SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 29, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), RESPECTO DE LOS DESCUENTOS A QUE SE REFIERE SU FRACCIÓN III, SIEMPRE QUE SE GARANTICE SU PAGO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2025).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 120/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Región Centro-Sur) y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Región Centro-Norte).
El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se debe conceder o negar la suspensión provisional solicitada por el empleador cuando el acto reclamado es el artículo 29, párrafo penúltimo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto de la obligación de realizar el descuento al salario del crédito de vivienda al trabajador ausente o incapacitado en términos de la Ley del Seguro Social.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por oficio 2TCA7C-ORR-08/2025 de veinticinco de abril de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios siguientes:
• El sustentado por el órgano colegiado antes citado al resolver los Recursos de Queja 208/2025, 192/2025, 194/2025 y 195/2025 (Región Centro-Sur); y,
• El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el Recurso de Queja 48/2025.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios bajo el expediente 120/2025 y la admitió a trámite; consideró que se surtía la competencia de este Tribunal Pleno al tratarse sobre criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a diversa región, y ya que el asunto no se trata de atención urgente o prioritaria, se reservó el turno, para que la nueva integración de este Alto Tribunal determine lo conducente.
3. Asimismo, solicitó que por conducto del MINTERSCJN a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica de ésta en las que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativa al recurso de queja 48/2025 de su índice, así como la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dicho asunto, se encuentra vigente, superado o abandonado.
4. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 48/2025 continúa vigente y no ha sido superado ni abandonado.
5. Por auto de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
6. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo(1) y 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(2) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
7. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) así como en el punto Segundo, fracción X, inciso e), del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales,(6) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente región.
II. LEGITIMACIÓN
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II,(7) de la Ley de Amparo; ya que la formuló el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 192/2025.
10. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, por el acto reclamado consistente en la aprobación, promulgación y publicación del Decreto de reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, principalmente, el artículo 29. Asimismo, solicitó la suspensión.
11. El Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, a quien correspondió conocer de la demanda, la admitió y registró bajo el expediente 305/2025; asimismo, tramitó el incidente de suspensión, en el cual mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veinticinco, negó la suspensión provisional solicitada, pues de concederse se afectaría el orden público y el interés social.
12. En contra de la negativa antes señalada, la parte quejosa interpuso recurso de queja, aduciendo que no se controvierte el interés social ni el orden público, ya que en la especie se trata de una persona moral con actividad económica privada "como es la del comercio de diversos productos dentro de los cuales el Estado, no tiene interés, ni las actividades de la quejosa afectan o benefician los intereses de la sociedad", por lo que no se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.
13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito admitió a trámite el recurso de queja bajo el expediente 192/2025 y, en sesión extraordinaria de quince de abril de dos mil veinticinco, lo declaró infundado, bajo las siguientes consideraciones:
• Precisa que, el acto reclamado consiste en el artículo 29 del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
• Señaló que, el a quo determinó negar la suspensión provisional debido a que, en el caso, se impugnó como norma autoaplicativa el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, la cual establece que no se suspenderá por ausencia o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social, la obligación de hacer los descuentos a los trabajadores en sus salarios que se destinen al pago de préstamos otorgados por el Instituto. Dicha autoridad consideró que, el Decreto tildado de inconstitucional no era susceptible de suspenderse en tanto que, afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que, al acceder a la inaplicación de la referida disposición legal, se inobservarían las nuevas disposiciones establecidas en esa porción normativa, lo cual implicaría un perjuicio para la colectividad. Por tanto, no se cumplía con el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.
• Estableció que, la extinta Segunda Sala en relación con lo que se debe entender por interés social y por disposiciones de orden público, ha indicado que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. De conformidad con la jurisprudencia de la Séptima Época, de rubro: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN."
• Además, consideró que, todas las normas jurídicas, por su naturaleza, son de orden público y de interés social, por ello, no basta con que una norma precise que es una disposición de orden público para con ello considerar que su observancia cumple con los estándares necesarios para generar un beneficio real a la colectividad; debe evaluarse si su contenido, fines y consecuencias, no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien, que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social.
• En el caso, el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es de orden público e interés social, porque tiene como finalidad que no se suspenda la obligación de realizar los descuentos de ley por concepto de préstamos al Instituto por ausencias o incapacidades.
