INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA PRESTACIÓN ES PRINCIPAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia laboral, en cuyo conocimiento está especializada la Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCT 161/2005, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado considera que la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es el órgano competente para conocer del juicio laboral promovido por Rubén Rodríguez Camacho, en atención a las siguientes consideraciones.
"En efecto, se aprecia del expediente relativo a este conflicto competencial, que el actor demandó entre otras prestaciones de Afore Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo siguiente:
"‘b) El pago a nuestro poderdante de la cantidad que resulte a su favor, más los intereses y/o rendimientos que se hayan generado y se generen, correspondientes al periodo del 1o. de marzo de 1992 y hasta aquella otra fecha en que se dé cumplimiento al laudo que emita esa H. Junta por concepto de las aportaciones realizadas a la cuenta individual del finado trabajador Carlos Rodríguez Camacho en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con RFC ROCC370708, y número de seguridad social 06573802904 en la Afore Bancomer, S.A. de C.V., de conformidad con lo estipulado por los artículos 159, fracción I, 169, 174, 175 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social vigente, en relación con el 40 de la Ley del Infonavit.’
"De la anterior transcripción, se advierte que se reclama el pago y devolución del saldo correspondiente a las aportaciones de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, por tanto, se surten los presupuestos de competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues ello implica el conocimiento y resolución de un conflicto derivado de la relación de trabajo y de hechos íntimamente relacionados con ella, de conformidad con el artículo 604 de la Ley Federal de Trabajo.
"Apoya lo anterior, la tesis 2a. XXVIII/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 623, del tenor literal siguiente: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.’ (se transcribe).
"Asimismo, se desprende que el actor también demandó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras prestaciones, lo siguiente:
"‘e) La autorización que haga de la transferencia a la Afore demandada de los recursos de la subcuenta de vivienda del finado trabajador Carlos Rodríguez Camacho, correspondientes al periodo del 1o. de marzo de 1992 y hasta aquella otra fecha en que se dé cumplimiento al laudo que dicte esta H. Junta, para que dicha Afore pueda en su oportunidad efectuar el pago de esas aportaciones a la parte actora con base en lo establecido por el artículo 40 de la Ley del Infonavit.’
"En esas condiciones, si dicho instituto es un organismo público descentralizado de carácter federal del que se demandan prestaciones de carácter principal como lo son el pago y devolución de las aportaciones hechas por el finado, es obvio que podría afectarse su patrimonio; por ello la competencia para conocer de dicho reclamo, es del orden federal, atento a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General de la República, que establece el principio consistente en que todo conflicto relacionado con las prestaciones que emanan de ese precepto constitucional que pueda afectar el patrimonio federal, debe ser del conocimiento de un órgano jurisdiccional que pertenezca a ese fuero.
"Apoya lo anterior, la tesis 2a. LVIII/99, aplicada por analogía, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 502, del tenor literal siguiente: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE CONOCER A LA JUNTA LOCAL CUANDO SE DEMANDAN DEL SEGURO SOCIAL O DEL INFONAVIT LAS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES Y OTRAS PRESTACIONES SECUNDARIAS, AUNQUE LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO POR SEPARADO, DE OTRA, EN QUE SE RECLAMARON PRESTACIONES PRINCIPALES DE UN PATRÓN SUJETO AL RÉGIMEN LOCAL.’ (se transcribe).
"No es obstáculo a lo anterior, que en el mismo libelo se demande al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que respecto a este organismo no se reclamen prestaciones principales que pudieran afectar su patrimonio, sino el reconocimiento de que el actor es beneficiario de los derechos derivados de la relación laboral de su hermano y un informe indicando si tenía otorgada alguna pensión o su negativa, ya que cuando existe pluralidad de demandados, si por alguno de ellos se actualiza cualquiera de las hipótesis de la fracción XXXI del artículo 123 constitucional, es competente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer del juicio en su totalidad, aun cuando los demás demandados no se encuentren en los presupuestos de la fracción mencionada, ya que habiéndose ejercitado todas las acciones en un solo libelo laboral, no debe dividirse la continencia de la causa.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 134, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Apéndice 2000, Tomo VII, Conflictos Competenciales, página 219, del tenor literal siguiente: ‘DEMANDADOS, PLURALIDAD DE. COMPETENCIA DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (se transcribe).
"En consecuencia y atendiendo a los criterios antes citados, así como a las constancias de autos, se concluye que la competencia para conocer de la demanda promovida por Rubén Rodríguez Camacho, recae en la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje."
