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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES QUE PREVEAN EL TRATAMIENTO O RESGUARDO DE DATOS PERSONALES. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO NO ESPECIALIZADOS, CUANDO NO SE RECLAMEN DIRECTAMENTE LAS LEYES QUE REGULEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL ACTO RECLAMADO NO SE ATRIBUYA A AUTORIDADES GARANTES EN LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 19/2025. · Registro digital (IUS): 33914
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2026-03-27
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

CONFLICTO COMPETENCIAL 19/2025. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 18 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS RODOLFO MUNGUÍA ROJAS, RUBÉN CARDONA RIVERA Y LISBET CATALINA SOTO MARTÍNEZ. PONENTE: LISBET CATALINA SOTO MARTÍNEZ. SECRETARIO: JORGE HUMBERTO SALDÍVAR PÉREZ.

Aguascalientes, Aguascalientes. Sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, emitida en la sesión ordinaria virtual de dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO, para resolver, el conflicto de competencia administrativo 19/2025; y,

RESULTANDOS:

I. INTRODUCCIÓN A LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. **********, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en León, Guanajuato,(1) solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

Autoridades Ordenadoras (Legislativas)

• H. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores)...

Autoridades Promulgadoras y Publicadoras (Ejecutivas):

• C. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos...

• C. Secretaria de Gobernación...

• C. Director del Diario Oficial de la Federación...

IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.

La inconstitucionalidad de los artículos 4, I Ter, 12 Bis, 12 Ter, 12 Quater y 43 Bis de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; artículos 91 Bis, 91 Sexies y 114 Bis, de la Ley General de Población; artículos 12 Quinquies, 12 Sexies, 12 Septies, 12 Octies, 12 Nonies, 12 Decies y 12 Undecies de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada”.

2. El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, a quien correspondió el conocimiento del asunto, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco,(2) entre otras cuestiones, ordenó la formación del expediente relativo y su registro como juicio de amparo **********; pero declinó la competencia para conocer del asunto con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a partir del uno de julio de dos mil veinticinco, así como en la circular SECNO/9/2025 suscrita por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo del Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración Judicial), al considerar que los actos reclamados versan sobre normas en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; en razón de lo anterior, ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a fin de que fuera turnado al juzgado de distrito que corresponda.

3. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco,(3) el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a quien correspondió conocer del amparo indirecto, ordenó la formación del expediente relativo, su registro con el número ********** y no aceptó la competencia declinada, al estimar que los actos reclamados no versan sobre transgresiones relacionadas con el derecho de protección de datos personales por parte de un sujeto obligado, sino respecto de la inconstitucionalidad de leyes generales y autoridades federales que participan en su proceso de creación; por lo que ordenó devolver el juicio ********** al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, para los efectos legales a que hubiera lugar.

4. El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante auto de treinta de septiembre siguiente,(4) insistió en que la competencia para conocer del asunto corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes; por lo que remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, a efecto de que conociera del conflicto competencial suscitado entre ambos juzgados de distrito.

II. TRÁMITE DEL CONFLICTO COMPETENCIAL.

5. La Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por auto de nueve de octubre de dos mil veinticinco,(5) tuvo por recibido el conflicto de competencia planteado, lo registró con el número ********** de su índice y lo admitió a trámite; empero, mediante resolución pronunciada en sesión celebrada el catorce de noviembre siguiente,(6) en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2025 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Pleno de dicho tribunal colegiado se declaró imposibilitado para resolver el asunto y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito en el Estado de Aguascalientes, para que fuera turnado al órgano colegiado al que por razón de turno correspondiera conocer del expediente.

6. El ocho de diciembre de dos mil veinticinco, se recibió en este órgano colegiado el oficio 1772 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, así como el juicio de amparo indirecto ********** del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato; por lo que el magistrado presidente de este Tercer Tribunal Colegiado, en auto de nueve de diciembre siguiente, ordenó la formación del expediente relativo, el cual se registró como conflicto de competencia administrativo 19/2025; asimismo, lo admitió a trámite, ordenó se diera aviso al órgano jurisdiccional requerido para que expusiera lo que estimara pertinente y turnó el asunto a la ponencia de la magistrada Lisbet Catalina Soto Martínez para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDOS:

III. ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS PROCESALES.

7. Competencia. Este Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito es legalmente competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley de Amparo y 35, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los artículos primero, fracción XXX, segundo, fracción XXX, punto 1), y tercero, fracción XXX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito.

