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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO CONSISTE EN LA MULTA IMPUESTA POR EL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL POR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 288/2025. · Registro digital (IUS): 33884
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-03-13
Promovente: el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Decimosexto Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

CONFLICTO COMPETENCIAL 288/2025. SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. DISIDENTE: MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIA: JESSICA IVETT CATAÑO DÁVILA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA:

1. Que resuelve el conflicto competencial 288/2025 suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Decimosexto Circuito, con motivo de los recursos de queja 119/2025 y 195/2025, del índice respectivo de dichos órganos jurisdiccionales, interpuestos contra el proveído de treinta de junio de dos mil veinticinco, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en el juicio de amparo indirecto **********, en el que tuvo por no presentada la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

2. Juicio de amparo indirecto. **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes:

"III. AUTORIDAD RESPONSABLE:

La Funcionaria Conciliadora adscrita a la Oficina estatal de Guanajuato del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El notificador adscrito a la oficina estatal de Guanajuato del Centro de Conciliación y Registro Laboral. [...]

IV. ACTO RECLAMADO:

El acta de multa de fecha quince de mayo de dos mil veinticinco, dictada por la Funcionaria Conciliadora adscrito (sic) al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro del expediente Laboral **********, mediante el cual determinó imponer a la empresa **********, S.A. DE C.V. una multa por el monto de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización ($**********) por no comparecer a la audiencia de conciliación de la misma fecha; audiencia a la cual mi mandante no fue citada legalmente para comparecer.

La supuesta notificación de fecha 22 de abril de 2025, misma que se atribuye al Notificador."

3. De dicha demanda conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, la que registró bajo el número **********; por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, previno a la parte promovente a fin de que dentro del término de cinco días, por escrito relatara bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado y precisara las circunstancias en que tuvo conocimiento del mismo, apercibiéndola que de no hacerlo se le tendría por no interpuesta la demanda de amparo.

4. Por no presentada la demanda de amparo. Mediante proveído de treinta de junio del año en curso, el citado órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento, por lo que tuvo por no presentada la demanda de amparo.

5. Recurso de queja. Inconforme con ello, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de queja.

6. Declinación de competencia. Por razón de turno correspondió conocer del medio de impugnación al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, quien por acuerdo plenario lo registró con el número de recurso de queja 119/2025; sin embargo, determinó carecer de competencia legal por razón de materia, por lo que ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, para que por su conducto lo turnara al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que correspondiera.

7. No aceptación de competencia y denuncia del conflicto competencial. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, se avocó al conocimiento del asunto y lo registró con el número de recurso de queja 195/2025, y en la sentencia respectiva resolvió no aceptar la competencia declinada para conocer del citado medio de impugnación; consecuentemente, remitió los autos a este Pleno Regional para la resolución de la contienda competencial.

8. Trámite en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se admitió a trámite el presente asunto, por lo que –esencialmente– se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes, que hicieran disponibles los expedientes electrónicos correspondientes al medio de impugnación; asimismo, el asunto se turnó electrónicamente a la ponencia a cargo del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro.

9. Mediante acuerdo de veintinueve de octubre siguiente, se tuvo por cumplida la solicitud formulada a los Tribunales Colegiados contendientes. Por tanto, al estar integrado el asunto, se confirmó el turno al Magistrado en mención, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

10. El once de noviembre del año en curso, se listó el asunto para su discusión, pero en sesión ordinaria de veintiuno de noviembre siguiente, se desechó el proyecto presentado y en acuerdo de presidencia de esa misma fecha, se returnó el asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.

11. Posteriormente, el tres de diciembre de dos mil veinticinco, se listó por segunda ocasión el asunto para su discusión.

COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el conflicto competencial, en virtud de que se suscitó entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la Región Centro-Norte; aunado a que se ejerce jurisdicción sobre el tribunal que previno en el conocimiento del asunto.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 106 de la Constitución Federal; 39, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 2/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

14. Para estar en posibilidad de resolver el conflicto competencial, es necesario precisar los argumentos expuestos por los Tribunales Colegiados, mediante los cuales estimaron carecer de competencia legal.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato.

A) Señaló que cuando surge el dilema de que si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no bastaba con que el acto de autoridad tuviera sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste fuera aplicado por alguna de las autoridades previstas en el Título Trece Bis, Capítulos I y II, "Del Procedimiento de Conciliación Prejudicial" y "De los Conciliadores", de esa legislación, sino que debía considerarse que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones entre patrones y trabajadores.

