMPUGNADAS

12. En su capítulo sobre actos y normas impugnadas, el Poder Judicial del Estado de Morelos se refirió de manera genérica al Decreto 1735. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que de lo que se duele es que el Poder Legislativo local haya otorgado una pensión con cargo a su presupuesto sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para hacerle frente. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2º del dicho Decreto, el cual se reproduce a continuación y se tiene como la única porción impugnada en la presente controversia:

DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO POR EL QUE SE LE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********

Artículo 2.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

IV. OPORTUNIDAD

13. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de 30 días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Tratándose de actos, el plazo se computa de la siguiente forma: (a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; (b) a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución; o (c) a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(6)

14. En el caso que nos ocupa, el Poder Judicial local impugna el Decreto 1735, cuya naturaleza es de un acto legislativo. Este Decreto fue publicado el 24 de abril de 2024, por lo que el plazo de 30 días para presentar la demanda de controversia constitucional transcurrió del 25 de abril al 6 de junio de 2024.(7) Dado que la demanda se presentó el 21 de mayo de 2024, se concluye que es oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

15. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria, la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla. En el caso concreto, el Poder Judicial del Estado de Morelos compareció por conducto de Luis Jorge Gamboa Olea en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, personalidad que se le reconoce en términos de lo dispuesto en el Acta de Sesión extraordinaria del Pleno Público Solemne número 1 de ese órgano jurisdiccional, de 4 de mayo de 2022,(8) así como del artículo Tercero Transitorio del Decreto 1230, por el que se derogó y reformó dos numerales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia por cuatro años.(9)

16. Además, el Magistrado Presidente se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(10) 10, fracción I y 11, de la Ley Reglamentaria,(11) así como el artículo 35, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(12) Luego, si el Poder Judicial de la entidad federativa se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(13) el Magistrado Presidente tiene facultades para promover el presente medio de control constitucional en su representación.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

17. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, de acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(14) que señala que tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.

18. De acuerdo con lo previsto en la Ley Reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen. En el caso, el Poder Ejecutivo local es representado por el Consejero Jurídico Santiago Núñez Flores, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de 29 de febrero de 2024, en el que se publicó su nombramiento y cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(15) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política,(16) 12 de la citada Ley Orgánica,(17) todos del Estado de Morelos, así como con el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 16 de abril de 2019.

19. El Poder Legislativo es representado por el Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, lo cual se advierte del acta de sesión ordinaria de Pleno de 1º de septiembre de 2023 en donde consta su designación como Presidente de la Mesa Directiva. En términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(18)

20. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

21. Antes de entrar al estudio de fondo es necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio advierta esta Corte. Al respecto, las autoridades demandadas argumentaron tres causas de improcedencia, dos por parte de cada Poder demandado: la falta de interés legítimo del poder actor, la cesación de efectos del acto reclamado (invocada por ambas autoridades), y la falta de conceptos de invalidez contra la promulgación y publicación de Decreto.(19)

Falta de interés legítimo

22. El Poder Legislativo local alega que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Federal porque considera que el acto impugnado no afecta el ámbito de las atribuciones del Poder Judicial local y que por ello carece de interés legítimo para acudir a la controversia constitucional.

23. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de una persona pensionada es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este apartado.(20) Cesación de efectos

24. La segunda causal de improcedencia invocada por el Poder Legislativo es la cesación de efectos. No obstante, no formuló argumento alguno ni indicó de ninguna manera cómo o por qué habían cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se declara infundado su argumento sin necesidad de mayor análisis.

25. Por su parte, el Poder Ejecutivo señaló que el 2 de julio de 2024 realizó una transferencia de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.) en concepto de ampliación presupuestal para el Poder Judicial local. De este dinero, sostiene que $146,816.68 (ciento cuarenta y seis mil ochocientos dieciséis pesos 68/100 M.N.) serían destinados para cubrir la pensión de *********** y, por ello, que la controversia debe sobreseerse en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(21)

26. Este argumento también es infundado. El acto reclamado en esta controversia constitucional es el Decreto 1669 y no encontramos ninguna determinación con la que las autoridades demandadas hayan revocado este Decreto. Si bien el Poder actor hizo referencia a la falta de provisión de fondos para cubrirlo, su reclamo de inconstitucionalidad es por la determinación del Poder Legislativo de disponer de su presupuesto; en otras palabras, lo que se demanda es la invalidez del acto de otorgar una pensión con cargo a su presupuesto en sí mismo considerada, por lo que la provisión adicional de fondos (sean o no con destino específico a cubrir las obligaciones impuestas por el Decreto) no es suficiente para sobreseer la controversia por cesación de efectos. Además, la ampliación presupuestal referida por el Ejecutivo solo atiende al monto que se necesita cubrir en el ejercicio fiscal de 2024, mientras que el Decreto impugnado tiene una proyección temporal que también abarca ejercicios fiscales subsecuentes.

