I. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO LOCAL OTORGA UNA PENSIÓN A UNA PERSONA QUE TUVO UNA RELACIÓN LABORAL CON LA FISCALÍA Y ORDENA SEA CUBIERTA CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, SIN OTORGARLE PARTICIPACIÓN ALGUNA, LESIONA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL Y LA INDEPENDENCIA FINANCIERA, POR VULNERAR LA GARANTÍA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA A LA AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 207 (DOSCIENTOS SIETE) DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES NORMATIVAS DEL ARTÍCULO 2, QUE SE INDICAN: "... EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA ... EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO, VIGÉSIMO NOVENO, PARTE FINAL DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO, FRACCIÓN VI DEL PROPIO DECRETO, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 5, 14, Y 16 FRACCIÓN I INCISO I) DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, MODIFIQUE EL DECRETO NÚMERO 207 (DOSCIENTOS SIETE) ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA INVALIDADA Y ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN SE OCUPE DEL PAGO DE LA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN SU CASO, OTORGUE LOS RECURSOS NECESARIOS AL PODER O ENTIDAD QUE DEBA REALIZARLO Y ESPECIFIQUE QUE FUERON TRANSFERIDOS PARA CUBRIR LA PENSIÓN CONCEDIDA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 207 (DOSCIENTOS SIETE) DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES NORMATIVAS DEL ARTÍCULO 2, QUE SE INDICAN: "... EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA ... EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO, VIGÉSIMO NOVENO, PARTE FINAL DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO, FRACCIÓN VI DEL PROPIO DECRETO, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 5, 14, Y 16 FRACCIÓN I INCISO I) DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE EN CASO DE EMITIR UN NUEVO DECRETO DE PENSIÓN ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 207 (DOSCIENTOS SIETE) DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES NORMATIVAS DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICAN: "... EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA ... EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO, VIGÉSIMO NOVENO, PARTE FINAL DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO, FRACCIÓN VI DEL PROPIO DECRETO, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 5, 14, Y 16 FRACCIÓN I INCISO I) DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 207 (DOSCIENTOS SIETE) DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES NORMATIVAS DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICAN: "... EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA ... EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO, VIGÉSIMO NOVENO, PARTE FINAL DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO, FRACCIÓN VI DEL PROPIO DECRETO, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 5, 14, Y 16 FRACCIÓN I INCISO I) DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA."].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 182/2025. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 16 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ EN CONTRA DE LOS EFECTOS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciséis de febrero de dos mil veintiséis emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 182/2025, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que combate el Decreto 207 (doscientos siete), por el que se concede pensión por jubilación, publicado el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Roberto Machado Oaxaca, en su carácter de Coordinador General Jurídico y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del sistema electrónico, demanda de controversia constitucional, el ocho de julio de dos mil veinticinco, en la que señaló como actos combatidos, los siguientes:
"1. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama:
1.1 La aprobación y expedición del decreto número doscientos siete (207), publicado el 28 de mayo de 2025, en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad´, número 6431, por el que se concede pensión por jubilación a Xicotencatl Arizmendi Saldívar.
2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se reclama:
2.1 La sanción, promulgación y publicación del decreto 207, el 28 de mayo de 2025, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6431, por conducto de los servidores públicos con facultades para el efecto, esto es, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (sanción y promulgación) y el Secretario de Gobierno (publicación).
3. Los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven en agravio de este organismo constitucional autónomo, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido.”
2. Conceptos de invalidez. En contra de los actos combatidos, la Fiscalía actora formula los siguientes conceptos de invalidez que enseguida se sintetizan:
• Señala que el Decreto combatido le causa una afectación grave porque el Congreso local le ordenó pagar una pensión por jubilación sin estar facultado para ordenarlo, lo cual vulnera su autonomía e independencia financiera. Lo que constituye una forma de subordinación frente al Poder Legislativo en la gestión de sus recursos, lo que transgrede al principio de división de poderes. Además de que no se le han transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con el pago de la pensión correspondiente.
