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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA A LOS JUBILADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR AÑOS DE SERVICIO, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS ACUMULADOS POR SUS APORTACIONES AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2016. · Registro digital (IUS): 27680
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-03-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo III, Pág. 2980.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. AUSENTE: TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. PONENTE: MARCOS GARCÍA JOSÉ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(1) por tratarse de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su actual presidente.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que, respectivamente, sustentaron las ejecutorias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los recursos de queja 354/2016 y 382/2016, y por el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito, en el recurso de queja 346/2016.

• Recurso de queja 354/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

********** promovió demanda de amparo indirecto, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes:

"La transferencia que se pretende realizar al Gobierno Federal de los saldos reflejados en la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez (sin consentimiento del hoy quejoso) que se encuentran administrados por ********** (hoy autoridad responsable)."

La quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo.

El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, que por razón de turno conoció del asunto, otorgó la suspensión provisional solicitada:

"... para el efecto de que no se llevaran a cabo las transferencias de los saldos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de las quejosas hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva."

Para arribar a esa decisión, el Juez de Distrito consideró reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por mediar petición expresa de la parte quejosa, porque con el otorgamiento de la suspensión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no existe evidencia de que con la concesión de la medida cautelar se afecta a la colectividad, que se le prive de algún beneficio que le otorgan las leyes; que se le ocasione un daño o que se permita la realización de alguno de los actos que el legislador enunció como ejemplos de lo que podría causar un perjuicio al interés social y contravenciones al orden público.

Acotó que, de negar la medida cautelar y permitir que las autoridades transfirieran los saldos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de la parte quejosa, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, porque de conservarse esa situación sufriría menoscabo en su patrimonio y derecho de trabajo y seguridad social.

Inconforme con esa determinación, el subprocurador fiscal de amparo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por sí y en representación de la Tesorería de la Federación, interpuso recurso de queja que, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 354/2016, en el que se resolvió lo siguiente:

"PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de queja.-SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de trece de septiembre de dos mil dieciséis."

Éstas son las consideraciones en que se apoyó dicho órgano Colegiado:

1. Estimó que, contrario a lo alegado por la autoridad recurrente, con el otorgamiento de la suspensión provisional respecto de las transferencias de recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez al Gobierno Federal de la parte quejosa "no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público."

2. Para ello, de entrada refirió lo que debe entenderse por "interés social" y "orden público", a la luz de los criterios del Alto Tribunal del País, de rubro y texto:

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.-De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."(2)

"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.-La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría."(3)

3. Así, razonó que no era sostenible considerar que con la concesión de la suspensión se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, pues se trata de una mera paralización provisional de la transferencia de los recursos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de la propia quejosa, sin que dicha medida opere para otros jubilados.

4. Que, además, "no se trastocan los derechos de la sociedad, pues de ser verdad lo que aduce la propia recurrente, en cuanto a que la transmisión de esos recursos tiene como fin sufragar la propia pensión del trabajador (quejosas), resulta evidente que el perjuicio redundaría en su propia persona, es decir, sería particular, y no en relación con otros trabajadores; pues con el otorgamiento de la medida cautelar se paraliza temporalmente únicamente la transferencia de los recursos de la subcuenta individual (de cesantía en edad avanzada y vejez) del impetrante de garantías."

5. Agregó que, en términos del artículo 169 de la Ley del Seguro Social, los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste y, por ende, que en el caso en estudio sí concurren los requisitos de procedencia previstos en los artículos 107 de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, pues además de que la medida fue solicitada por la parte quejosa -insiste-, con el otorgamiento de ésta no se sigue perjuicio al interés social ni al orden público.

6. El propio Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció en el mismo sentido, al resolver el recurso de queja 382/2016.

II. Recurso de queja 346/2016, del índice el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

********** promovió demanda de amparo indirecto en contra de actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, consistentes en la "transferencia que se pretende realizar al Gobierno Federal de los saldos reflejados en la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez (sin consentimiento del hoy quejoso) que se encuentran administrados por ********** ..."