CUARTO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCT 135/2005, se basó en las siguientes consideraciones:
"SEGUNDO. Debe declararse competente para conocer del juicio laboral de que se trata, a la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en atención a las consideraciones siguientes:
"Del expediente laboral se advierte que mediante escrito presentado ante la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, María Silvia Preciado Ruiz, demandó de Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cumplimiento de diversas prestaciones, a saber:
"De Afore XXI: ‘el pago de la cantidad que resulte a su favor, más los intereses o rendimientos generados que se generen hasta la fecha en que se dé cumplimiento al laudo que resulte en el presente juicio, correspondientes al periodo del 1o. de julio de 1997 al 15 de abril de 2003, lo anterior por concepto de las aportaciones realizadas en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro SAR, en particular la subcuenta de retiro, de la cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del régimen actual, así como la cuenta de vivienda 1997, régimen actual bajo el RFC. Pers. 510325 420 y número de seguridad social 01 67 50 0132-3 que a la fecha administra Afore XXI, realizadas por la empresa denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo, 183-0 de la ley derogada del Seguro Social, 159, fracción I, 169, 174, 175, 190 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social vigente en relación al artículo 40 de la Ley del Infonavit.’ (fojas cuatro y cinco del expediente laboral).
"Del Instituto del Fondo Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): ‘la autorización de la transferencia vía electrónica de los recursos de la subcuenta de vivienda más los intereses que se hayan generado por las aportaciones hechas a favor en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que abarcan del 1o. de julio de 1997 hasta el 15 de abril de 2003, lo anterior por concepto de las aportaciones realizadas en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro SAR, bajo el RFC Pers. 510325 420 y número de seguridad social 01 67 50 0132-3, que a la fecha administra Afore XXI, realizadas por la empresa (sic) denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo, 40 y 43 bis de la Ley del Infonavit. b) Asimismo, se reclama el informe que rinda el instituto demandado señalando si en sus registros aparece si fue otorgado o no crédito para vivienda a favor de la trabajadora bajo el RFC Pers. 510325-420, así como el número de seguridad social 01-67 50 0132.’ (fojas cuatro y cinco del expediente laboral).
"Del Instituto Mexicano del Seguro Social: ‘El informe que rinda el instituto demandado sobre si a la fecha en que se actúa ha otorgado pensión alguna a la C. María Silvia Preciado Ruiz, así como el tipo de pensión y bajo qué régimen de su ley fue otorgada (bajo la ley de 1973 ya derogada o la vigente de 1997). b) El informe que rinda el instituto demandado, sobre si su contrato colectivo de trabajo vigente, se encuentra adecuado a la Ley del Seguro Social vigente o a la ley derogada de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.’ (fojas cuatro y cinco del expediente laboral).
"La Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en audiencia de (7) siete de enero de (2005) dos mil cinco, declaró carecer de competencia para conocer del conflicto laboral, sustancialmente al considerar que la acción principal fue contra la empresa Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, y que ésta sólo requiere autorización de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no de una concesión federal, no encuadrando en los casos de excepción establecidos en la fracción XXXI del artículo 123 constitucional, y citó como apoyo los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero relativo a la jurisprudencia 29/94, de rubro siguiente: ‘COMPETENCIA LOCAL. EMPRESAS QUE ACTÚAN POR AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y NO POR CONCESIÓN FEDERAL. SE DEBE ATENDER AL CRITERIO MATERIAL.’; el segundo que corresponde a la tesis aislada CXXXI/99, de la voz: ‘COMPETENCIA LABORAL. RESIDE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES) POR SUS TRABAJADORES.’; el tercero relativo a la jurisprudencia 46/95, intitulada: ‘COMPETENCIA LABORAL CUANDO EL DEMANDADO ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES DE ORDEN FEDERAL SI SE LE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL, PERO ES LOCAL SI SÓLO SE LE DEMANDA LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR.’, y, por último, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la voz: ‘INFONAVIT, LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS APORTACIONES SON COMPETENCIAS DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (fojas ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y siete del expediente laboral).
"Mediante proveído de tres de febrero de dos mil cinco, la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, tuvo por recibida y radicada la demanda, por lo que ordenó emplazar a los demandados (foja ciento cuarenta y ocho del expediente laboral).
"Los apoderados de la demandada Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, comparecieron y para acreditar su personalidad, exhibieron el testimonio de la escritura 16.017, donde consta el otorgamiento del poder notarial (fojas dieciocho a treinta del expediente laboral).
"Por resolución de (8) ocho de abril de (2005) dos mil cinco, la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, rechazó la competencia declinada, bajo el argumento que la actora no ejercitó alguna acción derivada de una relación patronal contra Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, sino que la demandó en su carácter de administradora, por el pago de los fondos de retiro aportados, que es inaplicable la tesis invocada de rubro: ‘COMPETENCIA LABORAL. RESIDE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES) POR SUS TRABAJADORES.’, por referirse a demandas promovidas por los trabajadores de las Afores. Invocó como sustento, la tesis aislada XXVIII/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.’ (fojas doscientos cinco y doscientos seis del expediente laboral).