8. Lo anterior, en razón de que se trata de un conflicto competencial suscitado entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que no pertenecen a la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, y si bien fue el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato quien determinó inicialmente declinar el conocimiento (órgano requirente) del asunto, lo que a priori conllevaría la incompetencia legal de este órgano colegiado; lo cierto es que de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; los tribunales colegiados de circuito en el Estado de Aguascalientes, deben conocer de “los recursos que se interpongan contra las determinaciones dictadas en los juicios de amparo y sus respectivos incidentes de suspensión, así como de los impedimentos o procedimientos relacionados que pudieran tramitarse en relación con la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales”,(7) siendo que el supuesto en el cual se ubica el asunto es el de procedimientos relacionados, al tratarse de un conflicto de competencia en el que se debe definir si la materia del juicio de amparo indirecto de origen, tiene que ver con el acceso a la información pública y protección de datos personales, y en su caso, el órgano jurisdiccional competente para conocer de ello.

9. Por tanto, con fundamento en el numeral 2 del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a fin de garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, se concluye que este Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto.

IV. EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL.

10. Por razón de método y al ser una cuestión de estudio previo, es necesario determinar primeramente si en el caso se actualiza la hipótesis de conflicto competencial, para estar en condiciones de establecer en cuál de los órganos jurisdiccionales contendientes radica la competencia para conocer del asunto materia de la controversia.

11. El artículo 48 de la Ley de Amparo,(8) en lo que interesa, establece que para que se configure un conflicto competencial entre jueces de distrito como órganos de control constitucional, deben darse los supuestos siguientes:

i) El juez de distrito ante quien se presentó la demanda de amparo, debe declararse incompetente para conocer del asunto y remitirla de plano, con sus anexos, al juez que estime es el competente;

ii) el juez de distrito requerido, cuando recibe la demanda de amparo, determinó que no acepta la competencia declinada y la devuelve al requirente; y,

iii) el juzgador requirente insiste en declinar su competencia.

12. Tales requisitos se satisfacen en el caso concreto, pues así se desprende de los resultandos de esta ejecutoria:

i] El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco,(9) entre otras determinaciones, declinó la competencia con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al considerar que los actos reclamados versan sobre normas en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; por lo que ordenó remitir el juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a fin que fuera turnado al juzgado de distrito que corresponda;

ii] el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco,(10) no aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por **********, al estimar que los actos reclamados no versan sobre los supuestos específicos para los que ese juzgador fue habilitado y especializado, de conformidad con el Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en correlación con la circular SECNO/9/2025 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo y el artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo que los actos reclamados no se refieren a la transgresión al derecho de protección de datos personales; y,

iii] el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso,(11) insistió en declinar competencia y ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, a efecto de que conociera del conflicto competencial suscitado entre ambos juzgados de distrito.

13. De acuerdo con lo anterior, en el caso se configura un conflicto competencial porque tanto el juez requirente como el requerido, han negado tener competencia legal para conocer de la demanda de amparo indirecto; asimismo, el juzgador requirente insistió en declinar la competencia legal.

14. Es de invocarse la jurisprudencia 1a./J. 30/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

“CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.”(12)

15. No se desatiende la circunstancia de que los juzgadores de amparo expresaron razones que involucran la aplicación del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual conllevaría a declarar la inexistencia del conflicto competencial, pues eso le corresponde resolverlo a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Órgano de Administración Judicial, a través de la consulta contemplada en el artículo 6 de dicho acuerdo.

16. Sin embargo, en el caso se actualiza un supuesto de excepción que hace al conflicto existente, toda vez que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes introdujo una cuestión competencial (materia) con el fin de no aceptar el conocimiento del juicio de amparo indirecto, lo que, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 64/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) vuelve procedente su análisis por parte de este tribunal colegiado.

V. ESTUDIO DEL CONFLICTO COMPETENCIAL.

17. Este tribunal colegiado determina que la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por ********** corresponde al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, por las razones que se expondrán a continuación.

