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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE REGISTROS MARCARIOS. LOS ARTÍCULOS 235 Y 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE PREVÉN LOS SUPUESTOS RELATIVOS, NO VIOLAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2522/2025. · Registro digital (IUS): 33759
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-28
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.7.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2522/2025. 23 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA CON CONSIDERACIONES DISTINTAS, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: HUGO AGUILAR ORTIZ. SECRETARIA: MARÍA TRINIDAD VEGA DE LA MORA.

SÍNTESIS CIUDADANA

El presente recurso tiene origen en un procedimiento administrativo de caducidad de registro marcario instaurado por una persona física en contra de ********** en calidad de titular de dicho registro. La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró administrativamente la caducidad del registro marcario **********, al considerar que su titular no aportó medio de prueba que acreditara que la marca de referencia fue utilizada en territorio nacional durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad antes señalada, ni demostró la existencia de una causa justificada para dejar de usarla, por lo que se actualizó la causal de caducidad prevista en los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Inconforme, la empresa titular del registro marcario de referencia promovió juicio contencioso administrativo, del cual tocó conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien reconoció la validez de la resolución impugnada. En desacuerdo con dicha determinación, la quejosa promovió juicio de amparo directo el cual fue negado. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión respecto del cual, por lo que hace al tema de constitucionalidad subsistente, se propone en la materia de la revisión, modificar la sentencia recurrida, así como negar el amparo.

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SUMARIO

El presente juicio tiene origen en un procedimiento administrativo de declaración de caducidad de registro marcario instaurado por una persona física en contra de ********** en calidad de titular de dicho registro. La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró administrativamente la caducidad del registro marcario **********, al considerar que su titular no aportó medio de prueba que acreditara que la marca de referencia fue utilizada en territorio nacional durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad antes señalada, ni demostró la existencia de una causa justificada para dejar de usarla, por lo que se actualizó la causal de caducidad prevista en los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Inconforme, la empresa titular del registro marcario de referencia promovió juicio contencioso administrativo, del cual tocó conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien reconoció la validez de la resolución impugnada. En desacuerdo con dicha determinación, la quejosa promovió juicio de amparo directo el cual fue negado. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión respecto del cual, por lo que hace al tema de constitucionalidad subsistente, se propone en la materia de la revisión, modificar la sentencia recurrida, así como negar el amparo.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2522/2025, interpuesto por la quejosa ********** por conducto de su apoderado legal, en contra de la sentencia de seis de marzo de dos mil veinticinco dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Solicitud de declaración administrativa de caducidad de registro marcario. **********, a través de su apoderada, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ********** con fundamento, entre otros, en los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuya titularidad la ostenta la recurrente. Ello, mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós.

2. Admisión de la solicitud. Previo desahogo de requisitos, la autoridad administrativa admitió a trámite la solicitud respectiva, la ordenó registrar con el número de expediente **********, así como emplazar a la demandada ********** a efecto de que presentara su contestación, el diecinueve de abril de dos mil veintidós.

3. Contestación a la solicitud. **********, a través de su apoderado, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad señalando, sustancialmente, que en el caso existía una causa que justificaba la falta de uso de la marca de su propiedad en virtud de las restricciones a la importación de los productos que protegía su registro marcario, mencionando al respecto como ejemplos los artículos para fumadores y cigarros, incluyendo los electrónicos.(1) Lo anterior, por escrito de veinte de junio de dos mil veintidós.

4. Resolución del procedimiento administrativo. Sustanciado el procedimiento administrativo de referencia, la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró administrativamente la caducidad del registro marcario **********, al considerar que su titular no aportó medio de prueba que acreditara que la marca de referencia fue utilizada en territorio nacional durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad instaurada por **********, ni demostró la existencia de una causa justificada para dejar de usarla, por lo que se actualizó la causal de caducidad prevista en los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.(2) Ello, mediante resolución de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés.

5. Juicio contencioso administrativo federal. En desacuerdo con dicha resolución, **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio contencioso administrativo demandando su nulidad. La demanda se radicó en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien la ordenó registrar con el número de expediente ********** y la admitió a trámite mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinticuatro.

