I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD RESPECTO DE LA NORMA EN MATERIA ELECTORAL IMPUGNADA, AL HABERSE PRESENTADO LA DEMANDA FUERA DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (DECRETO NÚMERO 126, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 130/2022. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 14 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: CÉSAR VILLANUEVA ESQUIVEL
SÍNTESIS
Hechos. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversos diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Colima promovieron demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 126, por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Colima, publicado el doce de agosto de dos mil veintidós en el periódico oficial de la misma entidad.
Los accionantes demandaron la invalidez de dicho decreto y, en particular, de su artículo transitorio SEGUNDO el cual prevé que el ejercicio de la revocación de mandato será aplicable a partir de la gobernadora o gobernador electo para el periodo dos mil veintisiete a dos mil treinta y tres, de dicha entidad federativa. Consideran que dicho decreto vulnera los artículos 1o., 14, 16, 35, fracción IX, 36 fracción III y 116, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el párrafo segundo del artículo transitorio Sexto del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, así como diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Del estudio exhaustivo de las constancias que integran la acción de inconstitucionalidad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con los artículos 60, párrafo primero y 59 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria), pues la demanda se presentó en forma extemporánea, dado que las normas en materia de revocación de mandato son de naturaleza electoral, por lo que no opera la excepción relativa a que si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, por el contrario, rige la regla de que para el cómputo de los plazos, en materia electoral todos los días son hábiles, lo que en el caso ocurrió, pues el día del vencimiento del término de treinta días naturales fue el domingo once de septiembre de dos mil veintidós y la demanda se presentó el lunes doce de septiembre de dos mil veintidós. Al presentarse la demanda un día después del plazo de su vencimiento, es inoportuna y, por tanto, deriva en el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad.
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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de octubre de dos mil veinticinco emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 130/2022, promovida por el equivalente al treinta y tres por ciento de los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del congreso del Estado de Colima en contra del Decreto número 126 por el que se expide la Ley de revocación de mandato del estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el viernes doce de agosto de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial de demanda. Mediante escrito recibido el doce de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN, diversas diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del congreso del estado de Colima promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 126, por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato del estado de Colima, publicado el doce de agosto de dos mil veintidós en el periódico oficial de la entidad.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial de demanda, los accionantes expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
• Primero. Invalidez derivada de la violación a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 116 de la CPEUM.
El artículo 116, fracción I de la CPEUM fue reformado mediante la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el cual establece que las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. Al respecto, el Poder Constituyente hizo lo propio al reformar la CPEUM, pues el procedimiento de revocación de mandato del Presidente de la República se encuentra en dicho ordenamiento jurídico. En particular, en el artículo 35, fracción IX constitucional.
En ese sentido, los diputados accionantes afirman que el legislador local debió reformar la Constitución local previamente a expedir la ley reglamentaria respectiva. Si bien mediante resolución del Tribunal Electoral del estado de Colima, dictada en el expediente JDCE-03/2022, se ordenó al Congreso del Estado de Colima la expedición de la Ley de Revocación de Mandato, ello no impedía que el legislador local reformara previamente la Constitución local, en acatamiento a lo previsto en el artículo 116, fracción I, de la CPEUM, por lo que no existe justificación alguna para esta omisión.
• Segundo. Invalidez derivada de la violación a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Para los accionantes, el decreto impugnado también resulta violatorio del párrafo segundo del artículo sexto transitorio del decreto de reformas a la CPEUM en materia de revocación de mandato. Lo anterior, porque en el artículo segundo transitorio del Decreto impugnado se establece que el ejercicio de la revocación de mandato será aplicable a partir de la Gobernadora o Gobernador electo para el periodo 2027-2033.
Lo que contraviene el artículo sexto transitorio del Decreto de reformas a la CPEUM, que establece: (...) Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo Local con anterioridad a este decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas (...)
