ACCESO A EMPLEOS O CARGOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS NOTARIAS PARA SOLICITAR LICENCIA ÚNICAMENTE A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, VULNERA ESE DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). PARLAMENTO ABIERTO. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE REALIZARLO PARA EFECTO DE QUE SE RECONOZCA LA VALIDEZ DE SUS PROCESOS LEGISLATIVOS. DELITO CONTRA LA FUNCIÓN NOTARIAL. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. LIBERTAD DE TRABAJO. LA RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS NOTARIAS PARA SOLICITAR LICENCIA ÚNICAMENTE A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, VULNERA ESE DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD. LA RESTRICCIÓN A UN DERECHO PREVIAMENTE RECONOCIDO A LAS PERSONAS NOTARIAS PARA ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS DISTINTOS DE LOS DE ELECCIÓN POPULAR VULNERA ESE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN LA QUE SE ADUCE QUE ESTE MEDIO DE CONTROL NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A UN DERECHO POLÍTICO, TODA VEZ QUE EL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS ES UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, A TRAVÉS DEL CUAL TODAS LAS PERSONAS TIENEN LA FACULTAD DE PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS (ARTÍCULOS 126, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 140, ASÍ COMO DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 141 AL 147, TODOS DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADA MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL LEGISLADOR LOCAL NO SE ENCONTRABA OBLIGADO A LLEVAR A CABO UN PARLAMENTO ABIERTO PARA DEROGAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 143 AL 147 DE LA LEY DEL NOTARIADO LOCAL, AL NO EXISTIR UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 141 AL 147, TODOS DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADA MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA. LA NORMA QUE IMPIDE A LAS PERSONAS TITULARES DE UNA NOTARÍA SOLICITAR LICENCIA PARA ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS, DISTINTOS A LOS DE ELECCIÓN POPULAR, GENERA UN TRATO DISCRIMINATORIO CARENTE DE UNA RAZÓN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA, CON LO CUAL SE VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, IGUALDAD Y PROGRESIVIDAD, EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y A LA LIBERTAD DE TRABAJO O PROFESIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 126, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL DESEMPEÑO DE UN CARGO" DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. DELITO CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL EN EL ESTADO DE COLIMA. LA NORMA QUE SANCIONA A LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE OBSTACULICE O IMPIDA A UN NOTARIO O NOTARIA EJERCER SU FUNCIÓN PÚBLICA O QUE NO LE PRESTE EL AUXILIO QUE REQUIERA PARA ELLO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, TODA VEZ QUE LOS TÉRMINOS "OBSTACULICE" E "IMPIDA" RESULTAN AMBIGUOS E IMPRECISOS Y NO PERMITEN IDENTIFICAR CON PRECISIÓN LA CONDUCTA PUNIBLE, Y PORQUE EL RESULTADO ES INDETERMINADO, EN TANTO QUE NO ESTABLECE SI SE TRATA DE UN DELITO DE RESULTADO O DE MERA ACTIVIDAD, LO QUE GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE CUÁNDO SE CONSIDERA CONSUMADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 126, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL DESEMPEÑO DE UN CARGO", DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS PARA EVITAR UN VACÍO LEGISLATIVO (REVIVISCENCIA DEL ARTÍCULO 126, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO" DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, PREVIO A SU REFORMA MEDIANTE DECRETO 458 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 127/2024. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 13 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIOS: MAURICIO TAPIA MALTOS Y RODRIGO ARTURO CUEVAS Y MEDINA.
Hechos:
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima solicita la invalidez de los artículos 126, párrafo segundo y 140, así como la derogación de los artículos 141 al 147, todos de la Ley del Notariado del Estado de Colima, reformada mediante Decreto 458, publicado en el Periódico Oficial local el once de mayo de dos mil veinticuatro.
Problemas jurídicos por resolver:
1. ¿La derogación de los artículos 143 al 147 de la Ley del Notariado del Estado de Colima, resulta inconstitucional porque el legislador local no desarrolló en el proceso legislativo un parlamento abierto?;
2. ¿El artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado del Estado de Colima, vulnera los principios de universalidad y progresividad de los derechos humanos, el derecho de acceder a cargo públicos y la libertad de trabajo o profesión, reconocidos en los artículos 1o, 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Federal, al excluir a las personas titulares de una notaría para desempeñar un cargo público mediante licencia otorgada por la titular del Poder Ejecutivo local?; y
3. ¿El artículo 140 de la Ley del Notariado del Estado de Colima, viola el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, así como la seguridad jurídica, tutelados en los artículos 14, párrafo tercero y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, porque el legislador local es impreciso al referirse a las palabras “obstaculice”, “impida”, así como con la frase “no le preste auxilio”, dejando un margen amplio de apreciación al operador jurídico para determinar qué acción u omisión específica recae en tales supuestos y que conlleva a la conducta típica?