B) Argumentó que el artículo 123 de la Constitución Federal, concibe el derecho del trabajo como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones al patrón, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, por lo que también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, es decir, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral.

C) Indicó que toda controversia que derivara de una relación de trabajo que apuntara a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superaran los mínimos y máximos constitucionales, o que se diera dentro del ámbito sindical, quedarían enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por ende, constituiría a la materia que debieran conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del numeral 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estaría a discusión un derecho consagrado en la Carta Magna, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos.

D) De igual manera, apuntó que debían conocer los tribunales de amparo en materia laboral, las relaciones laborales individuales que son las prestaciones de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, un contrato individual de trabajo que es aquél que estipula las obligaciones a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario.

E) Por el contrario, precisó que para que un acto de autoridad pudiera considerarse de contenido materialmente laboral, no bastaba que fuera emitido por una dependencia prevista como autoridad en la Ley Federal del Trabajo, ni que su actuación se sustentara en la facultad para aplicar la citada ley, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vinculaba con alguno de los campos anteriormente citados, se quedaría en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consiguiente, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento sería de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa.

F) Asimismo, refirió que para analizar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se podría tomar como base lo establecido en el artículo 35, fracción I, incisos b) y d), fracción II, así como los numerales 46 a 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a la competencia por materia, el primero de los Tribunales Colegiados y el resto de la competencia de los Jueces de Distrito.

G) Subrayó que de los artículos 54 y 58 de la citada Ley Orgánica, se obtenía que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito especializados, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable.

H) Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debía atenderse a los elementos precisados –naturaleza del acto reclamado y autoridad responsable– y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues éstos no constituían un criterio que determine a quién compete conocer un asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Así, cada Tribunal Colegiado de Circuito especializado debería conocer de los asuntos previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialización.

I) En apoyo citó la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."

J) En ese contexto, estimó que en el caso concreto, la naturaleza de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto materia del recurso de queja, eran de carácter administrativo, por ello, el conocimiento del recurso de queja correspondía a un órgano colegiado en materia administrativa de ese circuito.

K) Además, enfatizó que de los artículos 1, 5 y 9, fracciones I, II y XVIII, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se obtenía que aquél era un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de llevar a cabo la conciliación prejudicial entre las partes en materia laboral, con facultad para imponer las medidas de apremio previstas en la Ley Federal del Trabajo, como las multas; y realizar dentro del procedimiento conciliatorio, la expedición de la constancia de no conciliación.

L) Por lo que, la imposición de una multa al patrón por el referido Centro Federal, a través de un conciliador, constituía un acto administrativo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

M) Así las cosas, concluyó que la competencia para conocer de un asunto, en el que se reclamó del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como autoridad administrativa la imposición de una multa, correspondía a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pues de los actos reclamados se destacaba una relación autoridad-gobernado y, por lo tanto, debería considerarse que se trataba de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento era de la competencia de un órgano de amparo en esa materia, al tratarse de una multa impuesta por un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en la etapa de conciliación prejudicial, no incluida en el proceso laboral.

N) Con base en lo expuesto, determinó que correspondía a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, resolver el recurso de queja; por lo que ordenó remitir los autos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, para que por su conducto lo turnara al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que correspondiera.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

A) Puntualizó que de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero, Capítulo III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los preceptos 35, fracción III –tratándose del recurso de queja– y 36 de la propia ley, de los que se advertía que la competencia por materia de los órganos colegiados, debía establecerse entre otros motivos por razón de su especialidad, siempre y cuando, dentro del circuito judicial existieran Tribunales Colegiados de Circuito especializados.

B) Destacó que los artículos 53 a 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, prevén la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y establecen los lineamientos que el legislador tomó en consideración para delimitar la competencia por materia; lo cual necesariamente impactaba en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que debía conocer del respectivo recurso interpuesto en un juicio de amparo indirecto.

C) Bajo esa guisa, estableció que tratándose del conocimiento de los recursos de queja, por identidad jurídica debían tomarse en cuenta tales criterios competenciales, pues en donde existía la misma razón debería imperar la misma disposición, sin que para fijar la competencia se tuviera que atender a los conceptos de agravios expresados por la parte recurrente.

D) En ese sentido, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para fijar la competencia por razón de materia de los Juzgados de Distrito, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado; y, b) La naturaleza de la autoridad responsable; por lo tanto, eran esos los elementos que debían tomarse en cuenta para fijar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados Especializados.