La promovente de la acción constitucional solicitó la suspensión del acto reclamado, en los términos siguientes:

"Capítulo de suspensión del acto reclamado. Con fundamento en lo que establece el artículo (sic) 125, 126, 128 y 129 de la nueva Ley de Amparo pedimos a su Señoría nos conceda suspensión del acto reclamado porque concurren los requisitos que a continuación hago saber, lo solicito en este acto en mi carácter de agraviado, porque si me concede esta medida cautelar no se causa perjuicio alguno al interés social, ni tampoco se contravienen disposiciones de orden público, y de no concederme esta suspensión me seguiría causando daños y perjuicios de difícil reparación, por ese motivo pido a su Señoría nos conceda la suspensión provisional, y en su caso la suspensión definitiva, toda vez que desde este momento el acto reclamado, como se observa en lo narrado en los antecedentes que he manifestado en este escrito de demanda de garantías, a todas luces perjudican a la quejosa, son violatorios de mis derechos humanos y garantías individuales, lo que trae como consecuencia el acto reclamado es ilegal e infundado, y en atención a la apariencia del buen derecho ruego se me conceda la medida cautelar solicitada ..."

El Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, al que por razón de turno le correspondió conocer del asunto, otorgó la suspensión provisional, por considerar satisfechos los requisitos de procedencia previstos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que con el otorgamiento de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que tampoco se aprecia privación de beneficio alguno a la colectividad.

Inconforme con esa determinación, el subprocurador fiscal federal de amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por sí y en representación de la Tesorería de la Federación y del secretario de Hacienda y Crédito Público, interpuso ante el propio resolutor federal recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 346/2016, en el que negó la suspensión provisional.

Para arribar a esa decisión, el órgano de control constitucional se apoyó en las consideraciones medulares siguientes:

1. Consideró que, en la especie, no concurren los requisitos de procedencia previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, porque:

"1) El primero de los requisitos sí se satisfizo, porque de la demanda de amparo se advierte la petición expresa de solicitar la suspensión de los actos reclamados.-2) El segundo de los requisitos no se satisface porque, contrario a lo resuelto por el juzgador de origen, de otorgarse la medida suspensional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, cuyo estudio, además de los agravios propuestos, se realiza de oficio por este tribunal, lo cual se pasa a explicar a continuación: ..."

2. De entrada, puntualizó que, tocante a la conceptualización del interés social y orden público, debía atenderse la jurisprudencia 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."(4)

3. Bajo tales premisas, consideró que, de otorgarse la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público "porque se obstaculizarían las funciones relativas al pago de pensiones en tanto los recursos habidos en la subcuenta del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez no deben ser entregadas a sujeto alguno por previsión expresa del legislador ..."

4. Agregó que, de conformidad con los artículos 286 K y 13 transitorio de la Ley del Seguro Social, se colige que "quien opte por la jubilación por años de servicio no tendrá derecho a la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, porque éstos serán destinados al pago de la pensión en comento."

