COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS INDIRECTOS CONTRA NORMAS QUE PREVEAN EL TRATAMIENTO O RESGUARDO DE DATOS PERSONALES REGULADOS EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. SE ACTUALIZA EN FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO NO ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
CONFLICTO COMPETENCIAL 17/2025. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN LEÓN, Y EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS ADRIANA VÁZQUEZ GODÍNEZ, JENNY RUIZ ORNELAS Y BRYAN MAURICIO ALAFITA SÁENZ. PONENTE: JENNY RUIZ ORNELAS. SECRETARIO: NILTON GERMÁN MORALES MATEOS.
Aguascalientes, Aguascalientes. Resolución del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, emitida en la sesión extraordinaria virtual de once de noviembre de dos mil veinticinco.
Vistos para resolver los autos del conflicto competencial 17/2025, suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes.
RESULTANDOS:
I. Introducción a la causa y objeto de la controversia
1. Presentación. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos que atribuyó al Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores), Presidente Constitucional de los Estados unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, de quienes reclamó la expedición, promulgación, refrendo y publicación, respectivamente, de los artículos y leyes siguientes:
• Artículos 4, I Ter, 12 Bis, 12 Ter, 12 Quater, 12 Quinquies, 12 Sexies, 12 Septies, 12 Octies, 12 Nonies, 12 Decies, 12 Undecies y 43 Bis, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
• Artículos 91 Bis, 91 Sexies y 114 Bis, de la Ley General de Población.
2. Registro de demanda y declinación de competencia por materia. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se ordenó formar el expediente y registrarlo con el número ********** y, determinó carecer de competencia legal por razón de especialización.
Al respecto, destacó que el Decreto reclamado implica el manejo de información personal de los ciudadanos, consistente en huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía, firma digital, así como otros datos, a los cuales les recae el carácter de datos personales sensibles, en términos de las fracciones IV y X del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por tanto, señaló que del contenido de la circular SECNO/9/2025, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y del artículo 1o. del Acuerdo 8/2025 del Pleno del citado Consejo, relativo a la habilitación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como de los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a partir del uno de julio de dos mil veinticinco; se obtenía que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán remitir los asuntos de esa materia a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes y a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, por conducto de sus respectivas Oficinas de Correspondencia Común.
En ese sentido, ordenó remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes.
3. Radicación y no acepta competencia. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinticinco, el Secretario en Funciones de Juez, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, registró la demanda de amparo indirecto con el número **********; en el mismo auto, entre otras determinaciones, no aceptó la competencia declinada, por lo que ordenó devolver los autos del juicio de amparo el juez oficiante, al estimar que no se actualizan los supuestos de especialización establecidos en los artículos 1 y 4 del Acuerdo General 8/2025, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, dado que las normas reclamadas por la parte quejosa, no guardan relación con las leyes expedidas y reformadas en el Decreto por el que se expidieron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reformó el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco y, por ende, la competencia que, en su caso, corresponda a ese órgano jurisdiccional con base en el Acuerdo General 8/2025, debe entenderse exclusivamente en relación estricta con las disposiciones y actos vinculados con dichos ordenamientos y no así a diversas disposiciones y actos, como lo sostiene el juzgado oficiante.
4. Señaló que, de admitir el juicio de amparo contra normas contenidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, supondría exceder los límites de la competencia asignada por el transitorio y el Acuerdo General 8/2025, lo que generaría una indebida extensión de jurisdicción, vulnerándose el principio de legalidad procesal.
5. Conflicto competencial. Por auto de doce de septiembre de dos mil veinticinco, el Secretario en Funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, insistió en su declinación de competencia, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en turno, para la sustanciación del conflicto competencial.
6. Remisión de autos al Tribunal Colegiado en turno del Decimosexto Circuito. Del conflicto competencial correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, por razón de turno, el cual se le dio el trámite correspondiente en proveído de presidencia de veinticuatro de septiembre de veinticinco y lo registró con el número **********.
7. Por ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consideró que las disposiciones reclamadas en la demanda de amparo, cuyo conocimiento suscitó el conflicto competencial, actualizaban la hipótesis contenida en el artículo 2o. del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que regulan de manera directa obligaciones de acceso, conservación, tratamiento e intercambio de información sensible, tanto a cargo de entidades gubernamentales como de particulares, lo que los vincula con el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
8. Por tanto, resolvió que no correspondía a ese Tribunal Colegiado el conocimiento del conflicto competencial, sino a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, por haberlos habilitado para resolver los procedimientos relacionados con la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, en el citado artículo 2o. del Acuerdo General 8/2025.
9. En consecuencia, ordenó remitir el conflicto competencial, así como el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común.