E) Refirió que ese tipo de competencia se definía atendiendo exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado y la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia; lo cual se podía determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que la demanda se apoyaba.

F) Determinación que tuvo sustento en la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.), de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010317, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."

G) Destacó que en similares términos se pronunció la entonces Segunda Sala al resolver el conflicto competencial 131/2008, en el que se estableció que la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados deben determinarse en función de la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; lo que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, con registro digital 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."

H) Asimismo, indicó los actos que eran competencia tanto de los Tribunales Administrativos como de los de Trabajo, por ello, precisó que de conformidad con el artículo 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo; es decir, en amparo indirecto, contra las resoluciones que desechen la demanda de amparo, como era el caso del acto reclamado –desechamiento de la demanda de amparo al patrón quejoso–.

I) De igual manera, señaló que el artículo 35, fracción I, de la referida ley orgánica vigente, establece la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo; que en sus incisos b) y d), dispone que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa conocer de los juicios de amparo contra sentencias o resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos o judiciales, ya sean locales o federales y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo, contra laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales.

J) Resaltó que, tratándose del conocimiento de los recursos de queja, por identidad jurídica deberían tomarse en cuenta tales criterios competenciales, en atención a que en donde existe la misma razón debe imperar la misma disposición, sin que para fijar la competencia se tenga que atender a los conceptos de agravios expresados por la parte recurrente.

K) En ese orden, puntualizó que la litis tenía su origen en una multa impuesta a la parte quejosa por el Conciliador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con fundamento en el artículo 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, derivada de que hizo efectivo un apercibimiento por su incomparecencia a la audiencia de conciliación prejudicial.

L) Bajo ese contexto, argumentó que si bien pudiera considerarse que la multa reclamada fue emitida por una autoridad administrativa, lo cierto era que ésta se reclamó en vía de consecuencia, pues se hizo efectivo un apercibimiento a la parte demandada ante su inasistencia a la referida audiencia, lo cual, al derivar del procedimiento de conciliación prejudicial regulado por la Ley Federal del Trabajo, tiene naturaleza laboral y no administrativa, ya que la referida legislación regula la conciliación prejudicial que se lleva a cabo entre una parte patronal y su trabajador, con apoyo de un facilitador conciliador especializado para ello. M) Por lo tanto, refirió que la norma que sirvió como fundamento para imponer la multa, no podía ser considerada como administrativa, por su ubicación en la Ley Federal del Trabajo (etapa prejudicial) y por su función (apremio para acudir a conciliar).

N) Asimismo, indicó que no pasaba inadvertido que el hecho de que la autoridad señalada como responsable, tuviera el carácter de una autoridad administrativa, en términos del artículo 1o. de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual dispone que se trata de un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; en virtud de que las funciones que realiza en la etapa prejudicial del procedimiento laboral son materialmente jurisdiccionales, al estar encaminadas a la solución de conflictos entre una parte patronal y su trabajador, es decir, laborales.

Ñ) En otras palabras, afirmó que los Centros de Conciliación (locales y federales), si bien son entes de naturaleza administrativa, lo cierto era que sus funciones concernientes al ámbito conciliatorio son materialmente jurisdiccionales, como la imposición de medidas de apremio.

O) Al respecto citó la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/12 L (11a.), del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con registro digital 2029377, de rubro y texto siguientes:

"CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL (LOCALES Y FEDERAL). LAS FUNCIONES QUE REALIZAN EN LA ETAPA PREJUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SON MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las funciones de los Centros de Conciliación Laboral (locales y federal) en la etapa prejudicial pertenecen al ámbito administrativo o al jurisdiccional y, con base en ello, si tienen legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto en las que sus funciones conciliatorias sean los actos reclamados. Mientras que uno determinó que son actividades materialmente jurisdiccionales y, por ende, carecen de legitimación para interponer la revisión, el otro sostuvo que pertenecen al ámbito administrativo, por lo que sí cuentan con legitimación para recurrir la sentencia de amparo.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las funciones que realizan los Centros de Conciliación Laboral (locales y federal) en la etapa prejudicial del procedimiento laboral, son materialmente jurisdiccionales.

