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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 40, FRACCIONES XXVII, XXXII, XXXIII Y XXXVII; 46, 86, 88, 91, 92-A, 136, PÁRRAFO QUINTO, Y 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE POR HABER CESADO SUS EFECTOS (DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MORELOS. VALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DE LA NORMA QUE CONTEMPLABA SU EXISTENCIA, AL HABERSE CREADO LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MORELOS. LA SUPRESIÓN DE ÉSTE NO VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, YA QUE EL NUEVO ÓRGANO ADMINISTRATIVO DENOMINADO JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL LOCAL LLEVARÁ A CABO LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS SIN QUE LOS JUECES DEBAN DISTRAERSE DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. VALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DE LA NORMA QUE CONTEMPLABA SU EXISTENCIA, AL HABERSE CREADO EL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES DE DICHA ENTIDAD (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 109-Ter DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. REGULACIÓN DE SU INTEGRACIÓN (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 109-Ter DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). IX. TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO Y SUPLENTE (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 109-Ter DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). X. TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. PERIODO EN QUE EJERCERÁN SUS FUNCIONES EL MAGISTRADO TITULAR Y SU SUPLENTE (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 109-Ter DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO). XI. TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. LA AUSENCIA DE MODIFICACIÓN DE LA REFERENCIA A SU TITULAR PARA EFECTOS DE LA PROHIBICIÓN DE SER DIPUTADO SIN SEPARARSE DEL CARGO CIENTO OCHENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN ENCUENTRA SU JUSTIFICACIÓN EN LA VEDA ELECTORAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2018. · Registro digital (IUS): 29847
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-11
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo III, Pág. 3140.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2018. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 38/2018, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en contra del Decreto 2589, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el quince de febrero de dos mil dieciocho.

I. Antecedentes

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó su demanda para impugnar la constitucionalidad del decreto referido y específicamente cuestionó las siguientes modificaciones:(1)

• Primero: por el que se reforman la fracción III del artículo 26, las fracciones XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLIV y LIII del artículo 40; artículo 46; la fracción XXXIV del artículo 70, el primer párrafo del artículo 79-A, el artículo 79-B, el párrafo sexto y el apartado B del artículo 84; el artículo 86, el artículo 88; los párrafos primero, segundo, quinto y sexto del artículo 89; artículo 91; artículo 92-A; artículo 98; los párrafos primero y cuarto del artículo 109-Bis; artículo 124; el tercer párrafo del artículo 134, el artículo 135, el primer y último párrafos del artículo 136; el artículo 137, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

• Tercero: se deroga la fracción XXXV del artículo 40, el artículo 92 y el artículo 109-Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

• Las disposiciones transitorias primera a la cuarta, y de la vigésima primera a la vigésima novena.

2. Esencialmente, la Comisión cuestiona la desaparición del Consejo de la Judicatura Local y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, por las siguientes razones:

• Primero. La desaparición del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, pues implica una regresión de los estándares de protección de los derechos humanos de los adolescentes para que opere en su favor un sistema de impartición de justicia especializada que atienda a su protección integral. El artículo 18 de la Constitución Federal ordena la creación de un sistema de impartición de justicia para adolescentes, con Jueces especializados; sistema que se ve respetado con la actual situación del tribunal. Sin embargo, la modificación que pretende el Congreso –transformarlo en una Sala Especializada perteneciente al Tribunal Superior– implica una medida regresiva que no se justifica so pretexto de una política de austeridad en el gasto público.

• Segundo. La desaparición del Consejo de la Judicatura Local es una medida regresiva que transgrede el principio de progresividad en la protección de derechos humanos y el derecho de acceso a la justicia. Desaparece al órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial, cuyo fin era que los Magistrados no se distraigan de sus actividades jurisdiccionales para realizar tareas administrativas.

3. La demanda se tuvo por presentada(2) y fue turnada al Ministro Javier Laynez Potisek, quien la admitió a trámite e instruyó el procedimiento correspondiente.(3)

4. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales rindieron sus informes y defendieron la constitucionalidad de las normas que en esta acción se cuestionan.(4) Al respecto, sostuvieron lo siguiente:

• Poder Ejecutivo: Han cesado los efectos de la norma impugnada, en cuanto a la desaparición del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, pues el cuatro de abril de dos mil dieciocho se publicó el Decreto 2611 que reformó la Constitución Local nuevamente para reconocerle el carácter de órgano autónomo. Además, se protege su configuración, pues tanto la Magistrada como su suplente se mantendrán en el cargo durante el mismo periodo para el que fueron asignados.