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 127/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en contra de los artículos 126, párrafo segundo y 140, así como la derogación de los artículos 141 al 147, todos de la Ley del Notariado del Estado de Colima, reformada mediante Decreto 458, publicado en el Periódico Oficial local el once de mayo de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado vía electrónica el diez de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Roberto Ramírez ostentándose como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
“III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:
Artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado, reformado mediante Decreto no. 458, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado ‘El Estado de Colima’ el 11 de mayo del año 2024.
Artículo 140, de la Ley del Notariado, reformado mediante Decreto no. 458, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado ‘El Estado de Colima’ el 11 de mayo del año 2024.
La derogación del procedimiento establecido en los artículos 141 al 147 de la Ley del Notariado, reformado mediante Decreto no. 458, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado ‘El Estado de Colima”’ el 11 de mayo de 2024.”.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La Comisión local accionante señala que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o, 5o, 14, 16, 35, fracción VI y 38, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. La accionante formula, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Respecto al principio de universalidad.
El principio de universalidad de los derechos humanos tutelado por el artículo 1o. constitucional, implica que todas las prerrogativas inherentes a la especie humana son de todas las personas sin distinción alguna; por tanto el goce pleno e irrestricto de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Federal no puede ser limitada a clase alguna de personas o algún contexto especial, determinado o indeterminado, lo que implica que deben ser aceptados y respetados por todos los miembros del Estado, con independencia del sistema político, económico y social.
En el caso, el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado del Estado de Colima afecta el principio de universalidad de los derechos humanos, en concreto de las personas en calidad de Notarios para poder desempeñar un empleo o cargo en el servicio público, pues por el solo hecho de tener la calidad de Notarios en el Estado de Colima se encuentran impedidos bajo cualquier circunstancia, aún con licencia de la titular del Ejecutivo local, para formar parte del servicio público de la entidad federativa.
Tener vigente el derecho de todas las personas de poder ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley, es un derecho humano, lo que se traduce en que no es obligatorio que a la persona se le asigne el empleo, cargo o comisión, pero que tiene el derecho de poder ser nombrado en ellos si satisface los requisitos legales que se requieran.
Es importante hacer notar que un cargo público no es únicamente un cargo de elección popular o que derive de un proceso electoral, sino que puede ser cualquier otro nombramiento administrativo de la rama del Poder Ejecutivo, en funciones jurisdiccionales en el ámbito del Poder Judicial o en el desempeño profesional dentro de un órgano autónomo.
• SEGUNDO. Respecto al principio de progresividad.
El principio de progresividad de los derechos humanos implica la obligación estatal de mejorar las condiciones de su goce y ejercicio, así como la prohibición de regresividad indica que, una vez logrado el avance en el disfrute de derechos, el Estado no puede disminuir el nivel alcanzado.
Este principio tiene dos vertientes principales, por un lado, buscar una paulatina y constante evolución en el reconocimiento, contenido, goce y ejercicio de los derechos humanos y, por otra, no deben admitirse medidas restrictivas o regresivas que disminuyan o menoscaben dichos derechos.
En el caso, el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado del Estado de Colima viola el principio de progresividad porque, con motivo de su reforma y al momento de su entrada en vigor, se actualiza la restricción a un determinado grupo de personas para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público local, en concreto, aquellas que cuenten con la calidad de Notarios en el Estado de Colima.
El artículo en comento, antes de la reforma impugnada, sí posibilitaba a las personas que contaban con la calidad de Notario o Notaria, tuvieran a salvo el derecho de poder desempeñar un empleo de un cargo público, no solo de elección popular, situación que se volvió nugatoria al entregar en vigor la nueva porción normativa impugnada.
Esta reforma representa un grado de regresión en el derecho de poder participar, a través de un cargo, empleo o comisión, en el servicio público, de un grupo de personas que sí deben tener derecho de participación, y no existe causa alguna para que sean excluidas.
