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I. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS PARA ESPACIOS TERRITORIALES DEDICADOS A GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y CUALQUIER TIPO DE DUCTO O CONDUCTO, Y LA EXTRACCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS U OTRO TIPO DE COMBUSTIBLE, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 2o., DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL [INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "PARA GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DUCTO O CONDUCTO, EL ÁREA DENTRO DEL DERECHO DE VÍA SERÁ CONSIDERADA COMO SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN (ÁREA PERMANENTE Y TEMPORAL). PARA TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS U OTRO TIPO DE COMBUSTIBLE, EL ÁREA TOTAL DEL PREDIO SERÁ CONSIDERADA COMO SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.", DE LA FRACCIÓN II.2, SUBAPARTADO I.C, DEL NUMERAL 20, DE LA TARIFA ANEXA CONTENIDA EN EL DECRETO LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. II. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, Y RESPECTO DE AQUELLOS QUE TENGAN CONSTRUCCIONES DE 200 METROS CUADRADOS EN ADELANTE DONDE EXISTAN PLANTAS FOTOVOLTAICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CUALQUIER TIPO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA Y PARA GRANJAS, PLANTAS O PARQUES SOLARES, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN EN LA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5o., DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL [INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN II.2, SUBAPARTADO I.C, NUMERAL 20, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COMERCIAL, INDUSTRIAL DE SERVICIO Y OTROS DE 200M2 (SIC) DE CONSTRUCCIÓN EN ADELANTE, PARA PLANTAS FOTOVOLTAICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CUALQUIER TIPO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, LA SUPERFICIE SERÁ CONSIDERADA COMO SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN", Y NUMERAL 21, DE LA TARIFA ANEXA CONTENIDA EN EL DECRETO LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN II.2, SUBAPARTADO I.C, NUMERALES 20 Y 21, DE LA TARIFA ANEXA DEL DECRETO LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2025. · Registro digital (IUS): 34209
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-28
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.299.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 8 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: Diversas disposiciones de La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Hidalgo del Parral, del Estado de Chihuahua, publicada en el periódico oficial el veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 31/2025, promovida por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, demandando la invalidez demandó la invalidez del Decreto LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, por el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, específicamente la fracción II.2, subapartado I.C, numerales 20 y 21 de la tarifa anexa.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28 párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Concepto de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso los siguientes conceptos de invalidez:

• Primero. El numeral 20 del apartado II.2.1.C invade competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, prevista en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuartos, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal.

• Las entidades federativas no cuentan con facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos, por lo que tampoco pueden otorgar facultades a los municipios por medio de las leyes estatales que emitan sus Congresos locales en materia hacendaria al ser competencia federal.

• Asimismo, la facultad concedida a los municipios para emitir licencias de uso de suelo y permisos de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones, impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos, dado que si bien la norma no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, lo cierto es que sí prevé un pago de derechos por el área total de predio, por la expedición de licencias de uso de suelo y construcción para gasoductos, oleoductos y cualquier tipo de ducto o conducto, para el trabajo de exploración y explotación de hidrocarburo u otro tipo de combustible.

• En ese sentido, el Municipio vulnera la competencia del Poder Ejecutivo Federal, en cuanto a la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaria de Energía, dado que la licencia de revisión y autorización servirá para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas exigidas en la esfera legal del municipio, a fin de que ese establecimiento continúe con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencia de la Federación. De ahí que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales de manera inconstitucional e ilegal, ya que los mismos devienen de las actividades que se desarrollan en la industria de hidrocarburos, los cuales son facultad de la Federación, aunado al hecho que no se puede realizar una doble tributación en dicha actividad por medio de una ley de ingresos municipal.

• Segundo. Los numerales 20, en su parte correspondiente y 21, del apartado II.2.I.C invade competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, prevista en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal.

• El Poder Ejecutivo Federal sostiene que las entidades federativas no ostentan facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre la industria eléctrica, ni tampoco pueden otorgar facultades a los municipios por medio de leyes secundarias que emita su Congreso Local, puesto que es competencia Federal.

• Si bien la norma impugnada no señala de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esa industria, lo cierto es que sí se prevé un pago de derechos conforme a la superficie, por la expedición de licencias de uso de suelo y construcción para plantas fotovoltaicas, subestaciones eléctricas y cualquier tipo de planta o granja generadora de energía.

• Concluye que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de dicha actividad, los cuales se relacionan directamente con la regulación en materia de energía eléctrica. Por tanto, la entidad federativa al emitir la Ley de Ingresos impugnada invade las competencias de la Federación, ya que no cuenta con facultades para regular e imponer contribuciones en las actividades de la industria eléctrica.