6. Sentencia. Seguidos los trámites legales conducentes, la Sala Especializada de referencia reconoció la validez de la resolución impugnada. Lo anterior, mediante resolución de treinta de abril de dos mil veinticuatro.

7. Juicio de amparo directo. Inconforme con dicha determinación, **********, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo directo. Correspondió conocer del asunto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien admitió a trámite la demanda y la ordenó registrar bajo el número de expediente DA **********.

8. La quejosa planteó en su tercer concepto de violación la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 260, fracción II, ambos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al estimar que vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica ya que no establecen si la causa justificada para encontrarse en la excepción de caducidad del registro marcario se aplica sobre uno o todos los productos o servicios que protege dicho registro. En este sentido, hizo valer, sustancialmente, los siguientes argumentos:

• Afirmó que la inconstitucionalidad de las normas reclamadas radicaba en que dejan al gobernado en incertidumbre jurídica y estado de indefensión, toda vez que no prevén o especifican si éste debe justificar que existe una causa que le prohíba el uso sobre uno, varios o todos los productos o servicios que protege su registro marcario.

• Sostuvo que, contrario a lo determinado por la Sala Especializada responsable, sí mencionó que los estándares internacionales relevantes de la propiedad industrial como los establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, le traen mayor beneficio para ponderar su aplicación, pues en éstos no existe la obligación del titular de una marca para que la causa de justificación para evitar la declaración de caducidad de una marca deba extenderse a todos y cada uno de los productos que protege.

• En este contexto, solicitó al órgano de amparo realizar el estudio de constitucionalidad de las normas reclamadas en ejercicio de un control concentrado de constitucionalidad, debido a que la Sala Especializada responsable, a pesar de tener la obligación de ello, estableció que la figura del control de convencionalidad ex officio resultaba inaplicable.

9. Sentencia recurrida. En sesión ordinaria virtual de seis de marzo de dos mil veinticinco, el órgano colegiado negó el amparo solicitado. En lo que al presente recurso interesa, estimó que no estaba en aptitud de emprender el estudio de constitucionalidad planteado en torno a las normas reclamadas, toda vez que aun cuando la quejosa afirmó su inconstitucionalidad, lo cierto es que no formuló argumento alguno tendente a demostrar jurídicamente que tales artículos resultan contrarios a las hipótesis previstas en el texto de la Constitución General, dado que únicamente se limitó a señalar lo que desde su perspectiva éstos deben prever, esto es, si la causa justificada debe aplicarse sobre uno o todos los servicios que protege un registro marcario.

10. En este contexto, el órgano de control constitucional determinó lo siguiente:

• Al respecto, expuso que para que en el juicio de amparo directo sea procedente el examen de los argumentos propuestos para demostrar la inconstitucionalidad de normas generales, es necesario verificar los siguientes requisitos: a) si la situación abstracta prevista en la norma general impugnada efectivamente se concretó, ya sea en el acto de origen o en el fallo reclamado; b) si respecto de tal norma, en caso de que se tratara de un juicio de amparo indirecto, éste resultaría procedente; c) si la eventual concesión del amparo contra la sentencia por la aplicación de la norma controvertida, en caso de que fuera inconstitucional, efectivamente trascenderá en el acto impugnado de origen, y d) la aptitud o eficiencia de los conceptos de violación para hacer el examen de constitucionalidad de leyes que se proponga.

• El órgano de amparo destacó que sólo la concomitancia de dichos presupuestos permitiría que hiciera el estudio de constitucionalidad respectivo.

• Partiendo de lo anterior, determinó que en el caso no se colmó el requisito mencionado en el inciso d), ya que de la lectura a la demanda de amparo advirtió que aun cuando se formuló un concepto de violación en contra de los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en este no se realizó una confrontación entre lo que su texto establece y el o los artículos de la Constitución General que, en opinión de la quejosa, son transgredidos.