18. Como aspecto previo, es necesario reseñar los razonamientos que los jueces de distrito expresaron para declarar su incompetencia legal, las cuales —en síntesis— son las siguientes:

— El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato declinó competencia para conocer del asunto, por virtud de que:

• Del contenido de la circular SECNO/9/2025, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Pleno del propio Consejo aprobó la propuesta de habilitación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como de los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales;

• en la referida circular se ordenó que, en términos del artículo 1 del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de julio de dos mil veinticinco, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán remitir los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, por conducto de sus respectivas Oficinas de Correspondencia Común;

• el decreto que se reclama implica el manejo de información personal de los ciudadanos, consistente en huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía, firma digital, así como otros datos, a los cuales les recae carácter de datos personales sensibles, en términos de las fracciones IV y X del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y,

• en esa virtud, con fundamento en la circular mencionada, la competencia para conocer del asunto se actualiza a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en esa ciudad, al estar relacionado con la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

— Por su parte, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes no aceptó la competencia declinada, al considerar lo siguiente:

• De conformidad con el Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular SECNO/14/2025, el juzgado de distrito fue habilitado material y territorialmente para conocer de los juicios de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales que se encuentren en trámite o en ejecución ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación;

• en el caso, se advierte que la persona quejosa reclama esencialmente el decreto referente a la Ley General de Población por el que se aprobó el uso del “CURP biométrico” como documento nacional de identificación para toda la población con su interconexión en cualquier base de datos;

• los presupuestos normativos para estar en aptitud de conocer de un juicio de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, son: a) que los actos que se reclamen se relacionen con dicha materia; y, b) que el juicio se encuentre en trámite o en ejecución ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación; de igual manera, que serán remitidos únicamente los juicios de amparo que se encuentran en trámite para su resolución; es decir, en aquellos que hayan sido admitidos por el órgano jurisdiccional y no se haya dictado sentencia;

• en la circular SECNO/14/2025 de quince de julio del año en curso, se dio a conocer que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolvió que los juzgados de distrito remitirán los juicios de amparo: i) en trámite y en ejecución, con excepción de los asuntos con audiencia celebrada y archivo definitivo; y, ii) los asuntos donde se reclamen leyes o actos de autoridades estatales o locales que versen sobre la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales;

• el artículo 99 de la Ley General de Transparencia —en lo que interesa— establece que los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados; de lo que se obtiene una clara delimitación de la competencia por grado en el juicio de amparo, determinada por el ámbito de actuación de cada uno de dichos órganos jurisdiccionales, que incide en la determinación del trámite de esa clase de juicios y sus recursos;

• además, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción respecto del proyecto de Decreto por el que se expide, entre otras disposiciones, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la finalidad de contar con jueces y tribunales especializados en la materia es que éstos sustancien el juicio de amparo en los casos de procedencia respectivos para que resuelvan el procedimiento correspondiente;

• se obtiene una clara delimitación de la competencia por materia en el juicio de amparo determinada por el ámbito de actuación de cada uno de dichos órganos jurisdiccionales, que incide en la determinación del trámite de esa clase de juicios y sus recursos;

• la parte quejosa impugna el proceso de creación de varias normas por vicios propios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, y atribuye el acto que reclama a las autoridades que participaron en el proceso de creación de las mismas; lo cual deja en evidencia que no está en el supuesto de la circular SECNO/14/2025 referida, específicamente en el punto 2, esto es, los asuntos donde se reclamen leyes o actos de autoridades estatales o locales que versen sobre la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales;

• ello, relacionado a lo que prevé el artículo 99 de la Ley General de Transparencia, esto es, que la especialización de este juzgado federal se circunscribe a los actos reclamados derivados de las resoluciones que emitan las autoridades garantes que son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, que se señalan en los respectivos procedimientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

• la subespecialidad de este órgano jurisdiccional es únicamente para conocer de asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, en principio, de que se reclamen normas, actos u omisiones de las autoridades en la materia;

• no basta que el órgano jurisdiccional remitente argumente que el acto reclamado implica el tratamiento consistente en huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía, firma digital, así como otros datos, a los cuales les recae el carácter de datos personales sensibles en términos de las fracciones IV y X del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados, lo cual es discrepante, pues en ningún momento se señaló como acto reclamado la ley de que se trata;

• para estar en posibilidad de que este órgano con subespecialidad se encuentre en el supuesto de conocer la demanda de amparo, se requiere i) que el acto reclamado se atribuya a alguna de las autoridades en la materia establecida constitucionalmente; y, ii) en caso de atribuirse a una autoridad distinta, debe analizarse objetivamente el acto reclamado para determinar si es de contenido inherente a la rama del derecho de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como aquellos que guarden relación directa con los temas propios de esa subespecialización;

