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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE DESESTIMA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA DEMANDA SE APOYA EN UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL LOCAL DEROGADA, TODA VEZ QUE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN ÉSTA FUERON TRANSFERIDAS AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDIANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MATERIA JUDICIAL, POR LO CUAL SUBSISTE LA MATERIA DEL CONFLICTO, EN TANTO QUE SE RECLAMA LA AFECTACIÓN A LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL [ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO 52 (CINCUENTA Y DOS) PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO]. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO LOCAL CONCEDE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y ORDENA QUE SE CUBRA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE ESE PODER, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN EL NIVEL MÁS GRAVE DE SUBORDINACIÓN Y VULNERA SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 52 (CINCUENTA Y DOS) PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "(...) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Y ANEXO 2 DEL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL (...) EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO DEL PROPIO DECRETO."]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS, MODIFIQUE EL DECRETO NÚMERO 52 (CINCUENTA Y DOS), ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA INVALIDADA Y ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN SE HAGA CARGO DEL PAGO DE LA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN SU CASO, OTORGUE EFECTIVAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS AL PODER O ENTIDAD QUE DEBA REALIZARLO, ESPECIFICANDO QUE FUERON TRANSFERIDOS PARA CUBRIR LA PENSIÓN CONCEDIDA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 52 (CINCUENTA Y DOS) PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "(...) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Y ANEXO 2 DEL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL (...) EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO DEL PROPIO DECRETO."]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 52 (CINCUENTA Y DOS) PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "(...) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Y ANEXO 2 DEL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL (...) EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO DEL PROPIO DECRETO."]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE EN CASO DE EMITIR UN NUEVO DECRETO DE PENSIÓN ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO 52 (CINCUENTA Y DOS) PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "(...) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO PÁRRAFO, DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Y ANEXO 2 DEL DECRETO NÚMERO VEINTICINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL (...) EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE PENSIONES APROBADA AL MENCIONADO ENTE PÚBLICO, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO DEL PROPIO DECRETO."].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 239/2025. · Registro digital (IUS): 34340
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-23
Promovente: Poder Judicial del Estado de Morelos.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 239/2025. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 23 DE FEBRERO DE 2026. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RAMÓN JURADO GUERRERO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Decreto número 52 (cincuenta y dos), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad” número 6458 (seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho), de trece de agosto de dos mil veinticinco, por el que se concede una pensión por jubilación a cargo del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 239/2025, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos [en adelante, Poder Judicial Local] contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del citado Estado, por la emisión de un decreto por el que se concede una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local, sin que se le transfirieran recursos económicos para cubrir dicha obligación.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por vía electrónica el veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.

2. En la demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 52 (cincuenta y dos) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6458 (seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho), de trece de agosto de dos mil veinticinco, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos [en adelante, Poder Legislativo Local] determinó otorgar pensión por jubilación a una persona, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de ese Estado, sin que se cerciorara que se contaban con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto Jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2025.

3. Antecedentes del Decreto impugnado. En la demanda el Poder actor señaló los siguientes hechos:

a) En los ejercicios fiscales de dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés se aprobó un presupuesto menor al que originalmente solicitó el Poder Judicial de Morelos, lo cual agravó, desde su óptica, su afectación financiera al no considerar incrementos en costos, salarios ni el incremento de jubilaciones, pese a ampliaciones presupuestales parciales.

b) En el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco el presupuesto tampoco fue aprobado en los términos originalmente planteados, ya que únicamente se aprobaron $795,683,819.64 (setecientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos diecinueve pesos 64/100 M.N.) de los $1,432,987,988.00 (mil cuatrocientos treinta y dos millones novecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que originalmente se solicitaron.

c) En las controversias constitucionales 15/2021 y 44/2024, ésta última sesionada el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se determinó que el Congreso de Morelos debe asignar al Poder Judicial Local en cada ejercicio fiscal una partida equivalente al 4.7 % (cuatro punto siete por ciento) del monto total del gasto programable autorizado en el decreto de presupuesto de egresos que anualmente aprueba, lo cual no ha acontecido.

d) El trece de agosto de dos mil veinticinco se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6458 (seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho), el Decreto número 52 (cincuenta y dos) que ahora se impugna.

4. Artículos que se estiman violados. Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, y 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos [en adelante, Constitución Local o Constitución de Morelos].

5. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, por un lado se argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal y, por otro, que la demandada ha contravenido lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 44/2024, expresando, esencialmente, lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. Con la emisión del Decreto impugnado se vulneran los artículos 17, 40, 41, 49 y 116, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; puesto que atenta contra la autonomía presupuestaria, la independencia y el principio de división de poderes.

