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Modo: Corpus Pro

MULTA IMPUESTA AL PATRÓN POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 684-E, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES DE NATURALEZA LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 104/2025. · Registro digital (IUS): 33847
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y EL PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.403.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 104/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y EL PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

ANTECEDENTES:

1. Denuncia de la contradicción. El dieciséis de junio de dos mil veinticinco, ******* ******* ********* ********, en su carácter de Magistrado Integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, remitió oficio a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro Norte, con sede en la Ciudad de México, en donde denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados entre dicho órgano jurisdiccional y por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del citado circuito, al resolver los amparos directos *******, ******* y el amparo en revisión *******, respectivamente. A efecto de “DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA MULTA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 684-E, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE IMPONE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL POR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y, EN ATENCIÓN A ELLO, QUÉ AUTORIDAD ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE TAL SANCIÓN.”.

2. Radicación, admisión, y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de junio de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el acuerdo de mérito y se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 104/2025; se admitió a trámite y se ordenó formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).

3. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas,(1) en términos del artículo 37(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.

5. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(3) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

6. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo al tema a debate.

7. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados Primero en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Décimo Sexto Circuito, remitieron las respectivas ejecutorias y rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos; de los que se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes.

8. Cabe destacar que no obstante que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, no rindió el informe requerido, de la consulta realizada por este Pleno Regional, al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que los amparos directos de referencia fueron vinculados al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2º.

9. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de uno de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio fechado el día catorce de julio del presente año, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis Pendientes de Resolver visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección Amparos, Contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del Alto Tribunal, durante los últimos seis meses, no se advertía la existencia de resolución contradicción de criterios pendiente alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.

10. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCSV/No. 007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial, denominado “Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales”, del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.

11. Returno. En dicho proveído se returnó el presente asunto a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución; y al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.

12. Asunto en lista. Ésta contradicción se incluyó en la lista de asuntos de tres de noviembre de dos mil veinticinco, para discutirse en la sesión de trece de octubre siguiente, en la cual se acordó por el Pleno de este órgano colegiado dejarlo en lista.

13. Manifestaciones. Por oficio presentado el doce de noviembre de dos mil veinticinco, el Magistrado denunciante de la contradicción de criterios realizó diversas manifestaciones, las cuales fueron atendidas en el presente proyecto.

14. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

CONSIDERANDO:

15. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(4) y 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(8) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(9) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(10) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Décimo Sexto Circuito, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno jurisdiccional al tratarse de materia administrativa. Así como el Acuerdo QUINTO del Acuerdo General 2/2025, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

16. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa, y el Primero en Materia de Trabajo, todos del Décimo Sexto Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

17. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(11) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(12) de la Ley de Amparo.

18. TERCERO. Criterios contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso hacer referencia a los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a los amparos directos y en revisión resueltos por los tribunales contendientes.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al decidir el amparo directo *******.

19. Amparo indirecto. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veinticuatro, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, **** ********* ******** ******** ******* ** ******* ********, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos reclamados:

III. Autoridades Responsables

Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes conforman el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sede en Celaya, Guanajuato.

IV. Actos Reclamados

I. La resolución por medio del cual se resolvió el recurso de reclamación, emitida el 4 cuatro de diciembre de 2023 bajo el número ******************., en la cual los magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declararon infundado el recurso de reclamación.

20. Incompetencia. Por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo al Juez Sexto de Distrito del Estado de Guanajuato, quien mediante proveído de cinco de enero de dos mil veinticuatro, lo registró bajo el número de expediente *********** y se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, al considerar que se trataba de una sentencia definitiva, por lo que procedía el amparo directo. Ordenó remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese Circuito, en turno.

21. Amparo directo. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien mediante acuerdo del uno de febrero de dos mil veinticuatro aceptó la competencia declinada y admitió a trámite el asunto como amparo directo número ******* y en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro resolvió en el sentido de conceder el amparo solicitado bajo las siguientes consideraciones:

En el considerando sexto precisó que la quejosa aduce que el procedimiento laboral emana de la Ley Federal del Trabajo (legislación federal), el cual, si bien es conciliatorio, resulta obligatorio para las partes, en tanto que se impone una resolución que se traduce en una multa que debe ser pagada y el funcionario emisor actúa con base en las facultades que le confiere dicha ley federal; de ahí que la consecuencia de que no se haya presentado a la audiencia de conciliación fue la multa que impugnó en el juicio contencioso administrativo, la cual deriva de una ley federal que establece un procedimiento administrativo.