• De ahí que, arribó a la conclusión de que aun cuando la quejosa afirmaba que las normas reclamadas son inconstitucionales, lo cierto es que no formuló un argumento en el que tratara de demostrar jurídicamente que tales normas resultan contrarias a las hipótesis previstas en el texto constitucional, dado que sólo se limitó a señalar que el vicio de inconstitucionalidad planteado derivó de lo que desde su perspectiva deben prever los preceptos cuestionados, esto es, si la causa justificada para no usar una marca debe aplicarse sobre uno o todos los servicios o productos que protege un registro marcario.

11. Recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia de amparo, **********, a través de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión(3) en el que hizo valer, en su único agravio, los siguientes argumentos:

• Alega que la resolución recurrida contraviene lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, así como los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener todas las sentencias, ya que el órgano de amparo omitió pronunciarse en relación con el planteamiento de constitucionalidad que formuló en su tercer concepto de violación.

• Al respecto, sostiene que contrario a lo determinado por el órgano colegiado, sí expresó los argumentos que demostraban la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los cuales consistieron en que dichas disposiciones normativas vulneran la seguridad y certeza jurídica de los gobernados, ya que no establecen si la causa justificada para encontrarse en la excepción de caducidad del registro marcario se aplica sobre uno o todos los productos o servicios que protege un registro marcario.

• También expone que en su demanda afirmó que la inconstitucionalidad de las normas reclamadas radicaba en que dejan al gobernado en incertidumbre jurídica y estado de indefensión, toda vez que no prevén o especifican si éste debe justificar que existe una causa que le prohíba el uso de una marca sobre uno, varios o todos los productos o servicios que protege su registro marcario.

• En este contexto, asevera que como lo planteó en su demanda, las normas reclamadas vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica, el cual evita que el gobernado se encuentre en estado de incertidumbre, por lo que opuesto a lo que consideró el órgano de amparo, no sólo se limitó a cuestionar si los preceptos impugnados deben aplicarse sobre uno o todos los servicios que protege un registro marcario.

12. Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte admitió el recurso de revisión de que se trata, ordenó registrarlo bajo el número de expediente 2522/2025, así como reservar su turno para que la nueva integración de la Corte determinara lo conducente, toda vez que no se ubicó en alguno de los supuestos considerados de atención urgente o preferente en términos de lo previsto en el Considerando Sexto y el Artículo Séptimo, ambos del Acuerdo General número 3/2025 de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, del Pleno del Alto Tribunal. Ello, mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

13. Turno del asunto a la Ponencia del Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz. El Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz ordenó turnar el presente asunto a su Ponencia para la elaboración del proyecto de resolución, tomando en cuenta que en la sesión celebrada el uno de septiembre del año en curso las Ministras y Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron protesta. Dicho turno se realizó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención al orden cronológico de ingreso del presente asunto, así como al número de votos obtenidos en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Lo anterior, por auto de dos de septiembre de dos mil veinticinco.

II. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como en el punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.

15. Lo anterior, ya que el presente recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

III. OPORTUNIDAD

16. La sentencia recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa el jueves veinte de marzo de dos mil veinticinco(4) y surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el lunes veinticuatro. De ahí que, el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, transcurrió del martes veinticinco de marzo al lunes siete de abril de dos mil veinticinco, descontando los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, así como el cinco y seis de abril, por ser sábados y domingos respectivamente, e inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del ordenamiento referido y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

17. Por tanto, si el recurso de revisión se presentó en la Oficialía de Partes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, cabe concluir que su interposición fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. El presente recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que **********, por conducto de **********, cuenta con legitimación para ello, al ser la primera la parte quejosa en el juicio de amparo cuya sentencia aquí se recurre y, el segundo, su apoderado legal, calidad que se le reconoció en el juicio de amparo directo DA **********, mediante acuerdo de diez de julio de dos mil veinticuatro.(5)

V. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

19. En primer término, se debe establecer si el recurso de revisión de que se trata es o no procedente.

20. Dicho medio de impugnación justifica su procedencia si se actualizan los requisitos fundamentales previstos para ello en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General;(6) 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo,(7) así como en el Acuerdo General 3/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, que regula la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo.

