CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN TANTO DEL ACUERDO 8/2025, DEL EXTINTO PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO DE LAS CIRCULARES RELACIONADAS, RESPECTO AL TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE RECLAMAN DISPOSICIONES GENERALES O ACTOS DE AUTORIDADES ESTATALES O LOCALES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 190/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo, Décimo Segundo, Decimoquinto, Vigésimo Primer y Vigésimo Cuarto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en determinar si existe conflicto competencial cuando un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y otro Especializado en Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se niegan a conocer del juicio de amparo en el que se reclaman diversas normas generales del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, así como de la Ley General de Población, en Materia de Fortalecimiento de Búsqueda, localización de identificación de personas desaparecidas y en su caso determinar si por razón de la materia corresponde conocer al Juzgado en Materia Administrativa o al Especializado en Materia de Protección de Datos.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el uno de diciembre de dos mil veinticinco, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Décimo Segundo, Decimoquinto, Vigésimo Primer y Vigésimo Cuarto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 50/2025, 49/2025, 52/2025, 53/2025 y 50/2025, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 190/2025. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los tribunales colegiados. Por acuerdos de diez, once, doce y quince de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Decimoquinto, Vigésimo Primer, Segundo, Vigésimo Cuarto y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de trece de enero de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En auto de veintidós de enero de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Amicus curiae. No se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(1) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(2) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en la materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
10. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(3) al ser formulada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien conoció de los juicios de amparo 1545/2025, 1546/2025 y 1315/2025, antecedentes de los conflictos competenciales 50/2025, 49/2025 y 50/2025, del índice de los Tribunales Colegiados Segundo, Décimo Segundo y Vigésimo Cuarto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, cuyos criterios contienden en esta contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso referir los antecedentes de cada asunto y que se encuentran narrados en las ejecutorias en contienda.
A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 50/2025.
12. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinticinco en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, unas personas físicas demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben:
" ...
Autoridades responsables:
• Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
• Cámara de Senadores del Congreso de la unión
• Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
• Secretario de Gobernación
• Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública
• Centro Nacional de Inteligencia
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Actos reclamados:
• Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, específicamente los artículos 2, fracciones IV y, 4, 5, fracciones I II, III y IV, 8, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36,39, 40, 44.
• Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, específicamente los artículos 91 Bis, 91 Ter, 91 Quinquies,91 Sexies, cuarto y quinto transitorio.
• Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, específicamente los artículos 3, fracción XLII, 103, 164, 182, 183.
• Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, publicado el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, específicamente los artículos 7, inciso c), 9, fracciones III, IV, XXVI y XXX y 90.
• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, específicamente los artículos 4, fracciones I Ter y I Qinquies, 12 Bis, 12 Ter, 12 Quinquies, 12 Septies, 12 Nonies, 43 Bis.
• Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Oública Federal; Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerrza Área Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Área Mexicanos; del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, publicado el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, por lo que hace a la Ley Orgánica de la Administración Pública artículo 29, fracciones XXI, XXII y XXIV, inciso c).
• Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de julio de los mil veinticinco, específicamente el artículo 113.
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, específicamente el artículo 36, fracciones I y V.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente el artículo 119, fracciones IV, V y último párrafo.
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, específicamente el artículo 16, fracciones I. III y X.
13. Radicación e incompetencia. Por razón de turno conoció del asunto el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que lo registró con el expediente **********/2025 y en auto de tres de septiembre de dos mil veinticinco, se declaró incompetente en términos del artículo 1° del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el estado de Aguascalientes, con sede en la misma ciudad, por conducto de sus respectivas Oficinas de Correspondencia Común.
14. Acuerdo que rechaza la competencia planteada. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, cuyo titular por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco ordenó su registro con el número **********/2025 y no aceptó la competencia declinada, por lo que devolvió el asunto al juzgado de origen.
15. Planteamiento del conflicto competencial. En proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en declinar su competencia y ordenó el envío del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que determinara qué órgano jurisdiccional era el competente para conocer de la demanda de amparo.
16. Admisión y trámite del conflicto competencial. Correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia lo registró con el expediente 50/2025 y en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinticinco, declaró competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, bajo las siguientes consideraciones:
“(...)
CUARTO. Decisión del conflicto. Para resolver el presente conflicto, es conveniente señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito y, en lo que respecta al presente asunto, se debe tener presente el contenido de su artículo 54, que prevé lo siguiente:
(Se transcribe).
