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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. II. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. ANÁLISIS DE LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO POR EL REGISTRO Y EL REFRENDO AL PADRÓN FISCAL MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS CUYO GIRO COMERCIAL SEA EL GAS LP (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 50, NUMERAL 50, DE LA LEY NÚMERO 073 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALAPA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). III. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. EL CONGRESO LOCAL AL ESTABLECER EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN ANUAL DE PERMISOS Y LICENCIAS DE REGISTRO DE CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES O GIROS COMERCIALES DESTINADOS A GAS LP, INVADE LA COMPETENCIA FEDERAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 45, NUMERAL 31, DE LA LEY NÚMERO 073 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALAPA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). IV. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 45, NUMERAL 31, DE LA LEY NÚMERO 073 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALAPA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 45, NUMERAL 31, DE LA LEY NÚMERO 073 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALAPA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2025. · Registro digital (IUS): 34107
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-26
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.475.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 2 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIA: ADDA ROSA HOYOS BRITO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: artículos 45, numeral 31, y 50, numeral 50, de la Ley número 073 de Ingresos para el Municipio de Igualapa del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno local el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dos de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 29/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Guerrero demandando la invalidez de los artículos 45, numeral 31 y 50, numeral 50, de la Ley número 073 de Ingresos para el Municipio de Igualapa del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno local el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Presentación de la demanda de controversia constitucional. Por escrito recibido vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de febrero de dos mil veinticinco, Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guerrero, en la que impugnó lo siguiente:

IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, y el medio oficial en que se publicó.

Ley número 073 de ingresos, para el Municipio de Igualapa del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, cuyo contenido es el siguiente:

ARTÍCULO 45. Por la expedición anual del registro de control ambiental de las siguientes actividades o giros comerciales se pagarán el equivalente a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA):

(...)

31. Gasera (Gas L.P. En estaciones de carburación)

(...)

ARTÍCULO 50. Es objeto de este derecho el registro y refrendo al Padrón Fiscal Municipal de las Unidades Económicas de tipo comercial, industrial y de servicios. Así también se consideran la verificación administrativa de unidades económicas y la expedición o refrendo de cédulas de empadronamiento.

(...)

Ver tabla 1

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora hace valer en síntesis, lo siguiente:

• Se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto, 27 párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Los artículos 45, numeral 31 y 50, numeral 50, de la Ley número 073 de Ingresos para el Municipio de Igualapa del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, establecen regulación en materia de hidrocarburos, cuya competencia está reservada exclusivamente a la Federación, por lo que existe una invasión de competencias que amerita la declaración de invalidez de tales preceptos.

• Derivado de la interpretación sistemática de los artículos constitucionales citados se obtiene que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de las áreas estratégicas, entre ellas, el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en el subsuelo.

• Los artículos impugnados, establecen que, para la expedición de permisos y licencias de registro de control ambiental de actividades o giros comerciales destinados a gas L.P., se deberá pagar un derecho municipal determinado en función de su giro. También, se fijan las tarifas municipales que deben cubrirse para la obtención de permisos y licencias de funcionamiento de establecimientos cuando se trate de hidrocarburos, lo que se traduce en regulación que toca competencias privativas de la federación, dado que las entidades federativas no ostentan las facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre actividades de hidrocarburos, ni mucho menos pueden otorgar facultades a los municipios por medio de las leyes estatales que emitan sus congresos locales en materia hacendaria, toda vez que es competencia federal, de conformidad con los artículos 25, 27, 28, y 73, fracciones X y XXI, de la Constitución Federal.

• La facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso de suelo y de permiso de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos. Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por la expedición de permisos de control ambiental para gaseras de Gas L.P., en estaciones de carburación.

• También regula el pago por la inscripción al registro anual de licencias para gas L.P., que integran la industria de hidrocarburos.

• Por esa razón, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía, dado que la licencia de funcionamiento sirve para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas dentro de las esfera territorial del municipio, a fin de que ese establecimiento continue con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación, pues constituye una revisión técnica sobre la infraestructura de hidrocarburos, cuya competencia es federal.

• Solicita se vincule al Congreso Local para que en lo futuro se abstenga de expedir normas con la inconstitucionalidad alegada.

3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El poder actor señaló como transgredidos los artículos 25, párrafo quinto, 27 párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de veinte de febrero de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 29/2025; y se designó al entonces Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

5. Admisión. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco el entonces Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Guerrero, a los cuales ordenó emplazar para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su respectiva contestación a la demanda; requirió al Ejecutivo local para que exhibiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial local en el que se hubiera publicado el decreto cuya invalidez se reclama; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Igualapa, Estado de Guerrero y, finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.

6. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Por escrito recibido el veintitrés de abril de dos mil veinticinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero dio contestación a la demanda, en la que formuló los siguientes argumentos:

• Los actos impugnados en esencia son imputados y atribuidos al Congreso del Estado de Guerrero, de lo que se infiere que será la legislatura local quien sostenga la validez de tales actos.

• La intervención que se tiene en el procedimiento de la creación de la norma, surge una vez que es decretada, emitida y expedida la ley impugnada, y que deriva de su atribución de ordenar la promulgación y publicación de las leyes, sin que esta circunstancia de ningún modo implique que el Ejecutivo del Estado haya invadido alguna esfera de competencia, asumiendo facultades y atribuciones que corresponden a autoridades federales; por tanto, resulta improcedente cualquier reclamo efectuado en ese sentido.

• Resulta válido el acto de publicación y promulgación de la Ley Número 073 de Ingresos del Municipio de Igualapa, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2025, debido a que se realizó por el ejecutivo estatal, quien actuó en estricto cumplimiento y apego a su facultad, atribución y competencia constitucional; esto es, la de ordenar la promulgación y publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, sin que por tal circunstancia pueda considerarse que este poder, haya incurrido en invasión e intromisión en la esfera de competencia de la federación.

7. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). Por su parte, mediante escrito recibido el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delegado de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Conforme a la fracción X, del artículo 73 de la Constitución Federal es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, así como para expedir las leyes del trabajo.

• Dicha facultad exclusiva también se advierte de los artículos 27, párrafos cuarto y sexto; y 28 de la Norma Fundamental, de los que se desprende que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales de la plataforma continental son actividades que sólo se pueden realizar a través de las concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal, aunado a que no constituyen monopolio las funciones del Estado en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.

• Por su parte, la fracción XXXI, del artículo 73, de la Constitución Federal habilita al Congreso de la Unión para expedir toda clase de leyes que puedan resultar necesarias para ejercer sus atribuciones, además de poder crear cláusulas habilitantes a través de las cuales se faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.

• Considerando esas atribuciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.

• De igual forma, en los artículos 95, primer párrafo y 131, de la Ley de Hidrocarburos se establece que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarías y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria y que la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

• Bajo ese contexto, queda demostrado que la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación.

• De conformidad con los artículos 96 y de 100 a 117, de la Ley de Hidrocarburos, la industria es de utilidad pública y las actividades de explotación y extracción se consideran de interés social y orden público. Además, la posesión o propiedad del derecho de vía para el desarrollo de las actividades derivadas de la industria de hidrocarburos, se otorga conforme a los permisos autorizados por la Federación.

• Por su parte, de los artículos 1, 3, fracción XI, y 7, fracción VII, de la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos; 5, fracción X; 6; 7, fracción XVI; 8, fracción II; 11, fracción III, inciso f); y 35 Bis 2 y Bis 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y 2 y 5, inciso d), de su Reglamento, se desprende que respecto al uso de suelo en zonas forestales para efectuar actividades de hidrocarburos, es competencia del Poder Ejecutivo Federal realizar el cambio de uso de suelo, lo que restringe de manera absoluta las facultades de los municipios para llevar a cabo esta actividad.

• Así, la Ley de Hidrocarburos prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos. De igual forma, establece que para el otorgamiento de una asignación la Secretaría de Energía deberá motivar que se trata del mecanismo más adecuado para el interés del Estado en términos de producción y garantía de abasto de hidrocarburos. Asimismo, señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público podrán celebrar contratos para la exploración y extracción, los cuales establecerán invariablemente que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.

• En este sentido, la entidad federativa demandada invadió la esfera competencial de la Federación, prevista en los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, del ordenamiento constitucional, toda vez que los municipios no tienen facultades para la expedición de licencias de uso del suelo y de permisos de construcción impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos, ya que si bien es cierto que los artículos impugnados no disponen literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé el pago de derechos por la expedición de permisos de control ambiental para gaseras de Gas L.P., en estaciones de carburación.

8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Mediante escrito recibido el nueve de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, formuló contestación a la demanda en donde manifestó, esencialmente:

• No se invaden las competencias de la Federación, en tanto que la norma impugnada no tiene que ver, en estricto sentido, con la extracción y exploración de hidrocarburos, sino únicamente con el funcionamiento de establecimientos de locales para su distribución; por tanto, se encuentra acorde con el marco constitucional y legal aplicable y conforme a lo dispuesto en el inciso i) de la fracción III del artículo 115 constitucional.

• Lo anterior tiene correlación con el inciso c), de la fracción IV, del artículo 31 constitucional, el cual establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la que se conformará, entre otros, de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

• El Poder Legislativo local tiene competencia plena para legislar el cobro por expedición de licencias de funcionamiento ambiental para la distribución de Gas L.P., en ese tenor, dicho cobro se justifica reiterando que la Constitución Federal lo permite como un tributo a favor de la hacienda pública de los Municipios, por ser un servicio público exclusivo de éstos.

• El sistema competencial en materia tributaria previsto en la Constitución Federal establece un sistema de competencias exclusivas para la Federación, pero en forma simultánea se reconoce la existencia de un sistema concurrente en materia tributaria, en el cual las entidades federativas están en posibilidad de establecer impuestos en aquellas materias en las que no exista una potestad exclusiva de algún otro nivel u órgano de gobierno y siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes y en el presente caso, en materia de expedición de licencias en materia ambiental para el almacenamiento y distribución de Gas L.P., se considera que no existe potestad exclusiva de la Federación, por tanto debe decretarse su validez.

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales, el cual dispone como supuesto "cuando de la demanda se advierta que no se hacen valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Esto porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, en sus artículos 161 y 174, establecen que el Congreso del Estado cuenta con las Comisiones y Comités ordinarios y especiales que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones. Dichas Comisiones Ordinarias son órganos constituidos por el Pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la autoridad legislativa cumpla con sus atribuciones constitucionales u legales.

9. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). Por oficio recibido el nueve de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la Cámara de Diputados, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, argumentó, en síntesis que, del artículo 124 constitucional, se desprende el principio rector en el sistema jurídico mexicano, según el cual existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales para los Estados. En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal, corresponde a la Federación legislar en materia de hidrocarburos, así como para establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación, así como aquellos derivados del petróleo.

10. Manifestaciones del Municipio de Igualapa, Estado de Guerrero (tercero interesado). Por oficio recibido el veintiséis de junio de dos mil veinticinco en la Oficia de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Municipio de Igualapa, Estado de Guerrero, adujo, en esencia, que:

• Existe una mala interpretación de la Ley impugnada, ya que lo que se cobra es el uso de suelo, el cual tiene como propósito determinar, cuáles son las actividades permitidas al interior del inmueble.

• La regulación y autorización del uso de suelo, incluyendo la emisión de licencias, son funciones que constitucionalmente corresponde a los gobiernos municipales.

• La obtención de la licencia de uso de suelo para la instalación de un negocio es una competencia municipal en Guerrero y el cobro de los derechos por este trámite también está a cargo del municipio. Esta regulación se basa en la Ley Orgánica Municipal, la cual establece las bases para la organización territorial, la población, el gobierno y la administración pública municipal.

• En el caso, la contribución tiene como hecho generador, la obtención de licencias de funcionamiento y no la venta o consumo de productos derivados de los Hidrocarburos, como el Gas L.P., el cual se utiliza como combustible en diversas aplicaciones, tanto domésticas como industriales.

• Consecuentemente, la Ley de Ingresos impugnada, no invade la esfera de competencia federal, ya que no transgreden los límites constitucionales impuestos a las entidades federativas. 11. Pedimento del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento ni manifestación alguna.

12. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y cierre de instrucción. El veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia prevista en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por acuerdo de la misma fecha del entonces Ministro ponente, se tuvo por cerrada la instrucción del procedimiento a afecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

13. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra para actuar como instructora de este asunto.

I. COMPETENCIA

14. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal;(1) 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental;(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales;(4) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero.