21. De los preceptos antes señalados, así como del punto Tercero, fracción II, del Acuerdo General referido, se advierte que las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que se reúnan las características siguientes:

Exista alguna cuestión propiamente constitucional con motivo de que:

a) En la sentencia impugnada se haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general;

b) En la sentencia recurrida se haya efectuado la interpretación directa de un precepto de la Constitución General o de un derecho humano reconocido en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o bien,

c) Que el órgano colegiado haya omitido el estudio de dichas cuestiones cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo.

22. Estos requisitos son alternativos, es decir, basta que se actualice uno u otro para que, en principio, resulte procedente el recurso de revisión en los juicios de amparo directo. Sin embargo, aunado a la presencia de alguno de estos requisitos y de conformidad con la reforma a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal de once de marzo de dos mil veintiuno, así como con el punto Tercero, fracción III, del Acuerdo General de referencia, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario, además, que a juicio de este Tribunal Constitucional el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. 23. Cabe destacar que uno de los principales propósitos de la reforma a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal de once de marzo de dos mil veintiuno, radicó en consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional que concentre sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional, razón por la cual es de notoria relevancia que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de asuntos que constituyan una verdadera oportunidad de emprender estudios novedosos, relevantes e insólitos que tengan un impacto y alcance superior para el orden jurídico nacional, lo que no acontece cuando existe jurisprudencia que define el tema que subsiste en el recurso de revisión, o bien, cuando se advierte un impedimento técnico para analizarlo, esto es, si los agravios relativos resultan inoperantes, ineficaces o insuficientes.

24. Asimismo, en relación con lo anterior, se debe tener presente que en términos de lo previsto en el punto Cuarto del Acuerdo General antes mencionado en el que se establecen diversos criterios orientadores respecto del requisito de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, se considera que un recurso de revisión en amparo directo reviste dicho interés, entre otros, en los siguientes supuestos:

I. El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o de derechos humanos;

II. El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;

III. Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la Constitución General o de derechos humanos; o

IV. La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por la Suprema Corte en materia constitucional o de derechos humanos.

25. De lo anterior se desprende la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo, es decir, toda vez que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, se excluye la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

26. De modo que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está determinada por la concurrencia de dos condiciones necesarias y conjuntamente suficientes, a saber:

A. La existencia de una cuestión propiamente constitucional, entendida como un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general, o bien, sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución General o de un derecho humano previsto en un Tratado Internacional del que el Estado Mexicano es parte, o bien, que habiéndose planteado esas cuestiones en los conceptos de violación, el órgano colegiado hubiera omitido su pronunciamiento todo lo cual conduce a estimar que subsiste el problema de constitucionalidad, y;

B. Que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

27. Conforme a los parámetros antes relatados, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que el presente recurso de revisión es procedente.

28. Ello, toda vez que en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 260, fracción II, ambos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al estimar que vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica, aspecto que el Tribunal Colegiado omitió analizar al determinar que no se encontraba en aptitud de emprender el estudio de constitucionalidad propuesto ya que no se colmaron los requisitos mínimos para abordar el análisis correspondiente, mientras que en el único agravio hecho valer, se controvierte dicha decisión.

29. De igual forma, la resolución del asunto reviste un interés excepcional en materia constitucional, ya que no existe jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que dilucide la regularidad constitucional de dichos preceptos. Por tanto, se cumple con los requisitos de procedencia para el amparo directo en revisión.

VI. ESTUDIO DE FONDO

30. Problemática jurídica a resolver. Asentado lo anterior, este Tribunal Pleno procede a determinar si el agravio propuesto es suficiente para modificar la sentencia recurrida en la parte en la que el Tribunal Colegiado omitió analizar el tema de constitucionalidad planteado al determinar que no se encontraba en aptitud de emprender el estudio de constitucionalidad propuesto ya que no se colmaron los requisitos mínimos para abordar el análisis correspondiente y, en el caso de que ello sea así, se prosiga con su análisis. Dicha problemática será analizada, por cuestión metodológica, en función de las siguientes preguntas:

• ¿Fue incorrecta la omisión de análisis por parte del órgano colegiado del planteamiento de constitucionalidad propuesto?