• Por último, reitera que las facultades constitucionales de los municipios para otorgar licencias o permisos sobre uso de suelo de construcciones de obras de funcionamiento están restringidas para ser ejercidas cuando se refiera a alguna materia reservada a la Federación, como es el caso de energía eléctrica.

4. Admisión y trámite. La entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinticinco, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 31/2025 y lo turnó al entonces Ministro Alberto Pérez Dayán.

5. Posteriormente, el Ministro instructor, por acuerdo de veintiséis de febrero siguiente, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, de igual manera requirió al Poder Ejecutivo de dicha entidad para que, al contestar la demanda, enviara copia certificada o ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se haya publicado la norma cuya constitucionalidad se reclama.

6. Asimismo, reconoció como terceros interesados a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua y ordenó darles vista con la demanda y los anexos. Por último, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Por acuerdo de ocho de abril dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda del Poder Legislativo de la entidad, en la que sostuvo:

• Que respecto de la emisión de leyes por parte de legislaturas locales que contemplen derechos como los que se impugnan en la presente controversia constitucional no invaden la esfera competencial, pues no tratan de regular el tema de hidrocarburos, ya que sólo tiene como fin la utilización de vías públicas municipales y, por ello, el tributo no recae sobre un servicio concesionado, sino en un acto administrativo municipal.

• Es facultad de los municipios otorgar permisos y licencias respecto de obras de construcción que involucren la excavación y relleno del subsuelo, lo que incluye la construcción de mejoras de vivienda, locales comerciales, subestaciones eléctricas, hidrocarburos; siempre y cuando no se involucre la regulación, otorgamiento de permisos, así como la fiscalización de obras tendentes a la explotación, uso o aprovechamiento de la materia de energía eléctrica.

• Las autorizaciones municipales no tratan de regular cuestiones técnicas sobre hidrocarburos y mucho menos llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, ni asignar contratos con empresas públicas del Estado, ya que lo que la autoridad municipal únicamente trata de regular es la utilización de la vía pública de su jurisdicción territorial.

• Por tanto, los numerales tildados de inconstitucionalidad en modo alguno invaden la esfera de competencia de la Federación y, por tanto, son infundados los argumentos de los actores.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante auto de veintitrés de abril de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda del Poder Ejecutivo de la entidad, así como dando cumplimiento al requerimiento de copias certificadas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que contiene la publicación de las normas combatidas. En el escrito de contestación sostuvo esencialmente lo siguiente:

• Argumentó que el concepto de invalidez que se reclama es infundado, ya que la promulgación y publicación de la norma es una facultad del Poder Ejecutivo de la entidad conforme a los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, que dispone que el Gobernador deberá sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso estatal.

• Las normas impugnadas no invaden la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, ya que el ejercicio de la competencia fiscal a nivel municipal no implica en ningún caso una invasión de esferas competenciales, sino que se circunscribe al marco de las atribuciones constitucionales y legales que los municipios tienen a su disposición.

• La Ley de Ingresos impugnada no está regulando ni interviniendo en la explotación de los recursos naturales ni modificando las políticas federales que la rigen, ya que la recaudación únicamente está relacionada por el uso de infraestructura local, recolección de residuos, uso de servicios públicos de agua potable y alcantarillado.

• Las normas impugnadas únicamente establecen un derecho por el uso de bienes de dominio público municipal como postes, cableado, ductos, entre otros, lo cual es una facultad legítima del municipio.

9. Desahogo de manifestaciones de los terceros interesados. Por acuerdos de diez y catorce de abril de dos mil veinticinco, las Cámaras de Senadores y de Diputados ambas del Congreso de la Unión, manifestaron lo que a su derecho convino con el presente medio de control y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes.

10. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y no expresó manifestación alguna.

11. Omisión de desahogo del Municipio tercero interesado. Mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor dio cuenta que el Municipio tercero interesado fue omiso en manifestar lo que a su derecho conviniera en el plazo de treinta días hábiles, en relación con este medio de control constitucional, asimismo se le hizo efectivo el apercibimiento en cuanto al cumplimiento del requerimiento formulado en proveído de veintiséis de febrero del año en curso para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad.

12. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el dieciocho de junio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.

13. Returno. Visto el estado procesal, en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, toda vez que en sesión de uno de septiembre de ese mismo año tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 20, fracción II , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y SEXTO Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, se returnó el presente asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

I. COMPETENCIA

14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución General(4) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(6) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado de Chihuahua y el Poder Ejecutivo Federal.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) se precisa la norma que es objeto de la presente controversia constitucional.