• TERCERO. Respecto de los derechos políticos y derecho de poder ser nombrado en cualquier empleo o cargo del servicio público.
El artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado del Estado de Colima también vulnera el derecho político de poder ser nombrado en cualquier empleo cargo o comisión que tutelan los artículos 35, fracción VI y 38, fracción VII, ambos de la Constitución Federal, de los cuales deriva el derecho de los ciudadanos para ejercer un cargo público si cumplen las cualidades que establezca la Ley.
Si bien la función del Notario es de orden público, este no se identifica propiamente como un servidor público, porque no tiene relación jerárquica con ninguno de los Poderes del Estado, pues no pertenece a la administración pública y sus honorarios no emanan del erario público, por lo que no existe razón fundada del hecho de que las autoridades legislativas como ejecutivas, limiten a las personas con calidad de Notario para ejercer un cargo público, tal y como lo autoriza la propia Constitución Federal.
En efecto, la Constitución del Estado de Colima no establece impedimento para que una persona con calidad de Notario ejerza un cargo público, si bien el artículo 135 de ese ordenamiento prohíbe ejercer simultáneamente dos o más cargos de elección popular, indicando que el ciudadano electo debe optar por uno u otro cargo, lo cierto es que el cargo del Notariado no es designado por elección popular, sino por el Poder Ejecutivo.
Se robustece lo anterior con la jurisprudencia de rubro: “DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD.”, así como la diversa de rubro: “DERECHO A SER BOTADO. REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”.
• CUARTO. Respecto del derecho al trabajo o profesión.
El artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado del Estado de Colima también viola el derecho al trabajo que tutela el artículo 5o. de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual toda persona tiene derecho a elegir un trabajo, profesión, industria o comercio que le convenga, y que sea lícito, digno y socialmente útil, y que tal libertad solo podrá ser restringida por mandato judicial, siempre y cuando no transgreda derechos de terceros.
En ese orden, los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los derechos humanos de acceso a la justicia, audiencia, legalidad y debido proceso, los cuales, debido al artículo 1o. constitucional, no podrán ser restringidos ni suspendidos, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidas en la Constitución Federal, así como la garantía de seguridad jurídica, que establece los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto la autoridad no incurra en arbitrariedades.
De la simple lectura de los preceptos citados, se advierte que las autoridades que emitieron y promulgaron la norma impugnada no respetan el principio de progresividad, al haber limitado a las y los Notarios de la entidad solo a que se les otorgue una licencia por el Ejecutivo cuando se trata de un cargo de elección popular, cuando en la ley abrogada sí daba esa opción.
En ese sentido, el Notario podría solicitar licencia renunciable por el tiempo que durara su encargo en el desempeño de un cargo público y de elección popular, limitándolo en la norma que se impugna a solo obtener licencia cuando se trata del desempeño de un cargo de elección popular, dejando de lado todos aquellos trabajos que pudieran realizar en el servicio público, situación que claramente deviene en una regresividad en la tutela del derecho humano a la libertad del trabajo, procesión, industria o comercio.
• QUINTO. Artículo 140 de la Ley del Notariado del Estado de Colima.
El artículo 140 de la Ley del Notariado del Estado de Colima determina que “Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, a la persona servidora pública que obstaculice o impida a un Notario o Notaria ejercer su función pública o no le preste auxilio que requiera para ello.”, precepto que vulnera los artículos 14, párrafo tercero y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, de los cuales se desprende el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad o taxatividad, toda vez que la configuración de tal hipótesis no está tipificada en el Código Penal para el Estado de Colima, no obstante que la autoridad legislativa en su exposición de motivos, señaló que la modificación del precepto invocado era con el fin de no remitirse al Código Penal, evitaron con ello “remisiones innecesarias.”
Al revisar el Código Penal para el Estado de Colima vigente, se advierte que la hipótesis prevista en el artículo 140 de la Ley del Notariado local viola el principio de legalidad en sus vertientes de tipicidad o taxatividad, debido a que tal situación infringe las reglas de exacta aplicación de la ley penal, al no estar definido con tal precisión la conducta típica, generando con ello una incertidumbre y confusión, lo que puede tener cabida a diversas interpretaciones por parte del juzgador.
