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Modo: Corpus Pro

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES QUE REGULEN EL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DEL FONDO DE LAS SUBCUENTAS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, Y DE VIVIENDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 178/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19295
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO CUARTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 1177.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 178/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO CUARTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó, al resolver el conflicto competencial CCT. 31/2005, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo y el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal, que es competente el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo para conocer del juicio de amparo promovido por Pedro Álvarez Cruz, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, apoyándose en lo que a la presente contradicción de tesis interesa, en síntesis, en los antecedentes siguientes:

Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, el actor demandó del Congreso de la Unión y otras autoridades:

• La inconstitucionalidad de los artículos décimo tercero transitorio, apartado B, de la Ley del Seguro Social y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y, como consecuencia, la omisión de entregar el total de las aportaciones de su cuenta individual.

Seguido el procedimiento, el Juzgado mencionado dictó sentencia, en la que determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto ordenando su remisión al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en turno.

El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, determinó no aceptar la competencia planteada, devolviendo los autos al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, el cual insistió en carecer de competencia para conocer del asunto, por lo que remitió los autos al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, resolviendo bajo las siguientes consideraciones:

"La cuestión a dirimir se circunscribe a determinar si la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Pedro Álvarez Cruz, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, corresponde al Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, o al Juez Décimo Sexto en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal.

"Para ello es preciso destacar que lo relativo a la competencia de los Jueces de Distrito en razón de la materia se encuentra regulada en los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículos 52 y 55, se transcriben).

"Ahora bien cabe señalar que Pedro Álvarez Cruz, en su demanda de garantías que con fecha veintiséis de agosto de dos mil cuatro, acudió al centro de atención de la Unidad Especializada de Atención a Clientes de Afore Santander Mexicano, con la intención de retirar la cantidad de $16,735.35, correspondientes al ‘SAR 92-97’, así como $4,336.94, relativo a las aportaciones ‘de vivienda del periodo de 1992 a 1997’, y también la cantidad de $57,253.13 por concepto de RCV de ‘Afore’, dando un total de $78,325.45, realizando el asesor que lo atendió el trámite de disposición de recursos, dándole al trabajador un término de diecisiete días hábiles para que recibiera lo solicitado en cualquiera de las sucursales del Banco Santander Serfín, por lo que posteriormente al acudir a cobrar la cantidad citada, solamente le hicieron entrega de $36,357.20 siendo omisos en entregarle la cantidad de $41,968.24, recursos que se encontraban acumulados en su cuenta individual del Afore, según lo establece el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, y que al no haberle hecho entrega de la totalidad de los recursos que existían en su cuenta individual, presentó ‘reclamación’ ante la Comisión Nacional de los Usuarios del Sistema Financiero (Condusef), la cual con fecha dieciséis de noviembre de dos mil cuatro ‘a través del informe rendido por la Afore Santander Mexicano a la Condusef, me enteré que los mismos fueron transferidos al Gobierno Federal.’

"El acto reclamado en que el quejoso hace costar la aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad reclama se trata de la omisión de entregarle la totalidad de los recursos que existían en la cuenta individual de Pedro Álvarez Cruz, del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al presentar ‘reclamación’ ante la Comisión Nacional de los Usuarios del Sistema Financiero (Condusef), y dicha comisión no tiene el carácter de autoridad laboral, sin embargo, ante tales reclamaciones sólo reviste características de árbitro convencional mas sin atributo de imperatividad y coerción, características propias de la autoridad. Lo cierto es que las normas que tilda de inconstitucionales tutelan derechos laborales, en específico a aquellos que señala el artículo 123 de la Ley Fundamental.

"De ahí que en el caso sea competente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal por ser un órgano especializado en la materia, y además porque de la lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se advierte la competencia de los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo cuando se solicite la protección constitucional contra leyes y demás disposiciones de observancia general en dicha rama del derecho, lo que es acorde con lo peticionado en el juicio de garantías, toda vez que con independencia de que el órgano que emitió el acto que se reclama no sea de naturaleza laboral, ello no impide que el ámbito de dicho ordenamiento trascienda a la materia del trabajo, ello sin perder de vista que no por el hecho de ser autoridades administrativas las que concurran en la aplicación y administración del Sistema de Ahorro para el Retiro, sea competente el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo, ya que ello dejaría sin aplicación el artículo que regula la competencia del juzgado laboral, en tratándose de juicios de garantía promovidos contra leyes, que tengan aplicación en la esfera de derecho del trabajo.

"En efecto, en la especie el quejoso reclama la inconstitucionalidad de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, como consecuencia de la omisión de entregar el total de las aportaciones de su cuenta individual, y dichas cuotas son derivadas de la relación de trabajo, acto que como ya se dijo infiere los derechos laborales del quejoso, lo que determina la competencia del Juez de Distrito en Materia de Trabajo, dado que es a éste a quien le compete decidir si las leyes ordinarias se encuentran en contradicción con la Norma Suprema, o si se transgredieron derechos que pretende hacer valer el peticionario de garantías en los términos de lo alegado por las partes en el juicio y las pruebas aportadas en el mismo, estudio que deberá realizarse de acuerdo a las normas que rigen el juicio de amparo en materia de trabajo, porque ella es la esencia de lo reclamado y no la materia administrativa, rama del derecho que se ocupa de dirimir diversas cuestiones a las aquí expuestas.

