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Modo: Corpus Pro

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1080/91. · Registro digital (IUS): 3386
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUILLERMO COTA LOPEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, , Pág. 134.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 1080/91. GUILLERMO COTA LOPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución General de la República; 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 11, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se impugna una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo, en donde se decide sobre la constitucionalidad de diversos preceptos legales.

SEGUNDO. En el recurso, la quejosa expresó los antecedentes del caso y formuló los siguientes agravios:

1. "La Constitución Política de una Nación, que abarca desde un punto de vista tan elevado los principales aspectos de la vida de aquélla, sólo puede contener preceptos de cierta generalidad que corresponden a la generalidad con que la Constitución abarca las diferentes modalidades de la vida pública. Por este motivo, la Constitución de un país tiene que dejar la legislación posterior que va especializándose sobre cada uno de los puntos tocados por la Constitución, el estudio de todos los problemas particulares, de los cuales la Ley Fundamental es sólo una expresión general. `Las leyes orgánicas, que son a las que acabamos de referirnos, forman así un todo con la Constitución, y que sin ellas llega a carecer de vida práctica, perdiéndose por la falta de estas leyes orgánicas todo el fruto que la Constitución pueda dar...' El extracto de este dictamen -Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, edición facsimilar del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, t. II, p. 1136- , leído por el diputado Fernando Lizardi en la sesión plenaria de 30 de enero de 1917, es bastante elocuente para persuadirse de la ostensible verdad que encierra su fraseología: una Constitución se contrae a enunciar principios generales que el legislador ordinario desarrolla con posterioridad a la promulgación de aquélla. Si la Constitución, advirtió con innegable acierto el maestro Emilio Rabasa Estabanell, contuviera `la enumeración minuciosa de todas las atribuciones del gobierno', le daría `la extensión prolija de un código incomprensible para el público' -El artículo 14 y el juicio constitucional. Editorial Porrúa, S.A. México, 1978, p. 206- . Las sabias expresiones consignadas en los párrafos que preceden, demuestran, sin género de duda, la extrema ligereza del pensamiento involucrado en la parte considerativa del fallo sujeto a revisión, pues el organismo colegiado, al ocuparse del estudio correspondiente a los conceptos de violación identificados con los números III y IV del memorial de garantías, estableció `que del inciso f) del artículo 72 constitucional no se desprende que la reforma, adición, derogación o abrogación de cualquier ley, independientemente del órgano creador, sólo tenga validez si se hace mediante los mismos trámites específicos que dieron lugar a su formación, ni que sólo el órgano creador de una ley sea el facultado para realizar tales reformas, adiciones, etc.' Cualquier precepto de la Constitución - lo continuará afirmando aun cuando peque de reiterativo- enuncia principios generales basados en las necesidades del pueblo, en sus experiencias vividas, en sus deseos colectivos; en otras palabras, una Constitución no es el resultado sino de los anhelos del pueblo, de tal manera que su articulado no tiene otro fin sino el de abarcar `las diferentes modalidades de la vida pública'; pero pretender que el texto de la Constitución sancione, por medio de alguno o algunos de sus mandatos, con la nulidad su inobservancia, equivale a hacer nugatoria la teleología misma de la Constitución: dejar al constituyente constituido -o legislador ordinario- para reglamentar los preceptos de aquélla. En efecto, si la propia Constitución estableciera las normas jurídicas que debe establecer el departamento legislativo, disminuiría el elevado rango que la caracteriza para asemejarse a la jerarquía de cualquier ley. Ahora bien, sobre la base de estas breves reflexiones jurídicas, salta a la vista lo