Por tanto, contrario a lo resuelto en el recurso de reclamación, la determinación impugnada sí es un acto definitivo, pues no por ser un procedimiento de conciliación, no quiere decir que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea incompetente, en tanto que se trata de un procedimiento administrativo previsto en una ley federal, para robustecer lo anterior, citó la jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INCLUSO SI SE CONTIENE EN ORDENAMIENTOS LABORALES Y LA IMPONE UNA AUTORIDAD LOCAL.”.

Al respecto el tribunal colegiado de circuito consideró que eran esencialmente fundados los disentimientos planteados.

• Competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En principio, es menester tener presente el contenido del artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevé:

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

[...]

IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

De ese precepto legal se observa que compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer, entre otros juicios, de aquellos que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas a través de las cuales se impongan multas por infracciones a normas administrativas federales.

• Jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.).

Por otra parte, conviene tener en cuenta que, al resolver la contradicción de tesis 387/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que cuando en un juicio de nulidad se impugna una resolución en la que se imponen multas con motivo de infracciones a disposiciones administrativas federales, con independencia de que esa sanción la imponga una autoridad local y se sustente en ordenamientos laborales, la competencia para conocer ese tipo de asuntos corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que existe disposición expresa en los artículos 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 58-2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.), a la que hace alusión la parte quejosa y que la Sala responsable consideró inaplicable, de contenido siguiente:

MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INCLUSO SI SE CONTIENE EN ORDENAMIENTOS LABORALES Y LA IMPONE UNA AUTORIDAD LOCAL. De los artículos 123, apartado A, fracción XXXI y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que la aplicación de normas laborales corresponde a las autoridades de las entidades federativas, así como que la competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para dirimir controversias se acota a las suscitadas entre los gobernados y la administración pública estatal, con motivo de la aplicación de las leyes que rijan la actuación de sus dependencias; hipótesis que no se surte respecto de multas materialmente administrativas impuestas por autoridades locales con motivo de infracciones a normas federales, en tanto que, respecto de ellas, existe disposición expresa en los artículos 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que reservan a ese órgano la competencia para conocer de estos asuntos. De esta manera si la multa no se origina con motivo de una controversia entre la administración pública local y el gobernado, sino por infracción a disposiciones administrativas federales, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando se contenga en ordenamientos laborales y la imponga una autoridad local.

En ese contexto, se precisa que, si bien la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, referida en tal criterio se abrogó por la publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, lo cierto es que la norma vigente —previamente transcrita—, esto es, la contenida en el artículo 3, fracción IV, prevé una hipótesis similar a la regulada en el artículo 14, fracción III, de la abrogada ley; en ese sentido, es válido apoyar el sentido de la presente ejecutoria en esa jurisprudencia.

Una vez acotado lo anterior, se destaca que el punto a dilucidar en la contradicción de tesis referida, estribó en determinar, si las multas impuestas por infracciones a la Ley Federal del Trabajo, son impugnables en el juicio contencioso administrativo ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por actualizarse el supuesto de procedencia previsto en el diverso 14, fracción III de la Ley Orgánica de ese órgano jurisdiccional o bien, si deben combatirse en sede administrativa local.

En concreto, el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los supuestos de procedencia del juicio de nulidad en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión y sean de:

[...]

De la lectura de las transcripciones anteriores, se aprecia además de la finalidad constitucional perseguida por el legislador para instaurar el trámite sumario del juicio contencioso administrativo, la reiteración de que tratándose de multas por disposiciones administrativas federales, es procedente el juicio contencioso administrativo y que atendiendo a su cuantía podría resultar procedente la vía sumaria.

De esta manera, es claro que con independencia de la autoridad que imponga las multas, si éstas no se originan con motivo de una controversia entre la administración pública local y el gobernado sino por infracción a disposiciones administrativas federales, resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De lo expuesto, es factible concluir que, con fundamento en los artículos 3, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si la multa se origina con motivo de infracción a disposiciones administrativas federales, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aun cuando se contenga en ordenamientos laborales y la imponga una autoridad local.

Asimismo, es posible advertir que no todo acto emitido con apoyo en lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo tiene la naturaleza laboral; por lo cual, debe atenderse a su naturaleza para determinar si tiene ese carácter, o bien, uno de tipo administrativo.

Así es, para estimar que un acto alude a la materia laboral, debe vincularse de manera directa e inmediata con algún derecho reconocido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo; los cuales surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos, como son tópicos relacionados con el salario, contratos, etcétera; de ahí que el incumplimiento de alguno de ellos, puede generar conflictos de esa naturaleza, esto es, controversias entre patrones y trabajadores.

Empero, también es cierto que esto no sucede cuando únicamente se plantea la ilegalidad de multas impuestas al patrón por violación a las normas de tipo administrativo establecidas en la legislación de trato, pues solamente se suscita controversia con las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento a dichas normas.