"Según aparece de los antecedentes señalados, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje interveniente rechazó la competencia declinada bajo el argumento sustancial que la actora no ejercitó alguna acción derivada de una relación patronal contra Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, sino el pago de los fondos de retiro aportados que administra la empresa, apoyándose en que era inaplicable la tesis invocada por la Junta Federal, de rubro: ‘COMPETENCIA LABORAL. RESIDE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES) POR SUS TRABAJADORES.’, por referirse a demandas presentadas por los trabajadores de las Afores, e invocó como fundamento la tesis aislada XXVIII/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.’
"La incompetencia declarada por la Junta Local mencionada, es errónea por las siguientes consideraciones.
"El criterio que invocó la Junta Local fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no constituye jurisprudencia, y aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, tesis 2a. XXVIII/2004, Novena Época, página 623, y dice: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.’ (se transcribe).
"Sin embargo, el criterio de mérito es inaplicable en la especie, porque: 1) Se trata de una tesis aislada que no constituye jurisprudencia por no contener el tema de fondo que se resolvió; 2) La tesis derivó de la contradicción 120/2003-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Cuarto Circuito, en la cual, el punto medular que dilucidó la Segunda Sala, fue si existía o no conflicto competencial entre la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), concluyéndose que no existía conflicto competencial porque la Junta es un órgano jurisdiccional mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es un organismo de mera conciliación en el ámbito administrativo que se limita a una decisión arbitral que carece de la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial. Sin que el tema de fondo haya consistido en determinar sobre la competencia entre una Junta Local y una Federal; 3) El aspecto fundamental para determinar la competencia entre las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje, es atender a si la empresa demandada desarrolla su actividad mediante un permiso o autorización, o bien, mediante una concesión, que fue el argumento toral esgrimido por la Junta Federal para declararse incompetente para conocer del asunto.
"En torno a los dos primeros puntos que anteceden, conviene reproducir las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 120/2003-SS, con motivo de lo cual emitió la tesis aislada XXVIII/2004, que invocó la Junta Local: (se transcribe).
"De la ejecutoria relativa también derivó la tesis aislada XXVIII/2004, que invocó la Junta Local, de rubro: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL.’, apreciándose que en la contradicción de tesis el tema que analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación giró en torno a determinar si existía o no conflicto competencial entre una Junta de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y concluyó que no podía producirse dicho conflicto competencial. Sin embargo, ese estudio no contempló ni dilucidó la competencia entre una Junta Local y una Federal de Conciliación y Arbitraje; tan es así que sólo constituyó tesis aislada y no jurisprudencia por no contener el tema de fondo.
"A fin de corroborar el tercer aspecto que se precisó bajo el inciso 3) que antecede y que fue en el cual se apoyó la Junta Federal para declarar su incompetencia legal y que consiste en que la competencia entre las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje se determina atendiendo a si la empresa demandada desarrolla su actividad mediante un permiso o autorización, o bien, mediante una concesión, cabe precisar que tal tema fue dilucidado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/1999, suscitado entre una Junta Federal y una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de cuyas consideraciones destacan las siguientes: ‘TERCERO. Ahora bien, a juicio de esta Segunda Sala debe declararse competente a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Monterrey, Nuevo León, atendiendo a las siguientes consideraciones: Según aparece de los antecedentes señalados, la Junta Local que primeramente conoció del juicio laboral, se declaró incompetente y remitió los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de que se trata, argumentando sustancialmente que la empresa demandada, Garante, S.A. de C.V., Afore, actuaba a través de una concesión federal, razón por la que la competencia quedaba comprendida en el supuesto del artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 2, de la Constitución, por lo que en términos de lo previsto en los artículos 702 y 703 de la Ley Federal del Trabajo se declaraba incompetente para conocer del conflicto laboral y ordenó la remisión de los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. La incompetencia declarada por la Junta Local mencionada es errónea, pues contrariamente a sus aseveraciones, del análisis integral de la demanda laboral se advierte que aunque la empresa demandada es una entidad financiera que se dedica a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, así como a administrar sociedades de inversión, en modo alguno queda acreditado plenamente que la actividad de la mencionada demandada encuadra dentro de los casos de excepción a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b) y subinciso 2 de la Constitución General de la República. Es conveniente mencionar que la competencia federal para conocer de un juicio laboral se surte por excepción, esto es, cuando en el caso correspondiente se actualicen algunos de los supuestos contemplados en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional y 527 de la Ley Federal del Trabajo, fuera de estos supuestos, por regla general, la competencia para conocer de un juicio recae en las autoridades del trabajo locales ... De los preceptos transcritos se infiere que la actividad que desarrollan las Administradoras de Fondos para el Retiro únicamente puede ser realizada mediante la obtención de una autorización y no de una concesión como incorrectamente lo sostiene la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; lo que significa que por tal razón, la aplicación de las leyes laborales para quienes se dedican a dicha actividad corresponde a las autoridades locales y no a las federales.
