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NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA. EL ARTÍCULO 258, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6714/2025. · Registro digital (IUS): 34087
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-19
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.273.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6714/2025. 24 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIO: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6714/2025, interpuesto por empresa “B”, y se confirma la sentencia emitida el once de septiembre de dos mil veinticinco por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 326/2025.

El problema que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver, se centra en examinar la constitucionalidad de los artículos 171 y 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que definen el concepto de marca y señalan causas de nulidad de su registro, respectivamente.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Registro de marca tridimensional. En dos mil dieciséis empresa “A” (en lo sucesivo la empresa “A”) registró como marca tridimensional un envase con dos cavidades para aplicarlo en carnes frías, embutidos, salchichas y quesos.

2. Segundo registro de marca tridimensional. En dos mil veintiuno empresa “B” (en lo sucesivo la empresa “B”) registró como marca tridimensional un envase con dos cavidades para aplicarlo en huevos, leche, productos lácteos y quesos.

3. Solicitud de nulidad del segundo registro de marca. En dos mil veintidós, la empresa “A” le solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarara la nulidad del registro de la marca de la empresa “B” porque, desde su perspectiva, no debió otorgarse el registro porque era semejante en un grado que pudieran confundir al consumidor con la marca previamente registrada por la empresa “A”.

4. Negativa de nulidad de registro de marca. Después de tramitar el asunto en el que ambas empresas realizaron sus manifestaciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, el instituto negó declarar la nulidad de la marca de la empresa “B”. Ello, al considerar que las marcas tridimensionales relativas a empaques con dos cavidades no eran similares en un grado que pudieran confundir al consumidor.

5. Demanda de nulidad.(1) El doce de julio de dos mil veinticuatro, la empresa “A” demandó la nulidad de la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto a no declarar la nulidad de la marca de la empresa “B”.

6. Sentencia en el juicio contencioso administrativo. Después de tramitado el asunto, el veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó la sentencia en la que reconoció la validez de la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al considerar que las marcas tridimensionales de las empresas “A” y “B”, relativas a empaques con dos cavidades no eran similares en un grado que pudieran confundir al consumidor.

7. Demanda de amparo directo.(2) El tres de abril de dos mil veinticinco, la empresa “A” promovió una demanda de amparo en contra de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. En la demanda argumentó que contrario a lo resuelto por la Sala Especializada, las marcas sí eran similares al grado que podrían confundir al consumidor.

8. Sentencia en el juicio de amparo directo. Después de tramitar el asunto, el once de septiembre de dos mil veinticinco, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó la sentencia en la que otorgó el amparo a la empresa “A”.

9. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que, contrario a lo resuelto en la sentencia reclamada, existe una similitud gráfica entre las marcas de las empresas “A” y “B” en un grado que podrían confundir al consumidor, por lo que determinó que, respecto de la marca de la empresa “B”, registrada después que la de la empresa “A”, se actualizó la causa de nulidad prevista en el artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.(3)

10. Recurso de revisión por parte de la tercera interesada. El dos de octubre de dos mil veinticinco, la empresa “B”, en su calidad de tercera interesada en el juicio de amparo directo, interpuso un recurso de revisión en el que planteó como agravios, esencialmente lo siguiente:

Primero. El artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial afecta los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad y libertad de concurrencia.

A. La norma afecta los derechos de legalidad y seguridad jurídica, debido a que no define los conceptos de error, inadvertencia o diferencia de apreciación para configurar la causa de nulidad de un registro marcario, lo que genera incertidumbre.

• La indefinición de los conceptos error, inadvertencia o diferencia de apreciación genera una falta de claridad en el proceso para demostrar que se actualizó alguno de esos supuestos porque no se señala cómo o quién debe demostrarlo lo que genera que se trate de un simple segundo estudio de similitud entre las marcas cuando lo cierto es que debería preverse que quien solicite la nulidad debe demostrar que el registro se realizó con error, inadvertencia o diferencia de apreciación y el titular de la marca que se pretende su nulidad tenga la oportunidad de alegar que no se actualizó alguno de esos supuestos.

