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I. DELITO DE TERAPIAS DE CONVERSIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL AUMENTO DE LA PENA CUANDO LA CONDUCTA SE HUBIERA COMETIDO CONTRA "INCAPACES", NO VULNERA EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD, TODA VEZ QUE LEJOS DE IMPLICAR UNA DISMINUCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BUSCA PROTEGERLES DE AQUEL DELITO (ARTÍCULO 243 TER 1, PÁRRAFO TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "INCAPACES" DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO 667/2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. DELITO DE TERAPIAS DE CONVERSIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA A QUIEN IMPARTA, OBLIGUE, PERMITA, CONSIENTA O APLIQUE SOBRE UNA PERSONA TERAPIA, MÉTODO, TRATAMIENTO O ACTOS TENDIENTES A ANULAR, OBSTACULIZAR, MODIFICAR, MENOSCABAR O REPRIMIR EL "LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD", VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, YA QUE EL TÉRMINO "LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD" TIENE UN SIGNIFICADO TAN AMPLIO QUE PERMITE ABARCAR Y REFERIRSE A TODAS Y CADA UNA DE LAS FACETAS DEL DESARROLLO PERSONAL DE LOS SERES HUMANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 TER 1, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD" DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 667/2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. DELITO DE TERAPIAS DE CONVERSIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA NORMA IMPUGNADA CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TRANSMITIR, CON TODA CLARIDAD Y SIN NECESIDAD DE ACUDIR A ALGUNA TÉCNICA DE INTERPRETACIÓN DISTINTA A UNA LECTURA TEXTUAL DEL ENUNCIADO JURÍDICO, LAS CONDUCTAS Y LOS REQUISITOS QUE ACTUALIZARÍAN, EN SU CASO, LAS AGRAVANTES DE AQUEL DELITO, POR LO CUAL SE CUMPLE CON EL MANDATO DE TAXATIVIDAD EN MATERIA PUNITIVA (ARTÍCULO 243 TER 1, PÁRRAFO TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LA PENA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE AUMENTARÁ EN UNA MEDIDA MÁS", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 667/2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR Y A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 243 TER 1, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 667/2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 203/2023. · Registro digital (IUS): 33974
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.461.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 203/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 203/2023, promovida en contra del artículo 243 Ter 1, párrafos primero, en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionadas mediante Decreto 667/2023 publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escrito depositado el nueve de octubre de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostenta como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, planteando la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafos primero, en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante Decreto 667/2023, publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegó vulnerados los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 4, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

3. Al respecto, expuso los conceptos de invalidez siguientes:

a. Primero. Violaciones al derecho de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. La Comisión accionante sostiene el artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “incapaces”, debido a que a través de esta norma se genera un mensaje estigmatizador en contra de las personas con discapacidad que resulta discriminatorio.

En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que la porción normativa impugnada es inconstitucional por establecer que la pena aplicable del delito relacionado con las “terapias de conversión” será agravada cuando la conducta punible se lleve a cabo en contra de personas “incapaces”.

A juicio de la parte accionante, el vocablo “incapaces” es un término discriminatorio que el legislador local empleó indebidamente para dirigirse a las personas con alguna discapacidad, incluso en forma contraria al modelo social de la discapacidad y a la dignidad humana reconocido en la Constitución Federal y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En síntesis, considera que el término “incapaces” refuerza el estereotipo de que las personas con alguna discapacidad no tienen personalidad jurídica propia y no pueden gobernarse ni obligarse por sí mismas a manifestar su voluntad. Así, el lenguaje utilizado por el legislador yucateco es discriminatorio y estigmatizante, pues su redacción denota que a partir de una discapacidad se le puede negar la capacidad jurídica para ejercer los derechos de las personas que viven con esa discapacidad.

b. Segundo. Violaciones a los principios de seguridad jurídica y taxatividad en materia penal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusa que el artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad” contenida en el párrafo primero, así como en la porción del párrafo tercero que dice “señalada en el párrafo anterior”, por tratarse de enunciados normativos cuyo contenido es contrario a los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal.