antijurídico del aserto que transcribí en el penúltimo párrafo de la página que antecede, toda vez que si bien es verdad que del inciso f) del artículo 72 de la Ley Fundamental no se desprende que su inobservancia traiga consigo la nulidad de la reforma, adición, derogación o abrogación de determinado ordenamiento positivo, también lo es que una correcta exégesis de aquel mandato permita sostener válidamente lo que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil niega. En efecto, la repetida prevención constitucional consigna la fórmula general conforme a la cual deberá ser reformada, adicionada, derogada o abrogada una ley; y el solo hecho de que no establezca ni de modo presuntivo -así lo deja entrever el citado tribunal federal- que esos actos legislativos sólo sean válidos si se hacen `mediante los mismos trámites específicos que dieron lugar a su formación, ni que sólo el órgano creador de una ley sea el facultado para realizar tales reformas, adiciones, etc.' no significa que su inobservancia le inocule con el tinte de validez a las repetidas reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones de la ley. No, nada de lo que sostiene el Tribunal Colegiado es verdad, porque la norma jurídico-constitucional de referencia establece el procedimiento conforme al cual deben registrarse esos actos legislativos, prescindiendo del carácter formal o material de éstos. La fraseología empleada por el Constituyente de 1917 es muy clara, de tal guisa que a ella ni siquiera se asoma la sombra de la duda en cuanto a su interpretación, por más que este último vocablo esté ab initio del enunciado del propio artículo 72, inciso f) de la Ley Fundamental. `¨Quién, se preguntaba aquel modesto juez de Distrito y a la par principal detractor del insigne Ignacio L. Vallarta, nos autoriza a investigar la intención del legislador, cuando los términos de la ley son claros, precisos y terminantes y no dan ni pretexto para dudar de ella? Nadie, sino es el prurito de invadir atribuciones ajenas, de asaltar el poder público y de legislar, sustituyendo nuestras propias extraviadas opiniones a los preceptos de la ley... el entender la ley, no es conocer sus palabras, sino penetrar el fondo para descubrir la verdadera intención del legislador...' (Errores constitucionales de Miguel Mejía. Universidad Nacional Autónoma de México. Edición facsimilar, 1977, pp. 176 y 178). Así pues, si para la reforma o derogación de las leyes, e incluso de los decretos, se requiere la observancia de `los mismos trámites establecidos para su formación', resulta inconcuso que lejos de rechazar la tesis expuesta en mi libelo de garantías y ahora en este ocurso, el inciso f) del precepto en estudio la sanciona, porque la claridad de sus términos no pueden revelar sino aquella consecuencia, id est, que la reforma o derogación de las leyes o decretos serán válidas en la medida que se cumplan `los mismos trámites establecidos para su formación'. Porque, ¨cuál puede ser la sanción si la ley o el decreto son reformados o derogados sin que se observen esos mismos trámites? Sólo la extrema ligereza del que intente interpretar aquel texto afirmaría que la ley reformada o derogada sería válida a pesar de que no se cumpliera con lo ordenado por la consabida prevención legal. A mayor abundamiento, adviértase que el mandato constitucional en estudio tiene, sin género de duda, la naturaleza de una norma jurídica imperativa cuya inobservancia acarrea la nulidad de la reforma o de la derogación de la ley o, en su caso, del decreto correspondiente. Como corolario de las razones jurídicas involucradas con antelación, séame permitido traer a cuento la autorizada opinión de uno de los pilares sobre el que descansa el edificio jurídico mexicano; me refiero al célebre tratadista Don Gabino Fraga, quien al ocuparse de la función legislativa escribió en su parte relativa lo siguiente: `Si como más arriba se ha indicado, las funciones del Estado tienen una doble eficacia que corresponde una a su carácter formal y otra al carácter material, importa estudiar en este lugar la eficacia del acto legislativo en su consideración formal. Del carácter formal del acto legislativo se deriva el principio de la autoridad formal de la ley que significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo Poder y siguiendo los mismos procedimientos seguidos para la formación de la resolución primitiva. Este principio se encuentra consignado en forma expresa en la fracción f) del artículo 72 de la Constitución, así redactada: `En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación'. De este principio de la autoridad formal de la ley se originó en nuestro país la práctica de someter al Poder Legislativo y dar forma de ley a actos que no están en las facultadas de dicho Poder, pero a las cuales se trató de dar la fijeza y estabilidad que derivan de las múltiples formalidades a que está sujeto el acto legislativo. Así, pueden citarse muchísimos casos de contratos, de concesiones y de otros actos administrativos que el Poder Ejecutivo sometía a la aprobación del Congreso para revestirlos en una formalidad que, por ser complicado destruirla, garantizaría la permanencia y seguridad de aquéllos. A pesar de que nuestra tradición jurídica fue constante en la práctica a que acabamos de referirnos, el examen de ella a la luz de los principios jurídicos que dominan nuestro sistema constitucional obliga a rechazarla por no ajustarse a dichos principios. En efecto, como entre las facultades atribuidas al Congreso no está la de aprobar otros actos que los que expresamente le atribuyen ni tiene ninguno de los Poderes facultad para ampliar la esfera de competencia que la Constitución señala, la intervención en el caso del Poder Legislativo es jurídicamente ineficaz y no da ningún valor al acto al cual se refiere. De manera que puede afirmarse que el principio de la autoridad formal de la ley sólo se refiere a los actos que el Poder Legislativo realiza dentro de la esfera de su competencia (Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, S.A. México, 1986, pp. 38 y 39).' A guisa de apéndice, es oportuno agregar que para admitir como válida, desde el punto de vista jurídico, la reforma, adición, derogación o abrogación de una ley o decreto, no es menester la existencia expresa de un texto constitucional en ese sentido, porque esta misma consecuencia se puede obtener con el auxilio de la hermenéutica jurídica; de ahí que si el inciso f) del artículo 72 constitucional no establece `que sólo el órgano creador de una ley sea el facultado para realizar tales reformas, adiciones, etc.', en modo alguno impide sostener que su verdadero sentido y alcance no puede ser otro, es decir, única y exclusivamente tiene facultad para reformar, adicionar, derogar o abrogar una ley o decreto, la autoridad que hubiere creado éstos; pretender encontrar en el cuerpo de la Ley Fundamental un texto que sancione con la ineficacia jurídica, o bien con la validez una ley o decreto si para su reforma, adición, etc., se siguió el mismo procedimiento que para su formación, equivale a hacer nugatorio todo esfuerzo de interpretación, abstracción hecha del ente que la realizare; si la tesis del Tribunal Colegiado fuera correcta, habría de convenir que como en el texto de la invocada prevención constitucional no aparecen los vocablos `adición' y `abrogación' de una ley o decreto, tendría que buscarse en otro lugar -¨dónde?- su justificación, lo cual es un verdadero absurdo. Más aún, si la doctrina inmersa en el fallo recurrido fuera válida, habría también que aceptar otro dislate: `en' o `para la interpretación' de las leyes o decretos deberán observarse `los mismos trámites establecidos para su formación'. Que esto último sea aplicable para reformar, adicionar, derogar o abrogar una ley o decreto, es verdad; pero que su aplicación se extienda `en la interpretación de esa ley o decreto', resulta a todas luces falso, por más que se trate de decir que tanto `el Legislativo' como `el Ejecutivo también interpretan la Constitución, puesto que deben penetrar el sentido de sus disposiciones para laborar sobre ella y sin excederse de sus atribuciones limitadas...' (Emilio Rabasa, op. cit., p. 227). Sobre la base de todo lo que hasta aquí se ha dicho, salta a la vista la incorrecta interpretación hecha por el Colegiado al resolver el DC-3409/90, razones por las cuales deberán revocar la sentencia impugnada. II. No hay peor sistema de argumentación, decía una de las cuatro joyas parlamentarias, Don José María del Castillo Velasco, que el de tener por probado lo