5. Al respecto, el órgano de control constitucional señaló que, en relación con ese tópico, se han emitido los siguientes criterios del Alto Tribunal del País:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL.-De conformidad con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones derivado del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la jubilación por años de servicio se otorga a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y trabajadores del Instituto, y su cuantía se integra con el importe de la pensión de vejez que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, mientras el complemento conforme establece el propio Régimen, de lo que deriva que la jubilación es una prestación de carácter contractual, únicamente por lo que se refiere a dicho complemento y, por ende, los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de dichos trabajadores, deben aplicarse para pagar la pensión de jubilación hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno Federal en términos del artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social, quedando a cargo del Instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia entre dicho monto y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Por ello, aun cuando el artículo 190 de la Ley del Seguro Social en vigor establece que los trabajadores que tengan derecho a gozar de una pensión proveniente de un plan establecido por su patrón o derivado de un contrato colectivo de trabajo, autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tendrán derecho a disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual en una sola exhibición, incluyendo los relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez; no debe soslayarse que el artículo 24 del citado ordenamiento legal autoriza a los patrones a descontar del importe de las prestaciones que debe cubrir, la cuantía correspondiente a las de la misma naturaleza que deben otorgarse conforme a la ley, motivo por el cual, la devolución de los recursos de que se habla está condicionada a que los mismos no se apliquen para pagar la pensión de que se trata, lo que en el caso, no sucede. Correlativamente, el hecho de que conforme a lo dispuesto en el artículo 286 K de la Ley del Seguro Social en vigor a partir del 12 de agosto de 2004, el Instituto no puede destinar recursos provenientes de las cuotas y aportaciones de seguridad social para financiar la Cuenta Especial para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, no implica que los trabajadores del Instituto que se jubilen con posterioridad a esa fecha tengan derecho a que se les devuelvan los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez de su cuenta individual, pues con independencia de la fecha en que ello acontezca, tales recursos se aplican para el pago de la pensión respectiva en los términos antes apuntados. Lo anterior en la inteligencia de que respecto de los trabajadores que ingresen a laborar al Instituto una vez terminado el proceso de contratación pactado en el Convenio celebrado entre éste y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el 14 de octubre de 2004, se establece un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones conforme a la Ley del Seguro Social, donde se incluyen aportaciones adicionales que aquéllos realicen (una inicial del 7% del salario base consignado en el RJP que se incrementará en un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, otra del mismo porcentaje del fondo de ahorro que anualmente les paga el Instituto y otra del 25% de los incentivos que obtengan conforme al programa acordado por el Instituto y su sindicato), las cuales se depositarán en la subcuenta de ‘aportaciones complementarias de retiro’ y tendrán por objeto mejorar sus condiciones de retiro, ya que al cumplir los requisitos legales para jubilarse o pensionarse, podrán disponer de los recursos acumulados en dicha subcuenta para incrementar el monto de su pensión (que se cubrirá con los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez), o bien, retirarlos en una sola exhibición."(5)

"SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y DE VEJEZ, CORRESPONDIENTES A SU CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.-Conforme al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2004, las cantidades que integran la jubilación por años de servicio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que gozan de tal prerrogativa con fecha anterior a la entrada en vigor del indicado numeral, provienen de los recursos públicos de las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a la citada Ley debe recaudar y recibir el referido Instituto, de lo que se infiere que en tal supuesto existe financiamiento del Gobierno Federal. Por su parte, de acuerdo con el artículo 9o., del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que forma parte del Contrato Colectivo que opera en el citado Instituto, la pensión por jubilación se integra con el importe que resulte de la pensión de vejez y al otorgarse se confiere con el doble carácter de asegurado y trabajador de aquél, por lo que excluye a las de cesantía en edad avanzada y de vejez. En este tenor, se concluye que quienes gozan de la pensión de jubilación otorgada con anterioridad a la fecha indicada, no tienen derecho a la devolución de las aportaciones de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y de vejez de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y, por tanto, deben entregarse por las Administradoras de Fondos para el Retiro al Gobierno Federal, ya que por una parte, será él quien solvente la pensión por jubilación respectiva, lo que justifica su reintegro y, por otra, al recibir una pensión de jubilación por años de servicio, está excluido del disfrute de una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, conceptos que se afectan por las aportaciones cuya devolución se solicita."(6)

6. Bajo esa tesitura, razonó que en el caso sometido a su jurisdicción no se actualizaba el requisito de procedencia que al efecto prevé el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque:

a) De prevalecer el criterio del Juez de Distrito, se generaría un perjuicio al interés social "porque se privaría a la sociedad de un beneficio legal expreso, ello mediante la generación de un impedimento, en vía de medida cautelar, de disposición de recursos para el pago de la pensión autorizada en favor de la propia quejosa."

b) Se contravienen disposiciones de orden público, "en tanto las normas reproducidas constituyen la manifestación de la forma como se organiza la seguridad social en materia de pensiones por jubilación por años de servicio prestados y en beneficio de la colectividad, pues al tenor de las mismas se implementó un mecanismo de financiación para el pago de los pensionados bajo esos rubros y, de esa manera, se tiende a garantizar el pago de su propia subsistencia."