II. Trámite del conflicto competencial
10. Radicación, admisión y turno. Del conflicto competencial correspondió conocer a este Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. En acuerdo de presidencia del tres de noviembre de dos mil veinticinco, se ordenó su registro con el número 17/2025 y se admitió a trámite, ordenó notificar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; además, entre otras cuestiones, se turnó el asunto a la ponencia a cargo de la magistrada Jenny Ruiz Ornelas, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDOS:
I. Competencia
11. Este Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; CUARTO, fracción III, del Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 35, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
12. Lo anterior, en razón de que se trata de un conflicto competencial suscitado entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, que no pertenecen a la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito y, si bien, fue el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien determinó inicialmente declinar el conocimiento –órgano requiriente–, cuestión que a priori conllevaría a determinar la incompetencia legal de este órgano colegiado; lo cierto es que, de conformidad con el artículo 2o. del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; los Tribunales Colegiados de Circuito en el Estado de Aguascalientes, deben conocer de "los recursos que se interpongan contra las determinaciones dictadas en los juicios de amparo y sus respectivos incidentes de suspensión, así como de los impedimentos o procedimientos relacionados que pudieran tramitarse en relación con la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales".(1)
13. Por lo cual, para poder definir la competencia legal respecto a la materia de este asunto (y como consecuencia de ello si a este órgano jurisdiccional corresponde la solución del mismo), se requiere un análisis del acto reclamado y sus efectos, lo que implica el estudio de fondo del mismo, por tanto, si de antemano se considera que el expediente se refiere a una materia que incluirá aspectos que no son materia de este Tribunal, se incurriría en la falacia de "petición de principio". En esos términos es que este tribunal asume la competencia para analizar esa cuestión.
14. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 36/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200109, Novena Época, materias penal y constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página 393, que dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO PUEDE DECIDIR A PRIORI SI SE TRATA DE DELITOS FEDERALES O LOCALES SIN QUE ANTES SE AVERIGUE Y DETERMINE QUE EXISTE ALGÚN ILÍCITO. Ante la denuncia de hechos que pudieren llegar a constituir delitos, conforme al imperativo del artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público Federal no puede decidir a priori si esos hechos merecen el calificativo de delictivos y, menos aún, en caso de que se reputaran criminosos, si corresponden a la órbita competencial de la Federación o de los Estados, pues para llegar a definir una u otra cosa sólo es jurídico realizarlo a través de una averiguación previa que permita precisar el tipo de la conducta desplegada por el agente activo del ilícito. De esa manera, el órgano a quien compete asumir el papel de investigador, auxiliándose de todos los medios probatorios previstos en la ley, podrá determinar a posteriori si los hechos descritos o narrados en la denuncia respectiva son o no susceptibles de encuadrárseles en la tipología penal y, en su caso, si se trata de delitos federales o del orden común. En resumen: A la Procuraduría General de la República, en este caso, sólo le es dable diferenciar si concurren delitos del fuero federal y del común, a condición de que primero determine si los hechos denunciados son constitutivos de algún ilícito penal. Por lógica, primero habría que precisar si hay delitos para después determinar a qué fuero corresponden; adoptar la proposición inversa sería antijurídico y descansaría en una petición de principio."
15. No se inadvierte lo dispuesto en el artículo 6o. del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, que dice:
"Artículo 6. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, podrá interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este Acuerdo en el ámbito de su competencia."
16. En virtud de que, conforme al citado numeral, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del extinto Consejo de la Judicatura Federal, podrá interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del propio acuerdo; sin embargo, como ha quedado evidenciado, el tema relativo a la competencia por materia es un aspecto puramente jurisdiccional que debe ser dilucidado a través del conflicto competencial.
17. Estimar lo contrario implicaría trasladar tópicos meramente jurisdiccionales al órgano que ejerce funciones de administración.
18. De igual forma, tampoco se inadvierte la tesis aislada 2a. LXXV/2018 (10a.),(2) emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL PLANTEADO CUANDO PREVIAMENTE EXISTIÓ UNA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN LA QUE DETERMINA QUÉ ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONOCER DEL ASUNTO.", de cuyo contenido se desprende que debe declararse la inexistencia del conflicto planteado cuando la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del entonces Consejo de la Judicatura Federal previamente emitió una resolución en la que definió a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del asunto.
19. Sin embargo, de la ejecutoria de la que derivó dicho criterio, es decir, del conflicto competencial 29/2018 del índice de la referida Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que hace referencia a la hipótesis en que previamente a plantear el conflicto competencial, uno de los órganos jurisdiccionales que rehusara a conocer del asunto hubiera formulado consulta a la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y ésta haya emitido la resolución correspondiente que vincula a los órganos jurisdiccionales involucrados; hipótesis que no se actualiza en el asunto que nos ocupa.