• El concepto “error” en el contexto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial debe entenderse como una deficiencia técnica o de procedimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ejemplo, que no se admitiera una oposición en contra del registro de marca solicitado, o no se citara como antecedente una marca previamente registrada.

• El concepto “inadvertencia” debe entenderse como una omisión inexplicable de una obligación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien por falta de diligencia no detectó un hecho, circunstancia o criterio, como podría ser un precedente o forma de entender el concepto “semejanza en grado de confusión”. A diferencia del “error” la “inadvertencia” implica una omisión, cuando la autoridad no advirtió algo que debió advertir en su revisión obligatoria del expediente de registro.

• Los conceptos “error” e “inadvertencia” se subsumen en “diferencia de apreciación” que implica una discrepancia de criterio técnico jurídico entre dos autoridades, y ello implica una segunda oportunidad de efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión. Ello, porque la “diferencia de apreciación” se presenta cuando a partir de una reevaluación de los signos marcarios, establece la existencia de una similitud en grado de confusión y debe anularse el registro marcario.

• A pesar de que sería lógico que quien pida la nulidad debe demostrar el error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad que otorgó el registro, debido a que la norma no lo clarifica no se requiere demostrarlo y eso genera incertidumbre en el titular de la marca cuyo registro es objetado de nulo sobre la forma en la que puede defender su derecho y debatir la decisión del juzgador.

• El proceso de nulidad no es transparente y el titular de la marca cuyo registro es objetado de nulo carece de certeza sobre la definitividad de su registro.

• La norma no debería limitarse a un segundo estudio de semejanza en grado de confusión porque ya existió un primer estudio cuando se realizó el registro de la marca cuya nulidad se pretende.

• Al no definirse legalmente los conceptos de error, inadvertencia o diferencia de apreciación, el juzgador tiene un marco de discrecionalidad excesivamente amplio, lo que genera inseguridad jurídica.

B. La norma afecta el derecho de igualdad porque, ante la ambigüedad de los conceptos error, inadvertencia o diferencia de apreciación, el solicitante de la nulidad no está obligado a demostrar un hecho concreto, tiene la ventaja de convencer al juzgador sobre la semejanza en grado de confusión sin dar una válvula de escape al demandado.

• Conforme a la norma, el solicitante de la nulidad está en una posición de ventaja al no tener una carga demostrativa rigurosa ni obligarse a objetar las defensas del demandado cuya postura no es tomada en consideración porque el estudio se centra en verificar la similitud en grado de confusión.

• La ambigüedad de la norma obliga al demandado a defenderse de una opinión subjetiva sobre la semejanza y no de una acusación sólida sobre error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

• La norma permite la anulación de registros legítimos porque la autoridad administrativa o jurisdiccional tenga una diferencia de apreciación sin un proceso en el que se garantice igualdad de oportunidades.

C. La norma afecta el derecho a la propiedad porque se permite la anulación de registros legítimos sin reglas claras sobre el error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

D. La norma afecta la libertad de concurrencia porque permite la anulación de registros marcarios a partir de un segundo estudio de similitud sin analizar otros aspectos que rigen a las marcas y su naturaleza de forma que la protección a una marca descriptiva o funcional otorga una ventaja exclusiva indebida al titular del registro previo.

• La norma debería distinguir entre una marca distintiva y una que es descriptiva o funcional porque si ya fue otorgado un primer registro de una marca tridimensional que contiene elementos funcionales o descriptivos es injusto negar o anular registros posteriores con elementos descriptivos o funcionales similares.

Segundo. El artículo 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial afecta la libre concurrencia y la propiedad industrial,(4)

A. La norma afecta la libre concurrencia porque si se considera que la marca otorga exclusividad sobre un mensaje o concepto que es inmaterial y abstracto se otorga un monopolio sobre ideas o elementos abstractos que obstaculiza a otros competidores.

