I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS EN TANTO QUE SE REFIERE A ACTOS DIVERSOS AL IMPUGNADO EN LA CONTROVERSIA EN QUE SE ACTÚA (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA"). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA").
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 260/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 21 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO REYNA OCHOA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El Decreto número 2172 (dos mil ciento setenta y dos), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve), el catorce de agosto de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 260/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en la que se impugna la validez del Decreto número 2172 (dos mil ciento setenta y dos), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve), el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, a través del cual el citado poder legislativo determinó otorgar una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del poder judicial.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Decreto impugnado. Mediante Decreto número 2172 (dos mil ciento setenta y dos) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6339, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Eldai López López, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual establece lo siguiente.
DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A ELDAI LÓPEZ LÓPEZ
Artículo 1. Se concede pensión por Jubilación a ELDAI LÓPEZ LÓPEZ, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Actuaria de Segunda Instancia adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia con residencia en esta ciudad.
Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Artículo 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguilando, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
2. Demanda en la controversia constitucional. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió demanda de Controversia Constitucional, en la que demandó de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así como del Secretario de Gobierno de esa Entidad, lo siguiente.
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO: El Decreto número DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a Eldai López López con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024, como más adelante se precisará.
3. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos formuló, esencialmente, los argumentos siguientes.
• El Decreto impugnado transgrede la independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el grado más grave de violación, que es el de subordinación y, en consecuencia, su autonomía de gestión presupuestal e independencia frente a los demás poderes, al conceder una pensión a Eldai López López, quien prestó sus servicios en ese poder, pues el demandado dispone directamente de los recursos financieros del actor sin las facultades necesarias para hacerlo y sin la intervención de este último.
• El Congreso local demandado no contempló dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, alguna partida para el pago de decretos controvertidos ante la Suprema Corte. Al respecto, en ese presupuesto en la partida de pensiones y jubilaciones se otorgó la cantidad de $247’228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), la cual es suficiente para cubrir las pensiones que ya otorgadas al mes de julio de dos mil veintitrés, por lo que no se tiene certeza que esa cantidad pueda cubrir pensiones futuras. Además, tal cantidad es sustancialmente menor a la aprobada en el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés equivalente a $290’547,842.00 (doscientos noventa millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos 00/100 M.N.).
• Con la expedición del Decreto, el Congreso local actualiza un acto de intromisión, vulnerando el principio de división de poderes, pues el Poder Legislativo local se inmiscuye en una cuestión del Poder Judicial local. Así, la orden impugnada implica una subordinación del Poder actor al Poder demandado, por lo que se viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal, previsto en el artículo 116 constitucional, máxime que la citada legislatura no otorga recursos adicionales, ni autoriza la ampliación de recursos para sufragar la pensión impuesta, aunado a que no existe justificación legal para la expedición de tal Decreto.
• Se debe declarar la invalidez del Decreto impugnado, analizando la subordinación y dependencia en la que se encuentra el Poder Judicial, ya que el Poder Legislativo demandado deberá incrementar o dotar de los recursos suficientes al poder actor en la partida de pensiones a fin de no vulnerar los derechos de los trabajadores de este último.
5. Radicación y turno. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 260/2024, y lo turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento correspondiente.
6. Admisión. En acuerdo de tres de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos. Asimismo, les requirió a los demandados copia certificada de la publicación del Decreto impugnado en el Periódico Oficial de la Entidad y de los antecedentes legislativos de aquél, respectivamente; y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que realizaran las manifestaciones correspondientes.
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido por vía electrónica el veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de su Consejero Jurídico y representante legal dio contestación a la demanda, formulando en esencia lo siguiente.
• Si bien el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos llevó a cabo la promulgación y publicación del Decreto impugnado, se advierte que tales actos no fueron impugnados por vicios propios, los cuales se encuentran apegados al orden constitucional, de ahí que su impugnación resulta notoriamente improcedente.
• Además, con las transferencias de las ampliaciones presupuestales en favor del Poder Judicial actor durante el dos mil veinticuatro, éste se encuentra en la posibilidad de cubrir el pago del Decreto impugnado, de ahí que debe sobreseerse la controversia constitucional por cesación de efectos, en términos del artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia.
Esto es, con independencia del presupuesto que recibió el Poder Judicial en el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro por la cantidad de $916’443,549.90, (novecientos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos, 90/100 M.N.), mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/0114-LM/2024 de quince de octubre de dos mil veinticuatro, signado por la Coordinadora de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Estatal, se autorizó la ampliación presupuestal durante ese ejercicio fiscal para cumplir con el pago de Decretos de pensión en favor del Poder Judicial del Estado de Morelos por la cantidad de $50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que dicho Poder actor se encuentra en condiciones de cubrir el pago del Decreto jubilatorio impugnado.