En el caso de Colima, el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve se publicó el Decreto 70, por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para incluir la revocación de mandato del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, actualizando el supuesto establecido en el artículo sexto transitorio mencionado. Así, al haberse reconocido la figura de la revocación de mandato en la Constitución local con anterioridad a la reforma a la CPEUM, dicha figura debió continuarse aplicando, máxime que la actual gobernadora fue electa en dos mil veintiuno, es decir, después de que entrara en vigor la figura de revocación de mandato en el Estado de Colima, por lo que es inexacto lo señalado en la exposición de motivos del decreto impugnado en el sentido de que su aplicación a la actual mandataria sería un acto de aplicación retroactivo de la ley.
El sexto transitorio mencionado sólo señala que las entidades federativas que hubieran incorporado la revocación de mandato sin especificar usar expresiones como incorporado y reglamentado o alguna otra similar, sino que basta que dicha figura se encuentre reconocida en la legislación local para incurrir en el supuesto de armonización sin demérito de su aplicación.
Además, en materia procedimental no existen efectos retroactivos, tal como lo ha señalado la Primera Sala en la jurisprudencia 1ª LXXV/2011, de rubro: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; la Segunda Sala en la jurisprudencia 2ª. XLIX/2009, de rubro: NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA y el Pleno en la jurisprudencia P./J. 134/99, de rubro: IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. NO VIOLA ESA GARANTÍA EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
En el caso, la figura de la revocación de mandato y sus efectos, ya se encontraban reconocidos en la Constitución local desde dos mil diecinueve, situación que en términos del artículo sexto transitorio mencionado previamente, bastaba para que se continuara aplicando con independencia de las adecuaciones que al respecto se hicieran conforme a lo ordenado en la reforma a la CPEUM, las cuales incluyen su reglamentación, sin que dicha situación pudiera considerarse como efectos retroactivos en perjuicio, pues aún no se materializaban dichas cuestiones.
• Tercero. Trasgresión a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El decreto impugnado vulnera el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el cual ordena que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación de una legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto; sin embargo, en el dictamen y mucho menos en el decreto se hace referencia al impacto presupuestal.
• Cuarto. Trasgresión a procedimiento establecido por la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.
El decreto impugnado trasgrede el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima la cual establece que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno deberá incluir en su dictamen la relación que guarde con los planes estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto, previa consulta a la dependencia o entidad de la administración pública del Estado y los municipios.
En el caso, el Congreso local no agotó el procedimiento previsto por dicho precepto, a pesar de que dicha normativa jurídica es de orden público, interés general y observancia obligatoria para el Estado. En ese contexto, se considera que el Congreso local debió haber consultado al Instituto Estatal Electoral y al no hacerlo se trasgrede un procedimiento previsto en la propia ley, lo que es insuficiente para invalidar la reforma.
3. Radicación. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la SCJN tuvo por recibido el escrito inicial y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 130/2022, y turnó el expediente a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruyera el procedimiento respectivo.
4. Admisión. La Ministra instructora, por acuerdo de diecisiete de octubre siguiente, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) para formular pedimento, en su caso.
5. Informe Poder Ejecutivo Local. El Poder Ejecutivo del estado de Colima, a través del Consejero Jurídico, en esencia, expresó:
• Respecto del primer concepto de invalidez, los promoventes parten de una argumentación errónea del artículo 116 constitucional, pues confunden la palabra norma como legislación aplicable a una problemática específica, con el proceso regulador de la figura jurídica en cuestión, en este caso, la revocación de mandato. Esto es, si bien el artículo 116, fracción I establece que las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato, esto no significa que dentro del articulado de dichas Constituciones se deba prever la totalidad del proceso relativo a la figura de revocación de mandato.
De hecho, el artículo 35, fracción IX, numeral 8 de la CPEUM establece que será el Congreso de la Unión el que emitirá la ley que reglamente la figura de la revocación de mandato, por lo que es claro que esta figura debe regularse en la legislación secundaria. Es por ello, por lo que el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el DOF, la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), la cual en su primer artículo señala que es reglamentaria del precepto constitucional aludido.
Con lo anterior queda claro que al señalar que serían las Constituciones locales las que establezcan las normas relativas al proceso de revocación de mandato del gobernador de la entidad, no fue encaminada a que forzosamente sea dentro del texto constitucional en donde se prevea todo lo concerniente al proceso de revocación de mandato, sino que las Constituciones locales dieran la legitimación a la figura jurídica en cuestión en concordancia con la CPEUM y, por ende, establecer sólo las bases para un ordenamiento legal especifico contenido en una ley reglamentaria. Además, en la Constitución local ya se preveía la figura de la revocación de mandato.
• Sobre el segundo concepto de invalidez, en el que se alega la violación al artículo sexto transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, se sostiene la figura de revocación de mandato fue regulada en el estado de Colima con la publicación de la Ley de Revocación de Mandato de doce de agosto de dos mil veintidós, por lo que es improcedente e inaplicable a la actual titular del Poder Ejecutivo local, quien asumió el cargo en dos mil veintiuno. Aplicar de manera retroactiva una ley sería ir en contra del artículo 14 constitucional y del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 constitucional.
Si bien la Constitución local ya regulaba a nivel de base general la revocación de mandato, lo cierto es que no contenía un procedimiento con términos y condiciones de la forma en que se llevaría a cabo, además de que en ningún momento la norma impugnada por el accionante contraría el artículo sexto transitorio, toda vez que finalmente se legisló en materia de revocación de mandato sin contrariar la reforma a la CPEUM en la materia.
• En relación con los conceptos de invalidez tercero y cuarto precisó que la obligación contenida en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y 58, numeral 1 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima en el sentido de realizar un estudio de impacto presupuestario se concreta a iniciativas presentadas por el Ejecutivo estatal, mientras que en el caso, la iniciativa de revocación de mandato no fue presentada por la titular de dicho poder, por lo que resultan inaplicables tales preceptos. Además, en las consideraciones del dictamen se realizaron argumentaciones de tipo económico.
6. Informe del Poder Legislativo Local. El Poder Legislativo del Estado de Colima, a través del Presidente de la Mesa Directiva, argumentó:
• En relación con el primer concepto de invalidez, se considera infundado la interpretación que el accionante quiere dar al artículo 116, fracción I de la CPEUM, ya que el hecho de que se mencione que las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato de la persona titular de la gubernatura estatal no significa que sea contrario a dicho precepto constitucional expedir una ley secundaria, toda vez que esa no fue la intención del legislador federal, pues ello sería ignorar el artículo 133 constitucional.
Lo anterior, porque el espíritu del Constituyente Federal es que las leyes secundarias expedidas por las entidades federativas no contraríen las bases generales establecidas en la CPEUM y la Constitución local, pero jamás que las legislaturas locales carezcan de competencia para legislar en determinada materia, salvo que así se disponga expresamente. En ese sentido, el artículo 116, fracción I de la propia Constitución debe entenderse en el sentido de que las Constituciones locales deben establecer las bases generales relativas a la revocación de mandato, más no a que exista una prohibición de emitir una ley secundaria.
• La norma impugnada cumple con lo ordenado en el artículo 116, fracción I constitucional porque al no demostrarse que sea contrario a ninguna base de las establecidas en la CPEUM en materia de revocación de mandato, todo lo que no implique dar cumplimiento a esas bases queda a la libertad configurativa de la legislatura estatal.
• Respecto del segundo concepto de invalidez, si bien la Constitución local ya regulaba a nivel de base general la revocación de mandato, lo cierto es que no contenía un procedimiento, con términos y condiciones, la forma en que se llevaría cabo. Además, en ningún momento, la norma impugnada contraviene el artículo sexto transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de revocación de mandato, toda vez que finalmente se legisló en esa materia sin contrariar la reforma a la CPEUM en la materia.
• En cuanto al tercer y cuarto concepto de invalidez, se precisa que el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y 58, numeral 1 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima establecen la obligación a cargo del Ejecutivo Estatal y del Congreso Estatal de realizar el estudio de impacto presupuestario cuando se trate de iniciativas propuestas por el Ejecutivo Local, siendo que en el caso no aconteció así.
7. Alegatos. Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés se hizo constar que transcurrió el plazo otorgado a las partes para formular alegatos, sin que ninguna de ellas los rendiera. Asimismo, la Fiscalía General de la República FGR tampoco formuló pedimento en la presente acción de inconstitucionalidad.
8. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, el nueve de mayo de dos mil veintitrés se dictó acuerdo de cierre de instrucción y el dieciséis de mayo siguiente, se remitió el expediente a la ponencia de la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente a la Presidenta de esta SCJN, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.
10. Returno. Posteriormente, con fecha tres de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN, determinó que al haber quedado adscrita la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala de este alto tribunal y que el Senado de la República tomó protesta a Lenia Batres Guadarrama como Ministra, se le returnara el presente asunto para que actuara como instructora.
11. Turno. En términos del sexto transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.)(1) del Pleno de la SCJN, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de returno.
12. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18(2) del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
13. Esta SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la CPEUM,(3) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución,(4) 16, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF),(5) así como de conformidad con lo previsto en el acuerdo segundo, fracción II(6) del Acuerdo General 2/2025 (12a), de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, publicado en el Diario oficial de la Federación (DOF) el diecinueve de septiembre del dos mil veinticinco,, toda vez que el equivalente al treinta y tres por ciento de los diputados integrantes de la LX legislatura del congreso del Estado de Colima solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Colima, publicada en el POEC el doce de agosto de dos mil veintidós.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. La parte accionante cuestiona la regularidad constitucional de la totalidad del Decreto Número 126, por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Colima, publicado el doce de agosto de dos mil veintidós en el POEC.
15. Las accionantes también demandan la invalidez del artículo transitorio SEGUNDO de dicho decreto, el cual establece que el ejercicio de la revocación de mandato será aplicable a partir de la gobernadora o gobernador electo para el periodo dos mil veintisiete a dos mil treinta y tres, que a continuación se transcribe:
SEGUNDO. El ejercicio de la revocación de mandato contemplado en la presente Ley será aplicable a partir de la Gobernadora o Gobernador electo para el periodo 2027-2033.
III. LEGITIMACIÓN
16. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada. El artículo 105, fracción II, inciso d),(7) de la CPEUM y 62, primer párrafo(8) de la Ley Reglamentaria establecen que en los casos en que la acción de inconstitucionalidad se promueva por integrantes de algún órgano legislativo en contra de leyes expedidas por ese órgano, el escrito inicial correspondiente deberá estar firmado por cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes lo integren. Así, una acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por las legislaturas de los estados cuando:
• Los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal;
• Dichos promoventes representen, cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo correspondiente y
• La acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el órgano legislativo del que sean integrantes los promoventes.
17. Con respecto a los puntos primero y segundo, el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Colima establece que el Congreso local se integra por veinticinco diputados,(9) de lo que se deduce que el equivalente al treinta y tres por ciento de integrantes de dicho órgano legislativo corresponde a nueve diputaciones. Por lo que debe ser firmada por al menos nueve personas diputadas del Congreso de Colima para cumplir con el porcentaje mínimo requerido para promover el presente medio de control constitucional.
18. En la presente acción de inconstitucionalidad se acredita este presupuesto procesal. En el expediente se encuentran integradas las certificaciones del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, de las constancias de mayoría de la elección y de asignación de diputaciones del Congreso local de dicha entidad, de las que se advierte que quienes suscriben la acción de inconstitucionalidad son diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Colima.
19. Las personas firmantes fueron las siguientes:
Ver nombres de las personas firmantes
20. De un análisis a la legitimación de los accionistas, se tiene que éstos acompañaron a su escrito de demanda las certificaciones del Secretario de la Comisión Permanente correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Colima, de las constancias de mayoría y de representación proporcional de la elección y de asignación de diputaciones de dicha entidad federativa expedidas por el Instituto Electoral del Estado de Colima.