• Agrega, que la emisión del Decreto combatido impide a la Fiscalía tomar sus propias decisiones respecto a su presupuesto, sometiendo su ejercicio a la voluntad del Poder Legislativo local. Por lo que solicita que el Congreso local efectué la asignación de recursos a la Fiscalía para que pueda realizar el pago de la pensión correspondiente.
• A pesar de los diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte, señala que el Congreso local insiste en subordinar a los poderes y órganos constitucionales autónomos al seguir emitiendo nuevos decretos sin previamente transferir los fondos necesarios para cubrir la obligación de pago, sabiendo que es el mismo Congreso quien revisa, modifica y aprueba el presupuesto de egresos local y por ende, le corresponde establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado para pagar las pensiones.
• Añade que el Congreso local le impuso como obligación que realice todos los actos necesarios para obtener del Poder Ejecutivo local una reasignación presupuestal que le permita hacer frente a la obligación de pago, cuando es el Poder Legislativo quien debe asumir dicha carga.
• Afirma que con independencia de que el Decreto combatido prevea que el pago se deberá realizar de forma mensual de su presupuesto de egresos, resulta inconstitucional, debido a que el hecho de que el Congreso local otorgue la pensión es lo que causa la afectación, con independencia de si la partida presupuestal prevista es idónea y suficiente.
• Aduce que el artículo 2° del Decreto impugnado establece un procedimiento de reasignación presupuestal con base en el artículo Décimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, para el caso de que exista insuficiencia de recursos, sin que resulte aplicable ese artículo, puesto que la facultad del Poder Ejecutivo local para efectuar adecuaciones presupuestales solamente aplica para las dependencias u organismos auxiliares del mismo Poder y no para los organismos constitucionales autónomos.
• Además, agrega que la forma en que se calculó la pensión fue equivocada, debido a que se determinó conforme al salario vigente de dos mil veinticinco y la fecha de baja de dicho trabajador fue conforme al último salario vigente de dos mil diecinueve.
• La Fiscalía actora señala que los actos realizados por el Poder Ejecutivo local que guardan relación con la promulgación y publicación del Decreto combatido también le causan una afectación a su esfera competencial, porque previo a la ejecución de los mismos, aquél sí tuvo conocimiento previo del sentido del Decreto combatido, por lo que dicho Poder Ejecutivo pudo advertir que el Legislativo local impuso a la actora una carga económica que no le correspondía; sin embargo, no formuló observación alguna, y procedió a la promulgación y publicación del Decreto controvertido.
• Finalmente, solicita que el estudio de este asunto se haga bajo un principio de afectación amplio, puesto que se involucran violaciones a derechos humanos como la garantía de hacer efectivo el derecho de obtener una pensión.
3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y el registro del expediente de la controversia constitucional, al que le correspondió el número 182/2025, y lo turnó al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para que fungiera como instructor del procedimiento.
4. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre siguiente, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, se reconocieron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
5. Contestaciones a la demanda. Las autoridades demandas formularon sus respuestas en los términos siguientes.
6. Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que manifestó lo siguiente:
• Causas de improcedencia. El Poder Legislativo de Morelos señala que la Fiscalía actora carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, porque no hay un principio de agravio en su esfera competencial, pues no pretende ejercer de manera directa los recursos de la Fiscalía, sino que el acto combatido deriva de sus propias facultades constitucionales y legales previstas en los artículos 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y, 54 fracción VII y 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• Indica que la Fiscalía carece de legitimación al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
• Afirma que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, sin que argumentara razón alguna.
• Contestación a los conceptos de invalidez. El Poder Legislativo manifiesta que el Decreto combatido es constitucional porque se dictó dentro de las facultades constitucionales y legales, así como también para materializar un derecho social. Asimismo, refiere que no se desconoce su autonomía de gestión presupuestaria y no configura una subordinación porque no administra el presupuesto de la Fiscalía, no ordena reasignación, no administra partidas, no reasigna techos presupuestales y no impone calendarios.