II. Existencia del conflicto competencial
20. Se estima que en el caso, sí existe conflicto competencial entre los Juzgados de Distrito contendientes.
21. El artículo 48 de la Ley de Amparo,(3) en lo que interesa, establece que para que se configure un conflicto competencial entre jueces de Distrito como órganos de control constitucional, deben darse los supuestos siguientes:
(i) El juez de Distrito ante quien se presentó la demanda de amparo, debe declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirla de plano, con sus anexos, al juez que estime es el competente.
(ii) El juez de Distrito requerido, cuando recibe la demanda de amparo determinó que no acepta la competencia declinada, y la devuelve al requirente.
(iii) El juez requirente insiste en declinar su competencia.
22. Tales requisitos se satisfacen en el caso, pues como se desprende de los resultandos de esta ejecutoria:
(i) El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, declinó la competencia legal para conocer del juicio de amparo, y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno, en virtud de que los artículos reclamados por el quejoso, se encontraban en la hipótesis contemplada en el Acuerdo General 8/2025 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, ya que éstos versaban sobre el manejo de información personal de los ciudadanos, consistente en huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía, firma digital, así como otros datos, a los que les recae el carácter de datos personales sensibles, en términos de las fracciones IV y X del artículo 3o. de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
(ii) Por otra parte, en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinticinco, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, no aceptó la legal competencia declinada, en razón de turno (por materia), en virtud de que las normas reclamadas en la demanda de amparo, no tienen como objeto regular la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, a la que fue circunscrita las leyes creadas por el legislativo en el "Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares."; y se reformó el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por tanto, ordenó devolver la demanda de amparo y sus anexos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León.
(iii) El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, insistió en declinar la competencia al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, para la sustanciación del conflicto competencial.
23. De acuerdo con lo anterior, en el caso se configura un conflicto competencial, toda vez que tanto el juez requirente como el requerido, han negado tener competencia legal para conocer de la demanda de amparo; asimismo, el juez requirente insistió en declinar la competencia legal.(4)
III. Aclaraciones preliminares
24. No se transcribirán las resoluciones que motivaron el conflicto competencial, porque el artículo 74 de la Ley de Amparo no lo prevé como requisito para el dictado de la ejecutoria; no obstante, dichas determinaciones se agregan en copia certificada digitalizada al expediente electrónico, para los efectos legales a que haya lugar, cuya reproducción de las consideraciones que las rigen, fueron entregadas por separado a los magistrados integrantes de este tribunal, para su oportuno conocimiento.
IV. Estudio del conflicto competencial
25. Este Tribunal Colegiado de Circuito, determina que la competencia para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida por **********, corresponde al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por las razones que se exponen enseguida.
26. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2006-PS,(5) estableció que la jurisdicción es la potestad del Estado para resolver, con fuerza vinculativa para las partes, una situación jurídica controvertida, por medio de la cual se trata de realizar la vigencia efectiva de las normas jurídicas sustantivas, satisfaciendo así la necesidad de impartir justicia. 27. También puntualizó, que la competencia es el límite de la jurisdicción; es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer las atribuciones y facultades otorgadas por el Estado, pues constituye un presupuesto procesal, naturalmente, de análisis preferente y, por ende, exige ser atendido primordialmente, sea de manera expresa o tácita, por lo cual su estudio debe hacerse de oficio, toda vez que deriva de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el primer párrafo, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público.
28. De lo expuesto puede concluirse, que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal, por ende, es viable sostener que, si bien todo juez tiene jurisdicción, no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado.
29. En efecto, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, debe estar dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le otorga, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propio de un Estado de derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
30. De ahí que, existan criterios fundamentales para determinar la competencia, siendo ellos la materia, la cuantía, el grado y el territorio, con la finalidad de especializar y mejorar la impartición de justicia; por lo que es importante que los órganos jurisdiccionales atiendan estrictamente los asuntos de su competencia a fin de cumplir con la debida garantía de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
31. Así, para determinar la competencia, deben estimarse los señalados criterios fundamentales, entre los que se encuentra el relativo a la materia, respecto del cual es necesario recordar que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que para fijar la competencia por materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable y no a los conceptos de violación o a los agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que sólo evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario, resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.(6)
32. Atendiendo a lo expuesto,(7) lo que debe determinarse es la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial, por lo que debe analizarse la naturaleza de las normas.