II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LAS NORMAS RECLAMADAS

15. Conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) es necesario fijar de manera precisa el o los actos cuya invalidez demanda la parte actora y verificar su certeza. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 98/2009(6) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."

16. En ese sentido, del análisis integral de la demanda se desprende que el Poder Ejecutivo Federal impugna en específico los artículos 45, numeral 31 y 50, numeral 50, de la Ley número 073 de Ingresos, para el Municipio de Igualapa del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno local el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, cuyo contenido es el siguiente:

ARTÍCULO 45.- Por la expedición anual del registro de control ambiental de las siguientes actividades o giros comerciales se pagarán el equivalente a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA):

(...)

31. Gasera (Gas L.P. En estaciones de carburación)

(...)

ARTÍCULO 50.- Es objeto de este derecho el registro y refrendo al Padrón Fiscal Municipal de las Unidades Económicas de tipo comercial, industrial y de servicios. Así también se consideran la verificación administrativa de unidades económicas y la expedición o refrendo de cédulas de empadronamiento.

(...)

Ver tabla 2

17. En cuanto a la existencia de la norma, se precisa que ésta fue publicada en el Periódico Oficial local el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, cuyo ejemplar fue exhibido por el Poder Ejecutivo demandado, lo que tiene por acreditada su existencia.

III. OPORTUNIDAD

18. El artículo 21, fracción II,(7) de la ley reglamentaria que rige la materia establece un plazo de treinta días hábiles para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales, los cuales serán contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.

19. En el caso, la Ley número 073 de Ingresos para el Municipio de Igualapa del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025 se publicó el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que el plazo de treinta días para impugnar la referida ley transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(8)

20. Por tanto, si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. El artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) prevé que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y una entidad federativa, en relación con la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones.

22. Al respecto, el Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para promover controversias constitucionales en nombre de la Federación, acorde con el criterio de la extinta Segunda Sala contenido en la tesis 2a. XLVII/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN."(10)

23. Por su parte, de los artículos 10, fracción I y 11, párrafos primero y tercero, de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales,(11) se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

24. En el caso, la demanda fue suscrita por Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, lo que acredita mediante copia certificada de su nombramiento, expedido el uno de octubre de dos mil veinticuatro.

25. En este sentido, de los artículos 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia;(12) y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;(13) así como del punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno,(14) se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte, por lo que, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien tiene facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que cuenta con legitimación procesal activa para promover en esta vía.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

26. Los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria que rige a esta materia,(15) establecen que tendrán el carácter de demandados en controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto o incurrido en la omisión objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

27. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero compareció por conducto de Jorge Salgado Parra, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de su nombramiento expedido por la Gobernadora de dicha entidad federativa el dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

28. Asimismo, en términos de los artículos 3 y 12, fracción III, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa,(16) dicho funcionario tiene facultades para representar a quien sea titular del Ejecutivo local, en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuenta con legitimación pasiva en este asunto.

29. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero compareció por conducto de Jesús Parra García, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, lo que acredita con la copia certificada del acta de la junta preparatoria celebrada por la Comisión Permanente en funciones de Comisión Instaladora de la Sexagésima Cuarta Legislatura de ese órgano legislativo, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, en la que se le tomó protesta del cargo que ostenta.

30. Lo anterior, siendo que con apoyo en el artículo 131, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del referido Estado,(17) el Presidente de la Mesa Directiva ejerce la representación legal del Congreso del Estado en las controversias jurisdiccionales y administrativas en las que, con cualquier carácter, esté involucrado; por tanto, al surtirse en el caso dicho supuesto, la citada autoridad cuenta con legitimación pasiva en este asunto.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

31. Las cuestiones relativas a la procedencia de la controversia constitucional son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

32. Así, de la lectura del escrito de contestación del Poder Ejecutivo demandado, se advierte que, si bien no hace valer expresamente una causal de improcedencia, alega que su participación en el proceso de creación de las normas combatidas se limitó a su promulgación y publicación, en cumplimiento sus facultades constitucionales y legales, razón por la cual sostiene que le resulta improcedente cualquier reclamo.

33. Dicho argumento debe desestimarse en aplicación de la jurisprudencia P./J. 38/2010(18) de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA P

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34107-60de462c/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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