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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) DE PAGAR LA PENSIÓN JUBILATORIA POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 79/2025. · Registro digital (IUS): 33768
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-12-05
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Diciembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.263.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 79/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 22 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA, MARIANA FLORES VEGA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día veintidós de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios **********, suscitada entre los emitidos por el Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito.

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito firmado por una persona física, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito al resolver incidente en revisión **********; y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito al resolver el recurso de queja **********.

SEGUNDO. Trámite de la contradicción de criterios. Mediante acuerdo de Presidencia de once de septiembre de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número ********** y se admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia C; y, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: “DETERMINAR SI, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS, AL RECLAMAR EN AMPARO LA FALTA DE PAGO DE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.”

TERCERO. Nueva integración de este Pleno Regional, returno del asunto y vigencia de los criterios. Con motivo del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS, este PLENO REGIONAL quedó integrado a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco, con las Magistradas Mariana Flores Vega y Diana Elda Pérez Medina, y el Magistrado Jorge Alberto Orantes López. El treinta de septiembre posterior se dictó auto de returno del asunto a la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, y se tuvieron por recibidos los informes del Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que el criterio contenido en la queja administrativa ********** y en el incidente en revisión administrativo **********, de su estadística, respectivamente, continúan vigentes.

CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de dos de octubre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento que no se encuentra radicada contradicción de criterios en el Máximo Tribunal, en relación con el probable tema a analizar en el presente asunto.

QUINTO. Confirmación de turno. En proveído de nueve de octubre de dos mil veinticinco se confirmó el turno a la ponencia a cargo de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.

Luego, si la presente contradicción de criterios denunciada se suscita entre tribunales colegiados semiespecializados en materia Administrativa y de Trabajo, pertenecientes al Decimoprimer Circuito, ambos comprendidos en la Región Centro-Sur, materia y región respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver de este asunto.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por el autorizado en términos amplios del quejoso y recurrente en el incidente en revisión **********, expediente que forma parte de los criterios contendientes en el presente asunto.

TERCERO. Criterios denunciados. Los Tribunales Colegiados sustentaron los razonamientos medulares que se expresan a continuación:

I. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito. Resolvió el incidente en revisión **********.

Antecedentes

a) Una persona física, promovió demanda de amparo directo, en contra de la autoridad y acto siguiente:

“III. NOMBRE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE:

A) DEPARTAMENTO DE PENSIONES DE LA SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN.

IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO.

Del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DE LA SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN reclamo:

1. La falta de pago de mi pensión de Cesantía en Edad Avanzada en general y en específico respecto de los meses de Julio, Agosto, septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2022, el pago de AGUINALDO 2022, así como el pago de Enero, Febrero, Marzo y subsecuentes de 2023.

2. El oficio sin número de ausencia total de fundamentación y motivación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés mediante el cual se determina la no viabilidad de pagarme la pensión de Cesantía en Edad Avanzada.

3. Los pagos adeudados derivados del oficio sin número presentado por la autoridad responsable de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés

4. La falta de emplazamiento al expediente donde existen las supuestas irregularidades de identidad.”

b) Correspondió conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la registró con el expediente **********; y a su vez, ordenó remitir los autos al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por considerar que los actos reclamados tenían relación con un diverso juicio de amparo indirecto de su índice.

c) El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán se avocó al conocimiento del asunto, lo radicó con el expediente ********** y desechó la demanda, al considerar actualizada la hipótesis de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo.

d) Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja del cual, por razón de turno, tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, cuya Presidenta, por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, lo admitió y otorgó el registro **********. El uno de junio de dos mi veintitrés, se dictó ejecutoria en el que se declaró fundado el recurso de queja.

e) En virtud de la determinación anterior, el Juez de conocimiento, en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda. A su vez, ordenó formar por separado el cuaderno incidental, en donde negó la suspensión provisional solicitada.

f) En contra de tal proveído, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, quien lo registró con el número de expediente **********, y el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental y se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que se negó la suspensión definitiva solicitada.

