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DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LOS ARTÍCULOS 225 Y 226 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ESTABLECEN UN PLAZO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 212/2024. · Registro digital (IUS): 33726
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-11-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.515.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 212/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día siete de agosto de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinticuatro, ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el autorizado de la persona moral quejosa en el juicio de amparo directo 116/2023 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el tribunal colegiado de referencia y el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 116/2023 y 494/2022, respectivamente, a efecto de determinar en qué momento puede iniciarse el procedimiento de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, siempre que el solicitante acredite el interés jurídico; sin embargo, como se explicará en el apartado relativo a la existencia de la contradicción, en el caso resulta necesario replantear el referido tema, pues en realidad éste versa sobre si los artículos 225 y 226 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establecen un plazo para que el solicitante de un registro de marca pueda demandar la caducidad de un registro marcario que le impida obtener el registro.

2. SEGUNDO. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de nueve de agosto de dos veinticuatro, se admitió y ordenó registrar el expediente como contradicción de criterios 212/2024; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados, en el entendido que el tema del presente asunto, guardaba relación con la diversa contradicción 4/2025 del índice de este Pleno Regional.

3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

4. TERCERO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,(1) es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de esa misma anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

5. CUARTO. Informes. Los magistrados presidentes de los tribunales colegiados de circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

6. De igual forma, en el acuerdo de siete de noviembre antes referido, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.

7. QUINTO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por el citado auto de presidencia de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta de septiembre del año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

8. Returno. En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se turnó el presente asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución.

9. SEXTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de diez de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)

10. SÉPTIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de veintidós enero de dos mil veinticinco el Pleno de dicho Consejo comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba su homóloga Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

11. OCTAVO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de quince de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/1576/2025 mediante el cual el Secretario Técnico encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en la plaza que ocupaba su homóloga Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo de esta anualidad, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata

12. NOVENO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/2192/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de once de junio dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Ernesto Martínez Andreu en la plaza que ocupaba su homólogo José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.

13. DÉCIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(5) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(6) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(7) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

15. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.

16. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el autorizado(8) de la persona moral quejosa en el juicio de amparo directo 116/2023 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)

17. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

18. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.

19. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(10)

A. Ejecutoria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 494/2022.

20. Juicio contencioso administrativo. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, una persona moral solicitó el registro de una marca, para amparar productos comprendidos en la clase 25 internacional, petición que fue registrada; por oficio de nueve de febrero de dos mil veintiuno, la supervisora analista adscrita a la Coordinación de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informó a la parte actora, que fueron identificados como impedimento legal oponible al registro solicitado dos registros de marca, ello en atención a que el signo propuesto era semejante en grado de confusión y distinguen productos que guardan relación.

21. Por escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dicha persona moral presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud de declaración administrativa de caducidad del registro marcario; la cual fue registrada y el uno de diciembre del año en cita el Subdirector Divisional de Prevención del Competencia Desleal de dicho Instituto, desechó de plano, al haber transcurrido en exceso el plazo de cuatro meses establecido en los artículos 225, 226 y 228 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

22. Inconforme con esa determinación, la persona moral actora promovió juicio contencioso administrativo, el cual conoció la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitió sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

23. Promoción del juicio de amparo directo. Contra esa resolución, la persona moral actora promovió demanda de amparo directo, la cual correspondió conocer al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de once de julio de dos mil veintidós la admitió y registró con el número D.A. 494/2022. Posteriormente, en sesión de ocho de junio de dos mil veintitrés, el pleno del tribunal colegiado de referencia, concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, bajo las consideraciones siguientes:

• Después de analizar la competencia, oportunidad, legitimación, procedencia y existencia del acto reclamado, el tribunal colegiado estimó:

• Que el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, evidenciaba que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si efectivamente la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé un plazo para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario y, a partir de ello determinar si precluyó el derecho de la quejosa para acudir a esa instancia a solicitar la caducidad del registro de marca oponible a aquel cuyo registro pretende la quejosa.

• Argumentos, que consideró esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado porque contrario a lo resuelto por la Sala responsable, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no fue previsto un plazo para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario.

• Por ello consideró que el interés jurídico de la quejosa para iniciar ese procedimiento no está sujeto a un plazo especifico, sino que deriva del hecho de haber solicitado el registro de una marca y notificársele sobre la existencia de un registro anterior que es un impedimento para la consecución de su propósito – obtener el registro de una marca–, en términos de la jurisprudencia 2ª/J 39/2011 (10ª).

• Para sustentar su determinación consideró necesario establecer cuál es el trámite previsto para obtener el registro de una marca.

• Para ello, señaló que en los artículos 214, 215 y 217 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se establecen los requisitos que debe contener la solicitud para obtener el registro de una marca, así como los documentos que deben acompañarse a ella.