16. En el presente caso se demandó la invalidez del el Decreto LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, por el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, específicamente la fracción II.2, subapartado I.C, numerales 20 y 21, de la tarifa anexa siguiente:

Ver tarifa

III. EXISTENCIA DE LAS NORMAS RECLAMADAS

17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, este Tribunal Pleno estima que la existencia de la norma reclamada se encuentra plenamente acreditada, toda vez que obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Estado Chihuahua de veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual se publicó el Decreto LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O.

IV. OPORTUNIDAD

18. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

19. En efecto, si el Decreto combatido fue publicado el miércoles veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, por tanto el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco, descontando los días veintiséis a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro por tratarse del período vacacional, de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de enero y uno, tres, cinco, dos, ocho y nueve de febrero, todos del dos mil veinticinco, por haber sido inhábiles, según el numeral 19 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo.

20. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que su presentación resulta oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa; [...]

22. Por su parte, los artículos 10, fracción I,(9) y 11, párrafos primero y tercero,(10) de la Ley Reglamentaria, señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionariado que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo; siendo que, respecto al titular del Poder Ejecutivo Federal, puede ser representado por el o la secretaria de estado, el jefe o jefa del departamento administrativo o por el Consejero o Consejera Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente o Presidenta y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

23. En el sumario que se examina, se tiene que la demanda fue promovida por Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro, expedido por la Presidenta de la República.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

24. El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tendrán el carácter de parte demandada en las controversias constitucionales, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.

VI.1. El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

25. En representación del Poder Legislativo local, compareció Óscar Iván Díaz Saucedo, en su carácter de Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, lo que acreditó con una la copia certificada del Decreto LXVIII/NOMBR/0010/2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, en donde consta que fue designado con tal carácter.

26. De acuerdo con el artículo 130, fracciones XX y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.(11) Asimismo, de conformidad con los artículos 8, 10, fracción II,(12) 11, párrafo primero, y 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho Poder tiene legitimación para comparecer en esta controversia, al haber emitido la norma impugnada.

VI.2. El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

27. Respecto del Poder Ejecutivo, compareció Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, en su carácter de Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de las facultades consagradas en el diverso 30, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, autoridad que a su vez es la depositaria de la representación de dicho poder, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua lo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, expedido el seis de diciembre de dos mil veintiuno.

VI.3. De los terceros interesados.

28. Por otro lado, en cuanto a los terceros interesados, se estima que las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, también cuentan con legitimación para participar en este procedimiento.

29. De acuerdo con lo que disponen los artículos 10, fracción III, y 11(13) de la Ley de la materia el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto del funcionariado que, en términos de las normas que los rigen, esté facultados para representarlos. El tercero interesado es aquel poder, entidad u órgano que, sin ser actor o demandado, pudiera resultar afectado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

30. Por lo que hace a la representación de la Cámara de Senadores, compareció al presente procedimiento Gerardo Fernández Noroña, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; mientras que, por la Cámara de Diputados, compareció Sergio Carlos Gutiérrez Luna, con el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambas de la Sexagésima Sexta Legislatura. Dicho carácter lo acreditaron con las actas correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 22,(14) párrafo primero, y 67,(15) párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

31. Finalmente, por lo que hace al Municipio de Hidalgo del Parral, se hace notar que por auto de veinte de mayo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor declaró la omisión de desahogo de vista con manifestaciones del Municipio tercero interesado.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

32. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

33. Los conceptos de invalidez planteados por el Poder Ejecutivo Federal se pueden clasificar en dos apartados temáticos: 1. Violación a la competencia de la Federación en materia de hidrocarburos; y 2. Violación a la competencia de la Federación en materia de energía eléctrica.

34. Por tanto, para efectos metodológicos, el estudio de fondo se desarrollará conforme a lo siguiente:

Ver cuadro

VII.1. Análisis de la alegada violación a la competencia de la Federación en materia de hidrocarburos.

35. En su primer concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal aduce que el Decreto LXVIII/APLIM/0129/2024 1 P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, por el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, específicamente la fracción II, subapartado 2.I.C, numeral 20, invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, dado que las entidades federativas no ostentan las facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos; ni mucho menos pueden otorgar facultades a los municipios por medio de las leyes estatales que emitan sus congresos locales en materia hacendaria, toda vez que, es competencia federal, de conformidad con los artículos 25, 28 y 73, fracciones X y XXI, de la Constitución Federal.