• El Decreto vulnera la autonomía de gestión presupuestal y la potestad de regir las relaciones laborales del Poder Judicial Local con sus trabajadores, pues el Poder Legislativo Local dispone arbitrariamente de su presupuesto al imponerle fuera de toda previsión el deber de cubrir oportunamente una jubilación.

• La emisión de decretos de jubilación sin respaldo económico vulnera derechos laborales de las personas jubiladas, como el pago oportuno, y constituye una intromisión en la esfera del Poder Judicial de Morelos lo cual se agrava porque éste depende exclusivamente del presupuesto aprobado para afrontar todos sus gastos.

• El hecho de que el Congreso de Morelos tenga la atribución de emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales, se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal, pues no existe una explicación de por qué le corresponde evaluar que se cumplan los requisitos para que una persona que sostuvo una relación laboral con el Poder Judicial Local se vea beneficiada con una pensión.

• Esto torna dependiente y subordina al Poder Judicial Local al Legislativo, porque no se contempló una partida especial para los posibles decretos jubilatorios que se aprobaran, a pesar de haberla incluido en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

• Al resolver la controversia constitucional 35/2000 el Pleno de este Alto Tribunal consideró que la autonomía de la gestión presupuestal es una condición necesaria para que los poderes judiciales locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros Poderes.

• Segundo concepto de invalidez. En múltiples controversias constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la emisión de los decretos sin la debida transferencia de recursos económicos para garantizar su pago es inconstitucional; sin embargo, a la fecha el Poder Legislativo de Morelos ha sido insistente el vulnerar la autonomía del Poder Judicial porque no ha reformado el sistema integral de pensiones en la entidad.

• Tercer concepto de invalidez. Al dictar sentencia en la controversia constitucional 44/2024, promovida por el Poder actor, se declaró la invalidez de diversas porciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, estableciendo la regla de asignación del 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto programable al Poder Judicial Local, pudiendo otorgarle el Congreso estatal un monto mayor pero nunca uno menor; sin embargo, el Congreso local ha omitido observar tal disposición, violentando el principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial.

6. Recepción del expediente y turno. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 239/2025 y turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.

7. Acuerdo de admisión. Por acuerdo de uno de octubre siguiente, la Ministra instructora admitió la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, a quienes emplazó para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera. No formularon opinión en el presente asunto.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito remitido por vía electrónica el veinte de noviembre de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo de Morelos, a través de su Consejera Jurídica, dio contestación a la demanda. En ésta formuló argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales, en esencia, consisten en lo siguiente:

Causa de improcedencia

• Debe sobreseerse la controversia constitucional en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el decreto impugnado ha cesado en sus efectos, ya que se han autorizado a favor del Poder Judicial de Morelos diversas ampliaciones presupuestales en el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro a fin de que pueda cumplir, entre otras, con el pago de la pensión contenida en el Decreto impugnado.

Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado

• El Poder Ejecutivo Local tiene la facultad de publicar los decretos emitidos por el Poder Legislativo, conforme a la normativa vigente en Morelos, sin que dicho procedimiento de publicación haya sido impugnado por vicios propios, por lo que se sostiene su constitucionalidad.

• Señala que el Poder actor está en condiciones de cubrir con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus servidores públicos porque anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el Presupuesto de Egresos anual que corresponde al 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del monto total del gasto programable, por lo que ese argumento también resulta infundado.

• Señala que para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, se asignaron los recursos necesarios para que el Poder Judicial los utilice para todas y cada una de las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos y demás obligaciones que en general deba cumplir.

• Asimismo, con independencia del Presupuesto asignado se hace del conocimiento que, la Secretaría de Hacienda Estatal autorizó un adelanto de las ministraciones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinticinco, a favor del Poder Judicial, por lo que está en condiciones de cubrir el pago del decreto jubilatorio en cuestión.

9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. A través del oficio, depositado en la oficina de correos de la localidad el veinte de noviembre de dos mil veinticinco y recibido el uno de diciembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que hizo valer una causa de improcedencia y diversos argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales se sintetizan a continuación:

Causa de improcedencia

• No existe una afectación competencial, ya que no se produce una interferencia efectiva en el ámbito de atribuciones del Poder Judicial Local.

• La controversia no es procedente porque el decreto impugnado es un acto individual con efectos particulares que opera como un título habilitante prestacional, no como una norma general.

• El Poder Legislativo del Estado de Morelos consideró la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal por falta de interés legítimo del Poder Judicial Local, pues considera que el acto no afecta el ámbito de sus atribuciones, porque al tener facultades constitucionales para la emisión de los decretos como en el caso se analiza, no se invade o menoscaban las atribuciones constitucionales de dicho Poder Judicial Local.