• Agrega que la Fiscalía cuenta con presupuesto suficiente y con facultades de gestión para atender los servicios personales y prestacionales, por lo que el pago de una pensión representa una fracción mínima del total y no configura una afectación grave.
• La autoridad legislativa aduce que no se transgrede el principio de división de poderes porque únicamente se precisa que el pago de la pensión se cubra por la propia Fiscalía, por lo que no hay una subordinación. Además de que se trata de una congruencia lógica entre el titular de la obligación y el ejecutor del pago.
• Refiere que no resultan aplicables los precedentes señalados por la Fiscalía actora porque en aquellos se castigó la injerencia en la hacienda de otros y aquí hay un reconocimiento de un derecho. Además de que el Decreto combatido materializa el derecho a la seguridad social y al mínimo vital.
• Añade que no se vulnera la autonomía financiera ni funcional, sino que únicamente constata un derecho subjetivo público y se formaliza mediante un acto legislativo de carácter declarativo y obligatorio.
• Que no se genera una carga arbitraria con el acto combatido, sino que se ordena el cumplimiento de una obligación preexistente derivada de una relación laboral. Además de que la autonomía de la Fiscalía no supone una independencia absoluta respecto de las normas laborales, ni le otorga facultades para dejar de acatar sentencias o derechos reconocidos.
• Que tampoco se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que no ha absorbido funciones ejecutivas, ni ha sometido a la Fiscalía a una dependencia jerárquica. Por el contrario, ambos actuaron en armonía: el legislativo, al reconocer un derecho y la Fiscalía, como ejecutora de su cumplimiento.
• Indica el Poder Legislativo que el Decreto combatido fue emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo, por lo que declarar su invalidez significaría desconocer la fuerza vinculante de una sentencia federal ejecutoriada.
• Finalmente señala que el Decreto combatido contribuye a la estabilidad laboral y protección del trabajador.
7. Poder Ejecutivo local. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de su Consejera Jurídica, rindió su contestación a la demanda mediante escrito enviado el doce de noviembre de dos mil veinticinco, en donde manifestó lo siguiente:
Contestación a los conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo manifestó que la Fiscalía actora no formuló conceptos de invalidez por vicios propios con relación a los actos de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, agrega que para la adecuada tramitación y resolución del presente asunto debe acudir al procedimiento de este medio de control.
• Manifiesta que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, en su artículo Décimo Sexto, se asignó a la Fiscalía actora la cantidad de $1,068,081,543.00 (mil sesenta y ocho millones ochenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N), por lo que cuenta con los recursos necesarios para solventar todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social. Lo que permite a la Fiscalía actora gozar de su autonomía e independencia funcional y financiera.
• Añade que la Fiscalía actora debe hacer frente a sus responsabilidades, estableciendo los mecanismos de transferencia necesarios o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto autorizado, por lo que no se viola en forma alguna su autonomía en la gestión de sus recursos.
• Que el Decreto combatido prevé que en caso de que las asignaciones presupuestales no resulten suficientes, se podrá solicitar una reasignación presupuestal. Sin embargo, ha sido omisa en solicitarla conforme al procedimiento señalado en el artículo Vigésimo Octavo del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
• Señala, el Poder Ejecutivo local, que no es patrón solidario, por lo que no puede hacerse de las obligaciones que debe cumplir la Fiscalía actora, ya que ello vulneraría el principio de división de poderes.
• Causa de improcedencia. Finalmente, el Poder Ejecutivo hace valer la causa de improcedencia de cesación de efectos, porque la Fiscalía actora cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la obligación de pago de sus pensiones. Ello, derivado de los recursos otorgados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, en el que se le asignó a la Fiscalía actora la cantidad de $1,068,081,543.00 (mil sesenta y ocho millones ochenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N), por lo que debe sobreseerse en la controversia constitucional.