Justificación: Los Centros de Conciliación Laboral (locales y federal) son organismos descentralizados, autónomos a las instancias judiciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La conciliación laboral prejudicial parte de la premisa en la cual no todos los conflictos entre patrones y trabajadores se ventilan ante los tribunales, sino que pueden tener una solución en esta fase, a través de un convenio que posee el carácter de cosa juzgada.

La actividad conciliatoria se rige por el principio de imparcialidad, el cual implica mantenerse al margen de los intereses de las partes y tiene sustento en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales como el Convenio 98 relativo a la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, de la Organización Internacional del Trabajo, y el Anexo laboral 23-A del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).

Al encaminarse las funciones de conciliación a la solución de conflictos con un actuar imparcial, y tener la calidad de cosa juzgada lo que se resuelva en dicha etapa, su naturaleza es materialmente jurisdiccional; no obsta a ello la vinculación formal con la administración pública que tienen los Centros de Conciliación Laboral."

P) Así como la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/13 L (11a.), del citado Pleno Regional, con registro digital 2029404, de rubro y texto siguientes:

"RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL (LOCALES Y FEDERAL) CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVEN DE SUS FUNCIONES DE CONCILIACIÓN.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las funciones de los Centros de Conciliación Laboral (locales y federal) en la etapa prejudicial pertenecen al ámbito administrativo o al jurisdiccional y, con base en ello, si tienen legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto en las que sus funciones conciliatorias sean los actos reclamados. Mientras que uno determinó que son actividades materialmente jurisdiccionales y, por ende, carecen de legitimación para interponer la revisión, el otro sostuvo que pertenecen al ámbito administrativo, por lo que sí cuentan con legitimación para recurrir la sentencia de amparo.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los Centros de Conciliación Laboral (locales y federal) carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto, cuando los actos reclamados deriven de sus funciones de conciliación.

Justificación: El artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional.

De la interpretación conforme de ese precepto, se concluye que aunque los Centros de Conciliación Laboral son autoridades formalmente administrativas, carecen de legitimación para recurrir las sentencias en las que se analizaron actos relacionados con sus funciones conciliatorias, pues éstas, son materialmente jurisdiccionales."

Q) De igual manera, por su contenido orientador, citó la tesis I.14o.T.43 L (11a.), con registro digital 2029878, de rubro: "CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE EMITE EN SUS FUNCIONES REGISTRALES."

R) Indicó que el asunto debía considerarse de naturaleza laboral y que, por ende, su conocimiento correspondía a un órgano jurisdiccional especializado en esa materia, y al efecto señaló la postura adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenida, entre otras, en la ejecutoria del amparo en revisión número 220/2008, de la cual se advertía que se considera materia de trabajo, cuando el acto reclamado afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 constitucional; siendo que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones vía conciliación está inmersa en la cláusula contenida en el apartado A, fracción XX, del propio precepto.

S) Enfatizó que, el acto reclamado se vinculaba de manera directa e inmediata con los derechos consagrados en el apartado A, del referido artículo 123 constitucional, particularmente con la función conciliadora de los Centros de Conciliación Laboral, y por extensión en la Ley Federal del Trabajo; pues la audiencia de conciliación prejudicial tiene como fin agilizar la resolución de los conflictos surgidos entre trabajadores y patrones, evitando llevar la controversia a los tribunales laborales y, el hecho de que el acuerdo al que lleguen las partes en la etapa prejudicial, al plasmarse en un convenio, reviste el carácter de cosa juzgada y refleja que la labor de los Centros de Conciliación Laboral en esa etapa, es materialmente jurisdiccional.

T) En consecuencia, señaló que la figura de "multa" impuesta en esa etapa, no puede desvincularse de la autoridad que la impone y el procedimiento judicial del que deriva, que en el caso dijo era de naturaleza laboral.

U) Como apoyo invocó la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/57 L (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con registro digital 2030671, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN CONTRA LA MULTA IMPUESTA POR EL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL POR NO COMPARECER A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rechazaron ser competentes por materia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del juicio de amparo indirecto en el que se reclama la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Mientras que uno consideró que al tratarse de un acto administrativo emitido por una autoridad del mismo carácter corresponde al Colegiado de esa materia; el otro estimó que al haberse emitido dentro del procedimiento de conciliación prejudicial previsto en la Ley Federal del Trabajo e impuesta por el referido Centro en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, corresponde conocer al especializado en materia laboral.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo para conocer del amparo en revisión contra la multa impuesta por el Centro Fede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33884-e19ef784/competencia-por-materia-para-conocer-del-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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