El Congreso actuó en un marco dentro de la facultad de libre configuración normativa respecto a la reforma al Consejo de la Judicatura y de ninguna manera transgreden los derechos humanos de los gobernados, pues seguirá existiendo un órgano encargado de las cuestiones administrativas (la Comisión por parte del Pleno del Tribunal Superior), sin que se distraiga al resto de impartidores de justicia de su función. Esta configuración pretende: a) dotar de máxima autonomía al Poder Judicial, ya que, a diferencia del Consejo, el nuevo órgano administrativo no contará con miembros representantes de otros Poderes, por lo que no habrá injerencia; y, b) ahorrar en el gasto público y la carga presupuestaria al Poder Judicial que implica el Consejo.

• Poder Legislativo: Ha quedado sin efectos el Decreto 2589 impugnado, respecto a la desaparición del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Además de que nunca entró en vigor porque la desaparición del tribunal estaba sujeta a que se hicieran los ajustes presupuestarios, el Decreto 2611 revirtió esas modificaciones a la Constitución Local, por ello, el tribunal nunca desapareció ni se afectó su configuración.

En cuanto a la desaparición del Consejo, sostiene que, conforme a la reforma constitucional de 1994, su creación era opcional y se creó más por imitación que por necesidad. Así, al tener el Congreso Local facultades soberanas para modificar la configuración del Poder Judicial conforme al artículo 40, fracción XXXV, de la Constitución Local, la desaparición del Consejo no fue producto de un actuar arbitrario, sino de un ejercicio prudente de ponderación para otorgar plena independencia al Poder Judicial del Estado y eliminar la injerencia del Ejecutivo y Legislativo en las decisiones administrativas. Además, esta reforma representa una reducción en el costo de manutención de dicho órgano, por lo que no se vulnera el derecho de tutela judicial de los gobernados.

II. Competencia

5. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

III. Oportunidad

6. El plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada haya sido publicada en el medio oficial correspondiente, de conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la ley reglamentaria.(5) Si el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el quince de febrero de dos mil dieciocho, el plazo señalado inició el dieciséis de febrero y venció el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho.

7. Por tanto, si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó la demanda el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la misma resulta oportuna.(6)

IV. Legitimación

8. Sólo los órganos señalados en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal cuentan con legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad. Dichos órganos deben comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario que comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario (artículos 11(7) y 59(8) de la ley reglamentaria).

9. Quien la promueve es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y está facultada para promover el presente medio de control cuando impugne normas generales –emitidas por el Congreso Local de su respectivo Estado– que estime contravengan derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales, conforme al inciso g), fracción II, del artículo 105 de la Constitución Federal.(9) Ello, a contrario sensu, implica que no tiene legitimación para promover el medio si no argumenta violaciones a derechos humanos.

10. Sobre este aspecto, en la acción de inconstitucionalidad 22/2009 sostuvimos que la legitimación solamente determina la posibilidad de ejercicio de la acción –en el sentido procesal–, mientras que la existencia o no de las violaciones a derechos fundamentales por las normas controvertidas es una cuestión que atañe al estudio de fondo. Por tal razón, para efectos de la legitimación, es suficiente con que en sus conceptos de invalidez los ombudsman planteen algún tipo de violación a los derechos humanos, sin que sea necesario en este apartado definir si las normas controvertidas vulneran o no derechos fundamentales, o si realmente la acción ejercida se refiere a un derecho fundamental.(10)

11. Como ejemplo de asuntos donde hemos estudiado modificaciones orgánicas al Poder Judicial cuestionadas por Comisiones de Derechos podemos mencionar la acción de inconstitucionalidad 33/2012.(11) En ella, el ombudsman de Colima impugnó la modificación que realizó el Congreso del Estado para permitir que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia pudiera sesionar con la mitad del total de sus integrantes (se redujo el quórum para iniciar funciones), así como otras cuestiones que atañen al funcionamiento propio del órgano jurisdiccional. Desde su perspectiva, la modificación afectaba el funcionamiento del órgano y violaba el derecho de tutela judicial efectiva en tres vertientes: a) violación al principio democrático; b) violación al principio de división de poderes, en relación con el principio de independencia judicial; y, c) el principio de legalidad, porque requería una motivación reforzada por parte del órgano legislativo. Aunque en dicho asunto concluimos que la medida no afectaba la independencia judicial ni el funcionamiento del órgano, dicho precedente es relevante en el presente asunto para esclarecer que este Pleno ya ha admitido a estudio las modificaciones orgánicas que se realicen al Poder Judicial, cuando a juicio de una Comisión de Derechos Humanos éstas pueden ser contrarias o violatorias del derecho a la tutela judicial efectiva.

