I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. CERTIFICADO MÉDICO PRENUPCIAL. ANÁLISIS DE SU EXHIBICIÓN COMO REQUISITO A FIN DE DETERMINAR QUE LOS SOLICITANTES NO PADECEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE, UNA ENFERMEDAD MENTAL INCURABLE QUE LOS PRIVE DE JUICIO O DEL USO DE RAZÓN O DE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA E INCURABLE QUE SEA CONTAGIOSA O HEREDITARIA, PARA PODER CONTRAER MATRIMONIO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 457, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE JUNIO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día diez de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 78/2024, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Decreto 747, que reforma el artículo 457, fracción V, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno del Estado de Morelos.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. El veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante “CNDH” o “la Comisión”), María del Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 457, fracción V, del Código Familiar para el estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante el Decreto Número 747, publicado el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno del Estado de Morelos.
2. Autoridad emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo del estado de Morelos y se promulgó por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
3. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna la fracción V del artículo 457 del Código Familiar para el estado de Morelos que fue reformada mediante el Decreto Número 747 publicado el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno del Estado de Morelos.
4. Además, la CNDH solicita que en el caso de que la norma impugnada sea declarada inválida, se extiendan estos efectos a todas las normas que estén relacionadas con el artículo impugnado.
5. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1°, 4° y 16 de la Constitución Federal, 1°, 2°, 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2°, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
6. Conceptos de invalidez. La CNDH presenta un único concepto de invalidez. A lo largo de este concepto de invalidez la Comisión argumenta la vulneración de múltiples derechos humanos reconocidos a nivel constitucional y convencional, así como el incumplimiento de obligaciones estatales. Estas vulneraciones, alega la Comisión, se desprenden de la reforma al requisito para contraer matrimonio de presentar un certificado médico prenupcial que determine que las personas solicitantes no padezcan alguna enfermedad que sea considerada un impedimento (artículos 77 y 78 del Código Familiar del Estado de Morelos).
7. La Comisión concentra su análisis, principalmente, en dos impedimentos: uno no dispensable y uno dispensable. El no dispensable trata sobre enfermedades mentales incurables y, el dispensable, sobre enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias. Esto es así porque el certificado médico busca verificar que las personas contrayentes del matrimonio no padezcan estas enfermedades. Así pues, a partir del análisis de estos impedimentos la CNDH concluye que, en el caso concreto, existen restricciones a los derechos a la intimidad y vida privada, libertad de formar una familia y a la dignidad humana.
8. En consecuencia, la Comisión argumenta que existe una restricción de múltiples derechos humanos, y que lo que procede es llevar a cabo un análisis de proporcionalidad.(1) En este sentido, la Comisión desarrolla lo siguiente.
9. En primer lugar, argumenta que el certificado médico prenupcial cuenta con una finalidad constitucionalmente válida ya que busca proteger el derecho a la salud de las personas que buscan contraer matrimonio, así como la preservación de la salud de la futura familia. En segundo lugar, respecto a la idoneidad, menciona que se puede considerar que se satisface el requisito, ya que presentar un certificado médico prenupcial sí contribuye, en algún grado, a proteger el derecho a la salud de la futura familia y de las personas contrayentes del matrimonio.
10. Sin embargo, en cuanto a la grada de necesidad, la Comisión argumenta que no se cumple con este requisito. Esto es así ya que esta no es la medida menos lesiva para proteger la finalidad constitucionalmente válida (protección del derecho a la salud). De hecho, la Comisión argumenta que los certificados médicos prenupciales vulneran los derechos a la intimidad y vida privada, a la dignidad humana e, incluso, el propio derecho a la salud. Además, estima que el certificado médico implica una injerencia arbitraria en la vida privada de las personas por parte del Estado.
11. En consecuencia, la CNDH solicita que se declare la invalidez del precepto impugnado y, por extensión de efectos, se determine la invalidez de las normas relacionadas. Lo anterior toda vez que, desde su óptica, no se supera el análisis de proporcionalidad y vulnera los derechos a la intimidad y vida privada, a formar una familia, a la dignidad humana y a la salud.
12. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo emitido el primero de abril de dos mil veinticuatro, la Presidenta de esta Suprema Corte ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 78/2024, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
13. Auto de admisión. Por medio de auto emitido el nueve de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, para que estuvieran en posibilidad de rendir sus informes correspondientes; así como a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posibilidad de formular manifestaciones.
14. Informe del Congreso del Estado de Morelos.(2) El Congreso del Estado de Morelos sostiene que los argumentos planteados por la CNDH en el único concepto de invalidez son infundados. Lo anterior es así dado que estiman que la adición del certificado médico prenupcial como un requisito del matrimonio tiene el propósito salvaguardar el derecho a la salud de las personas contrayentes del matrimonio. Así pues, en opinión del Congreso local, la protección al derecho a la salud justifica el requisito de presentar un certificado médico prenupcial. En otras palabras, dicha medida persigue un fin constitucionalmente válido.
15. El Congreso local argumenta que esto es así dado que los derechos humanos son regidos por el principio de interdependencia. Es decir, el derecho a la salud es fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. En consecuencia, los derechos a la integridad, la dignidad o al libre desarrollo de la personalidad son dependientes de la protección del derecho a la salud ya que este derecho habilita su adecuado ejercicio. Bajo esta lógica, entonces, el Congreso de Morelos argumenta que el certificado médico prenupcial tiene como finalidad poner en conocimiento de quienes pretenden contraer matrimonio si es que la otra persona tiene una enfermedad contagiosa o hereditaria.
16. Lo señalado anteriormente tiene el objetivo de proteger el derecho a la salud de las personas que contraen matrimonio, así como los derechos de su decendencia. Así pues, dado que existe la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el Congreso local estima que el requisito impugnado busca proteger el derecho humano a la salud. En consecuencia, el Poder Legislativo local solicita que se desestime el concepto de invalidez planteado por la Comisión y que se reconozca la validez del artículo 457, fracción V, del Código Familiar del Estado de Morelos.
17. Informe del Poder Ejecutivo Estatal.(3) El Gobernador del Estado de Morelos sostiene que su actuar se apega al orden constitucional ya que se apega a las disposiciones establecidas en la Constitución local. En particular, el Ejecutivo sostiene que actuó en cumplimiento de lo mandatado en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución local, ya que ahí se establece que una de sus facultades es promulgar y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso local, así como dirigir el Periódico Oficial de la entidad federativa.
18. En consecuencia, el Ejecutivo local estima que su actuación se limita al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y que, a través de su actuación como autoridad promulgadora, no vulnera los intereses de la Comisión ni los derechos alegados por la misma. En consecuencia, solicita que el Tribunal Pleno sobresea respecto a su actuación en el presente asunto.
19. Alegatos. Por medio de un acuerdo del Ministro instructor, del veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades y se otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
20. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló una opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad.
21. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
22. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(6) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(7) Ello es así, puesto que en ella se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. OPORTUNIDAD
23. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(8)
24. La norma impugnada fue reformada por medio del Decreto 747 publicado el miércoles veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno del estado de Morelos. Por ello, el plazo para la impugnación transcurrió del jueves veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro hasta el viernes veintinueve de marzo de dos mil veinticuatro.
25. En el caso, la demanda se presentó a través del buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, debe concluirse que la presentación de la demanda fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
26. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos.
27. Así, la demanda fue presentada por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humano, María del Rosario Piedra Ibarra, personalidad que se acredita por medio de copia certificada del Acuerdo del Senado de la República por el que se le eligió presidenta del organismo, realizado el siete de noviembre de dos mil diecinueve.
28. El otro requisito, consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra normas generales de carácter federal o de las entidades federativas, también se cumple porque el Decreto impugnado contiene reformas a una norma general de una entidad federativa, en sentido formal y material.
29. En consecuencia, asiste legitimación a la CNDH.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
30. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) en relación con el artículo 73 del mismo ordenamiento,(10) se precisa que la CNDH plantea una impugnación a ciertas porciones normativas del Decreto 747 que reforma diversas disposiciones del Código Familiar para el estado de Morelos, publicado el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno del Estado de Morelos. En particular, el Decreto 747 reforma la fracción V del artículo 457 de la legislación referida, que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 457. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:
I. a IV. [...]
V. Un certificado médico prenupcial, que determine que los solicitantes no padecen alguna de las enfermedades consideradas como impedimento previstas en los artículos 77 y 78 del presente ordenamiento; y en el caso del impedimento contemplado en la fracción III del artículo 78 del presente Código, cumplir con lo requerido para su dispensa;
[...]