g) En la misma data de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, dictó ejecutoria en el expediente relativo a la queja **********, en la que resolvió declararla sin materia.

h) En escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, el quejoso amplió el libelo inicial, en el que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Departamento de Pensiones de la Subdelegación Metropolitana del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Región Morelia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y solicitó la suspensión provisional para los siguientes efectos:

"Se suspendan los efectos de la determinación consistente en desconocer los actos jurídicos llevados a cabo en las entidades federativas de Puebla y Michoacán de Ocampo. Se suspendan los efectos la suspensión o cancelación de pago de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, y se mantenga reanudando el pago de mi pensión referida. Se me hagan los pagos de los meses adeudados y subsecuentes en tanto se resuelve en lo principal el presente juicio constitucional”.

i) Mediante acuerdo de veintiocho de julio de esa anualidad, el Juzgado Noveno de Distrito, admitió a trámite la ampliación y negó la suspensión provisional solicitada y el cuatro de agosto siguiente, se celebró la audiencia incidental y se dictó la interlocutoria correspondiente, cuyo único resolutivo determinó:

"ÚNICO. Se NIEGA al quejoso **********, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando cuarto, de la presente resolución interlocutoria, por los motivos expuestos en el último considerando”

j) Inconforme con lo anterior el quejoso interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, cuya Presidencia lo admitió y radicó con el número **********, y en sesión de veinte de febrero de dos mil veinticinco, determinó revocar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva.

II. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, resolvió el recurso de queja **********.

Antecedentes

a) Una persona física, promovió demanda de amparo directo, en contra de la autoridad y acto siguiente:

“III.- AUTORIDAD RESPONSABLES. Señalando con tal carácter a:

A. DEPARTAMENTO DE PENSIONES DE LA SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

B. DIVISIÓN DE PENSIONES DE LA COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

IV. ACTO RECLAMADO. - De las autoridades responsables reclamo:

I. La omisión de pago del mes de mayo de dos mil veinticinco y subsecuentes de 2025, de la pensión por cesantía de edad avanzada otorgada al suscrito ********** con número de folio ********** de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno.

II. El acuerdo o resolución en que se determinó la suspensión y/o cancelación de la pensión por cesantía de edad avanzada otorgada a favor, del suscrito.

III. La omisión de notificarme el acuerdo o resolución en la que se determinó la suspensión y/o cancelación del pago de la pensión de Cesantía de Edad Avanzada otorgada en favor del suscrito”

b) Correspondió conocer del asunto la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, quién mediante acuerdo de veintinueve de mayo del presente año determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, en virtud de que, su homólogo Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, conoció anteriormente de los diversos juicios de amparo ********** y ********** de su índice.

c) Turnado el asunto al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por auto de dos de junio de dos mil veinticinco, se avocó al conocimiento de la demanda, la registró con el consecutivo **********, la admitió a trámite, asimismo, ordenó tramitar en un solo tanto el incidente de suspensión y en el incidente de suspensión, negó la suspensión provisional, al considerar que de concederse se estarían otorgando efectos restitutorios, lo que es propio de la sentencia que se dicte en el juicio Constitucional, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo.

d) Inconforme con la resolución que precede, el quejoso interpuso recurso de queja, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), y 98, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual, se recibió en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito donde en sesión de seis de junio de dos mil veinticinco, determinó infundado dicho recurso y confirmó la negativa de la suspensión,

CUARTO. El tema objeto de la contradicción consiste en DETERMINAR SI, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS, AL RECLAMAR EN AMPARO LA FALTA DE PAGO DE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

QUINTO. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN. SOBRE EL PRIMER TEMA PROPUESTO. Como punto de partida para verificar si existe o no contradicción de criterios entre los órganos contendientes, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la referida contradicción entre Tribunales Colegiados de Circuito existe cuando en la resolución de los asuntos que son de su competencia sostienen criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia e independientemente de que exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios del caso, pues si el problema jurídico central es perfectamente identificable debe preferirse la certidumbre en las decisiones judiciales mediante la unidad interpretativa del orden jurídico.

Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución”. [Novena Época. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII. Agosto de 2010. Materia(s): Común. Página: 7 Registro IUS: 164120]”.

También, es orientadora la tesis P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 166996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2009, Tomo XXX, pagina 67, de título, subtítulo y contenido siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan”.

De los criterios transcritos se advierte que para la existencia de una contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

De este modo, la existencia de la contradicción de criterios se encuentra supeditada a la satisfacción de los supuestos anotados, esto es, que al haber examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica y que, a partir de ésta, arriben a posturas encontradas; sin que sea óbice que los criterios jurídicos sobre un punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, especialmente cuando se trate de aspectos secundarios o accidentales que no modifiquen la situación examinada por los órganos contendientes, en tanto que lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, con excepción de cuando la diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

Consecuentemente, si las premisas fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único y tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

En este punto es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 2000, Tomo XII, pagina 319, con registro digital 190917.

Debe destacarse que el sentido de origen de los asuntos analizados, uno en recurso de revisión incidental y otra de queja por los Tribunales Colegiados contendientes, el juez de Distrito había negado la suspensión definitiva y provisional respectivamente.

Tales decisiones fueron impugnadas por la parte quejosa lo que derivó en que un Tribunal Colegiado [en el recurso de revisión incidental **********] estimara fundados los agravios de la quejosa y revocó el auto recurrido para conceder la suspensión definitiva; mientras que el otro Colegiado [en la Queja **********], aun cuando también estimó fundados los agravios de la recurrente, sin embargo los calificó como inoperantes para revocar el auto recurrido y, consecuentemente, mantuvo la negativa de la suspensión.

Pues bien, de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que:

1. En ambos fallos dictados por los tribunales, se abordó de manera esencial el tema jurídico relativo a determinar si procede conceder la suspensión con efectos restitutorios, al reclamar en amparo la falta de pago de pensión por cesantía en edad avanzada, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social; y los dos partieron de la base de que a la luz de la Jurisprudencia 1ª./J. 70/2019 de rubro: “SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA”, el sólo hecho de que los actos reclamados sean negativos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, sin embargo un órgano colegiado sostuvo que cuando se ventilan cuestiones de pago de pensiones, se debe analizar de igual manera, si existe peligro en la demora, como parámetro para establecer si se pondrían en riesgo los derechos humanos a la vida digna, al mínimo vital, al producto del trabajo y a la subsistencia del quejoso y su familia, de manera especial en los casos en que se advierta el carácter intempestivo e injustificado de la falta de pago de la pensión, y de ese modo concluyó que debía revocarse la negativa de la suspensión y concederse, sin que ello implique dejar sin materia el asunto en lo principal, dado que si el quejoso reclama, –entre otros actos–, el pago de la pensión de cesantía por edad avanzada otorgado por el IMSS de varios períodos y subsecuentes; entonces corre riesgo de que se vea afectada de manera urgente su subsistencia y el acceso a un mínimo vital, dado que, si no ha podido recibir la pensión reclamada, ello implica que se restringieron sus derechos para mantener una vida digna, y en esa medida, ordenó revocar la negativa de la suspensión y concederla.

2. Mientras que el otro, si bien –como se ha dicho– estimó que a la luz de dicha Jurisprudencia 1ª./J. 70/2019 de rubro: “SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA”, la naturaleza omisiva del acto reclamado no es motivo ni impide la procedencia de la suspensión, sin embargo consideró insuficiente tal premisa para concederla, en tanto que para ello, aun cuando se analice entre otros requisitos, el peligro en la demora, máxime que también debe atenderse a lo resuelto por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en cuanto al alcance de la expresión “preservar o conservar la materia del juicio de amparo”, estrechamente vinculado con la posibilidad de obtener la medida cautelar provisional con efectos restitutorios, para lo cual, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, que dio lugar a la jurisprudencia, 2ª./J. 22/2023, de rubro “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL,” la Segunda Sala precisó los pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33768-fb7dabe0/suspension-con-efectos-restitutorios-procede-contra-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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