Falta de conceptos de invalidez respecto a la promulgación y publicación del Decreto impugnado

27. El Ejecutivo local señala que los únicos actos que le son atribuibles en la controversia con la promulgación y publicación del Decreto impugnado, no se controvierten por vicios propios. En este sentido, sostiene que no incurrió en ninguna de las violaciones constitucionales argumentadas por el Poder accionante y que la controversia es improcedente.

28. Es infundado este argumento. El Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del Decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

29. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez del Decreto 1735 por el que se concede pensión por jubilación en favor del C.**********. Como vimos en la precisión de la litis, su impugnación se centra en el artículo 2 de este Decreto, pues es en dicha disposición en donde se ordena que sea el Poder actor quien cubra la pensión con cargo a su presupuesto.

30. Adelantando nuestra conclusión, se estima que los planteamientos de invalidez desarrollados por el Poder actor son fundados. Esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales relativas al otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.(22) En dichos asuntos el estudio de fondo se ha dividido en dos apartados. Primero se establecen los fundamentos constitucionales pertinentes (A), para después aplicarlos al Decreto combatido (B). En la presente controversia seguiremos esta misma metodología.

A. Parámetro de regularidad constitucional

31. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal.(23) Esta disposición establece que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que se puedan reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

32. El Tribunal Pleno ha señalado que el principio de división de poderes está contenido en una norma constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas. Por esta razón existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías reconocidos constitucionalmente.(24)

33. Además, se ha establecido que, para respetar tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar los mandatos prohibitivos de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(25) La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación; implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave, pues implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, sometiéndose a la voluntad del poder que lo subordina.

34. El Tribunal Pleno también ha sostenido que la autonomía de la gestión presupuestal local, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal,(26) constituye una condición necesaria para que los órganos ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores. Así, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia local, misma que no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes sin que ello derive en una violación al principio de división de poderes.(27)

B. Análisis del caso concreto

35. De la lectura del Decreto 1735 impugnado, esta Primera Sala observa que, en efecto, la pensión por jubilación se otorga de manera unilateral por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al erario del Poder Judicial de dicha entidad. De esta manera, la legislatura estatal establece el destino de una parte del presupuesto de la rama judicial, pues dispone de recursos ajenos para el pago de dicha pensión sin darle intervención al Poder actor que debiera hacer la provisión económica respectiva.

36. Así, con la emisión del Decreto 1735 el Congreso del Estado lesionó la independencia del Poder Judicial en nivel más grave, es decir, en el de la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos. En esta medida, el hecho de que la legislatura local sea la instancia que decida si procede otorgar una pensión por jubilación resulta contraria al artículo 116 constitucional, toda vez que sólo el Poder Judicial es quien debe administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto.

37. En ese sentido, el Tribunal Pleno ha sostenido(28) que, conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal,(29) las legislaturas estatales son las encargadas de emitir las leyes que deben regir las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. Por ello, si en las normas locales se prevé lo relativo a los temas de seguridad social, como lo son las pensiones, se cumple así con el mandato del artículo 127, fracción IV constitucional.(30) No obstante, esto no implica que los órganos legislativos deban otorgar directamente las pensiones, ya que no deben dirigir de manera unilateral los recursos ni determinar las pensiones de otros poderes del Estado.

38. Debido a que no es parte de la litis, no se estudia en el presente fallo el sistema legal de pensiones del Estado de Morelos, pero ello no implica que esta Primera Sala deje de advertir que la posibilidad de que el Congreso local sea la instancia que determine, calcule y otorgue de manera unilateral una pensión con cargo al presupuesto de otro poder u órgano del Estado es un aspecto que puede transgredir la autonomía de otros poderes o incluso de otros ordenes jurídicos.(31)

39. Por otro lado, procede desestimar lo que señalan los Poderes demandados en la parte en la que manifiestan que en el Presupuesto de Egresos local para el 2023 se etiquetó a favor del Poder Judicial actor una partida con los recursos necesarios para las pensiones y las controversias constitucionales, porque el hecho mismo de que el Congreso local otorgue la pensión es, per se, el acto que causa la invalidez, con independencia de si la partida prevista en el presupuesto es idónea y suficiente.

40. En el mismo sentido, esta Sala no pasa por alto el señalamiento del Poder Ejecutivo local de que ya se realizó una ampliación presupuestal al Poder Judicial por la cantidad de $23,089,806.95, (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.) así como la manifestación de que $149,816.68 (ciento cuarenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 68/100 M.N.) de este monto se usarían para el pago de la pensión otorgada en el Decreto reclamado. Sin embargo, esta ampliación presupuestal no incide en la (in)validez del artículo 2 del Decreto.

41. Por un lado, el problema de constitucionalidad que advertimos es la disposición de presupuesto del Poder Judicial por parte de un Poder ajeno, acto que persiste a pesar de cualquier ampliación presupuestal. Por otro lado, aun cuando a nivel fáctico la ampliación presupuestal en efecto sirviera para cubrir el mo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33692-ff82b7db/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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