B. La norma afecta la propiedad industrial al permitirse la protección de una función comunicativa de la marca o mensaje o idea que envía, lo que impide a otros competidores utilicen y registren esa idea o mensaje en su publicidad o empaque.

11. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante el acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión 6714/2025 interpuesto por la empresa “B” en su calidad de tercera interesada en el juicio de amparo directo promovido por la empresa “A”. En el mismo acuerdo se ordenó el turno del asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

II. COMPETENCIA

12. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello, porque el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un amparo directo.

III. OPORTUNIDAD

13. La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito fue notificada a la parte tercera interesada recurrente mediante la publicación de la lista de acuerdos del Tribunal Colegiado el dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco. Tal notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

14. Por tanto, es oportuno el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada recurrente, el dos de octubre de dos mil veinticinco, al presentarse dentro del plazo de diez días que al respecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para su interposición.(5)

IV. LEGITIMACIÓN

15. El recurso de revisión fue interpuesto por la parte tercera interesada dentro del juicio de amparo del que deriva este asunto, por lo que cuenta con legitimación para promover el presente recurso de revisión.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO

16. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados en dichos ordenamientos, motivo por el cual éstos deben analizarse antes del estudio de fondo.

17. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

I. En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando se hubieren planteado.

II. El problema de constitucionalidad referido en el punto anterior revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

18. Con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, el segundo aspecto destacado se denominó importancia y trascendencia, ahora interés excepcional. Para la procedencia del recurso es indispensable la actualización conjunta de dos requisitos: el primero, un pronunciamiento genuino sobre constitucionalidad, y el segundo, su excepcionalidad.

19. En el punto cuarto del acuerdo general 3/2025 (12a) se indicaron como criterios orientadores sobre el interés excepcional los siguientes:(6)

CUARTO. Criterios orientadores sobre el interés excepcional. Para efectos de este Acuerdo General, se considerará que un asunto reviste interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, entre otros, en los siguientes supuestos:

I. El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la SCJN, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o derechos humanos;

II. El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;

III. Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la CPEUM, o de derechos humanos, o

IV. La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por la SCJN en materia constitucional o de derechos humanos.

20. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

A. Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política del país, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, se haya omitido el estudio respectivo cuando en los conceptos de violación de la demanda de amparo se haya planteado alguna de esas cuestiones; y

B. Que el problema de constitucionalidad señalado en el punto anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

21. Se entiende que se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, sólo cuando:

a. La cuestión de constitucionalidad planteada dé lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden jurídico nacional; o,

b. Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

22. Además de ese parámetro, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando, a pesar de que el Tribunal Colegiado de Circuito no resolviera u omitiera resolver un tema de constitucionalidad planteado en la demanda de amparo, en el recurso de revisión se plantee la inconstitucionalidad de normas generales aplicadas por primera vez por el Tribunal Colegiado sin que hubiera oportunidad de plantearlo desde la demanda de amparo.

23. Como se indica en la jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.),(7) es procedente el recurso de revisión en amparo directo cuando en los agravios se plantea el análisis de constitucionalidad de normas generales aplicadas por primera vez, en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito.

24. Para la procedencia excepcional del recurso de revisión en cuestión corresponde verificar lo siguiente:

A. De las consideraciones de la resolución emitida por el órgano colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna en la revisión.

B. Que ello trascienda al sentido de la decisión adoptada.

C. Verificar en la secuela procesal del asunto, que se trate del primer acto de aplicación de la norma en perjuicio del recurrente.

D. Se estudien en sus méritos los agravios, para lo cual, debe tenerse presente que, acorde con la manera en que deben impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional, el accionante debe presentar argumentos mínimos, esto es, evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende, resultan inoperantes o ineficaces los construidos a partir de premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender de situaciones particulares o hipotéticas.