• No existe un acto invasivo atribuible al Congreso de Morelos, ya que el decreto impugnado no ordena el pago, ni administra recursos, ni interfiere en la programación del gasto judicial, sino que se limita al reconocimiento del derecho jubilatorio de una persona trabajadora.

• La demanda se apoya en la invocación al artículo 92-A de la Constitución de Morelos; sin embargo, dicha disposición fue derogada, lo que elimina cualquier posibilidad de usarla como parámetro para sostener el conflicto competencial.

Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado

• El Decreto impugnado se ciñe estrictamente al marco competencial del Poder Legislativo pues la facultad legislativa para expedir decretos de pensión deriva expresamente del diseño constitucional estatal.

• El decreto jubilatorio únicamente hace una declaratoria sobre el derecho de una persona, no modifica las reglas ordinarias de ejecución del gasto público, es decir, deja incólume el ámbito de autonomía financiera y operativa del Poder actor para su eventual cumplimiento mediante los instrumentos presupuestarios ordinarios, por tanto, no dispone, no ejecuta y no opera recursos.

• La emisión del Decreto impugnado no se ajusta al test de intromisión-dependencia-subordinación, ya que no opera sobre estructuras contables, no dirige movimientos presupuestarios y no establece temporalidades de gasto; además no condiciona la facultad del Poder Judicial Local para decidir cómo y cuándo cubrir la obligación.

• Toda vez que, el Poder Judicial es quien decide, ordena y ejecuta su gasto conforme a sus propias necesidades funcionales y dado que el Decreto no condiciona la facultad del Poder Judicial para decidir cómo cubrir las obligaciones financieras, no existe dependencia normativa ni operativa.

• El principio de autonomía administrativa para la planeación, programación y ejercicio de su presupuesto opera en el plano de ejecución financiera del gasto, no en el del reconocimiento normativo del derecho prestacional, por lo que el Poder Judicial Local no puede desconocer un derecho con base en la garantía de este principio.

• Del artículo 131 de la Constitución de Morelos que dispone que, ninguna erogación podrá realizarse si no existe partida presupuestaria que la soporte se derivan dos consecuencias: 1) asegurar todo uso de recursos se realice con sustento en un acto formal de asignación presupuestal y, 2) que el pago deba realizarse mediante los instrumentos legales de administración presupuestaria. Asimismo, el orden jurídico proporciona múltiples instrumentos para atender obligaciones supervenidas o no previstas de forma nominativa en el presupuesto de egresos.

• La Constitución local demanda un estándar de previsibilidad y planeación suficiente, que una vez reconocido el derecho prestacional mediante el Decreto existan los mecanismos financieros y normativos que posibilitan su ejecución sin comprometer la disciplina fiscal.

• El Decreto impugnado no realiza actos de ejecución presupuestal ya que solo se limita a reconocer un derecho prestacional y remite su materialización al régimen ordinario de ejecución financiera, por lo que el debate no es la existencia de derechos adquiridos sino de los mecanismos de ejecución.

• La fracción IV del artículo 92-A de la Constitución de Morelos sobre la que se fundamenta la demanda de controversia constitucional se encuentra derogada, por lo que no puede utilizarse como parámetro normativo de validez para cuestionar el Decreto impugnado.

• No existe una identidad normativa, fáctica o competencial entre la controversia constitucional 44/2024 y este asunto, ya que en aquel se resolvió sobre un acto de naturaleza presupuestaria, lo que no acontece en el caso porque el Decreto impugnado versa sobre el reconocimiento formal de un derecho prestacional jubilatorio en favor de una trabajadora del Poder Judicial Local.

10. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el cuatro de febrero de dos mil veintiséis se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y por acuerdo de seis de febrero del mismo año la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Controversia Constitucional, conforme a lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) de tres de septiembre de dos mil veinticinco.

12. Lo anterior, por alegarse una invasión de esferas competenciales por parte del Poder Judicial, respecto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, por la emisión de un decreto por el que se concede una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

13. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es la actuación reclamada por el poder actor.

14. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial Local señaló como tal el siguiente:

“IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

1. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama:

1.1 La aprobación y expedición del decreto número cincuenta y dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6458, de trece de agosto de dos mil veinticinco, por el que se concede pensión por jubilación a [...], con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el pago del Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2025 y ejercicios fiscales subsecuentes, como más adelante se precisará...”.

2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se reclama:

2.1 La sanción, promulgación y publicación del decreto número cincuenta y dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6458, de trece de agosto de dos mil veinticinco, por conducto de los servidores públicos con facultades para el efecto, esto es, la Gobernadora del Estado (sanción y promulgación) y el Secretario de Gobierno (publicación).