12. En el caso en concreto, el ombudsman de Morelos impugna el Decreto 2589 y sus argumentos se dirigen a cuestionar que modificó la Constitución Local para desaparecer al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes como órgano jurisdiccional independiente y al Consejo de la Judicatura del Estado. En sus conceptos de invalidez argumenta que esta reforma es regresiva y que transgrede los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y acceso a la justicia comprendidos en los artículos 1o., 16 y 17 de la Constitución Federal. Así, advertimos que su planteamiento sí está vinculado con posibles violaciones a derechos humanos, por lo que la Comisión sí cuenta con legitimación en la causa.

13. Ahora bien, conforme al artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos(12) su presidente es quien ejerce la representación legal. Dado que fue Jorge Arturo Olivarez Brito, en su carácter de presidente de la Comisión, quien presentó la demanda y lo acredita con el nombramiento emitido por el Pleno del Congreso del Estado en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis,(13) podemos concluir que sí cuenta con legitimación en el proceso. Por tanto, la accionante sí cuenta con legitimación activa para promover el presente medio de control constitucional.

V. Causas de improcedencia

14. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procederemos a analizar las causales de improcedencia. Advertimos que meses después de la emisión del Decreto 2589 –mismo que se cuestiona en esta acción– el Congreso Local emitió el diverso 2611, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, que modificó, entre otras, diversas normas de las ahora impugnadas.(14) Aun cuando el Decreto 2611 reformó diversos artículos de la Constitución Local, en este apartado únicamente nos limitaremos a señalar y analizar los cambios que sufrieron los impugnados por la Comisión en esta acción.

15. Para evidenciar las modificaciones que el Decreto 2611 tuvo sobre el Decreto 2589 –impugnado en este medio de control– se presenta el siguiente cuadro comparativo. En la columna del lado izquierdo se reproduce el texto de los artículos impugnados por la accionante –es decir, el texto que resultó del Decreto 2589, publicado el quince de febrero de dos mil dieciocho– y se tachan las partes que fueron eliminadas en el decreto posterior. En la columna del lado derecho se reproduce el nuevo texto que quedó con el Decreto 2611 –publicado en cuatro de abril de dos mil dieciocho–, y se señala con letra más oscura las modificaciones o adiciones que se incorporaron en cada artículo:

Ver cuadro comparativo 1

16. Del cuadro anterior podemos advertir que con el Decreto 2611 se modificaron algunas de las normas impugnadas. Hemos sostenido que para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos (ante la presencia de un nuevo acto legislativo) debe acreditarse que: a) se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y, b) la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. El segundo, en cambio, consiste en que la modificación sea sustantiva o material, y se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. De este modo, una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.(15)

17. Estimamos que con la expedición del Decreto 2611, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5591, que tuvo por objeto modificar los artículos impugnados, se acredita el criterio formal, pues éste es prueba suficiente para concluir que hubo y concluyó un proceso legislativo. El cambio sustantivo también se acredita. Podemos apreciar que los artículos 40, fracciones XXVII, XXXII, XXXIII y XXXVII; 46, 86, 91, 136, párrafo quinto y 137 efectivamente modificaron su contenido para referirse al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, cuando antes de la reforma referían al Magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, así como eliminar la figura del fiscal especializado en combate a la corrupción. Es decir, mientras que antes los artículos contemplaban como destinatario de la norma a un Magistrado adscrito a una Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia, ahora se refieren a éste como uno perteneciente a un tribunal autónomo.

18. El cambio sustantivo también se acredita respecto del artículo 88, puesto que se eliminó a los miembros del Consejo de la Judicatura como servidores públicos que "no podrán desempeñar otro empleo o recibir remuneración diversa a la que se recibe por laborar en el Poder Judicial" y, en su lugar, se incluyó a los secretarios que trabajan en órganos jurisdiccionales. Aunque dicho texto efectivamente pertenece al Decreto 2589 que pretendió eliminar el Consejo de la Judicatura –pues, incluso, se derogó el artículo 92 y se modificó el 92-A que lo regulaban–, advertimos que esta modificación pudo ser consecuencia de una omisión en que incurrió el legislador en el decreto impugnado. Finalmente, también logra acreditarse el cambio sustantivo respecto del artículo 92-A pues, como se aprecia, con la reforma se modificó su redacción para prever un nuevo órgano administrativo (la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial), al que le fueron conferidas las facultades que –en el artículo impugnado– se preveían en favor del Tribunal Superior de Justicia. Por todo lo anterior, debe sobreseerse respecto de todos estos artículos, al haber cesado sus efectos con motivo de un nuevo acto legislativo.