7. Por último, razonó que, estimar lo contrario, implicaría seguir perjuicio al interés social y contravenir disposiciones de orden público "porque se permitiría la generación de un impedimento al pago de las pensiones por un motivo diverso a la mecánica por el legislador para su pago."

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(7) Así, para determinar si, en la especie, existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.

Al efecto, resulta oportuno precisar que para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún cannon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sobre el tópico se atiende la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(8)

A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener por este Pleno de Circuito que, en el caso en estudio, sí se configura la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, como enseguida se demuestra:

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 354/2016 (similar al recurso de queja 382/2016 del mismo índice).

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad recurrente, al considerar objetivamente correcta la concesión de la suspensión provisional otorgada por el juzgador de amparo, para el efecto de que se paralice la transferencia al Gobierno Federal de los saldos reflejados en la subcuenta de edad avanzada y vejez de la parte quejosa, administrados por Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva.

La razón toral en que se apoyó dicho órgano colegiado fue que en el caso sí se reunían los requisitos de procedencia que al efecto prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo, en tanto que dicha medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, además de que con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.

Acotó que no era sostenible considerar que la concesión de la suspensión prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, pues se trata de una mera paralización provisional de la transferencia de los recursos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de la propia quejosa, sin que dicha medida opere para otros jubilados.

4. Y que, por tanto, "no se trastocan los derechos de la sociedad, pues, de ser verdad lo que aduce la propia recurrente, en cuanto a que la transmisión de esos recursos tiene como fin sufragar la propia pensión del trabajador (quejosas), resulta evidente que el perjuicio redundaría en su propia persona, es decir, sería particular, y no en relación con otros y trabajadores; pues con el otorgamiento de la medida cautelar se paraliza temporalmente únicamente la transferencia de los recursos de la subcuenta individual (de cesantía en edad avanzada y vejez) del impetrante de garantías."

II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 346/2016.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito declaró fundado el recurso de queja y, por ende, revocó la resolución recurrida, negando la suspensión provisional a la quejosa, por no concurrir el requisito de procedencia previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque de otorgarse esa medida, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

El Tribunal Colegiado sustentó esa determinación en lo previsto por los artículos 286 K y 13 transitorio de la Ley del Seguro Social, de donde coligió que quien opte por la jubilación por años de servicio no tendrá derecho a la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, porque éstos serán destinados al pago de la pensión en comento; y al efecto citó como fundamento las jurisprudencias 2a./J. 185/2008 y 2a./J. 148/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL." y "SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y DE VEJEZ, CORRESPONDIENTES A SU CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO."

Así, concluyó que no se colmaban los requisitos de la fracción II, del artículo 128 de la ley de la materia, porque: i) se privaría a la sociedad de un beneficio legal expreso, mediante la generación de un impedimento, en vía de medida cautelar, de disposición de recursos para el pago de la pensión autorizada en favor de la propia quejosa; y, ii) se contravienen disposiciones de orden público, "en tanto las normas reproducidas constituyen la manifestación de la forma como se organiza la seguridad social en materia de pensiones por jubilación por años de servicio prestados y en beneficio de la colectividad, pues al tenor de las mismas se implementó un mecanismo de financiación para el pago de los pensionados bajo esos rubros y, de esa manera, se tiende a garantizar el pago de su propia subsistencia."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27680-20ea517b/suspension-provisional-procede-concederla-a-los-jubilados-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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