25. Asimismo, como se explica en la tesis 2a. CXLVII/2017 (10a.),(8) la sentencia en la que el Tribunal Colegiado de Circuito aplica por primera vez una norma general que afecta al tercero interesado, habilita a esa parte a plantear el recurso de revisión, porque, de no hacerlo, y esperar a que se dicte una resolución en cumplimiento al amparo del quejoso, habrá precluido el derecho del tercero interesado a plantear argumentos tendentes a impugnar la norma que le fue aplicada en el juicio de amparo anterior.

26. Ese criterio sobre la procedencia excepcional del recurso de revisión en amparo directo cuando el tercero interesado introduce en el recurso planteamientos de constitucionalidad de normas generales también fue recogido por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos, en el amparo directo en revisión 2024/2024.(9)

27. Una vez establecido lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el presente amparo directo en revisión es procedente, de acuerdo con las consideraciones siguientes.

28. En la sentencia recurrida del Tribunal Colegiado de Circuito se estableció que existió similitud gráfica entre dos marcas por lo que se actualizó el supuesto de nulidad del registro de la más reciente en términos del artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.(10)

29. La aplicación del artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial trascendió al sentido de la decisión adoptada por el Tribunal Colegiado de Circuito, porque al considerar actualizada la causa de nulidad del registro marcario prevista en esa norma otorgó el amparo para que la Sala Especializada responsable dictara una nueva sentencia en la que determinara la existencia de similitud gráfica entre las marcas y actualizada esa hipótesis de nulidad.

30. La sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito es el primer acto de aplicación de la norma en perjuicio de la tercera interesada recurrente porque en el juicio contencioso administrativo se estableció la inexistencia de similitud entre las marcas por lo que no se aplicó el artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y por ende, la ahora tercera interesada recurrente no estuvo en posibilidad de cuestionar su constitucionalidad en el juicio de amparo, en el que, por primera ocasión se aplicó en su perjuicio.

31. Del análisis preliminar de los agravios se aprecian planteamientos de inconstitucionalidad respecto de esa norma, lo que habilita su estudio en el apartado de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

32. Antes de emprender el estudio de fondo, corresponde declarar inoperantes los agravios hechos valer por la tercera interesada recurrente respecto del artículo 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial porque se hacen depender de que se considerara que una marca otorga exclusividad sobre un mensaje o concepto que es inmaterial y abstracto.

33. Sin embargo, la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito se sustentó en una similitud gráfica y no sobre una función comunicativa de la marca o mensaje o idea que envía. De ahí que, esa norma no fue aplicada en la sentencia recurrida en perjuicio de la tercera interesada recurrente, y menos en los términos en los que alegó respecto a una concepción distinta a los alcances de las marcas y, por ende, son inoperantes los argumentos en los que se cuestiona su constitucionalidad.

34. Una vez realizada la anterior precisión, se establece que el problema que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver, se centra en determinar si el artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que prevé una causa de nulidad de registros marcarios respeta los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad y libertad de concurrencia.

35. Para resolver esa problemática jurídica, es pertinente el desarrollo de los apartados siguientes. A. Planteamiento de la parte tercera interesada recurrente. B. Parámetro de regularidad, y C. Análisis del caso concreto. Una vez anunciada la estructura del asunto, corresponde exponer el primer apartado.

A. Planteamiento de la parte tercera interesada recurrente

36. La tercera interesada recurrente argumenta que el artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial afecta los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad y libertad de concurrencia.

37. Esa afectación la hace depender de que la norma no define los conceptos de “error”, “inadvertencia” y “diferencia de apreciación” para configurar la causa de nulidad de un registro marcario.