• En efecto, se trata de una normativa que regula la aplicación de los descuentos de ley a los trabajadores que han solicitado préstamos al Instituto, cuya finalidad es que se sigan cubriendo los mismos.
• En ese orden de ideas, como lo consideró el a quo, no es procedente conceder la medida cautelar en contra de la norma reclamada, porque se trata de una obligación de efectuar dichos descuentos, por lo que el interés social inmerso en la norma da como resultado concluir que se debe privilegiar el bien común por encima del interés particular.
• De tal forma que la sociedad está interesada en el cumplimiento de la norma, esto es, en que se continúe con la obligación de realizar los descuentos de ley al trabajador.
• Si bien el quejoso aduce que se le deja en estado de indefensión, ya que se le impone la obligación al patrón a seguir realizando aportaciones del trabajador ante el Instituto, sin agotar un procedimiento previo, provocando un menoscabo a su patrimonio, en tanto que, al obtener una sentencia favorable, haría imposible la recuperación de las cuotas ya aportadas, lo cierto es que tales manifestaciones, se encuentran relacionadas con el fondo del asunto, no así con la medida suspensional.
• Además, de que se estaría prejuzgando respecto la recuperación o no, de las cuotas aportadas, al tratarse de meras cuestiones hipotéticas. Máxime que, de concedérsele el amparo solicitado, uno de sus efectos, para el caso, sería restituirle el monto de las cuotas aportadas.
14. Con similares consideraciones resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito los recursos de queja 194/2025, 195/2025 y 208/2025, porque en esos asuntos los amparos indirectos se promovieron contra la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, específicamente la inconstitucionalidad del párrafo penúltimo del artículo 29 de dicha ley, así como su aplicación; en todos ellos se negó la medida cautelar solicitada y los recursos de queja se declararon infundados conforme a los argumentos vertidos en el recurso de queja 192/2025, anteriormente descritos.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 48/2025.
15. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables: Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, Director del Diario Oficial de la Federación y Delegado en Aguascalientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en contra del acto reclamado consistente en la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación del Decreto que contiene la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en concreto el artículo 29, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco. Además, solicitó la suspensión, ya que no sigue perjuicio al interés social ni se contraviene disposición de orden público, y de no concederse se provocaría un daño inminente y de difícil reparación a la quejosa, al tener por consumados los actos reclamados, dejando sin materia la demanda de amparo.
16. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes que conoció de la demanda de amparo, la admitió y la registró bajo el expediente 325/2025; igualmente, dio trámite al incidente de suspensión, el cual fue resuelto en el sentido de negarla.
17. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, en el que manifestó que no se afectó el interés colectivo ni el orden público.
18. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito admitió a trámite el recurso de queja bajo el expediente 48/2025 y, en sesión extraordinaria virtual de veintidós de abril de dos mil veinticinco, lo declaró fundado, revocó y concedió la suspensión provisional solicitada. La determinación anterior se sustentó en las siguientes consideraciones:
• Declaró fundados los agravios del recurso de queja y, por tanto, revocó el auto recurrido y concedió la suspensión provisional solicitada.
• Determinó que la causa de pedir se centra en demostrar que la negativa de la suspensión obedeció a una indebida apreciación de los efectos de la norma reclamada en la esfera jurídica de la quejosa, al dejar de tomar en consideración la diferencia que existe entre los descuentos salariales a los trabajadores para el pago de sus respectivos créditos de vivienda y las aportaciones patronales que se enteran para el efecto de cumplir con la norma de previsión social contemplada en el artículo 4o. constitucional, y que ello trascendió a que se estimara que no se cumple con el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión solicitada.
• En el auto impugnado se determinó negar la medida cautelar, esencialmente, porque la juzgadora federal estimó que no se cumple el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que con la suspensión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
• El Tribunal Colegiado resolvió que le asiste razón a la inconforme en cuanto a que en el auto impugnado se incurrió en una indebida apreciación de los efectos para los cuales se solicitó la suspensión provisional, lo que trajo como consecuencia que se determinara que con el otorgamiento de la medida se ocasionaría a la colectividad un perjuicio, en contravención a lo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.
• Señaló que, el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Federal, establece que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de suspenderse en los casos y con las condiciones indicadas en la ley reglamentaria, y que corresponde al juzgador hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, para efectos de su otorgamiento, si la naturaleza del acto lo permite.