31. De una lectura integral de la demanda, se extrae que la Comisión accionante únicamente transcribe la reforma al artículo 457 del Código Familiar del Estado. El único concepto de invalidez planteado, a su vez, está dirigido a combatir la constitucionalidad del certificado médico prenupcial. En consecuencia, este pleno estima que derivado de la argumentación planteada, destinada a demostrar la restricción de múltiples derechos humanos y la falta de proporcionalidad de la norma, solo se debe tener por impugnada la fracción V del artículo 457.
VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
32. Las autoridades demandas no plantearon la actualización de ninguna causal de improcedencia, y esta Suprema Corte tampoco advierte alguna oficiosamente; por lo tanto, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.
VII. ESTUDIO DE FONDO
33. La propuesta original del asunto proponía declarar la invalidez del artículo 457, fracción V, del Código Familiar para el Estado de Morelos.
34. Sin embargo, al tomarse la votación, únicamente se expresó una mayoría de seis votos con el sentido del proyecto,(11) de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama y Laynez Potisek. La señora Ministra Esquivel Mossa votó por la invalidez únicamente de la porción normativa “que determine que los solicitantes no padecen alguna de las enfermedades consideradas como impedimento previstas en los artículos 77 y 78 del presente ordenamiento; y en el caso del impedimento contemplado en la fracción III del artículo 78 del presente Código, cumplir con lo requerido para su dispensa”. La señora Ministra Ríos Farjat votó por la invalidez únicamente de la porción normativa “77 y”. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó en contra.
35. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar la propuesta consistente en declarar la invalidez de la norma referida, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Federal, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
36. Por lo antes expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
RESUELVE
PRIMERO. Es procedente la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, al trámite, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama con precisiones, Ríos Farjat con precisiones, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández con precisiones, respecto del apartado V, relativo a la precisión de las normas impugnadas. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek, respecto del apartado VI, relativo a las causales de improcedencia. La señora Ministra Batres Guadarrama votó parcialmente a favor. La señora Ministra Ríos Farjat votó por el sobreseimiento de su porción normativa “y en el caso del impedimento contemplado en la fracción III del artículo 78 del presente Código, cumplir con lo requerido para su dispensa”. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó por la improcedencia por cesación de efectos respecto del sistema normativo controvertido.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de algunas consideraciones, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Pardo Rebolledo por consideraciones distintas, Batres Guadarrama a favor de la extensión del artículo 77, fracción XV, por consideraciones distintas, y en contra de la extensión de invalidez a los artículos 77, fracción I, y 78, fracción IV, y Laynez Potisek en contra de las consideraciones, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 457, fracción V, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. La señora Ministra Esquivel Mossa votó por la invalidez únicamente de su porción normativa “que determine que los solicitantes no padecen alguna de las enfermedades consideradas como impedimento previstas en los artículos 77 y 78 del presente ordenamiento; y en el caso del impedimento contemplado en la fracción III del artículo 78 del presente Código, cumplir con lo requerido para su dispensa”. La señora Ministra Ríos Farjat votó por la invalidez únicamente de su porción normativa “77 y”. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó en contra y por el sobreseimiento. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos votos concurrentes.
Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández.
El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a la sesión de diez de junio de dos mil veinticinco previo aviso a la Presidencia.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.
Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
________________
1. Desarrollan un test de proporcionalidad de carácter ordinario con sus cuatro etapas: finalidad constitucionalmente válida (1), idoneidad de la medida (2), necesidad de la medida (3) y proporcionalidad en sentido estricto (4).
2. Recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el siete de mayo de dos mil veinticuatro.
3. Recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el siete de mayo de dos mil veinticuatro.
4. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...].
5. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].
6. Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.
7. Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; [...].
8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 105. [...]
II. [...]
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...].
Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. [...].
9. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados [...].
10. Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
11. Con las precisiones que se aclaran en el apartado de votaciones de este documento.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33717-9fb8f2cc/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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