15. A continuación se reproduce el decreto impugnado, para visualizar el contenido íntegro y verificar si se impugna en su totalidad o solo alguna de sus partes, derivado que de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte que el Poder Judicial Local se duele de que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento, no así del otorgamiento de la pensión ni de la forma en la que se calcula en sí misma.

“DECRETO NÚMERO CINCUENTA Y DOS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A [...]. ARTÍCULO 1°. – Se concede Pensión por Jubilación a [...], quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Analista.

ARTICULO 2°. - La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente y será pagada a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el artículo Décimo Octavo y conforme a las disposiciones establecidas en los artículos Primero, cuarto párrafo, Décimo Sexto, párrafo décimo octavo, Vigésimo Quinto, primer párrafo y Disposición Transitoria Quinta y Anexo 2 del Decreto Número Veinticinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes en la partida específica de pensiones aprobada al mencionado Ente Público, el Ente Público podrá solicitar una reasignación presupuestal en términos de lo establecido en el Artículo Décimo Sexto, párrafo décimo séptimo del propio Decreto. cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.”

16. De lo anterior puede desprenderse que la determinación de la que se duele se encuentra en el artículo 2° del decreto impugnado, de manera que es el que constituye la materia de la presente controversia, con la precisión de que no se impugna el otorgamiento de la pensión, sino la forma en la que se ordenó cubrir dicho monto; para mejor comprensión se transcribe el contenido del artículo impugnado:

ARTICULO 2°. - La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente y será pagada a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el artículo Décimo Octavo y conforme a las disposiciones establecidas en los artículos Primero, cuarto párrafo, Décimo Sexto, párrafo décimo octavo, Vigésimo Quinto, primer párrafo y Disposición Transitoria Quinta y Anexo 2 del Decreto Número Veinticinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes en la partida específica de pensiones aprobada al mencionado Ente Público, el Ente Público podrá solicitar una reasignación presupuestal en términos de lo establecido en el Artículo Décimo Sexto, párrafo décimo séptimo del propio Decreto. cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

III. OPORTUNIDAD

17. La demanda fue presentada oportunamente conforme lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) el cual señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

18. En el caso, debido a que el Poder Judicial Local impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, el trece de agosto de dos mil veinticinco.

19. Por tanto, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves catorce de agosto al viernes veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, para lo cual deben descontarse del cómputo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de agosto, así como seis, siete, trece al dieciséis, veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veinticinco, por corresponder a días inhábiles.

20. Entonces, si la demanda de controversia constitucional se presentó el veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco resulta claro que su presentación es oportuna.

21. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia; 3 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b), c), i) y m) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

22. Este Tribunal Pleno advierte que la demanda fue presentada por parte legitimada para tal efecto, dado que fue presentada por Juan Emilio Elizalde Figueroa, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

23. Dicho carácter quedó acreditado con el Decreto Número 341 (Trescientos Cuarenta y Uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6435, el seis de junio de dos mil veinticinco. Así como, con copia certificada del Acta Extraordinaria de Pleno público solemne número uno (01) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, celebrada el siete de junio de dos mil veinticinco, en la que se reconoce al promovente como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintisiete.

24. Ahora bien, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos se encuentra legitimado para promover esta Controversia Constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia;(8) 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(9) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003.(10)

25. Lo anterior, porque de conformidad con los preceptos referidos, el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico a ese Poder, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

26. Este Tribunal Pleno considera que las autoridades demandadas tienen legitimación pasiva para actuar como demandados en la controversia.

27. En el caso, el Poder Ejecutivo de Morelos cuenta con legitimación, toda vez que en su representación acudió Dolores Álvarez Díaz, Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento de diez de febrero de dos mil veinticinco expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Morelos y cuya atribución para representar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa se prevé en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos,(11) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política de dicho Estado.(12)

28. Por otro lado, en cuanto al Poder Legislativo de Morelos, en su representación compareció Isaac Pimentel Mejía, Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, en la que consta su designación para el periodo que comprende del quince de agosto de dos mil veinticinco al treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en los artículos 32 y 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(13)

29. Por tanto, los servidores cuentan con legitimación pasiva en este juicio, toda vez que se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. En el caso, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos hicieron valer las siguientes causas de improcedencia:

VI. 1. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS

31. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo Local señala que la controversia debe sobreseerse en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que el actor cuenta con recursos suficientes para el pago del decreto jubilatorio impugnado, ya que en el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro se realizaron ampliaciones presupuestales para el cumplimiento de esas obligaciones, de modo que al alcanzarse el fin perseguido, la controversia constitucional debe quedar sin materia.

32. Este argumento es infun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34340-f1d19064/i-controversia-constitucional-se-desestima-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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