mismo que se trata de demostrar; y para evidenciar ese sistema empleado por el Tribunal Colegiado, séame permitido transcribir también la parte considerativa de la interpretación directa que hizo del artículo 72, inciso f) constitucional: `...para comprender con claridad la disposición constitucional en comento, no debe apartársele de su contexto, sino por el contrario, como la generalidad de las normas, su sentido debe buscarse mediante el análisis de su contenido, en relación con las demás de las que forma parte. Estos lineamientos metodológicos permiten advertir que la disposición constitucional en comento está ubicada en la Sección II, denominada `De la iniciativa y formación de las leyes', del Capítulo III de la Constitución General de la República, lo cual pone de manifiesto que, por principio y fundamentalmente, se trata de una norma destinada a regular la actividad del Poder Legislativo de la Unión, y no la de los otros Poderes. Por otra parte, el primer párrafo del artículo 72 constitucional determina con claridad que su contenido se dirige preponderantemente a determinar el procedimiento a seguir por el Congreso de la Unión, respecto de los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras. Lo anterior permite establecer, sin lugar a dudas, que el inciso f) del artículo 72 constitucional alude, únicamente, al tratamiento que debe dar el Congreso de la Unión a los proyectos que se presenten por los conductos adecuados, en los cuales se proponga, ante ese Poder, la interpretación (¨se concibe semejante absurdo? presentar un proyecto de interpretación de ley o decreto), reforma o derogación de leyes o decretos legislativos, y para esto dispone que se observarán los mismos trámites establecidos para su formación, o sea, una vez aprobado un proyecto en la Cámara de origen se pasará a la otra para su discusión, y si ésta lo aprobare se remitirá al Ejecutivo, quien deberá publicarlo inmediatamente si no tuviera observaciones (que hacerle al propio proyecto, agrego por mi parte); cuando se reputa aprobado un proyecto por el Ejecutivo si no lo devuelve con observaciones; lo que procede con los proyectos desechados en todo o en parte por el Ejecutivo o por la Cámara revisora, etc. Esto es, el precepto de nuestro estudio no limita en modo alguno al Poder Legislativo la facultad inherente a su naturaleza, de reformar, adicionar, derogar o abrogar cualquier ley federal, como lo quiere ver el quejoso, sino únicamente le fija el procedimiento para hacerlo; y menos aún determina que una ley o decreto sólo pueda sufrir modificaciones o ser privada de efectos por la misma autoridad que la expidió y a través de una tramitación específica e idéntica a la que dio lugar a su formación. Ahora bien, al quedar esclarecida la falsedad de la premisa mayor del silogismo del peticionario, las conclusiones son erróneas consecuentemente, en tanto que de una premisa equivocada no se pueden lógicamente obtener conclusiones verdaderas'. Con el fin que me he propuesto, trataré de demostrar la interpretación torcida, como diría Don Emilio Rabasa, hecha por la autoridad colegiada emisora de la resolución impugnada. a) Prima facie, el Tribunal Colegiado alude al sistema de interpretación sistemática que, con el respeto que me merece, desconoce. Es verdad que conforme a este sistema la norma jurídica se la conoce, por cuanto hace a su sentido y alcance, si se la relaciona con otra u otras del cuerpo positivo a que pertenece, ya que aquélla puede contener el enunciado general que éstas complementan, que explican, que establecen la sanción en caso de ser violadas; sí, debo insistir en ello, debe apelarse a ese sistema de interpretación, pero no cuando la norma jurídica por interpretar deja ver a los ojos del intérprete su genuina significación o alcance. El error en que incurrió el Colegiado al tratar de desentrañar el sentido de la prevención constitucional objeto de nuestro examen, consistió en pasar por alto estas reglas: cum in verbis nulla ambiguitas est non dabet admitti voluntatis questio; ubi verba non sunt ambigua non est locus interpretatione. El inciso f) del artículo 72 constitucional establece de manera clara y terminante que: en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. De semejante precepto absoluto se saca como