19. Por otro lado, también se actualiza la cesación de efectos respecto de las disposiciones primera a tercera transitorias del Decreto 2589, pero por distinto motivo. Este Pleno ha sostenido que cuando en acción de inconstitucionalidad se impugnan normas transitorias y las mismas ya cumplieron el objeto para el cual se emitieron, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la del artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, de la ley reglamentaria, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, de la misma ley.(16) Las normas impugnadas establecen:

"Primera. Aprobado el presente decreto por el Poder Reformador Local y hecha la declaratoria correspondiente se remitirá al gobernador constitucional del Estado para que se publique en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos."

"Segunda. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente decreto iniciará su vigencia a partir de la declaratoria emitida por la LIII Legislatura del Congreso del Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga la declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución."

"Tercera. El Congreso del Estado contará con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones legislativas necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial."

20. La primera refiere a la orden de publicar el decreto y la segunda a que el mismo iniciará su vigencia a partir de la declaratoria que emita la Legislatura del Estado. Ambas cumplieron su objeto con la publicación de la declaratoria y del Decreto 2589 en el Periódico Oficial "Tierra y libertad" el quince de febrero de dos mil dieciocho.(17) A parte, la tercera ordena al Congreso Local hacer las adecuaciones legislativas necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en un plazo de 90 días hábiles. Como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles advertimos que el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto 2590, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, cuyo objetivo en ese entonces fue la creación de la Sala Especializada de Justicia para Adolescentes.(18) Determinar si con la reforma se cubrieron o no todos los temas reformados en la Constitución Local no será materia de análisis en esta ejecutoria, pues ello no está relacionado con los motivos de inconformidad que aduce la accionante (a saber, la desaparición del Consejo de la Judicatura y la transformación del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en Sala Especializada). A juicio de este Tribunal Pleno es suficiente con la publicación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local para tener por cumplido el objetivo del artículo tercero transitorio del decreto impugnado y tener por actualizada la causal de improcedencia referida en párrafos atrás.

21. Por tanto, lo procedente es sobreseer respecto de los artículos referidos, en virtud de que cesaron sus efectos en términos del artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la ley reglamentaria.(19)

VI. Precisión de las normas impugnadas

22. En términos de los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria,(20) para resolver la cuestión efectivamente planteada tenemos la obligación de: a) analizar en conjunto los argumentos de las partes y, atendiendo a la causa de pedir, corregir los errores que advirtamos en la cita de los preceptos invocados; y, b) suplir la deficiencia en las demandas, contestaciones, alegatos o agravios. No obstante, también hemos precisado que ante la ausencia de conceptos de invalidez o razonamientos en contra del precepto citado, debe sobreseerse.(21) Es decir, si se cita un precepto pero no se vierten razones para demostrar su inconstitucionalidad debe sobreseerse, ya que en dichos casos el pronunciamiento de constitucionalidad sería de oficio y no por suplencia de la queja o corrección de error.

23. Ahora bien, de los conceptos de invalidez resumidos en el primer apartado se estima que la causa de pedir de la accionante esencialmente es que la reforma a la Constitución Local que desaparece al Consejo de la Judicatura de Morelos y al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes es inconstitucional, porque viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, las normas que se deben tener por impugnadas son las que versan sobre dichos temas.

24. En el caso en concreto, la accionante impugna el Decreto 2589, por medio del cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Local. Sin embargo, no enderezó concepto de invalidez para impugnar todas las normas enunciadas y modificadas, y muchas de ellas ni siquiera están relacionadas con su causa de pedir advertida.

25. Por lo anterior, a fin de fijar la cuestión efectivamente planteada, es necesario señalar los numerales que no serán materia de estudio en el presente asunto, puesto que únicamente fueron señalados como impugnados sin que se formularan conceptos de invalidez y se relacionaron con la causa de pedir: a) 40, fracción LIII, 70 fracción XXXIV, 79-A, primer párrafo y 79-B, por regular cuestiones relacionadas con la Fiscalía General de Morelos y el Ministerio Público de la entidad; b) 40, fracción XLIV, 84, párrafo sexto y apartado B, por regular cuestiones relacionadas con el auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y sus funciones; c) 89, párrafos primero, segundo, quinto y sexto, por regular cuestiones relativas al Pleno del Tribunal Superior de Justicia; d) 98, por regular cuestiones sobre las remuneraciones de los Jueces y Magistrados; e) 109-Bis, primer y cuarto párrafos, porque se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; f) 124, porque regula aspectos de huelga de servidores públicos; g) 134, tercer párrafo, por regular cuestiones del sistema anticorrupción; h) 135, por prever quiénes son sujetos de responsabilidad patrimonial del Estado; e, i) disposición transitoria cuarta, por prever que se expida la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos. Es decir, dichos numerales no están relacionados con la causa de pedir, por lo que su estudio es irrelevante para la presente resolución.