38. Esa indefinición, señala la tercera interesada recurrente además de generarle incertidumbre, conlleva una falta de claridad en el proceso para demostrar que se actualizó alguno de esos supuestos y se traduce en que se trate de un simple segundo estudio de similitud entre las marcas de modo que, desde su perspectiva, el proceso de nulidad no es transparente y el titular de la marca cuyo registro es objetado de nula carece de certeza sobre la definitividad de su registro.

39. La tercera interesada recurrente enfatiza que, desde su perspectiva, al no definirse legalmente los conceptos de “error”, “inadvertencia” y “diferencia de apreciación”, el juzgador tiene un marco de discrecionalidad excesivamente amplio, lo que genera inseguridad jurídica y además el titular de la marca en controversia se encuentra en una situación de desventaja porque quien solicite la nulidad tiene la ventaja de convencer al juzgador sobre la semejanza en grado de confusión sin dar una válvula de escape al demandado quien no tiene posibilidad real de defenderse de una acusación sólida y más bien se trata de una valoración subjetiva la existencia de error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

40. La recurrente alega que la norma afecta la libertad de concurrencia porque permite la anulación de registros marcarios a partir de un segundo estudio de similitud sin analizar otros aspectos que rigen a las marcas y su naturaleza de forma que la protección a una marca descriptiva o funcional otorga una ventaja exclusiva indebida al titular del registro previo.

41. Desde su óptica, la norma debería distinguir entre una marca distintiva y una que es descriptiva o funcional porque si ya fue otorgado un primer registro de una marca tridimensional que contiene elementos funcionales o descriptivos es injusto negar o anular registros posteriores con elementos descriptivos o funcionales similares.

42. Para resolver esa problemática jurídica corresponde señalar el parámetro de regularidad respecto a los derechos de seguridad jurídica, igualdad procesal y defensa.

B. Parámetro de regularidad

43. Respecto a la seguridad jurídica reconocida como derecho fundamental en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se compendia en la jurisprudencia 1a./J. 139/2012 (10a.),(11) el principio de seguridad jurídica es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.

44. En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.

45. El principio de seguridad jurídica se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que elaboren: a) generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, y b) cuando acotan necesaria y razonablemente las atribuciones de la autoridad, en forma tal que se les impida actuar de manera arbitraria o caprichosa.

46. Así, el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa de las personas a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión. Su esencia versa sobre la premisa consistente en “saber a qué atenerse” respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.

47. Sin embargo, la seguridad jurídica no puede entenderse en el sentido de que la ley debe pormenorizar cada una de las relaciones que surgen durante un proceso, sino que el legislador establece elementos mínimos que sirvan para hacer efectivos los derechos de las personas y, a su vez, se eviten arbitrariedades.

48. Por tanto, no es necesario que la ley detalle minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

49. Es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción.(12)

50. Sin embargo, la inconstitucionalidad de una norma no puede depender de la supuesta imprecisión o inexactitud en que el legislador incurra al momento de configurarla, pues la exigencia de establecer cada uno de los supuestos y definiciones en el ordenamiento haría imposible la función legislativa, en tanto la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable e impráctica.

51. Por ende, en caso de vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción entre los términos, frases, vocablos o locuciones que se establecen en una disposición legal, corresponde entonces a su intérprete establecer el sentido y su alcance, el que puede armonizarse a través del análisis sistemático del precepto en función con otras normas del propio ordenamiento o de otros ordenamientos que se relacionen y la ley expresamente así lo permita.(13)

52. Respecto a la igualdad procesal, debe tenerse en cuenta que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

53. La garantía de tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. Tal derecho comprende tres etapas:

a. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción.

b. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso.

c. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.

54. El derecho en análisis no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, pues también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución.(14)

55. Como se compendia en la jurisprudencia 1a./J. 29/2023 (11a.),(15) la igualdad procesal es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica, que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en un juicio y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como directora del proceso.

56. Ese denominado debido proceso, encuentra asider

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34087-12ea99b1/nulidad-de-registro-de-marca-el-articulo-258 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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