•De igual forma, indicó que el artículo 221 de la ley referida, prevé que recibida la solicitud, el Instituto la publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial y otorgará un plazo improrrogable de un mes para que cualquier tercero con interés manifieste su oposición a la solicitud de registro o publicación.

• Que por su parte, el artículo 225 de ese ordenamiento jurídico dispone que transcurrido el plazo anterior, el Instituto estudiará la solicitud y en caso de advertir que aquella no cumple con los requisitos legales, o bien que existe un impedimento para el registro de la marca solicitado, comunicará por escrito esa circunstancia al solicitante, además, en su caso, informará sobre la existencia de oposiciones manifestadas por los terceros con interés respecto de la solicitud de registro; por tanto, otorgará al solicitante un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos y ofrezca las pruebas que estime conveniente; sin embargo, de no contestar en ese plazo, la solicitud será considerada abandonada.

• Refirió también que el artículo 226 de la ley en cita prevé el otorgamiento de un plazo adicional de dos meses para manifestar lo conducente en relación con los requisitos, oposiciones o impedimentos informados, el cual comenzara a transcurrir a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo inicial.

• Arguyó que el artículo 228 de esa ley instruye la posibilidad de suspender el procedimiento de solicitud de registro de marca en dos supuestos específicos: i) cuando respecto a la solicitud existan uno o varios registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusión y sea presentada la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca registrada, y ii) por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.

• Especificó que en el primer supuesto, la suspensión procede de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa, dentro del plazo de dos meses.

• Relató que transcurrido el plazo otorgado al solicitante y desahogadas las pruebas ofrecidas en el artículo 229 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se prevé que las actuaciones serán puestas a disposición del solicitante y de las personas que formularon oposiciones para que dentro del plazo de cinco días formulen alegatos; fenecido ese plazo sin mayor trámite será emitida la sentencia correspondiente, las cual será comunicada al solicitante en términos de lo dispuesto en el artículo 230 de dicho ordenamiento.

• De lo expuesto, el Tribunal Colegiado observó que el trámite del registro de una marca es un auténtico procedimiento que inicia con la solicitud de registro y concluye con la decisión mediante la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga o niega el registro solicitado. • Que ante la solicitud de registro de marca, la autoridad administrativa realiza actividades de investigación y de revisión de la misma y de sus anexos, por lo que si advierte la existencia de otra marca ya registrada o en trámite, igual o semejante en grado de confusión, notificará al solicitante las anterioridades existentes para que manifieste lo que a su derecho convenga, con la posibilidad de suspender el trámite de la solicitud de registro de marca.

• Estableció que de ese modo, la suspensión del procedimiento es indispensable en función de que en caso de que el registro citado como anterioridad sea cuestionado mediante alguno de los procedimientos previstos en la ley de la materia, debe esperarse a la conclusión de esos procedimientos para que la solicitud en trámite reanude su proceso de registro y sea decidido en definitiva sobre su procedencia.

• Luego, estableció que a efecto de resolver el problema jurídico planteado, era importante considerar lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sobre la caducidad de una marca.

• Que sobre ese tópico, los artículos 149, 160, 235 y 260 del ordenamiento jurídico de referencia, establecen las causas que originan la caducidad de un registro marcario, entre las que destacan, cuando al vencimiento de su vigencia no es renovado; cuando no es realizada la declaratoria de uso real y efectivo; o cuando la marca deje de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto; y que en los primeros dos casos, no es necesaria la declaración administrativa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

• Explicó que también se establece que el registro caducará parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no sea acreditado el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

• Indicó que el Capítulo I del Título Sexto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establece las disposiciones generales relativas a los procedimientos de declaración administrativa.

• Señaló que específicamente el artículo 328 de la ley en comento, instaura que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción serán substanciadas con arreglo a lo previsto en ese capítulo y a las formalidades previstas en esa ley.

• Que por su parte, el artículo 329 de esa legislación dispone que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción podrán iniciarse a petición de quien tenga interés jurídico, o bien de oficio, en cuyo caso cualquier persona proporcionará información al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para ejercer esa facultad discrecional.

• Mientras que los artículos 330 y 331, sientan los requisitos que deberán contener las solicitudes de declaración administrativa que sean interpuestas.

• Apuntó que aunado a esos requisitos, las solicitudes de declaración administrativa deben cubrir también los requisitos establecidos por el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

• Por lo que, en caso de incumplimiento de los requisitos señalados, el Instituto requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de ocho días subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; de no acatar ese requerimiento, desechará la solicitud, según lo estipula el artículo 332 de la ley referida.