consecuencia lógica y jurídica, que para reformar o derogar -e incluso para adicionar o abrogar- una ley o decreto, se debe seguir el mismo procedimiento que se empleó para su formación. Es por ello que, como lo enfaticé en mi libelo de garantías, habiendo sido expedido el primigenio artículo 712 del Código Procesal Civil por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades extraordinarias que le confiriera el Congreso de la Unión, para que la reforma que experimentó aquella disposición legal fuera válida y, por tanto, no estuviera al margen del inciso f) del artículo 72 constitucional, era requisito sine qua non que el propio Ejecutivo Federal, contando previamente con las facultades extraordinarias que el departamento congresional le concediese, la modificara, lo que no sucedió, puesto que fue esta última autoridad quien llevó al cabo tal acto legislativo. Cierto, seguro como lo es, que la invocada prevención fundamental `no limita en modo alguno al Poder Legislativo la facultad inherente a su naturaleza, de reformar, adicionar, derogar o abrogar cualquier ley federal' -cualquier ley o decreto- ; verdad es que en la esfera de su competencia el dicho Poder puede obrar en esos términos, pero, entiéndase bien, ello es así en la medida que la ley o el decreto, según el caso, hubiere sido creado por él mismo; si la ley o el decreto salieran o provinieran de ese Poder, éste tendría la facultad que yo mismo profeso: para reformar, adicionar, derogar o abrogar esa ley o decreto, para cuyo fin seguiría un procedimiento idéntico al establecido para la formación de estos últimos; y siendo esto así, salta a la vista que la autoridad emisora de la sentencia sujeta a revisión, no hizo una correcta interpretación de la repetida norma constitucional, por más que se empeñara, como se empeñó, en sostener que ésta rige únicamente la conducta que le fija al departamento legislativo para obrar en los términos a que me he venido refiriendo; b) Pero el error no se agota con lo dicho por el Tribunal Colegiado, ese error se hace más patente al afirmar que la tantas veces citada disposición constitucional se encuentra `destinada a regular la actividad del Poder Legislativo de la Unión, y no de los otros Poderes', máxime que ella se encuentra en el Capítulo denominado `Del Poder Legislativo'. Pues bien, continuando con el método que me he propuesto observar, es oportuno señalar que la aserción antes mencionada desconoce por entero la teoría de la división de poderes, de coordinación de poderes, de ponderación de poderes, división de funciones, o como se la quiera llamar a esta idea, puesto que la sola circunstancia de que el precepto en examen se encuentra ubicado en el lugar que indica el organismo colegiado, en modo alguno significa que no rija para los casos en que el Ejecutivo Federal lleve al cabo alguno de los actos legislativos -materialmente hablando- previstos en él. Más aún, en la actualidad no existe -que yo sepa- un solo autor que sostenga la total separación de los tres departamentos; por el contrario, tanto la doctrina de los tribunales federales como la literatura de los tratadistas proclaman de manera uniforme el principio según el cual el poder público es uno solo; único, y si se divide en tres ramas es con el fin de dividir sus funciones, sin desconocer que cada departamento ejerza funciones que, por regla general, corresponden a los otros departamentos. `Así vemos, expresó el brillantísimo constituyente Alberto Martínez Escobar en una de sus juiciosas intervenciones, que el Poder Legislativo ejercita funciones de poder cuando legisla, y que el Poder Legislativo no ejerce funciones de poder cuando se constituye en gran jurado para acusar o para sentenciar; el Poder Ejecutivo es poder en muchos casos en su mayoría, y no es poder cuando sanciona la ley, cuando promulga una ley, pues entonces, no tiene, en verdad, el carácter de poder. De manera que el poder es uno y ese poder único lo forma el pueblo; no se fracciona sino por divisiones - yo diría por razones- de trabajo, por especialización de funciones, pero en el fondo existe un poder único. El poder de la Federación se ha dividido para su ejercicio, es decir, el poder único ya en actividad, en Estado dinámico, no en Estado estático, se ramifica en tres Poderes y por eso tenemos el Poder Legislativo para legislar, el Ejecutivo para hacer cumplir la ley y el Judicial para aplicarla...' (Diario de Debates del Congreso Constituyente 1916-1917. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, t. II, p. 608). Ahora bien, tengo la firme convicción de haber demostrado que no existe una absoluta separación o autonomía de Poderes; y así como existen puntos de contacto en la esfera de su competencia, así al establecer su radio de acción, la Ley Fundamental no puede evitar incluir dentro del tratamiento que hace de cada uno de ellos, normar las funciones del otro u otros, y tan es así que el propio Tribunal Colegiado reproduce en parte el texto del artículo 72 constitucional en lo que respecta al derecho de veto, derecho propio y exclusivo del Ejecutivo Federal. En estas condiciones, se palpa de bulto el ostensible error interpretativo que hizo el Tribunal Colegiado con relación al inciso f) del artículo 72 constitucional, porque el solo hecho de que el contenido de éste `se dirige preponderantemente a determinar el procedimiento a seguir por el Congreso de la Unión, respecto de los proyectos de ley o decreto, no significa que parte de ese mismo contenido rija la conducta del Ejecutivo Federal (sic), especialmente si se trata de la facultad vetatoria, según tengo dicho. Pero el tribunal de amparo, partiendo de su idea de la preponderancia, aduce que el inciso f) del artículo 72 de la Ley Fundamental alude, únicamente, al tratamiento que debe dar el Congreso de la Unión a los proyectos que se presenten por los conductos adecuados, en los cuales se proponga, ante ese Poder, la interpretación (?), reforma o derogación de leyes o decretos legislativos, y para esto dispone que se observarán los mismos trámites establecidos para su formación...' ¨Puede admitirse, sin caer en el absurdo, como cierto que para`la interpretación' de una ley o decreto se siga idéntico procedimiento como el que se estableciera para su formación? el más elemental sentido común se revela para contestar en sentido afirmativo. ¨Puede, según la doctrina inmersa en la ejecutoria que se impugna, presentarse por el conducto adecuado un proyecto para la interpretación de la ley o, en su caso, del decreto? c) Es verdad, como lo admití en otro lugar, que la disposición constitucional de referencia no impide al departamento legislativo ejercer una de sus funciones esenciales, a saber: reformar, adicionar, derogar o abrogar cualquier ley o decreto; pero ello es así en la medida que esta ley o decreto hubieren sido expedidos, creados, por el propio departamento a pesar de que la misma prevención constitucional no lo establezca de manera expresa como lo pretende el Tribunal Colegiado que pronunció la sentencia recurrida. En síntesis, resulta del todo punto deleznable a la luz de la más elemental sindéresis jurídica la tesis sostenida por la autoridad sentenciadora, en punto a que el precepto constitucional en estudio rige únicamente para el Congreso de la Unión y no a los demás Poderes, o bien que el tratamiento preponderante que hace el artículo 72 de la Ley Fundamental excluya su aplicación frente al Ejecutivo Federal porque el adverbio empleado por el citado organismo colegiado -`preponderantemente'- es diverso al vocablo `exclusivo' o `único'. Dicho de otra manera, la circunstancia de que el artículo 72 de la Constitución refleje su normatividad `preponderantemente'al Congreso de la Unión, no equivale a decir que `solamente' a éste se dirige el propio precepto. Por lo demás, es pueril pretender que esta misma prevención constitucional, en particular su inciso f), determinara `que una ley o decreto sólo pueda sufrir modificaciones o ser privada de efectos por la misma autoridad que lo expidió y a través de una tramitación específica e idéntica a la que dio lugar a su formación, porque la conclusión en este sentido se logra a través de una correcta exégesis, según hemos visto en páginas anteriores y a cuyo texto me remito en obvio de repeticiones superfluas. III. Prescindiendo de los razonamientos jurídicos que he consignado en los puntos que anteceden, el tribunal responsable contravino en mi perjuicio una de las más elementales reglas que rigen la emisión de una sentencia de amparo, a saber: la autoridad federal que conoce de