8. De lo transcrito se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes, actos o procedimientos referidos a la materia administrativa; incluso, de declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia administrativa; y los órganos constitucionales en materia laboral, conocerán de aquellos asuntos en los que se impugnen leyes, actos o procedimientos referidos a la materia de trabajo.
9. Así, debe precisarse que el principio de especialización rige tratándose de la asignación de competencias por materia, pues la resolución de los asuntos requiere del conocimiento y la experiencia que se obtiene a través de la dedicación exclusiva a ciertas ramas del derecho. Por este motivo la competencia por materia se determina a la luz de la naturaleza de la acción, por lo que si esa situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse exclusivamente en atención a la naturaleza de la acción, es decir, mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados.
10. Ello se deriva de la jurisprudencia P./J. 83/98, visible en la página 28, tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto:
“COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (Se transcribe)”.
11. Por su parte, en relación con la competencia por materia de órganos jurisdiccionales especializados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que para su fijación, debe atenderse únicamente a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, sin que deba trascender para tal fin lo expuesto en los conceptos de violación o agravios.
12. Sobre el tema, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, en el Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, en la página 412, que a continuación se transcribe:
“COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. (Se transcribe)”.
13. Por otro lado, como lo refieren los jueces contendientes, el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.”, en cuyo artículo vigésimo transitorio se estableció lo siguiente:
(Se transcribe).
14. En cumplimiento a lo anterior, el treinta de junio del año en curso, se publicó en el citado medio de difusión oficial el “ACUERDO General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.”, en el que se determinó que a partir del uno de julio siguiente, se habilitó a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes y a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para conocer de los juicios de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
15. Por otro lado, el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, del entonces Consejo de la Judicatura Federal, a través de la circular SECNO/14/2025, de quince de julio de esta anualidad, informó que en sesión de esa fecha se aprobó el Punto de Acuerdo 58/2025, en el que determinó remitir los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes y a los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, bajo la consideración y resolutivo siguiente:
(Se transcribe).
16. En el caso, entre las disposiciones controvertidas por las demandantes, se encuentran las siguientes:
(Se transcribe).
17. Lo que de inicio, hace evidente que en el caso se reclaman leyes que versan sobre la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, por lo que se ubica en los supuestos previstos en la circular SECNO/14/2025, de quince de julio de dos mil veinticinco antes referida.
18. Ahora bien, como se precisó al inicio de esta resolución, la parte quejosa reclama diversas normas que, entre otros, prevén la implementación de la Clave Única de Registro de Población como documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, la que deberá estar disponible en formato tanto físico como digital y contendrá huellas dactilares y fotografía de su titular, correspondiendo a la Secretaría de Gobernación la integración de los datos biométricos.
19. De igual forma, se establece la Plataforma Única de Identidad, la cual consiste en una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población, cuyo uso estará condicionado a la existencia previa del Folio Único de Búsqueda o del número de carpeta de investigación y se limitará exclusivamente a la consulta de los datos relacionados con la persona desaparecida.
20. Así, atento a la naturaleza de la acción, se advierte que, en términos generales, las demandantes se duelen de que las normas impugnadas tienen por objeto crear un sistema de vigilancia que permite a la autoridad acceder de forma masiva a sus datos personales, sin autorización de su titular y sin control judicial, vulnerando el derecho de las personas a la privacidad, de ahí que válidamente puedan ser analizadas de manera conjunta como parte de un sistema normativo.
21. Es por ello que conforme a la normatividad antes precisada, específicamente la circular SECNO/14/2025, de quince de julio de dos mil veinticinco, que dota de competencia legal para conocer de los asuntos relacionados con la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, a los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes y Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, es que se considera competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, **********, ********** * **********, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes con residencia en la Ciudad del mismo nombre.
22. Ello, pues más allá que las normas reclamadas se pretendan combatir como parte de un sistema normativo, la parte quejosa controvierte la afectación a los derechos fundamentales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, por lo que se estima que, contrario a lo referido por dicho órgano jurisdiccional, los actos reclamados se ubican en los supuestos de la citada Circular, puesto que se considera que derivan en la transgresión al derecho de protección de datos personales.
23. De ahí que se reitere que el reclamo de las quejosas consiste en la protección de esos datos personales con motivo de la creación de la Clave Única de Registro de Población digital, que podrá ser consultada a través de la Plataforma Única de Identidad, por lo que se estima que su estudio deberá ser ejecutado por un juzgado especializado en esa materia que, como se vio, lo serán los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes con residencia en la Ciudad del mismo nombre, al haber sido habilitados para el conocimiento de los asuntos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
24. No es inadvertido que mediante oficio 17750/2025, recibido en este órgano colegiado el siete del mes y año que transcurren, el actuario adscrito al citado Juzgado de Distrito, remitió diversas consultas realizadas al Secretario Ejecutivo de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales del Órgano de Administración Judicial, de las que se advierte que se determinó que en los asuntos sujetos a consulta no se advertía algún supuesto para que el conocimiento de esos asuntos correspondiera a los juzgado habilitados para conocer de aquellos en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, puesto que se reclamaron diversos preceptos de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tal como sucede en el presente asunto.