• es válido sostener que los actos reclamados no se atribuyen a las autoridades constitucionales en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no se encuentra directamente vinculado con normas, procedimientos o actos encaminados a vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tengan como finalidad regular el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios;

• a efecto de determinar la competencia, siempre debe provenir de una objetiva constatación de la naturaleza del acto, por lo cual el argumento del juzgado declinante sobre que del escrito de demanda obtuvo que el acto reclamado implica el tratamiento de datos personales sensibles, no puede considerarse suficiente para estimar que la demanda guarde relación con los temas propios de esa subespecialización, pues, como ya se dijo, se desnaturalizaría el objetivo del conocimiento de los asuntos en esas materias. El juez de distrito citó las jurisprudencias 2a./J. 24/2009 y PC.XXXIIL J/4 A (10a.), cuyos rubros, respectivamente, son: “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.” y “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA. RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.”;

• el juicio de amparo no cumple con uno de los supuestos previstos en el artículo vigésimo transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como las circulares SECNO/8/2025 y SECNO/14/2025;

• en tales circunstancias, no se cumplen las normativas descritas a efecto de que el juzgador conozca del juicio de amparo de que se trata, de modo que no es jurídicamente factible que el órgano jurisdiccional se avoque al conocimiento del asunto y acepte la competencia declinada; y,

• considerar lo contrario implicaría que cualquier taxativa que dispusiera la protección de datos personales y sensibles como cuestión accesoria de la materia regulada, derivara en otorgar competencia material a los juzgados de distrito en el Estado de Aguascalientes, por la habilitación que dispone el numeral vigésimo transitorio del referido decreto, lo cual desnaturalizaría la competencia de que se trata.

— Por último, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato externó que difiere del criterio de su homólogo, e insistió en declinar la competencia a favor del juez de distrito en el Estado de Aguascalientes.

19. Sentado lo anterior, se estima necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2006-PS,(14) estableció que la jurisdicción es la potestad del Estado para resolver, con fuerza vinculativa para las partes, una situación jurídica controvertida, por medio de la cual se trata de realizar la vigencia efectiva de las normas jurídicas sustantivas, satisfaciendo así la necesidad de impartir justicia.

20. También puntualizó que la competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer las atribuciones y facultades otorgadas por el Estado, pues constituye un presupuesto procesal, naturalmente, de análisis preferente y, por ende, exige ser atendido primordialmente, sea de manera expresa o tácita, por lo cual su estudio debe hacerse de oficio, toda vez que deriva de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y, por tanto, es una cuestión de orden público.

21. De lo expuesto, puede concluirse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal; por lo que es viable sostener que si bien todo juzgador tiene jurisdicción, no todos los jueces tendrán competencia para conocer de un asunto determinado.

22. En efecto, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, debe estar dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le otorga, pues sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propio de un Estado de derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

23. De ahí que existan criterios fundamentales para determinar la competencia, siendo ellos la materia, la cuantía, el grado y el territorio, con la finalidad de especializar y mejorar la impartición de justicia; por lo que es importante que los órganos jurisdiccionales atiendan estrictamente los asuntos de su competencia a fin de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución General de la República.

24. Así, para determinar la competencia deben estimarse los señalados criterios fundamentales, entre los que se encuentra el relativo a la materia, respecto del cual es necesario precisar que en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009(15) (la cual fue citada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para fijar la competencia por materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o a los agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que sólo evidencian cuestiones subjetivas; siendo que sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.

25. Atendiendo a lo expuesto,(16) lo que debe determinarse es la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial, por lo que debe analizarse la naturaleza de las normas impugnadas.

26. En principio, debe decirse que para determinar a qué juzgado de distrito le corresponde conocer, por materia, del juicio de amparo indirecto del que deriva este conflicto competencial, este tribunal colegiado estima necesario tener en cuenta los aspectos siguientes:

• Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se expidieron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

• en virtud de lo anterior, en el artículo vigésimo transitorio de dicho decreto se ordenó que: “El Poder Judicial de la Federación deberá habilitar juzgados de Distrito y tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a los cuales se remitirán los juicios de amparo en dichas materias que se encuentran en trámite para su resolución.”;

• en cumplimiento a lo ordenad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33914-0d502e74/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-contra-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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