En el primer escenario, la Comisión accionante sostiene que en el párrafo primero del artículo 243 Ter 1, se establece la descripción del tipo penal y su sanción, de manera que en este párrafo primero se contempla una pena de prisión y multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima.

A juicio de la accionante, la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad” genera incertidumbre jurídica acerca del alcance de la prohibición contenida en la norma. Incluso, señala que esta porción tiene unos alcances muy amplios que permitirían castigar otras conductas no relacionadas con la orientación sexual y las expresiones de género.

De este modo, la expresión “el libre desarrollo de la personalidad” puede acarrear una multiplicidad de supuestos o hipótesis que desbordan los objetivos perseguidos por el legislador, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege, entre otras, la libertad de contraer o no matrimonio, los derechos reproductivos y sexuales, el derecho a escoger la apariencia personal, el derecho a elegir profesión o actividad laboral, entre otros relacionados con la manera en la que una persona deseas proyectarse y vivir su vida.

En esa línea argumentativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la porción “el libre desarrollo de la personalidad” es demasiado amplia y permitiría sancionar penalmente cualquier conducta que atente contra ese derecho, lo cual podría derivar en una transgresión del principio de última ratio del derecho penal.

En el segundo escenario, la Comisión accionante refiere que en el párrafo tercero se contempla una agravante del delito, la cual sanciona con una pena mayor a la persona que cometa el ilícito en agravio de menores de edad, “incapaces”, adultos mayores, sujetos privados de libertad o personas que no pudieran oponer resistencia a ser sometida a una terapia de conversión; no obstante, el problema que advierte en esta agravante, es que al referirse que la pena “señalada en el párrafo anterior” se aumentará en una mitad más se genera confusión respecto al entendimiento de este párrafo. En concreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que este párrafo último admite dos interpretaciones distintas:

Una primera, consistente en que para sancionar a quienes cometen el delito en contra de personas en situación de vulnerabilidad es necesario que se aplique la agravante del párrafo segundo del artículo 243 Ter 1, con independencia de si el sujeto activo del delito es o no una de las personas contempladas en el referido párrafo segundo; y

Una segunda interpretación, consistente en que para sancionar a quien cometa el delito en contra de personas en situación de vulnerabilidad es necesario que el sujeto activo del delito sea invariablemente una de las personas contempladas en el párrafo segundo, es decir, que se trate de la madre, padre, tutora, tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, personas profesionales de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto.

Por tanto, al existir al menos dos posibles interpretaciones del sistema normativo, la Comisión accionante considera que no hay certeza sobre la pena que correspondería a este escenario ni sobre los elementos necesarios para acreditar los casos en los que el delito amerita una pena agravada; de ahí que debe declararse inconstitucional la porción normativa “señalada en el párrafo anterior” prevista en el párrafo último del artículo 243 Ter 1, impugnado.

4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 203/2023, y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.

5. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor reconoció personalidad a la parte promovente y admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán para que rindieran su informe, requiriendo al primero de ellos para que enviara copia certificada o un ejemplar del Diario Oficial de la entidad. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Por escrito recibido el seis de diciembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de su Consejero Jurídico, acompañó copia certificada del Diario Oficial de dicha entidad en el que obra la publicación de la norma impugnada, y rindió su informe en el que manifestó que el Poder Ejecutivo del Estado “únicamente promulgó y ordenó la publicación del decreto que contiene las porciones normativas del ordenamiento impugnado”.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Por escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por conducto del Diputado Érik José Rihani González, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañó las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y rindió su informe, en los términos siguientes:

a. Con relación al primer concepto de invalidez, manifestó que el objetivo primordial de la reforma impugnada es combatir y disuadir las denominadas “terapias de conversión” o “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y de Identidad de Género [ECOSIG por sus siglas]”, que representa una práctica antisocial en detrimento del tejido social en la entidad federativa.

Por tanto, considera que se respetaron los derechos de igualdad, no discriminación, seguridad jurídica, y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, con las agravantes contempladas en la norma impugnada.