• En congruencia con ese precepto constitucional, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo establecen que, para la procedencia de la suspensión, se debe verificar que exista solicitud de la parte quejosa y que la medida suspensional no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público.
• Estableció que, de conformidad con el artículo 148 de la normatividad en cita, cuando se reclama una norma general con motivo de su entrada en vigor, como en el caso de estudio, es posible conceder la medida para detener sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso.
• Precisó que, cuando se impugna en el juicio de amparo una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, se debe atender su naturaleza, a fin de verificar si es posible o no conceder la medida respecto de sus consecuencias, lo cual habrá de realizarse atendiendo a la apariencia del buen derecho en ponderación con la posible afectación al interés social y a las disposiciones de orden público, tal como dispone el numeral 138 de la Ley de Amparo.
• Señaló que, el artículo 129 de la Ley de Amparo contiene un catálogo de supuestos en los que se afecta el orden público y el interés social (los cuales son enunciativos, mas no limitativos), lo que acontecerá cuando, con motivo de la suspensión, se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
• Asimismo, reseñó la contradicción de criterios 33/2021, de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se señaló que no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público.
• También, estableció que, la tesis 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas) sostiene que, si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto referido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala la Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
• Estableció que, en el caso en estudio, la quejosa-recurrente solicitó la medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias previstas en el artículo 29, último párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores –reformado mediante Decreto que publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco–, que transgreden esencialmente los principios de legalidad y seguridad jurídica tutelados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues con motivo de la reforma se establece a su cargo una contribución, sin que exista el objeto (salario) para llevar a cabo el descuento obligado, además de que le impone a la parte patronal una carga de pago a pesar de que solamente funge como ente recaudador.
• Determinó que es procedente el otorgamiento de la suspensión de los efectos en la esfera jurídica de la quejosa de la norma reclamada, en términos de lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Amparo, al advertirse a su favor la apariencia del buen derecho, de acuerdo con las características, trascendencia y peligro en la demora que implicaría la ejecución de la norma impugnada. • Esto es, la medida suspensional se solicitó para el efecto de que, a la quejosa no le fuera exigida la norma reclamada, es decir, la obligación de no suspender los descuentos sobre el salario de los trabajadores a su cargo en los casos de ausencias e incapacidades, hasta en tanto se resuelva el presente juicio; sin que se le eximiera de cumplir con las diversas obligaciones fiscales y laborales que le asisten antes de la reforma al precepto impugnado.
• En esas condiciones, como lo aduce la recurrente, era procedente la concesión de la suspensión provisional, al advertirse de un estudio preliminar de la norma reclamada la apariencia del buen derecho a favor de la solicitante, sin que este órgano colegiado comparta las consideraciones del auto impugnado donde se sostuvo que con la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público e interés social.
• Es así, porque de las constancias que integran el incidente de suspensión se aprecia que la quejosa promovió el juicio de amparo y refirió que es una persona física inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con actividad de pizzería; que su actividad principal es prestar el servicio de preparación y entrega de alimentos, para lo cual siempre ha cumplido con las obligaciones que le corresponden, como lo es determinar las cuotas, aportaciones y amortizaciones correspondientes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
• Indicó que diversos trabajadores a su cargo cuentan con crédito para la vivienda, el cual se encuentran pagando y respecto de los cuales la quejosa-recurrente tiene la obligación de retener y enterar los descuentos sobre las amortizaciones (abonos) de los trabajadores al mencionado instituto, en tanto se les otorga un salario sobre el cual se llevan a cabo los descuentos.
• Así las cosas, se aprecia que la quejosa se ubica en una situación especial respecto de la porción normativa que reclama, precisamente, por tener el carácter de parte patronal afiliada y obligada en términos del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a realizar, entre otras cuestiones, el descuento a los salarios de sus trabajadores por virtud de los préstamos realizados a estos últimos por el mencionado instituto; y a la recurrente, con motivo del Decreto reclamado, se le causa un perjuicio de difícil reparación, al imponerle una obligación adicional y directa que no tenía antes de la reforma al penúltimo párrafo del artículo 29 que tilda de inconstitucional y ello incide en sus obligaciones tributarias.
• De un estudio superficial de los hechos aducidos por la quejosa y del precepto reclamado, se aprecia que existe una probabilidad razonable de que la solicitante del amparo obtenga sentencia favorable a su pretensión, por lo que es factible que, mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, se conceda la medida cautelar para proteger los derechos que estima transgredidos con la norma y evitar daños irreparables, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo.