26. Por otro lado, se precisa que los artículos que sí serán objeto de estudio por relacionarse con la cuestión efectivamente planteada, son: a) las modificaciones de los artículos 26, fracción III y 136, primer párrafo; b) la derogación de los artículos 40, fracción XXXV, 92 y 109-Ter; y, c) las disposiciones transitorias décima primera a décima séptima(22) –que refieren al procedimiento para dar por extinto al Consejo de la Judicatura–, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Cabe precisar que la accionante citó como impugnadas las disposiciones "vigésima primera a vigésima novena"; sin embargo, dichas disposiciones son inexistentes. De su causa de pedir se advierte que en realidad las disposiciones impugnadas son aquellas que ordenan llevar a cabo medidas administrativas para concretar la desaparición del Consejo de la Judicatura, por lo que corrigiendo el error en la cita sí serán materia de análisis de la décima primera a la décima séptima.

VII. Estudio de fondo

27. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos impugnó la reforma constitucional del Decreto 2589, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el quince de febrero de dos mil dieciocho, por la que se modificaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Local, pero específicamente aquellos que tuvieron como consecuencia desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado y transformar al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en una Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia. A su juicio, se trata de una medida regresiva en materia de protección de derechos humanos y, en específico, del derecho de tutela judicial efectiva. Por un lado, porque con la desaparición del Consejo de la Judicatura se afecta el funcionamiento del resto de órganos del Poder Judicial, ya que ahora sus miembros tendrán que distraerse con tareas administrativas y descuidar su función jurisdiccional. Por otro lado, porque al disminuir la independencia del órgano especializado para la impartición de justicia para adolescentes e incorporarlo como Sala especializada del Tribunal Superior de Justicia, entorpece su funcionamiento.

28. Los argumentos que plantea son infundados, al ya no existir los vicios de constitucionalidad impugnados, como a continuación demostraremos. Para ello, primero es importante recordar –e invocar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles–(23) que el cuatro de abril de dos mil dieciocho se publicó en el diario oficial de la entidad el Decreto 2611, que trajo consigo otra reforma a la Constitución Local que, además de modificar muchos de los artículos impugnados y dejar sin materia el estudio de algunos de ellos, como se precisó, también modificó el artículo 92-A y adicionó el 109-Quáter, para quedar como siguen:

"Artículo 92-A. La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un órgano administrativo que se integrará por el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el presidente del mismo.

"Para la elección de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina deberá considerarse a funcionarios que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

"Los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina durarán cuatro años en el cargo, con excepción de su presidente. Ninguno podrá ser designado para un nuevo periodo. Asimismo, serán sujetos de responsabilidad en términos de la ley.

"La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina gozará de independencia de gestión y técnica, así como para emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la ley.

"La integración y facultades de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se regirán por las disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial, de igual forma lo harán las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se ajustará a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia y rendición de cuentas.

"A la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial le compete:

"I. Como obligación, convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial.

"Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designen, serán adscritos y removidos del cargo por el voto de la mayoría de los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, conforme a lo previsto en la ley;

"II. Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley;

"III. Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley;

"IV. Iniciar investigación sobre la conducta de algún otro funcionario o empleado del Poder Judicial en los términos que señale la ley;

"V. Elaborar el presupuesto del Poder Judicial sujetándose a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución y remitirlo para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, con aprobación previa del Pleno;

"VI. Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la ley, a los funcionarios y empleados de los Tribunales del Poder Judicial, según el caso y de acuerdo con lo que la ley establezca;

"VII. Determinar la creación de los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que requiera la administración de justicia, de acuerdo con un estudio de factibilidad presupuestal, y

"VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas."

"Artículo 109-Quáter. El Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, será el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el artículo 19, inciso d), párrafo cuarto, de esta Constitución.

"Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, se deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta Constitución establece para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; será nombrado por el Congreso del Estado previa convocatoria a examen de oposición que emitirá el órgano político del Congreso del Estado.

"Durará en su encargo un periodo de catorce años, contados a partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional y sólo podrá ser privado del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29847-b355572d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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