• ¿Los artículos 235 y 260, fracción II, ambos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica?

31. Primera cuestión: ¿Fue incorrecta la omisión de análisis por parte del órgano colegiado del planteamiento de constitucionalidad propuesto?

32. La respuesta a la pregunta planteada es en sentido positivo. En principio, cabe recordar que el órgano colegiado omitió analizar el tercer concepto de violación al asumir que no se encontraba en aptitud de emprender el estudio de constitucionalidad propuesto, ya que no se colmaron los requisitos mínimos para abordar el análisis correspondiente, pues aun cuando la quejosa afirmó su inconstitucionalidad, lo cierto es que no formuló argumento alguno tendente a demostrar jurídicamente que tales artículos 235 y 260, fracción II, ambos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial resultaban contrarios a las hipótesis previstas en el texto de la Constitución General, dado que únicamente se limitó a señalar lo que desde su perspectiva éstos deben prever, esto es, si la causa justificada debe aplicarse sobre uno o todos los servicios que protege un registro marcario.

33. En su único agravio, la recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por el órgano de amparo, en su tercer concepto de violación expresó los argumentos que demostraban la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los cuales consistieron en que dichas disposiciones normativas vulneran la seguridad y certeza jurídica de los gobernados al no establecer si la causa justificada para encontrarse en la excepción de caducidad del registro marcario se aplica sobre uno o todos los productos o servicios que protege dicho registro.

34. Asimismo, destaca que en su demanda afirmó que la inconstitucionalidad de las normas reclamadas radicaba en que dejan al gobernado en incertidumbre jurídica y estado de indefensión, toda vez que no prevén o especifican si éste debe justificar que existe una causa que le prohíba el uso de una marca sobre uno, varios o todos los productos o servicios que protege su registro marcario.

35. Son sustancialmente fundados los argumentos expresados en el agravio analizado.

36. En efecto, de la lectura del tercer concepto de violación se advierte que la quejosa recurrente planteó argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 260, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial por vulnerar la seguridad y certeza jurídica de los gobernados al no establecer si la causa justificada para encontrarse en la excepción de caducidad del registro marcario se aplica sobre uno o todos los productos o servicios que protege dicho registro, lo que pone en evidencia que el órgano colegiado sí se encontraba en condiciones de emprender el estudio de constitucionalidad propuesto, contrario a lo que determinó.

37. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa recurrente no haya realizado expresamente una confrontación entre lo que establece el contenido de las disposiciones legales reclamadas y el o los artículos de la Constitución General que, en su opinión, son transgredidos.

38. Ello, pues aun cuando la quejosa inconforme no citó expresamente el precepto constitucional que tutela el derecho fundamental de seguridad jurídica, siendo un hecho notorio que el mismo lo constituye el artículo 16 de la Constitución General, lo cierto es que expuso de manera clara las razones por las cuales estima inconstitucionales los artículos cuestionados a la luz del derecho referido, al argumentar que los mismos vulneran la seguridad y certeza jurídica de los gobernados al no establecer si la causa justificada para encontrarse en la excepción de caducidad del registro marcario se aplica sobre uno o todos los productos o servicios que protege dicho registro, lo que da pauta suficiente para analizar el tema de constitucionalidad planteado.

39. De ahí que, este Tribunal Pleno procede a analizar el tercer concepto de violación cuyo estudio fue omitido por el Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo.

40. Segunda cuestión: ¿Los artículos 235 y 260, fracción II, ambos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica?

41. La respuesta a la presente interrogante debe ser en sentido negativo. La entonces quejosa planteó que los artículos 235 y 260, fracción II, ambos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial son inconstitucionales debido a que contravienen el derecho fundamental de seguridad jurídica al no establecer si la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33759-bf847bca/caducidad-de-registros-marcarios-los-articulos-235-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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