"‘Para llegar a esta conclusión, también debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 527, fracción II, inciso 2, de la Ley Federal del Trabajo «la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal». En tal virtud, si como antes se expresó la actividad de la empresa demandada en el conflicto laboral es administrar las cuentas individuales de los trabajadores y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, así como administrar sociedades de inversión y de conformidad con la multicitada ley que regula dichas actividades, sólo puede ser realizada mediante la obtención de una autorización administrativa, es evidente que en tal caso no se surte la competencia federal a que alude el numeral invocado, debido a que no se está en presencia de un contrato o concesión otorgados por el Estado. De acuerdo con lo expuesto, si la empresa demandada se dedica a administrar las cuentas individuales de los trabajadores y a canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la ley de seguridad social, así como administrar sociedades de inversión, actividad que realiza al amparo de una autorización administrativa conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la competencia debe fijarse en la autoridad del fuero común, pues en el caso no existe el riesgo de que pudieran afectarse actividades propias del Estado, en la medida de que ésta recae sobre actividades que en estricto sentido corresponde al ámbito de los particulares, sin que se afecten o menoscaben atribuciones propias del Estado.’
"Con motivo de ese pronunciamiento, se emitió la jurisprudencia 105/99, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 106, que dice: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SURGIDOS ENTRE UNA EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SUS TRABAJADORES.’ (se transcribe).
"Cabe aclarar que aun cuando en el rubro de la jurisprudencia se hace alusión a los conflictos laborales surgidos entre una empresa Administradora de Fondos para el Retiro y ‘sus trabajadores’, sin embargo, dentro de las consideraciones de la ejecutoria, no se aprecia que el tema examinado se haya hecho desde la perspectiva de los trabajadores de dichas empresas, sino atendiendo a si la actividad que desarrolla la empresa opera bajo autorización o concesión federal.
"Las empresas Administradoras de Fondos para el Retiro, se establecieron como uno de los aspectos medulares de la seguridad social a efecto de proporcionar a la ciudadanía un sistema de pensiones, eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro, en los casos de incapacidad o en caso de muerte. Ese nuevo esquema de pensiones se fundamentó sobre un sistema de capitalización individual, es decir, que las contribuciones que realicen los trabajadores, los patrones y el propio gobierno, serán canalizadas a cuentas individuales pertenecientes a cada trabajador. Los recursos de las cuentas individuales son administrados por entidades financieras especializadas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), que el trabajador puede elegir libremente. Dichas Afores tienen como función, invertir los fondos en instrumentos financieros bajo una estricta regulación y supervisión del Gobierno Federal por medio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
"En el caso en concreto, del instrumento notarial 16017, que contiene el otorgamiento de poderes de Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, que obra de las fojas 19 a 30 del expediente laboral, se aprecia que mediante escritura 39155, de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del notario público Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, se hizo constar la formalización de la constitución de Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, asentándose que tiene por objeto: ‘a) Abrir, administrar y operar cuentas individuales de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de conformidad con las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuotas de aportaciones correspondientes a las cuentas individuales de conformidad con las leyes aplicables, así como recibir de los trabajadores o patrones las aportaciones voluntarias. c) Individualizar las cuotas y aportaciones de seguridad social, así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas. d) Enviar al domicilio que indiquen los trabajadores, los estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, por lo menos una vez al año, así como establecer servicios de información y atención al público. e) Prestar servicios de administración a las sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro. f) Abrir cuentas en una institución para el depósito de valores, en las que se depositarán los títulos de las acciones que adquiera de las sociedades de inversión especializada. ... h) Prestar servicios de distribución y recompra de acciones representativas del capital de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que administre. i) Operar y pagar, bajo las modalidades que la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro autorice, retiros programados. j) Pagar los retiros con cargo a las cuentas individuales de los trabajadores en los términos de las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.’
"Aun cuando la empresa demandada es una entidad financiera que se dedica a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, así como a administrar sociedades de inversión, en modo alguno queda acreditado plenamente, que la actividad de la mencionada demandada encuadra dentro de los casos de excepción a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b) y subinciso 2, de la Constitución General de la República.
"Es conveniente mencionar que la competencia federal para conocer de un juicio laboral se surte por excepción, esto es, cuando en el caso correspondiente se actualicen algunos de los supuestos contemplados en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional y 527 de la Ley Federal del Trabajo; fuera de estos supuestos, por regla general, la competencia para conocer de un juicio recae en las autoridades del trabajo locales.
"Lo anterior conforme a las jurisprudencias 64 y 65, visibles en las páginas 44 y 45 del Tomo V del Apéndice de compilación de 1917-1995, qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19220-8c80e27f/infonavit-cuando-a-este-organo-federal-se-le · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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