33. En principio, debe decirse que para determinar a qué Juzgado de Distrito le corresponde, por materia, conocer del juicio de amparo del que deriva este conflicto competencial, este Tribunal Colegiado estima que es menester tener en cuenta lo siguiente:
A. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se expidieron La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reformó el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
B. En la exposición de motivos de ese decreto, se estableció en lo que interesa, que: "No obstante, a fin de garantizar la más alta protección del derecho de acceso a la información y una eficiencia en la resolución del juicio de amparo, derivado de los aspectos técnicos y especializados en esta materia, se propone que este sea sustanciado por jueces y tribunales especializados en la materia, que determine el Poder Judicial de la Federación".
C. Acorde a lo anterior, en el artículo vigésimo transitorio de dicho decreto, se ordenó que: "El Poder Judicial de la Federación deberá habilitar juzgados de Distrito y tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a los cuales se remitirán los juicios de amparo en dichas materias que se encuentran en trámite para su resolución".
D. En cumplimiento a lo ordenado en esa disposición transitoria, en la Circular SECNO/8/2025, de trece de mayo de dos mil veinticinco, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó a los titulares de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del entonces Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de abril de dos mil veinticinco, aprobó el punto de acuerdo 33/2025 relativo al alcance del artículo Vigésimo transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en relación con la suspensión de los asuntos que estén en trámite y en el que determinó lo siguiente:
"IV. ACUERDOS
Primero. La suspensión de los asuntos a los que hace referencia el artículo Vigésimo transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, solo será aplicable a los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales que se encuentran en trámite.
En los juicios de amparo indirecto la suspensión del procedimiento se dará antes de la celebración de la audiencia constitucional y de los asuntos competencia de los tribunales Colegiados de Circuito antes de turnarse a ponencia para la resolución del asunto. Para tal efecto se atenderá a lo siguiente:
En cuanto a los Juzgados de Distrito, cuando haya sido solicitada por la parte quejosa.
1. Proveer respecto de la suspensión de plano y su cumplimiento.
2. Resolver la suspensión definitiva. Una vez satisfecho lo anterior (resolver sobre la suspensión) deben declarar la suspensión en el expediente principal.
3. En los casos en los que no se solicite medida cautelar, los órganos jurisdiccionales deberán de realizar el pronunciamiento respecto de la admisión (o no) de la demanda y, hecho lo anterior, reservar el señalamiento de la audiencia constitucional y requerimiento de informes justificados, después de realizar lo anterior, podrán suspender el asunto.
Respecto de los Tribunales Colegiados de Circuito, deberán de resolver lo siguiente:
1. Recurso de queja en contra de la suspensión de plano o provisional.
2. Recurso de revisión contra de la suspensión definitiva.
3. Quejas que impacten en el trámite del juicio de amparo.
En cuanto a la suspensión de los plazos y términos procesales por el plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, deberá de realizarse con independencia de que los asuntos hayan sido presentados antes o después de la entrada en vigor del decreto, pues dicha normativa se limita a señalar que la suspensión se deberá realizar respecto de los asuntos relacionados en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
La suspensión de los asuntos operará hasta en tanto se habilitan a los órganos jurisdiccionales que conocerán de los asuntos en materia de acceso a la información y protección de datos personales."
E. Derivado de lo anterior, mediante oficio SECNO/STCCNO/697/2025 de trece de junio de dos mil veinticinco, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, informó a los titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado de Aguascalientes, que en sesión celebrada el once de junio de dos mil veinticinco, se aprobó la propuesta de habilitación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre y de los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, con motivo de lo instruido en el artículo Vigésimo transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
F. Así, el treinta de junio de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo General 8/2025, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales", el cual, en lo conducente, estableció:
"Artículo 1. A partir del 1 de julio de 2025, se habilita a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes y a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33799-035a11d2/competencia-para-conocer-de-amparos-indirectos-contra-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES QUE PREVEAN EL TRATAMIENTO O RESGUARDO DE DATOS PERSONALES. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO NO ESPECIAL (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN TANTO DEL ACUERDO 8/2025, DEL EXTINTO PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS INDIRECTOS CONTRA NORMAS QUE PREVEAN EL TRATAMIENTO O RESGUARDO DE DATOS PERSONALES REGULADOS EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZA (XXX.4o. J/1 A (12a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES QUE PREVEAN EL TRATAMIENTO O RESGUARDO DE DATOS PERSONALES. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO NO ESPECIAL (XXX.3o. J/1 A (12a.))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN TANTO DEL ACUERDO 8/2025, DEL EXTINTO PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATU (PR.A.C.CN. J/43 A (12a.))
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL SISTEMA NORMATIVO QUE FACULTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA REALIZAR LABORES DE INTELIGENCIA Y PROCESAMIENTO DE IN (VI.3o.A.33 A (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis