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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL, REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL. SU ARTICULO 26 CONTRAVIENE EL ARTICULO 89, FRACCION I DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1520/95 · Registro digital (IUS): 3401
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HUMBERTO CORRES SIERRA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, , Pág. 66.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 1520/95. HUMBERTO CORRES SIERRA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Los agravios que formula la parte recurrente, son infundados.

Para una mejor comprensión del asunto, conviene precisar lo siguiente:

1.- El Instituto Mexicano del Seguro Social determinó a cargo de la parte quejosa en el juicio de garantías, Humberto Corres Sierra, la liquidación de cuotas obrero patronales, correspondiente al primer bimestre de mil novecientos noventa y cuatro, por la cantidad de N$ 1,211.28 (un mil doscientos once nuevos pesos con veintiocho centavos 00/100 M.N.).

2.- Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa promovió el recurso administrativo de inconformidad con apoyo en el artículo 274 de la Ley del Seguro Social.

3.- Mediante resolución de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Oaxaca desechó por extemporáneo el recurso interpuesto.

4.- En contra de dicha resolución, la parte quejosa promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Fiscal de la Federación, en donde quedó registrada con el número 38/95; y, mediante proveído de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y cinco, se desechó por notoriamente improcedente la demanda interpuesta, por considerarse que el acuerdo combatido debió ser impugnado por medio del recurso de revocación que prevé el artículo 26 del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social.

5.- En contra de la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado por resolución de fecha treinta de marzo del año en curso.

6.- La resolución supraindicada fue combatida a través del juicio de amparo a que este toca se refiere, en el cual se argumentó entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 26 del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, con base en el cual se desechó la demanda de nulidad referida con antelación.

7.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al que correspondió el conocimiento de la demanda de garantías, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, considerando en lo esencial que el artículo 26 del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, es inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el artículo 89, fracción I de la Constitución General de la República por introducir un recurso que no está previsto en la ley que reglamenta.

8.- La parte recurrente afirma en el recurso de revisión a que este toca se refiere, que el artículo 26 del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, no excede la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I de la Carta Magna, argumentando que: "el precepto aludido no es inconstitucional pues la sola circunstancia de que en un reglamento se establezca un recurso no previsto en la ley reglamentada no torna inconstitucional al primero de los ordenamientos de carácter general, abstracto e impersonal, sino que en cada caso debe examinarse la razón de ser del recurso de que se trate, así como la evidente necesidad de su establecimiento y si cumple su cometido como medio de defensa dentro del procedimiento en que operen..."

El anterior razonamiento como ya se indicó, resulta infundado, atendiendo a lo siguiente:

El artículo 274 de la Ley del Seguro Social establece:

"ART. 274.- Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, acudirán en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento ante el Consejo Técnico, el que resolverá lo procedente.- El propio reglamento establecerá procedimientos administrativos de aclaración y los términos para hacerlos valer, sin perjuicio del de inconformidad a que se refiere el párrafo anterior.- Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderá consentido..."

Por otro lado, el artículo 26 del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, dispone:

"ART. 26.- Contra las resoluciones del secretario general del Instituto o del secretario del Consejo Consultivo Delegacional, en materia de admisión del recurso y de las pruebas ofrecidas, procederá el recurso de revocación ante el Consejo Técnico o ante el Consejo Consultivo Delegacional correspondiente. El recurso se interpondrá dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo recurrido y se decidirá de plano."

Del contenido de los preceptos transcritos con antelación, se concluye, como lo apuntó el Tribunal Colegiado del conocimiento, que el artículo reglamentario que establece el recurso administrativo de revocación en contra de las resoluciones del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, excede la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal.

En efecto, según se ha sostenido reiteradamente por el Pleno de este alto tribunal en numerosos precedentes, el presidente de la República, en ejercicio de la potestad que le concede el artículo 89, fracción I constitucional, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, está autorizado para expedir normas reglamentarias que tiendan a la ejecución de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. En el caso a estudio el reglamento reclamado fue expedido precisamente por el titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de dichas atribuciones.

Ahora bien, aun cuando las normas reglamentarias son de similar naturaleza a las leyes emanadas del Poder Legislativo, en virtud de tratarse de disposiciones generales y abstractas, impersonales y de observancia obligatoria, también es verdad que las normas reglamentarias se distinguen de aquéllas, básicamente por dos razones una, porque provienen de un órgano que desde el punto de vista constitucional no expresa la voluntad general, sino la de un órgano instituido para acatarla como es el titular del Poder Ejecutivo; y, otra, porque son, por definición, normas subordinadas a la primera.

Las distinciones antes señaladas explican en lo general que la Constitución imponga ciertas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre las que interesa destacar, por una parte, la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en exclusiva a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, conocida como el principio de reserva de ley; y por otra, la exigencia de que el reglamento siempre esté precedido por una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en las que encuentre su justificación y medida.

El principio de reserva de ley, que no es sino una aplicación del principio más general de legalidad, impide que el reglamento invada las materias que de manera expresa la Constitución reserva a la Ley Fundamental, en tanto, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley, constriñe al Ejecutivo Federal a expedir sólo las normas que tiendan a hacer efectivo o facilitar la aplicación del mandato legal, sin contrariarlo, excederlo o modificarlo.

En tales condiciones, resulta claro que si un Reglamento, en este caso, el del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, establece un recurso no previsto en la ley reglamentada, contraviene los principios que rigen la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, en virtud de que no se concreta a desarrollar, complementar o detallar el ordenamiento legal expedido por el órgano legislativo, Congreso de la Unión, sino que crea un nuevo recurso administrativo, por lo que el mismo resulta inconstitucional, sin que sea óbice para dicha consideración el hecho de que el referido medio de defensa pueda o no ser necesario como lo pretende la parte recurrente, ya que se insiste, la materia del reglamento no debe ir mas allá de la ley, máxime que en el caso a estudio el artículo 274 de la Ley del Seguro Social señala en forma expresa que en el reglamento relativo únicamente podrán establecerse procedimientos administrativos de aclaración y no medios impugnativos diversos al recurso de inconformidad que prevé aquel numeral de la ley ordinaria.

Apoya la anterior conclusión la tesis sustentada por la anterior Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Primera Parte del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo tenor literal es el siguiente:

"- El artículo 274 de la Ley del Seguro Social establece el recurso de inconformidad que los patrones pueden interponer ante el Consejo Técnico, en contra de algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y términos que establezca el reglamento, sin que en dicho precepto se encuentre prevista la existencia de algún otro recurso administrativo. Ahora bien, el artículo 26 del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, al establecer el recurso de revocación, introduce una instancia adicional no prevista en dicho precepto de la Ley del Seguro Social, ni en ningún otro de ésta, con lo que va más allá de lo establecido por la ley, en contravención al artículo 89, fracción I de la Constitución Federal."

PRECEDENTES:

Amparo directo en revisión 716/93.- Servicios Marítimos Ves, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.- 30 de agosto de 1993.- Cinco votos.- Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.- Secretario: José Luis Mendoza Montiel.

Amparo directo en revisión 1160/95.- Cocoa Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable.- 25 de octubre de 1995.- Cinco Votos.- Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas.

Amparo directo en revisión 1458/95.- Cocoa Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable.- 10 de noviembre de 1995.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

En mérito de lo antes expuesto, ante lo infundado de los agravios lo que procede es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en atención a que como se ha puesto de manifiesto en la presente resolución, el precepto que se combate en el juicio de garantías resulta inconstitucional por violación al principio de subordinación jerárquica que rige en materia reglamentaria.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Humberto Corres Sierra, en contra de los actos y de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el último de los ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3401-603f5892/seguro-social-reglamento-del-articulo-274-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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