Lo anterior es así, puesto que el legislador es impreciso al referirse a las palabras “obstaculice”, “impida” y con la frase “no le preste auxilio”, dejando un margen amplio de indeterminación, es decir, cuándo es que un servidor público no presta el auxilio al Notario, o impide u obstaculiza su función pública, qué acción u omisión específica recae en el obstáculo, impedimento o auxilio y que conlleva a la conducta típica; tales situaciones que deja a la analogía del juzgador el precepto mencionado, el cual vulnera los principios de prohibición de analogías, taxatividad, legalidad y seguridad jurídica.
En el amparo directo en revisión 3517/2019, se indicó que el principio de taxatividad podría definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadas “describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas”. Se robustece lo anterior con el criterio contenido en la tesis de rubro: “DESPOJO. EL ARTÍCULO 235, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO, QUE PREVÉ ESTE DELITO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD”, así como la jurisprudencia de rubro: “TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE”.
• SEXTO. La derogación del procedimiento establecido en los artículos 141 al 147 de la Ley del Notariado del Estado de Colima.
La derogación del procedimiento establecido en los artículos 141 al 147 de la Ley del Notariado del Estado de Colima, reformado mediante Decreto 458, publicado en el Periódico Oficial local el once de mayo de dos mil veinticuatro, viola los derechos de igualdad y no discriminación, la seguridad jurídica, libertad del trabajo y principio de legalidad, porque el órgano legislativo no actuó como un parlamento abierto, es decir, no se proporcionaron espacios para que la ciudadanía y las personas que ejercen el Notariado participaran de forma activa en la discusión de las normas de la Ley relativa.
La extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre la figura de parlamento abierto como parte integrante de los sistemas democráticos constitucionales en el amparo en revisión 27/2021, en el sentido de que ese concepto supone que el órgano legislativo comunique toda su actividad a la ciudadanía de forma transparente, en formatos abiertos y entendibles, así como la necesidad de abrir espacios de participación entre los ciudadanos y los funcionarios, a través de foros deliberativos y otros instrumentos de comunicación dentro de los procedimientos parlamentarios.
El parlamento abierto es una herramienta de apertura democrática, porque permite la incorporación del ciudadano en el diseño de las normas, por lo que consideran que esa figura no puede verse solamente como una buena práctica legislativa, sino que constituye un mecanismo para el ejercicio de los referidos derechos, cuya omisión se traduce en una violación directa al artículo 5 constitucional, así como una afectación al propio modelo democrático, pues la ciudadanía y las personas notarias estuvieron en la posibilidad de disentir, argumentar, persuadir y construir acuerdos, con base en la capacidad de negociación de los actores políticos.
Debe destacarse que sobre la figura de parlamento abierto existen como precedentes la acción de inconstitucionalidad 294/2020 y sus acumuladas, así como los amparos en revisión 25/2021 y 27/2021, en los que se ha definido que la implementación de ese modelo en una democracia implica incorporar al ciudadano tanto en el diseño de las normas, en las iniciativas ciudadanas, así como en la difusión de los proyectos para recabar comentarios y medir el grado de aceptación de los cambios normativos propuestos, lo cual incluye realizar deliberaciones abiertas.
En el caso, el legislador local debió realizar dicha figura pues la reforma al texto de ley se resentiría de manera directa y principalmente a las personas Notarias, empero también a la sociedad en general, pues dicha reforma a la porción normativa conllevaría un presupuesto más de legitimidad al momento que se pudiere designar una nueva persona como Notario, pues por el hecho de ser servidor público no electo popularmente, se limitaría su función.
Un modelo legislativo en el que se otorga un papel de mayor protagonismo a la ciudadanía eleva la confianza en los representantes y favorece el cumplimiento y aceptación de la legislación.
La propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en su diverso 124, fracción IV, impone que los dictámenes deben contener un “Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar” y que “Los dictámenes se realizarán con un lenguaje incluyente y no sexista y deberán acompañarse de los anexos correspondientes a las opiniones técnicas jurídicas”.
No pasa por alto que las personas notarias no son consideradas como una categoría sospechosa o grupo de atención prioritario, sin embargo, una evolución al criterio que se venía sosteniendo, ya que se estimó que en los supuestos en que se lleve a cabo la consulta referida respecto de legislación que no es específica o exclusiva para estos grupos.