8. Opiniones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon ninguna manifestación.
9. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia,(1) en la que el Ministro instructor proveyó lo conducente sobre las pruebas aportadas por las partes, abrió el periodo de alegatos, el veintisiete de enero de dos mil veintiséis se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
I. Competencia
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(4) así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de este Alto Tribunal, de tres de septiembre de dos mil veinticinco,(5) porque se trata de un conflicto entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa.
II. PRECISIÓN DEL ACTO COMBATIDO
11. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa el acto que será materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia.(6)
12. Al respecto, en el escrito de demanda se combatió, esencialmente, lo siguiente.
a) Del Poder Legislativo del Estado de Morelos el Decreto 207 por el que se concede pensión por jubilación en favor de Xicotencatl Arizmendi Saldívar, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.
b) Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la sanción, promulgación y publicación del Decreto 207, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.
c) Los efectos y consecuencias que se deriven de esos actos.
13. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte actora combate dicho decreto bajo el argumento de que se concede una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto y sin que el Poder Legislativo local le haya proporcionado los recursos suficientes para enfrentar dicha carga.
14. Sobre este punto, esta Suprema Corte advierte que ese reclamo se encuentra solamente en la porción normativa del artículo 2, como se comprueba a continuación:
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SIETE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A XICOTENCATL ARIZMENDI SALDIVAR
ARTÍCULO 1°.– Se concede pensión por jubilación a XICOTENCATL ARIZMENDI SALDIVAR, quien ha prestado sus servicios en la Fiscalía General del Estado de Morelos desempeñando como último cargo el de: Agente de la Policía Ministerial B, adscrito en la Fiscalía General del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos. Quien deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Veinticinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, en términos de los artículos Primero, cuarto párrafo, Décimo Sexto, párrafo décimo octavo, Vigésimo Quinto, primer párrafo, Vigésimo Noveno, parte final del penúltimo párrafo y Disposición Transitoria Quinta. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes en la partida específica de pensiones aprobada al mencionado Ente Público, el Ente Público podrá solicitar una reasignación presupuestal en términos de lo establecido en el Artículo Décimo Quinto, fracción VI del propio Decreto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase el presente decreto a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad´.
SEGUNDO.- Como lo ordena la Autoridad Judicial Federal en la ejecutoria que se cumplimenta, notifíquese personalmente al peticionario C. XICOTENCATL ARIZMENDI SALDIVAR en el domicilio que haya señalado para oír y recibir notificaciones.
TERCERO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo Número 698/2024, promovido por el C. XICOTENCATL ARIZMENDI SALDIVAR, infórmese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos del presente Decreto, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley de Amparo, ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.
CUARTO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad´, Órgano de difusión del Gobierno del Estado.”
15. En consecuencia, se tiene como efectivamente combatido el artículo 2 del decreto mencionado que a la letra dice:
“ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos. Quien deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Veinticinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, en términos de los artículos Primero, cuarto párrafo, Décimo Sexto, párrafo décimo octavo, Vigésimo Quinto, primer párrafo, Vigésimo Noveno, parte final del penúltimo párrafo y Disposición Transitoria Quinta. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes en la partida específica de pensiones aprobada al mencionado Ente Público, el Ente Público podrá solicitar una reasignación presupuestal en términos de lo establecido en el Artículo Décimo Quinto, fracción VI del propio Decreto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.”
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
17. En el caso, el acto combatido es el Decreto 207, publicado el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial, en virtud de que la parte actora no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
18. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del jueves veintinueve de mayo al miércoles nueve de julio de dos mil veinticinco,(8) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(9) Por lo tanto, si la demanda se presentó el martes ocho de julio de dos mil veinticinco debe concluirse que se hizo de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
19. El carácter de parte actora lo tiene el poder u ente que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlos, conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(10)
20. Los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal,(11) 22, fracción XXI y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y, 24, párrafo primero y 24 bis del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de dicha entidad federativa(12) prevén que el Coordinador General Jurídico puede representar legalmente a la Fiscalía General del Estado de Morelos, previa delegación de su titular, a través de acuerdo u oficio, en los asuntos administrativos, jurídicos o de cualquier otra índole, en los que tenga participación con cualquier carácter la Fiscalía General local.