Asimismo, refiere que el término de “incapaces” utilizado en la norma controvertida, protege a las personas consideradas como incapaces conforme a la legislación yucateca, grupo en situación de vulnerabilidad, que precisa protección con mayor atención, dada su condición un poco más vulnerable que la de las personas con discapacidad. Así, del contenido del dictamen se advierte que el término utilizado es el de “incapaces”, no así el de personas con discapacidad.

b. Por otra parte, con relación al segundo concepto de invalidez, sostiene que la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad es una medida que persigue un fin legítimo que guarda congruencia con los postulados de la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte.

En este sentido, considera que en uso de las facultades de libertad configurativa de la que son titulares las entidades federativas, las legislaturas locales pueden libremente determinar a qué conductas le corresponden una sanción, y en qué casos opera una agravante para ese tipo penal establecido.

8. Alegatos. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a las partes formulando oportunamente alegatos, los cuales son valorados por este Alto Tribunal.

9. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Dicha institución no emitió opinión en el presente asunto.

10. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción, se recibió el expediente en la ponencia del entonces Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

11. Returno. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, la otrora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el returno del expediente, con motivo de la ausencia definitiva del Ministro —ahora en retiro— Luis María Aguilar Morales, a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

I. COMPETENCIA

12. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 16, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre un ordenamiento estatal y la Constitución Federal, así como de tratados internacionales.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA

13. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) deben fijarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad.

14. De la lectura de la demanda presentada por la Comisión accionante, se advierte que sus conceptos de invalidez están dirigidos a combatir el artículo 243 Ter 1, párrafos primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, únicamente en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán, modificadas mediante Decreto 667/2023 publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa. Su contenido es el siguiente:

“Artículo 243 Ter 1.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica.

Se aumentará al doble la sanción a que refiere el presente artículo cuando el sujeto activo sea la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto.

Si la conducta se lleva a cabo en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más.”

[Énfasis en la parte impugnada].

Ver contenido con énfasis

III. OPORTUNIDAD

15. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

16. En este caso el Decreto 667/2023 fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo comenzó el sábado nueve de septiembre y concluyó el domingo ocho de octubre de dos mil veintitrés, de manera que la demanda podía presentarse hasta el lunes nueve de octubre de la misma anualidad, por ser el día hábil siguiente.

17. Consecuentemente, si el escrito inicial de demanda fue depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el lunes nueve de octubre de dos mil veintitrés, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

19. En el presente caso, la Comisión accionante sostiene, en términos generales, que diversas porciones normativas del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, son contrarias a los derechos humanos de igualdad, no discriminación, a la seguridad jurídica, así como violatorias del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.

20. En este sentido, es claro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un planteamiento de constitucionalidad en el que acusa que una norma local es violatoria de los derechos humanos, de ahí que ese órgano constitucional cuenta con la legitimación necesaria para promover este medio de control abstracto de constitucionalidad.

21. Asimismo, se acredita la personería de quien acude en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

22. El artículo 11, párrafo primero,(6) en relación con el diverso 59,(7) ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia disponen que las partes deberán comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

23. La demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

24. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI,(8) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el 18(9) de su Reglamento Interno disponen como facultad del Presidente de dicho organismo ejercer su representación legal y, específicamente, promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, de ahí que la referida funcionaria cuenta con la atribución legal para promover esta acción de inconstitucionalidad.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán manifestó en su informe que “únicamente promulgó y ordenó la publicación del decreto que contiene las porciones normativas del ordenamiento impugnado”. 26. En este sentido, si bien el Poder Ejecutivo local no lo señaló expresamente, es evidente que su intención era invocar una causal de improcedencia en la presente acción de inconstitucionalidad.

27. Sin embargo, a pesar de que en los conceptos de invalidez formulados en contra del decreto impugnado no se hicieron valer violaciones en el procedimiento legislativo, no es posible decretar la improcedencia de la acción en contra de estos actos y por esta autoridad, toda vez que esta cuestión no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aunado a que su estudio involucra el estudio de fondo del asunto.

28. Al respecto, este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado al emitir la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”,(10) en la que concluye que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del Decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos.

29. Luego, al no haberse hecho valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.

VI. ESTUDIO DE FONDO

VI.1. Consideraciones metodológicas.

30. La norma impugnada es del tenor siguiente:

“ARTÍCULO 243 Ter 1. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica.