En el supuesto de que una norma o un ordenamiento general no esté específicamente relacionado con grupos vulnerables que deben ser privilegiados con una consulta, esto es, que no se refieran única y exclusivamente a ellos, sino al contexto general donde están incorporadas; las normas por invalidar serán precisamente las que les atañen, pero sin alcanzar a invalidar toda la ley. Por el contrario, cuando las leyes se dirijan específicamente a estos grupos vulnerables, la falta de consulta invalidará todo ese ordenamiento.
Previo a analizar los planteamientos sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, deben estudiarse preferentemente los conceptos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado.
No obstante, en el caso de que ese Alto Tribunal encuentre una interpretación de la norma impugnada que se apegue a la Constitución Federal, se solicita emita la correspondiente interpretación conforme al declarar su validez.
4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 127/2024, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión de la demanda. Por acuerdo de uno de
agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de esta acción de inconstitucionalidad, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Colima para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada o un ejemplar del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción, formularan el pedimento que les corresponde. 6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Mediante oficio recibido vía electrónica el dos de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(2) Alonso Lozano Juárez, en su carácter de titular de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:
La función notarial no es una materia que se encuentra en la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, atento a los artículos 73 y 127 de la Constitución Federal, por lo que es facultad residual de las entidades federativas, esto es, que el Congreso de Colima tiene facultad y libertad configurativa para normar la función notarial y demás elementos relacionados con ella.
En términos de los artículos 58, fracción XXXIV y 103 de la Constitución de Colima, la facultad del Ejecutivo para expedir el fiat para las personas notarias e impone algunos requisitos para su obtención, determinando que el resto de los requisitos y el proceso para que el Ejecutivo ejerza tal facultad será establecido en la ley respectiva. Por lo que es en la Ley del Notariado local donde se regulan todos los aspectos relativos a esa función del Estado.
De la Ley impugnada se corrobora que la función notarial es de orden público, que el notario es un profesional del derecho que está investido por delegación del Estado, a través del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica; que, por realizar una función pública, es un funcionario público sui generis, que actúa a petición de parte, dentro de la demarcación territorial a la que fue adscrito; que esa función pública debe ejercerla sin algún tipo de sujeción física y moral; que debe cumplir con determinados requisitos tanto para obtener su nombramiento como para ejercerlo; que entre los derechos de las personas notarias está el de proporcionar el nombramiento de una persona adscrita, separarse temporalmente del cargo y ausentarse de su residencia, así como solicitar licencia del Ejecutivo, temporal o por el periodo que dure el desempeño de un cargo de elección popular; que su nombramiento está sujeto al cumplimiento de la ley y de la vigencia de los requisitos para obtenerlo; que entre sus obligaciones tiene la de cumplir con la ley, por lo que no está exento de responsabilidad penal civil o administrativa determinada por autoridad competente en cada caso.
• PRIMERO. Constitucionalidad del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley del Notariado del Estado de Colima.
La accionante alega que se excluye a las personas notarias de su derecho a desempeñar un cargo público mediante licencia otorgada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, en violación a los artículos 1o, 5o, 14, 35, fracción VI, y 38, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los principios de universalidad y progresividad, los derechos políticos de los ciudadanos y la libertad de trabajo o profesión.
La reforma impugnada no quebranta el derecho de las personas notarias para ejercer cargos o comisiones en el servicio público, puesto que el derecho para ocupar un cargo público sigue vigente con la salvedad de que el mismo sea a través de los conductos legales previamente establecidos, motivo por el cual resulta erróneo establecer violación alguna a los derechos humanos, así como a los principios que refiere previstos en nuestra Constitución Federal.
Al desempeñar el cargo de notario público se ejerce el servicio público sin pertenecer necesariamente a la administración pública, ya que es ésta la que le concede la patente para dicho ejercicio, de tal manera que es contradictorio pensar que se le prive de un derecho fundamental de trabajo o que se le viole algún derecho fundamental, cuando el propio Estado ha otorgado la patente para desempeñar tal función.
La función notarial es una función estatal delegada por el Ejecutivo a los profesionales del Derecho que cumplan los requisitos legales, esto significa que la entrega de la patente notarial (también conocida como fiat notarial), está sujeta no solo al cumplimiento de ciertas cualidades personales, sino también del cumplimiento de un proceso de selección a través de la presentación de exámenes, así como la observancia de ciertas obligaciones, entre las que se encuentran algunas abstenciones.