21. En el caso, se considera que la demanda fue presentada por parte legitimada, debido a que fue presentada por Roberto Machado Oaxaca, en su carácter de Coordinador General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Morelos, calidad que acredita con copia certificada del oficio sin número de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco en donde el Fiscal General del Estado expidió el nombramiento con ese cargo, así como el Acuerdo General 08/2018 del Fiscal General local por el que se designa al titular de la Coordinación General Jurídica para representar, e intervenir en los asuntos jurídicos en que sea parte el Fiscal General, las unidades administrativas, así como los servidores públicos de la fiscalía, y se delegan facultades para suscribir convenios a nombre de la fiscalía ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.(13)
22. Sin que sea obstáculo, lo señalado por el Poder Legislativo local, respecto a que la Fiscalía General del Estado de Morelos carece de legitimación al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
23. Lo anterior porque, como ya quedó precisado, la Fiscalía General del Estado de Morelos cuenta con las facultades para instar este medio de control, en virtud de que así lo prevé expresamente el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que las controversias constitucionales pueden suscitarse entre dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
24. En el caso, la Fiscalía General del Estado de Morelos promueve la presente controversia en contra del artículo 2º del Decreto 207, por el que se concede pensión por jubilación, expedido, promulgado y publicado por los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, por lo que es claro que existe la previsión constitucional que legitima a la Fiscalía actora para promover la presente controversia constitucional.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
25. De conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(14) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, estén facultadas para representarla.
26. Al respecto, se considera que los órganos demandados tienen legitimación pasiva, pues se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Decreto combatido.
27. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia,(15) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
28. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos es representado por la Consejera Jurídica Dolores Álvarez Díaz, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento expedido el diez de febrero de dos mil veinticinco por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo, conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(16) tiene facultades de representación.
29. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el Diputado Isaac Pimentel Mejía, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(17) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
30. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer a la presente controversia, toda vez que a ellos se les responsabiliza por el acto combatido y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
31. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.
32. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que debe sobreseerse la controversia constitucional por haberse actualizado la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, ya que la Fiscalía actora cuenta con los recursos que le fueron asignados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
33. Dicho argumento debe desestimarse porque el acto combatido en la presente controversia constitucional es el Decreto 207 y no se advierte alguna determinación consistente en que se haya derogado ese decreto. Ahora, si bien la Fiscalía actora hizo referencia a la falta de provisión de fondos para cubrirlo, lo cierto es que su reclamo de inconstitucionalidad es por la determinación del Poder Legislativo local de disponer de su presupuesto, es decir, lo que se combate es el acto de otorgar una pensión con cargo a su presupuesto, por lo que la provisión de fondos no es suficiente para sobreseer la controversia por cesación de efectos.
34. Por otra parte, también se desestima el argumento del Poder Ejecutivo local en el que señala que, si bien llevó a cabo la promulgación y publicación del Decreto combatido, lo cierto es que no se controvirtió por vicios propios, por lo que no incurrió en las violaciones constitucionales aducidas por la Fiscalía actora.
35. Lo anterior, porque contrario a la afirmación anterior, la actora también señaló, entre otros argumentos, que los actos del Poder Ejecutivo local le depararon un perjuicio, puesto que además de haber tenido conocimiento previo del Decreto combatido, durante el proceso legislativo no formuló observación alguna sobre la carga económica que se le impuso y procedió a su promulgación y publicación. Por lo que es claro que sí se formularon argumentos en su contra.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34343-45ce2640/i-autonomia-de-la-fiscalia-general-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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