21. Por otro lado, con respecto al punto tercero, la acción de inconstitucionalidad se planteó en contra del Decreto número 126, por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Colima, por lo que se trata de una normativa expedida por el Congreso de Colima.
IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquéllas que esta SCJN advierta de oficio, esto último, conforme con lo previsto en los artículos 19, último párrafo, en relación con el 65, ambos, de la ley reglamentaria.(10)
23. Al ser de oficio y una vez analizadas las constancias que integran el presente medio de control de constitucionalidad, esta SCJN advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 19,(11) en relación con el diverso 60, párrafo primero(12) de la Ley Reglamentaria.
24. Así, conforme a los artículos 60 y 61, párrafo primero de la ley reglamentaria, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
25. El citado artículo 60 de la ley reglamentaria, establece en su primer párrafo que, si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
26. Sin embargo, en el párrafo segundo de dicho numeral existe una excepción en dicha instancia recursiva, enfocada a aquellas normas impugnadas en materia electoral, de lo cual se considera que, para el cómputo de plazos, todos los días y horas son hábiles, por tanto, en primer lugar, esta Segunda Sala debe determinar si la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Colima que se impugna puede determinarse como una norma en materia electoral.
27. Para dilucidar dicho cuestionamiento, resulta necesario partir de lo que esta SCJN ha establecido como materia electoral, y determinar si la naturaleza y alcances de la figura de revocación de mandato de la cual se determina la esencia de la norma impugnada puede actualizarse para los efectos de la procedencia dentro del presente caso.
28. El Pleno de esta SCJN ha desarrollado de forma progresiva y adecuada conforme a las diversas reformas constitucionales de la materia, una línea jurisprudencial al respecto, siendo un antecedente importante lo previsto en la acción de 1/95, de la que surgió la tesis aislada CXXVI/95, de rubro: MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD,(13) en ella se consideró que las normas de carácter general que tienen contenido de materia electoral son las que establecen el régimen conforme al cual se logra la elección o nombramiento, a través del voto de las y los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de los órganos representativos del pueblo.
29. De igual manera, a partir de dicha acción surgió la tesis aislada P.CXXVII/95, de rubro: MATERIA ELECTORAL. PARA ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR EL CAMPO PROHIBIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE ACUDIR AL DERECHO POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO METODO INTERPRETATIVO EL DERIVADO DE UNA APRECIACION JURIDICA SISTEMATICA,(14) en donde afirmó que para determinar lo que se establecía por materia electoral era necesario adoptar un método interpretativo derivado de una apreciación jurídica armónica y sistemática de la norma en cuestión, apartándose de la interpretación literal.
30. Así, como causa de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, el órgano jurisdiccional debe realizar su análisis sin limitación alguna, pues lo que se encuentra en discusión no es tanto una ley particularmente considerada, sino el campo de acción de un tribunal constitucional como garante de la supremacía del orden normativo constitucional.
31. De ello, en dicha acción de inconstitucionalidad 1/95, el Pleno de esta SCJN acotó como primer campo de limitación por materia electoral lo referido en la fracción II del artículo 105 constitucional como: el conjunto de preceptos de carácter adjetivo relacionados al ejercicio del voto público, en todo el proceso electoral, que tienden a garantizar a los ciudadanos y a los partidos políticos como entidades de interés público, el ejercicio y respeto de sus derechos políticos.(15)
32. Consecuente con la forma de interpretación y los criterios previos, esta SCJN en la inconstitucionalidad 10/98, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 25/99, de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO,(16) instauró una primera aproximación y bases para determinar aquellas normas en materia electoral de forma más amplia y especifica a la ya descrita, pues de las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cuatro y la diversa del año mil novecientos noventa y seis, se instituyó dicho concepto, sin embargo, no se definió lo que debe entenderse por materia electoral.
33. A través de una interpretación armónica, sistemática y teleológica de los artículos 105, fracción II, 116, fracción IV, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34210-69c18caf/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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