Dichas obligaciones no son privativas de la función del notariado, sino que diversos cargos de la función pública contemplan la exigencia de cubrir cierto perfil personal y profesional, así como obligaciones que, en algunos de ellos y como ocurre en la especie, se traducen en impedimentos.
En el caso, el legislador local estableció, haciendo uso de su libertad configurativa, que el ejercicio del notariado no resulta compatible con el derecho de las personas notarias de solicitar licencias para ocupar cargo o comisión en el servicio público, pudiendo sí hacerlo cuando se trata de una incapacidad temporal, el desempeño de un cargo de elección popular y la participación de su candidatura en un proceso electoral, sin que ello represente una transgresión del principio de universalidad, pues el derecho de las personas notarias subsiste pero no a expensas de mantener latente pero inactiva la calidad de ese nombramiento, pues se quedan con plena libertad de hacer uso del derecho para ser representantes populares en virtud de un proceso electoral y dentro de esa temporalidad subsiste la facultad de nombrar a un suplente o encargado del despacho de la notaría respectiva, y una vez terminado dicho encargo regresa a ejercer las funciones de notaria o notario público.
Las personas notarias son nombradas para ejercer una función pública ya que, de conformidad con los artículos 2 y 4 de la Ley impugnada, se reitera, las personas notarias son funcionarias públicas por ejecutar una función que originalmente tiene el Estado y que, si bien no ostentan las características de las personas servidoras públicas ordinarias, cuyo pago se realiza del erario y que están adscritas a un ente de gobierno, si lo son en el sentido material de que prestan un servicio público a la población el que, dicho sea de paso, es frecuentemente solicitado, que en su momento, aunque sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones personales y profesionales, es otorgado directamente por el Ejecutivo quien está dotado de esta facultad y, que se encuentran supeditados al deber de acatar las disposiciones normativas que regulan la función notarial que realizan, bajo la consecuencia de incurrir en responsabilidades en caso de desacato.
Las personas notarias son consideradas servidoras públicas por lo que, como ocurre con todos los cargos públicos y no solo los de elección popular, únicamente se puede ocupar un cargo a la vez; en consecuencia no agravia la esfera de derechos de los notarios que únicamente conserven el derecho de solicitar licencias para ocupar cargos públicos de elección popular, toda vez que pueden ser nombrados para cargo o comisión del servicio público, cuando no ejerzan más la función pública del notariado debido a la licencia temporal que en su momento soliciten para participar en un cargo de elección popular.
La hipótesis de otorgar licencia para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público rompe con el rasgo distintivo de las causas para otorgar licencia, toda vez que muchos cargos públicos no tienen una temporalidad definida por ser nombramientos de confianza, en tanto que hay otros que pueden obtener el carácter de inamovibles o ser basificables, en cuyos casos también la licencia tendría que extenderse por ese tiempo indefinido, lo cual va en perjuicio de los intereses colectivos y del derecho de la sociedad de contar con el servicio de fe pública que el Estado se encuentra obligado a prestar en los términos de la Ley de Notariado. En ese sentido, no debería estar el interés personal del servicio público, sobre el interés general de la población.
De conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Notariado que nos ocupa, la función notarial la determina el Poder Ejecutivo en función de la cantidad de habitantes de cada demarcación, por lo que se debe tener presente que la entrega de una patenta notarial la realiza porque existe necesidad de servicio, lo que nos lleva a concluir que el Estado no estaría prestando el servicio de notariado conforme a la ley ante la ausencia por licencia de una persona notaria que, bajo su interés personal, consideró que le resultaba más conveniente (por las razones que fueran) ocupar un cargo o comisión en el servicio público, que ejercer el nombramiento de una notaría para el beneficio colectivo.
Ciertamente la ley prevé que estas ausencias sean suplidas por otra persona encargada del despacho de la Notaría, no obstante, debe tenerse muy claro que la patente se otorgó a una persona titular que, en su momento, acreditó ser la idónea para obtener el nombramiento, porque el Ejecutivo advirtió la necesidad de que la población contara con el servicio en la cantidad y calidad que la ley prevé, razón por la cual la función notarial se ejerce de manera personal no siendo permitido que las personas notarias deleguen dicha función en alguien más de manera indefinida que pudiera no cumplir con las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34013-faf7a0f3/acceso-a-empleos-o-cargos-publicos-en-condiciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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