Se aumentará al doble la sanción a que refiere el presente artículo cuando el sujeto activo sea la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto.

Si la conducta se lleva a cabo en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”.

[Las porciones subrayadas son las que se impugnan en esta acción de inconstitucionalidad].

Ver norma impugnada con subrayado

31. Como se puede advertir de los antecedentes de esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace valer dos bloques argumentativos en contra de la norma referida:

a. En el primero se acusa la inconstitucionalidad del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, en la porción normativa “incapaces”, al estimar que a través de esta norma se genera un mensaje estigmatizador en contra de las personas con discapacidad que resulta discriminatorio; y

b. En el segundo bloque argumentativo se acusa la inconstitucionalidad del artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán en las porciones normativas “el libre desarrollo de la personalidad,” y “señalada en el párrafo anterior”, por ser contrarias a los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal.

32. De este modo, para dar contestación a los planteamientos de inconstitucionalidad hechos valer, a continuación, se realiza el estudio de fondo en dos apartados distintos, atendiendo al contenido de los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera que se seguirá el siguiente orden:

Ver tabla

VI.2. Alegada violación de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.

33. Como se adelantó en páginas previas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene el artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “incapaces”, debido a que esta norma genera un mensaje estigmatizador y discriminatorio en contra de las personas con discapacidad.

34. El principal motivo de inconstitucionalidad radica en que la norma impugnada contempla una agravante del delito relacionado con las “terapias de conversión” en los casos en los que la conducta punible se lleve a cabo en personas “incapaces”.

35. Así, se refiere que el vocablo “incapaces” es un término discriminatorio que el legislador local empleó indebidamente para dirigirse a las personas con alguna discapacidad, incluso en forma contraria al modelo social de la discapacidad y a la dignidad humana que se reconoce en la Constitución Federal y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

36. En suma, que el término “incapaces” refuerza el estereotipo de que las personas con alguna discapacidad no tienen personalidad jurídica propia y no pueden gobernarse ni obligarse por sí mismas a manifestar su voluntad.

37. Al respecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el concepto de invalidez es infundado, como a continuación se explica.

38. Este Tribunal Pleno ha sostenido en una gran variedad de precedentes —entre los cuales destaca la acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014—(11) que el principio de igualdad jurídica reconocido en el artículo 1°, párrafos primero y quinto de la Constitución Federal,(12) así como en los numerales 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;(13) 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;(14) 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;(15) II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;(16) así como 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(17), es un derecho humano que es expresado a través de un principio adjetivo consistente en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

39. Este derecho, a su vez, se expresa normativamente a través de distintas modalidades o facetas, principalmente a partir de una prohibición de discriminar.

40. De este modo, el principio de no discriminación consiste en que ninguna persona podrá ser excluida del goce de un derecho humano ni deberá de ser tratada de manera distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes; especialmente cuando tal diferenciación tenga como motivos el origen étnico, nacional o social, el género, la edad, las discapacidades, las preferencias sexuales, el estado civil, la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, la posición económica o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

41. Importa destacar que el contenido de este derecho no está delimitado a que deba ser respetado, protegido y salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por algún tipo de autoridad. La igualdad jurídica, como principio en sentido estricto, se configura como un mandato de optimización que incluye conductas obligatorias y prohibidas con condiciones de aplicación carentes de delimitación.

42. De este modo, siguiendo lo dispuesto en la mencionada acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 —en la que se reitera, a su vez, lo sostenido en la acción de inconstitucionalidad 33/2015—, el derecho humano a la igualdad desde una dimensión adjetiva se configura conceptualmente en dos modalidades: a. La igualdad formal o de derecho; y b. La igualdad sustantiva o de hecho.

43. La primera (igualdad formal o de derecho) es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

44. La segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.

45. Esta modalidad del principio de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener tal correspondencia de oportunidades entre los distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población (incluyendo a las personas con discapacidad); por ende, se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad última evitar que se siga dando la diferenciación injustificada o la discriminación sistemática, así como revertir los efectos de la marginación histórica y/o estructural del grupo social relevante.

46. Precisamente, en las referidas acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 y 33/2015, este Tribunal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33974-55f35979/i-delito-de-terapias-de-conversion-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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