• Análisis del caso.

En la especie, se recuerda que la resolución impugnada por **** ********* *******, sociedad anónima de capital variable, actora, aquí quejosa, ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es la contenida en el oficio ***************** de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual el conciliador adscrito al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, le impuso una multa en cantidad de $******** (***** *** ****** ******* * ***** pesos **/100 moneda nacional), porque no compareció a la audiencia de conciliación prevista para el diez de agosto del citado año.

En relación con dicha resolución, se precisa que además del artículo 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, previamente reproducido, la determinación impugnada en el juicio contencioso de origen se fundamenta en los diversos numerales 16, primer párrafo y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 523, fracción II TER; 684-E, fracciones IV y X; 684-I, fracción II; 728, 729, fracción II y 1010 de la Ley Federal del Trabajo; 8, fracciones IX y XI de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato; 36 del Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato y 22, fracciones II y V de la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En esa medida, atendiendo al contexto fáctico que rodea el caso, y al marco jurídico expuesto, es factible observar que, si bien la multa se impuso a la quejosa con sustento, entre otras normas, en lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo, específicamente, en su artículo 684-E, fracción IV; dicha resolución no tiene naturaleza laboral, pues no surge de manera directa por el conflicto de alguno de los derechos laborales entre el patrón y el trabajador, sino que se actualiza por el incumplimiento a la obligación de carácter procedimental impuesta a la parte patronal, consistente en acudir a la audiencia de conciliación.

De ahí que, sea válido concluir que la multa controvertida en el proceso contencioso de origen, es de naturaleza administrativa, pues surge con motivo de la regulación de una obligación impuesta al patrón, en torno al cumplimiento de una norma de carácter procedimental que procura que este último acuda a la respectiva audiencia.

En otras palabras, se advierte que, en la especie, se originó una contienda con la autoridad administrativa, en el caso, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, y la parte patronal, no así, entre esta última y algún trabajador.

Aunado a que, lo que se verificará en la instancia primigenia radica únicamente en la legalidad de la actuación de la autoridad que impuso la multa a la persona jurídica; lo que guarda independencia del procedimiento conciliatorio en el cual se emitió dicha sanción.

Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé:

“MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó.”

No representa obstáculo a lo anterior, que la autoridad que impuso la multa, conciliadora con adscripción al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, Delegación Regional León, se trate de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno; pues lo relevante es que existen bases para afirmar que el acto impugnado constituye una resolución en la que se impuso una multa por infringir disposiciones administrativas de carácter federal, supuesto que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.), previamente aludida, actualiza la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción IV, de su Ley Orgánica.

En conclusión, contrario a lo considerado por el Pleno de la Sala Regional responsable, y tal como lo plantea la parte quejosa en sus motivos de disenso, en el caso, se está en un supuesto análogo al que estudió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.), habida cuenta que lo reclamado en la instancia de origen se hizo consistir, en una multa que derivó de la infracción a disposiciones administrativas federales, concretamente a lo dispuesto por el numeral 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo.

Esto es, al habérsele hecho efectivo un apercibimiento previo —de siete de agosto de dos mil veintitrés— en su carácter de parte patronal, para que compareciera ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, a la respectiva audiencia de conciliación; de ahí que se estime actualizada la hipótesis de procedencia del juicio de nulidad prevista en el artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al decidir el amparo directo *******.

22. Juicio de nulidad. La persona moral “******* *****”, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió juicio de nulidad en contra de las autoridades y actos siguientes:

“II. Acto o resolución que se impugna y, en su caso, la fecha de su notificación o en la que se haya ostentado sabedor del mismo:

a) Demando la nulidad de la Multa, con número de identificación único *****************, de fecha 16 de agosto de 2023 emitida por Licenciado ****** ****** ******* *******, quien se ostenta como autoridad conciliadora, con adscripción al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, en la delegación regional de León.

b) Demando la nulidad de la cédula de notificación, aparentemente notificada el 5 de septiembre del año en curso, mediante cédula de notificación de multa del expediente *****************, solicitada por *** *** ****** **** *****, emitida por la Licenciada ******* ****** ****** ******, notificadora. (...)

III. Autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado:

• Licenciado ****** ****** ******* *******, autoridad conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, con sede en León, Guanajuato.

• Licenciada ******* ****** ****** ******, quien al parecer es notificadora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, sede en León, Guanajuato....”.

23. Desechamiento. En auto de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda por improcedente, bajo el argumento de que la multa impugnada no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

24. Recurso de reclamación. En contra de la anterior determinación la actora interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar el acuerdo recurrido.

25. Demanda de amparo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33847-aff0b0f5/multa-impuesta-al-patron-por-el-centro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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