un juicio de garantías, está obligada a examinar todos y cada uno de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Pues bien, si analizan los argumentos vertidos en el punto IV de mi libelo de garantías, podrán advertir que alegué, en substancia, contravención a los artículos 16 y 49 de la Ley Fundamental; y da la casualidad que si bien es cierto que el Tribunal Colegiado hizo alusión del concepto de violación involucrado en dicho punto, también lo es que no entró al estudio del mismo. En efecto, en mi escrito inicial de demanda sostuve que el artículo 712 de la ley adjetiva civil era inconstitucional, ya que su expedición -lo mismo que el decreto que lo reformó- fue hecha por una autoridad carente de competencia, como lo es el Congreso de la Unión, quien al obrar en ese sentido interfirió en la esfera competencial del Ejecutivo Federal, quien expidió la citada ley adjetiva. Pese a ello, repito, el Tribunal Colegiado no desvirtuó este razonamiento jurídico, contraviniendo de esta forma uno de los principios medulares que estructuran el juicio de amparo, dado que no analizó las razones legales que fundan el concepto de violación respectivo; de ahí que deberán revocar la sentencia para los efectos a que se refiere la fracción I del artículo 91 de la Ley Reglamentaria. IV. En el quinto concepto de violación aduje una palpable violación al artículo 14 constitucional, toda vez que el diverso 712 de la ley procesal civil no contempla una de las formalidades esenciales del procedimiento: la relativa a los alegatos; y a este respecto, la autoridad colegiada no me concedió la razón por lo siguiente: a) `En primer lugar, dijo, porque si bien es cierto que el artículo 14 constitucional exige como garantía previa a cualquier acto privativo de derechos, papeles o posesiones, el seguimiento de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las cuales se ha considerado únicamente a la fase de alegatos, también es verdad que el sentido de esta norma constitucional no tiene el alcance de exigir una formalidad para cada una de las instancias del proceso de que se trate, sino sólo para la o las que por su naturaleza lo requieran, dentro de las cuales está siempre la primera instancia, dado que en ella se forma la litis y se lleva a cabo la instrucción correspondiente, recibiéndose en ésta todo el material probatorio, que es el objeto medular al que se dirigen los alegatos, pero esa situación no se da forzosamente en la segunda instancia, sobre todo en sistemas legales como el del Distrito Federal, donde el fin preponderante de la alzada consiste en revisar solamente la legalidad de lo hecho por el juez a quo; de modo que, el solo hecho de que un ordenamiento procesal no contenga una fase de alegatos para la segunda instancia de un juicio, aisladamente no determina la contravención a la garantía de defensa jurisdiccional consagrada en el artículo 14 constitucional'. La parte considerativa transcrita con anterioridad desconoce la genuina y verdadera inteligencia del derecho de previa audiencia preconizado en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Fundamental como lo paso a demostrar. Las formalidades esenciales del procedimiento, que son cuatro como lo explican y aclaran los mismos tribunales federales, deben observarse a lo largo y ancho de todo juicio. Más aún, y como lo probaré al ocuparme del último agravio, esas formalidades deben cobrar vida con posterioridad a la emisión del fallo definitivo, esto es, durante la vía de apremio, en ejecución de sentencia, después de haber concluido el juicio respectivo. Pues bien, con el objeto de no infringir el derecho subjetivo público de mérito, el legislador tiene la inexcusable obligación de consignar en el texto de una ley las `formalidades esenciales del procedimiento' en donde o cuando exista la posibilidad de ser, si no privado, lesionado un derecho de naturaleza procesal. En efecto, si la ley in genere no establece esas cuatro formalidades, o bien adolece de alguna de ellas, la dicha ley será contraria a la literalidad involucrada en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3386-06ac6537/formalidades-esenciales-del-procedimiento-son-las-que-garantizan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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