• Finalmente, el Poder Ejecutivo local no es un patrón sustituto o solidario frente a las personas jubiladas del Poder Judicial loca, por lo que el citado Poder Ejecutivo no puede hacerse cargo de las obligaciones que deja de cumplir el Poder actor, pues se vulneraría el principio de división de poderes.
8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, señalando lo siguiente.
• El Poder actor carece de interés legítimo, debido a que el acto impugnado no afecta su ámbito de atribuciones, por lo que la controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia (vigente a la fecha de la presentación de la demanda), en relación con el diverso 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal, ya que el Congreso local demandado tiene facultades constitucionales y legales para expedir Decretos que otorguen pensiones a los trabajadores del gobierno estatal, por lo que de ninguna manera se invade la autonomía presupuestaria del Poder actor.
Ante la falta de interés legítimo, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en los dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con los diversos 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, y 105, fracción I, de la Constitución Federal.
• Por otro lado, el Alto Tribunal en diversas controversias constitucionales ha determinado que los trabajadores del Estado tienen derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, la cual será otorgada por los Poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio; por lo que para cumplir con ese derecho, aquellos Poderes tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
En relación con ese tipo de pensiones, la ley no prevé cómo deberán financiare ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.
• El Poder actor cuenta con un mecanismo para plantear sus necesidades presupuestales, e incluso en diversos ejercicios fiscales se le han autorizado diversas ampliaciones presupuestales exclusivamente para el pago de pensiones, por lo que la omisión que reclama el actor no le depara perjuicio, ni se vulnera su autonomía de gestión presupuestal.
Al respecto, en el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro se realizó la asignación al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por la cantidad de $247’228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y se autorizaron las ampliaciones presupuestales por las cantidades de $23’089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.) y $20’979,747.47 (veinte millones novecientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.).
9. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos dando contestación a la demanda y ofreciendo diversas pruebas, y requirió al citado Poder Legislativo para que remitiera el acta de sesión en la que se aprobó el Decreto impugnado, así como el diario de debates.
10. En proveído de treinta de enero de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo al Poder Legislativo local desahogando de manera extemporánea el requerimiento anterior y por presentadas las documentales citadas.
11. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Seguidos los trámites legales, el seis de febrero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
12. Cierre de la instrucción. En proveído de tres de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, sin que éstas formularan alegatos, por lo que declaró cerrada la instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
13. Avocamiento. En proveído de veinte de marzo de dos mil veinticinco, la entonces Presidenta de la Primera Sala del Alto Tribunal se avocó al conocimiento del presente asunto y remitió los autos a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
14. Returno. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los Ministros de este Alto Tribunal tomaron protesta en la sesión de primero de septiembre del mismo año, y de conformidad con los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Tribunal Pleno que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, ordenó turnar el presente asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, como instructora.
I. COMPETENCIA
15. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(3) así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de este Alto Tribunal, de tres de septiembre de dos mil veinticinco.(4)
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
16. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos(5) es preciso fijar el acto objeto de la controversia.
17. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que en esencia el Poder Judicial del Estado de Morelos aduce que el Poder Legislativo otorgó una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para tal efecto.
18. Así, esa determinación únicamente se encuentra comprendida en el artículo 2°, del citado Decreto número 2172 (dos mil ciento setenta y dos) impugnado, por lo que este Alto Tribunal lo fija como acto objeto de la presente controversia, el cual es del tenor literal siguiente.
DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A ELDAI LÓPEZ LÓPEZ
(...)
Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
(...)
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
19. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el demandado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió a este Alto Tribunal copia certificada del Decreto número 2172 (dos mil ciento setenta y dos) por el que se concede la pensión por jubilación a Eldai López López.
20. Consecuentemente, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(6) aplicado de manera supletoria, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
21. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(7) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
22. En este caso el acto impugnado es el Decreto dos mil ciento setenta y dos, publicado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
23. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que la parte actora Poder Judicial del Estado de Morelos no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
24. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del quince de agosto al diez de octubre de dos mil veinticuatro,(8) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(9) Por lo tanto, si la demanda se presentó el tres de septiembre de dos mil veinticuatro debe concluirse que se hizo de manera oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. La demanda se presentó por Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(10) quien está legitimado para promover la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,(12) 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(13)
26. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. De conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria (vigente a la fecha de la contestación de demanda),(14) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
28. Los órganos demandados cuentan legitimación pasiva, pues se les reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
29. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(15) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
30. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos es representado por el Consejero Jurídico Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento expedido el primero de octubre de dos mil veinticuatro por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos asimismo, conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(16) tiene facultades de representación.
31. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(17) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
32. Por tanto, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
33. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.
VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
34. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional por cesación de efectos, en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(18) ya que en dos mil veinticuatro se realizó una transferencia por la cantidad de $50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de ampliación presupuestal para el Poder Judicial local, por lo que éste cuenta con los recursos necesarios para hacer cumplir con el Decreto de pensión impugnado.
35. Dicho argumento es infundado, debido a que el acto reclamado en la presente controversia constitucional es el Decreto dos mil ciento setenta y dos y no se advierte alguna determinación de que las autoridades demandadas hayan revocado ese decreto, y si bien el poder actor hizo referencia a la falta de provisión de fondos para cubrirlo, lo cierto es que su reclamo de inconstitucionalidad es por la determinación del Poder Legislativo de disponer de su presupuesto, es decir, lo que se demanda es la invalidez del acto de otorgar una pensión con cargo a su presupuesto, por lo que la provisión adicional de fondos no es suficiente para sobreseer la controversia por cesación de efectos.
36. Además, la ampliación presupuestal referida por el Poder Ejecutivo solo atiende al monto que se necesita cubrir en el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, mientras que el decreto impugnado tiene una proyección temporal que también abarca ejercicios fiscales subsecuentes.
37. Por otra parte, el Poder Ejecutivo señala que, si bien llevó a cabo la promulgación y publicación del Decreto impugnado, lo cierto es que no se controvierten por vicios propios, por lo que no incurrió en las violaciones constitucionales que se aducen y, por ende, la controversia es improcedente.
38. Lo anterior es infundado porque el Poder Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del decreto impugnado y, en consecuencia, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por este Alto Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.
VII.2. Argumentos del Poder Legislativo del Estado de Morelos.
39. El Poder Legislativo local aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII (vigente a la fecha de la presentación de la demanda), y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(19) en relación con el diverso 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(20) consistente en la falta de interés legítimo, porque que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial local y, por tanto, no se invade su autonomía presupuestaria.
40. Se desestima dicho argumento, pues la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto impugnado por el cual se otorga una pensión en favor de una persona pensionada es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, de ahí que no puede analizarse en este apartado.(21)
41. Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno no advierte, en forma oficiosa, la actualización de alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VIII. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
42. El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver en la presente controversia constitucional consiste en determinar, si el artículo 2° del Decreto dos mil ciento setenta y dos por el que se le concede pensión por jubilación a Eldai López López, publicado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, vulnera el principio de división de poderes, previsto en el artículo 116, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IX. ESTUDIO PRELIMINAR
IX.I Naturaleza jurídica de los poderes judiciales locales.
43. El fundamento constitucional de los poderes judiciales locales se encuentra previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(22) el cual establece que el poder judicial se ejercerá a través de los tribunales que establezcan las constituciones de cada uno de los estados de la República.
44. Asimismo, en el párrafo segundo de esa porción normativa de rango constitucional(23) se prevé que la independencia de las personas juzgadoras deberá ser garantizada por las constituciones y leyes orgánicas locales, es decir, los Congresos de los Estados tienen la obligación constitucional de ajustar su legislación para que impere en los poderes judiciales de los estados la independencia judicial.
45. En relación con la independencia judicial debe resaltarse el contenido del párrafo antepenúltimo del artículo 17 de la Constitución Federal,(24) el cual prevé que las leyes federales y locales deberán contener los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales, así como la plena ejecución de sus resoluciones.
46. Como se puede apreciar en el marco constitucional de nuestro país, la independencia judicial juega un papel fundamental en nuestro Estado Democrático de Derecho como el nuestro, pues garantizarla a nivel federal como local es reflejo del compromiso con que exista en nuestro país un equilibrio entre los tres poderes clásicos,(25) tal como lo prevén los artículos 49(26) y 116, párrafo primero,(27) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
47. En estas normas constitucionales se prevé el principio de división de poderes, tanto a nivel federal como local, respectivamente.
48. En el caso particular, esto es, tratándose de la naturaleza jurídica de los poderes judiciales locales conviene mencionar que el párrafo primero del artículo 116 constitucional establece el principio de la división de poderes al señalar que el poder público de los estados se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial; además, prevé la prohibición de reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.
49. Como se puede apreciar, en realidad este precepto es una réplica ajustada al ámbito local del contenido del artículo 49 de la Constitución Federal, el cual prevé el principio de la división de poderes en el orden federal.
50. Al respecto, resulta insoslayable mencionar que la jurisprudencia P./J. 52/2005, de rubro “DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINC
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34130-18f5dae9/i-controversia-constitucional-es-infundada-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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