"Al respecto es aplicable por analogía la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Primera Parte, página 10, que a la letra dice: ‘ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Si se reclama el artículo 28, fracción I, del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, así como una multa impuesta por violación al artículo 132, fracción XXIV, de la Ley Federal del Trabajo, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde, en términos de lo dispuesto por el artículo 42 bis, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues el contenido del precepto en cita es de naturaleza materialmente laboral, ya que otorga facultades a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Departamento del Distrito Federal, para vigilar y hacer efectivas las normas de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y disposiciones de ellos derivados; y, desde luego, las normas que otorgan facultades a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen dentro del ámbito de la materia de trabajo, no obstante que esas autoridades sean formalmente administrativas y que los reglamentos sean expedidos por el Ejecutivo, puesto que, tratándose de reglamentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del ordenamiento y no a la índole de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido por el presidente de la República constituye un acto formalmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza laboral. Además, la multa que se reclama también es de contenido materialmente laboral y no administrativo en sentido estricto, aun cuando la autoridad responsable sea administrativa, toda vez que fue impuesta por incumplir una disposición de la Ley Federal del Trabajo.’

"Es oportuno precisar en primer término, que cuando se reclama el pago y devolución del saldo correspondiente a las aportaciones de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, corresponde conocer a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que lo reclamado deriva de la relación de trabajo y de hechos íntimamente relacionados con ella.

"Apoya a lo anterior, la tesis 2a. XXVIII/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 623, Tomo XIX, mayo de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL. Los artículos 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 167 y 169 de la Ley del Seguro Social, establecen que el seguro de retiro es una prerrogativa a favor de los trabajadores, como consecuencia del trabajo personal subordinado, encaminada a su protección y bienestar, cuyo propósito fundamental es que la persona que concluya su vida activa laboral cuente con los satisfactores mínimos, afrontando la contingencia social del retiro con los recursos propios acumulados durante su vida productiva. En ese sentido, cuando se reclama el pago y devolución del saldo correspondiente a las aportaciones de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, se surten los presupuestos de competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues ello implica el conocimiento y resolución de un conflicto derivado de la relación de trabajo y de hechos íntimamente relacionados con ella, de conformidad con el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo.’

"En las relatadas condiciones es de concluirse que como en la demanda de garantías se alegan cuestiones que trascienden al ámbito del derecho laboral, aunque se trata de un ordenamiento administrativo, expedido por autoridades de la misma naturaleza y no hayan tenido injerencia organismos de trabajo, corresponde conocer de la controversia que originó este conflicto al Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal a quien para ese fin deben remitirse los autos."

QUINTO. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo en revisión RT. 55/2005, interpuesto por Juan Flores Rodríguez y Eduardo Reyes González, consideró revocar la sentencia y determinó que es competente el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en turno, para conocer del juicio de amparo, apoyándose en lo que a la presente contradicción de tesis interesa, en síntesis, en los antecedentes siguientes:

Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el actor demandó del Congreso de la Unión y otras autoridades:

• La inconstitucionalidad de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, específicamente el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y siete, en su artículo octavo transitorio, que en su última parte dispone: "Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."

Seguido el procedimiento, el juzgado mencionado dictó sentencia, en la que sobreseyó y negó el amparo.

Inconforme con dicha resolución, Ricardo Martínez Hernández, en su carácter de autorizado de los quejosos, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolviendo bajo las siguientes consideraciones:

"Puntualizado lo anterior, se considera que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, carece de competencia para conocer del referido juicio de amparo indirecto, porque el artículo 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, claramente dispone que: ‘Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: ... III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo.’; y conforme a esta ley el artículo 50 establece: ‘Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito especializado por razón de materia, en la que el acto reclamado emane de asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al Juez de Distrito que corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 54.’

"En el caso, de la simple lectura de las demandas de amparo, se advierte que los quejosos están reclamando la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, específicamente el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación del seis de enero de mil novecientos noventa y siete, en su artículo octavo transitorio, en su última parte, que dispone: ‘Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones.’; y esta ley es de observancia general en materia administrativa; siendo además administrativas las autoridades señaladas como responsables en la intervención que respecto de cada una de ellas se les reclama, como lo son el Congreso de la Unión, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tesorería de la Federación, Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, director del Diario Oficial de la Federación e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); sin que en el caso haya intervenido ninguna autoridad jurisdiccional en materia de trabajo en la expedición del artículo tildado de inconstitucional, y menos aún en su aplicación, lo que determina que no se dé el supuesto, para la aplicación de la tesis aislada invocada en la sentencia recurrida con el número XXVIII/2004, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 623, con el rubro de: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.’, puesto que en la expedición del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y específicamente en la parte final del artículo octavo transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del seis de enero de mil novecientos noventa y siete, sólo intervinieron las mencionadas autoridades legislativas y del Ejecutivo Federal en su iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, sin participación alguna de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que evidencia que el conocimiento del presente juicio de garantías corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en términos del transcrito artículo 52, fracción III, y no al citado Juez en Materia de Trabajo; por lo que debe revocarse la sentencia recurrida, por carecer de competencia el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo para conocer del presente juicio de amparo, y remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en turno, para que se avoque al conocimiento del asunto."

SEXTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Para determinar si los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, habrá que atenderse a que, en ambos casos, los quejosos, mediante juicio de amparo indirecto, demandaron la inconstitucionalidad de preceptos legales que contienen disposiciones sobre pensiones de los trabajadores y a los fondos acumulados en las cuentas de retiro que regula la Ley del Seguro Social.

Sobre tales antecedentes, aparece de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que en los casos sometidos a su consideración, el Décimo Primero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, esencialmente, sostiene que es competente el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo; mientras el diverso Décimo Cuarto en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó que es competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa.

En consecuencia, deberán analizarse las normas jurídicas que se impugnaron en cada una de las demandas de amparo a fin de establecer si su contenido normativo es el mismo, pues de no ser así, la contradicción de tesis será inexistente, conforme al criterio que se menciona a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA SE FUNDAN, UNO EN UNA NORMA VIGENTE Y EL OTRO EN UNA DEROGADA, CUYO CONTENIDO NO COINCIDE. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los criterios que constituyan su materia se apoyan, uno en una disposición vigente y el otro en una derogada, cuyo contenido no coincide, ya que su resolución no tendría fin jurídico o práctico alguno." (Tesis 1a. V/2004, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, página 85).

Así, aparece que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, establece textualmente lo siguiente:

"Artículo octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."

A su vez, el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, establece:

"Décimo tercero. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro se estará a lo siguiente:

"a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición.

"b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por lo (sic) beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta de seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las Administradoras de Fondos para el Retiro al Gobierno Federal."

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a través del artículo noveno transitorio, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, dispone:

"Artículo noveno. Los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tendrán el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vigente a partir del 1o. de julio de 1997, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos.

"Igual derecho tendrán los beneficiarios que elijan acogerse a los beneficios de pensiones establecidos en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.

"Los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, deberán ser entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal."

De tales transcripciones se advierte que los preceptos apuntados contienen disposiciones legales tendientes a regular el derecho de los trabajadores a recibir o retirar sus fondos acumulados en las subcuentas del seguro de retiro y de vivienda y guardan relación estrecha con el esquema de pensiones establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

Por tanto, si bien es cierto que los preceptos legales materia de los juicios de amparo indirecto cuya inconstitucionalidad se demandó no son los mismos, lo cierto es que no por ello no se configura la contradicción de tesis denunciada, pues la materia jurídica de cada uno de ellos, para efectos de determinar la competencia por materia, es esencialmente la misma y da lugar a fijar el criterio que ha de prevalecer, en aras de procurar la seguridad jurídica de las partes en el juicio de garantías.

En consecuencia, el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si corresponde a los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo o a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocer sobre la inconstitucionalidad de preceptos legales tendientes a regular el derecho de los trabajadores a recibir o retirar sus fondos acumulados en las subcuentas del seguro de retiro y de vivienda, que guardan relación con el esquema de pensiones establecido en la Ley del Seguro Social.

SÉPTIMO. El criterio que debe prevalecer es el que a continuación se expone y que coincide, medularmente, con el sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Partiendo de que en el considerando inmediato anterior se hizo la transcripción de los preceptos legales tachados de inconstitucionales, se considera innecesaria una nueva reproducción de los mismos.

Así, para determinar la materia que corresponde a los juicios de amparo promovidos ante Jueces de Distrito, deberá atenderse a las disposiciones siguientes:

El artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece:

"Artículo 55. Los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán:

"I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y

"IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio."

Por su parte, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:

"Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán:

"I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo;

"IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y

"V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio."

Lo expuesto lleva a concluir que únicamente puede ser competente para conocer del juicio de amparo indirecto un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, a quien corresponde la jurisdicción laboral, atento a la expresión especializada de la administración de justicia, que tiene como ámbito objetivo de conocimiento las instancias mediante las cuales se pretende el reconocimiento de un derecho que se incorporó a la esfera jurídica del quejoso como consecuencia directa o indirecta de la existencia de una relación de trabajo.

Lo anterior es así, ya que las cuotas aportadas con motivo del Sistema de Ahorro para el Retiro se traducen en prerrogativas que se incorporaron a la esfera jurídica de los trabajadores, como consecuencia del trabajo personal subordinado que prestó al patrón.

Para tal efecto, debe atenderse, principalmente, a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del siguiente tenor:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19295-b09d724a/sistema-de-ahorro-para-el-retiro-es-competente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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