• Por otro lado, relató que los numerales 333 a 335, instituyen lo relativo a las pruebas que son admitidas en esos procedimientos, con la precisión que no son admitidas la confesional y testimonial, salvo que estén contenidas en un documento, así como de aquellas pruebas contrarias a la moral y a derecho.

• Que el ordinal 336 dispone que admitida la solicitud, el Instituto correrá traslado al presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas correspondientes dentro de los plazos ahí previstos en atención al procedimiento iniciado.

• Que por su parte, el numeral 337 establece que no serán substanciados incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que serán resueltos al emitir la resolución correspondiente.

• Además, indicó que el arábigo 341 instaura que previo a la emisión de la resolución, el Instituto pondrá a disposición de las partes las actuaciones para que formulen los alegatos que estimen conducentes y que serán considerados al emitirse la resolución final.

• Finalmente, mencionó que el artículo 342 señala que una vez formulados los alegatos, el Instituto estudiará los antecedentes y las pruebas ofrecidas a efecto de emitir la resolución administrativa que corresponda, la cual será notificada a las partes interesadas.

• Señaló que de lo expuesto se advertía que el procedimiento de declaración administrativa de caducidad podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico a través de la presentación de la solicitud correspondiente que debe cumplir con los requisitos formales establecidos y acompañar las pruebas que el solicitante estime convenientes para el fin pretendido.

• Por tanto, admitida la solicitud el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial correrá traslado al infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas correspondientes, además dará vista a las partes para que formulen los alegatos conducentes.

• Una vez realizado lo anterior, el Instituto estudiará los antecedentes y pruebas ofrecidas a efecto de determinar si es aplicable alguna de las causas que originan la caducidad de la marca, esto es, si ya perdió su vigencia y aquella no fue renovada, si no ha sido realizada la declaratoria de uso real y efectivo, o bien si ha dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad; resolución definitiva que notificara a las partes interesadas.

• Que con base en lo expuesto, de un análisis sistemático de las disposiciones normativas de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que regulan lo relativo al procedimiento de declaración administrativa de caducidad, ese Tribunal Colegiado estimó que, contrario a lo sostenido por la Sala responsable, en ese ordenamiento jurídico no se establece un plazo específico para que aquella persona que considere afectados sus derechos por una marca registrada acuda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a solicitar su caducidad.

• Por lo que, el tribunal colegiado consideró que la solicitud de declaración administrativa de caducidad de una marca registrada puede solicitarse en cualquier momento, siempre y cuando sea acreditado el interés jurídico del solicitante para acudir a ese procedimiento, así como la aplicabilidad de alguna de las causas previstas en la ley que originan esa consecuencia legal.

• Sin que fuera posible tomar en cuenta que el plazo de cuatro meses –dos meses iniciales y dos meses adicionales– previsto en los artículos 225 y 226 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sea aplicable para determinar la oportunidad en la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad y con base en ello la falta de interés jurídico de la quejosa para iniciar ese procedimiento.

• Ello porque dicho plazo sólo es previsto para el efecto de que el solicitante del registro de marca manifieste lo que a su interés convenga respecto de las fallas u omisiones advertidas por la autoridad administrativa al realizar el examen de forma de la solicitud de registro, esto es, en relación con el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir la solicitud, como son los establecidos en los artículos 214, 215 y 217 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y para que en todo caso sean subsanadas.

• De igual forma estimó que ese término es concedido al solicitante del registro para que manifieste lo conducente respecto de las irregularidades advertidas por la autoridad administrativa derivadas del examen de fondo de la solicitud, como es que la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o bien si la marca no es registrable por alguna otra restricción, como es cuando su contenido o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal, en términos del artículo 12 de la ley en cita.

• Que además, se trataba de un plazo concedido al solicitante del registro para que en caso de que algún tercero con interés formulara oposición con el registro de marca o su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, manifestara lo que a su derecho conviniera.

• De esa manera, destacó que no era posible considerar que durante ese término de cuatro meses, la solicitante del registro de marca necesariamente debía iniciar el procedimiento de declaración administrativa de caducidad de la marca señalada como oponible al registro que pretende, pues esa temporalidad únicamente fue considerada para que aquella manifestara lo que a su interés conviniera en relación con los requisitos, impedimentos u oposiciones que surjan del examen formal y de fondo de la solicitud, así como para que ofrezca las pruebas que estime convenientes y, en su caso, subsane las omisiones e irregularidades advertidas; así la consecuencia de no contestar en ese plazo será que la autoridad administrativa considere abandonada la solicitud de registro de marca.

• Resaltó que era importante considerar que la regulación de plazos y términos en que las personas podrán ejercitar las acciones relativas a su derecho sustantivo recae en el Poder Legislativo, en ejercicio de su libe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33726-cca3957a/declaracion-administrativa-de-caducidad-de-un-registro-marcario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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