• Es así, porque de la demanda de amparo se advierte que la quejosa aduce que el precepto impugnado transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al imponerle la obligación de aplicar descuentos correspondientes a los pagos de los créditos que les hayan sido otorgados a los trabajadores por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aun en casos de ausencias e incapacidades.
• Estimó que, le asiste la razón a la inconforme, porque el artículo 123, apartado A, fracción XII, constitucional, dispone que la ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
• Por su parte, el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dispone que son obligaciones de los patrones, entre otras: a) determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo, y b) hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados a los trabajadores por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto.
• Asimismo, el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo que se trate (entre otros supuestos) del pago de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de vivienda o al pago de pasivos adquiridos por esos conceptos; descuentos que deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora y no podrán exceder el veinte por ciento del salario para préstamos y treinta por ciento para rentas (fracción III)
• En tanto que, el artículo 110, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo establece que, están prohibidos los descuentos en los salarios de los trabajadores salvo que se trate de pago de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de vivienda o al pago de pasivos adquiridos por esos conceptos.
• Precisó que, el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con motivo de la reforma reclamada, establece que es obligación de la parte patronal efectuar las aportaciones a que se refiere la fracción II de dicho ordenamiento, que se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social y, en la parte que interesa, dispone que cuando se trate de hacer los descuentos que se destinen al pago de abonos para cubrir los préstamos otorgados a los trabajadores por el instituto, a los que se refiere la fracción III, esa obligación no se suspenderá por ausencias o incapacidades.
• Lo cual implica que, con motivo de la entrada en vigor del Decreto reclamado, la parte patronal tiene la obligación adicional de llevar a cabo los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir los préstamos otorgados a ellos por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, aun en casos de ausencias e incapacidades de los trabajadores.
• Esto es, con motivo del precepto reclamado, la parte patronal se verá obligada en forma adicional con el trabajador a realizar el pago de los créditos que le haya otorgado a este último previamente el Instituto, aun cuando el trabajador deje de percibir un salario; lo cual va más allá de la obligación que le asiste a la parte empleadora de contribuir a garantizar el derecho a la seguridad social para la parte trabajadora, a través del pago de las aportaciones patronales correspondientes.
• Es así, porque como lo aduce la recurrente, los artículos 50 y 52 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores disponen que, los patrones son solidariamente responsables del entero de los descuentos al Instituto y si omiten realizarlos deberán enterar por su cuenta, los abonos para la amortización de los créditos respectivos; sin embargo, esos descuentos operan sobre los salarios y emolumentos pagados al trabajador, lo que no acontece en el caso de ausentismo e incapacidad en los que los trabajadores dejan de percibir dicho salario.
• Señaló que, lo que evidencia que los efectos del precepto reclamado ocasionan un perjuicio de difícil reparación susceptible de ser suspendido mediante el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, porque se impone una obligación directa y adicional a la parte quejosa que va más allá del cumplimiento de sus aportaciones patronales, concerniente a hacer frente al pago de un préstamo otorgado a un trabajador, en el cual la parte patronal no se obliga en sí a realizarlos (precisamente porque el préstamo respectivo no fue otorgado en su favor), sino que solo le asiste la obligación de realizar los descuentos respectivos para enterarlos al Instituto mencionado.
• Lo anterior, no fue analizado por la juzgadora de amparo, ya que en el auto impugnado consideró que, los descuentos a que se refiere la fracción III del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores son de la misma naturaleza de las aportaciones a que se refiere la fracción II de dicho ordenamiento; cuestión que el órgano colegiado no comparte, porque los descuentos derivan de una obligación adquirida directamente por el trabajador ante el Instituto de Vivienda, en lo cual la parte patronal solo interviene como intermediario en la retención y descuento salarial para los abonos correspondientes, siempre que el trabajador percibe un salario precisamente para satisfacer la obligación asumida por él mismo.
• De manera que, si la finalidad de la suspensión provisional cuando se reclame una norma general autoaplicativa es impedir los efectos y consecuencias de dicha norma en la esfera jurídica de la parte quejosa, es procedente la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33877-dbdcc3b3/suspension-provisional-procede-contra-los-efectos-y-consecuencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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