36. Asimismo, expone que la facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso del suelo y de permiso de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones, impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos. Si bien, la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por el área total del predio, por la exposición de licencias de uso de suelo y de construcción para gasoductos, oleoductos y cualquier otro tipo de dueto o conducto y para trabajo de exploración y explotación de hidrocarburos u otro tipo de combustible; instalaciones que integran a la industria de hidrocarburos.

37. Concluye que, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía, dado que la licencia de revisión y autorización servirá para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas exigidas en la esfera legal del municipio, a fin de que ese establecimiento continúe con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación, pues constituye una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos, cuya competencia es federal.

38. El texto de la norma impugnada, así como el rubro de otras fracciones y subapartados relacionados, establecen lo siguiente:

Ver texto

39. De lo anterior, se advierte que el numeral 20 impugnado prevé el cobro de derechos por la cantidad de 0.20 UMÁs, por prestación de servicios comerciales e industriales respecto de comercios que tengan gasoductos, oleoductos o cualquier otro tipo de ducto o conducto en el que se hagan trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos u otro tipo de combustible.

40. Entonces, interpretando la norma de forma íntegra y en conjunto con todas las fracciones de la Tarifa, es claro advertir que en el caso particular se está ante la presencia del cobro de derechos de funcionamiento para comercios e industrias con un espacio territorial específico determinado en metros cuadrados.

41. Es decir, para establecer el objeto del derecho se considera el espacio previamente construido y el tipo de comercio o industria que en él opere, lo que permite evidenciar que el legislativo local en realidad está gravando el funcionamiento de actividades relacionadas con la materia de hidrocarburos y no algún aspecto vinculado con el uso de suelo o construcción.

42. Ello se corrobora al verificar que el cobro por este derecho se encuentra situado bajo la fracción que indica “II.2 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS” y en el subapartado “II.2.I.C COMERCIAL E INDUSTRIAL”.

43. La cual pertenece a otro rubro y es distinta a la que establecen las fracciones II.1.V.A II y II.2.I.B. de la tarifa anexa que versan sobre derechos por la expedición de Licencias de Uso de Suelo y Construcción, respectivamente, aspectos en los que los municipios cuentan con facultades reconocidas constitucionalmente.(19)

44. Por lo tanto, este Tribunal Pleno estima que el cobro de derechos que pagará el particular, aunque no se refiera expresamente, en realidad se está calculando por la operación y funcionamiento de un espacio territorial determinado respecto a actividades necesariamente vinculadas a la explotación y extracción de hidrocarburos y para comercios que utilizan gasoductos, oleoductos o cualquier otro tipo de ducto o que se dediquen a la exploración y explotación de hidrocarburos.

45. Ahora bien, es de destacarse que los diferentes conceptos que utiliza la norma analizada se encuentran definidos y regulados en la Ley del Sector de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.

46. Al respecto, conforme a la fracción XVI del artículo 5 de esta Ley, el término “Distribución” se define como “Actividad que consiste en adquirir, recibir, guardar, trasladar y, en su caso, conducir un determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignados para su venta a personas Permisionarias de Expendio al Público o personas Usuarias Finales”.

47. Siendo que “Gas Natural” se encuentra definido en la fracción XXIII del mismo artículo como la “Mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del procesamiento industrial y que está constituida principalmente por metano y otros gases hidrocarburos más pesados. Asimismo, puede contener nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico, entre otros compuestos. Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado, gas asociado al carbón mineral o gas del procesamiento industrial. En el caso de gas natural proveniente de los centros procesadores nacionales o de importación es el que cumple con las especificaciones de calidad prevista en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes”.

48. Mientras que “Petrolíferos” se entiende como “Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del Procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los petroquímicos.”(20)

49. Por su parte, la fracción XXIV, del referido precepto, define al “Hidrocarburos”, como el “Compuestos químicos orgánicos formados principalmente por hidrógeno y carbono, en forma de Petróleo líquido, Gas Natural y otros compuestos sólidos”; en tanto que su diversa fracción XXII, establece “Comercialización” como la “Actividad de ofertar en territorio nacional a personas Permisionarias, Usuarias o Usuarias Finales la compraventa de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, la cual podrá incluir la gestión o contratación de los servicios de Transporte, Almacenamiento o Distribución de dichos productos, así como servicios de valor agregado en beneficio de las personas Permisionarias Usuarias o Usuarias Finales.” y “Almacenamiento” como el “Deposito y resguardo de hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en depósitos e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo”.(21)

50. Ahora, las fracciones XIX y XX del mismo artículo 5 de la Ley invocada, definen, respectivamente, “Exploración” como la “A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34209-a0bf03c0/i-contribuciones-sobre-hidrocarburos-la-norma-local-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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