25. Sin embargo, en las propias comunicaciones se especificó que para que se actualizara la hipótesis del conocimiento especializado de los citados órganos jurisdiccionales, era necesario que se reclamara directamente el análisis de preceptos normativos derivados de las leyes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, lo que también se actualiza en el caso que se analiza, pues, como se vio, se reclamaron diversos artículos directamente relacionados con esas materias.
26. Aunado a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales, informó que en el Punto de Acuerdo 8/2025, emitido en sesión de catorce de octubre de dos mil veinticinco, se determinó que para actualizar la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, habilitados para conocer de los juicios de amparo indirecto relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo del año en curso, es indispensable que: I) el acto reclamado se atribuya a las autoridades garantes vinculadas con esa materia; o bien II) que se reclamen directamente preceptos normativos derivados de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tal como acontece en el caso.
27. Por tanto, se reitera que es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes con residencia en la Ciudad del mismo nombre, la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, **********, ********** y **********.
(...)”.
[Lo destacado es de origen]
B. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 49/2025.
17. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una persona física promovió demanda de amparo, en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:
“...
III. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS.
Tienen el carácter de autoridades responsables en el presente procedimiento las siguientes:
1 .- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, (...) de quien se reclama la discusión y aprobación de los decretos y artículos identificados en el capítulo de "normatividad impugnada".
2 .- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, (...) de quien se reclama la discusión y aprobación de los decretos y artículos identificados en el capítulo de "normatividad impugnada".
3 .- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, (...) de quien se reclama la promulgación y publicación de los decretos y artículos identificados en el capítulo de "normatividad impugnada"
4 .- El Director General del Diario Oficial de la Federación, (...) de quien se reclama la publicación de los decretos y artículos identificados en el capítulo de "normatividad impugnada" en el Diario Oficial de la Federación.
IV. NORMATIVIDAD IMPUGNADA.
A continuación, se enlistan los decretos y normas cuya constitucionalidad impugno, aclarando que diversos artículos no se combaten en su totalidad, sino únicamente en ciertas porciones, tal como a continuación se detalla:
Se impugna el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas." publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2025, en su edición vespertina, específicamente, por lo que hace a la reforma de los siguientes artículos de la Ley General de Población:
1.- El artículo 91 Bis, en la porción normativa que dispone: (...)
2.- El artículo 91 Ter, en la porción normativa que dispone: (...)
3.- El artículo 91 Quinquies, en la porción normativa que dispone: (...)
4.- El artículo Quinto Transitorio, en la porción normativa que dispone: (...)
Se impugna el "Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2025, en su edición vespertina, específicamente, por lo que hace a los siguientes artículos de dicha ley:
1.- El artículo 2, fracciones IV y X, en la porción normativa que dispone: (...)
2.- El artículo 4, en la porción normativa que dispone: (...)
3.- El artículo 5, fracciones I, II, Ill y IV, en la porción normativa que dispone:
(...)
4.- El artículo 8, en la porción normativa que dispone: (...)
5.- El artículo 12, en la porción normativa que dispone: (...)
6.- El artículo 16, en la porción normativa que dispone: (...)
7.- El artículo 18, en la porción normativa que dispone: (...)
8.- El artículo 19, en la porción normativa que dispone: (...)
9.- El artículo 24, en la porción normativa que dispone: (...)
10.- El artículo 25, en la porción normativa que dispone: (...)
11.- El artículo 26, en la porción normativa que dispone: (...)
12.- El artículo 27, en la porción normativa que dispone: (...)
13.- El artículo 28, en la porción normativa que dispone: (...)
14.- El artículo 30, en la porción normativa que dispone: (...)
18. Radicación e incompetencia. El asunto correspondió al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de tres de septiembre de dos mil veinticinco, lo registró con el número de expediente **********/2025 y determinó carecer de competencia para conocer del asunto en términos del artículo 1° del Acuerdo General 8/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la habilitación de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que ordenó su remisión a los Juzgad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34081-8f7d70bc/conflicto-competencial-entre-tribunales-colegiados-de-circuito-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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