I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA PROMOVERLA CONTRA LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ESE JUICIO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISOS K) Y L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO NÚMERO 214 LXVI, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE REFORMA AL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESE ESTADO EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, EN ESPECÍFICO EL PÁRRAFO TERCERO DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 154/2025. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA Y LORETTA ORTIZ AHLF. LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ VOTARON EN CONTRA Y ANUNCIARON SENDOS VOTOS PARTICULARES. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RAMÓN JURADO GUERRERO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Norma impugnada: Decreto Núm. 214 LXVI por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en Materia de Reforma al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo el doce de marzo de dos mil veinticinco, en específico el párrafo tercero de su artículo Segundo Transitorio.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 154/2025, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra del Decreto Núm. 214 LXVI por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en Materia de Reforma al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo el doce de marzo de dos mil veinticinco.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda y norma impugnada. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y del Estado de Hidalgo ante la publicación de la siguiente norma:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso el medio oficial en que se hubiera publicado:
DECRETO NÚM. 214–LXVI.- POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE REFORMA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO. En ese sentido, se combate en particular la siguiente porción normativa:
TRANSITORIOS [...]
SEGUNDO. [...]
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral ordinario 2026-2027, a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso. [...]"
(Lo resaltado no es propio)
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora estimó vulnerados los artículos 14, 16, 35, fracciones I y II, así como 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los preceptos controvertidos el INE expresó los siguientes argumentos:
"Sobre la procedencia de la controversia constitucional
El Instituto Nacional Electoral justifica la procedencia de la controversia constitucional argumentando que, aunque el artículo 105 constitucional no enumera explícitamente la procedencia de la vía ante un conflicto entre un órgano autónomo federal y un poder estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que dicho listado no es taxativo y debe favorecer la protección del sistema federal y la división de poderes.
Por lo anterior, la parte actora considera que los supuestos de procedencia previstos por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal deben de aplicarse favoreciendo una hipótesis de procedencia que, aunque no esté expresamente prevista, sea acorde con la finalidad manifiesta del medio de control constitucional, que es la salvaguarda de las esferas de competencia de los órganos y poderes constitucionales.
Esto, aunado a que la evolución histórica de los alcances de las controversias constitucionales y de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal demuestra la intención del Constituyente Permanente de ampliar las facultades de la Suprema Corte para conocer estas controversias considerando la complejidad actual del sistema de distribución de competencias en cada uno de los órdenes de gobierno; esto, a fin de que se encuentren comprendidas todas las variedades de conflictos competenciales que pueden presentarse, incluyendo a los órganos constitucionales autónomos locales y nacionales.
Sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada
Los planteamientos del Instituto Nacional Electoral se centran en la presunta invasión de sus competencias constitucionales en materia de fiscalización electoral.
El objeto de la reforma contenida en el Decreto Núm. 214 – LXVI es regular el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 para elegir por voto popular a magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
El tercer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto Núm. 214 – LXVI facultó al Consejo General del Instituto Electoral de Hidalgo para emitir acuerdos sobre la ‘organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral ordinario del año 2026-2027'.
La demanda del Instituto Nacional Electoral se estructura en torno a la defensa de su autonomía y su competencia exclusiva como autoridad fiscalizadora en materia electoral a nivel nacional, la que considera vulnerada por la legislación de Hidalgo.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas es una atribución que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, le confiere de manera exclusiva y para todos los procesos electorales, tanto federales como locales.
Así, el que la normativa de Hidalgo faculte al Instituto Electoral de Hidalgo para emitir acuerdos sobre fiscalización o al contemplar una posible delegación, invade directamente esta competencia, trastocando el modelo de fiscalización electoral diseñado por el Constituyente Permanente, que buscaba centralizar esta función para garantizar equidad, transparencia y certeza en todo el país.
El Instituto Nacional Electoral dedica una parte de su demanda a contextualizar su rol como órgano constitucional autónomo y sostiene que aquella es el resultado de un largo proceso de reformas (1990, 1994, 1996, 2007 y 2014) que buscaron ‘crear un ente no subordinado a los poderes constitucionales para garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas’.
Esta evolución demuestra, según el Instituto Nacional Electoral, que su autonomía se ha expandido gradualmente para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar condiciones de equidad, siendo la fiscalización nacional una de las piedras angulares de este modelo.
A fin de desarrollar este argumento, el Instituto detalla la robustez del sistema de fiscalización existente, diseñado para ser una herramienta integral que asegura una adecuada rendición de cuentas, previene el uso de recursos ilícitos y garantiza la equidad en la contienda; además de vigilar el correcto ejercicio del gasto para actividades ordinarias, actividades específicas y referentes a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Este modelo incluye:
• La presencia de órganos técnicos especializados, como la Unidad Técnica de Fiscalización o la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
• La dotación de facultades de comprobación y vigilancia, como el monitoreo de propaganda en vía pública, medios impresos e internet, así como la orden de visitas de verificación y la solicitud de información a otros entes públicos.
• El desarrollo de herramientas tecnológicas, como el Sistema Integral de Fiscalización que permite que los sujetos obligados registren sus operaciones en tiempo real y a que los órganos auditores realicen la revisión de ingresos y gastos oportunamente; o bien, el Registro Nacional de Proveedores que permite la verificación e identificación de personas físicas o morales que celebren contratos con partidos políticos y candidaturas.
Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral argumenta que cualquier intento de un órgano local de asumir estas funciones sin la capacidad técnica y la estructura nacional del Instituto Nacional Electoral, resultaría en deficiencias que pondrían en riesgo la equidad de la contienda.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral señala que la controversia constitucional no debería ser desestimada bajo el argumento de que tiene naturaleza electoral, por lo que debería ser retomada la tesis de jurisprudencia P./J. 125/2007 de rubro: ‘MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.’; además del criterio adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la controversia constitucional 73/2020."
4. Radicación y turno. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 154/2025 y designó como instructora a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
5. Admisión. En proveído de dos de junio de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora admitió la demanda de la presente controversia constitucional y su ampliación; asimismo, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo y reconoció al Instituto Electoral de Hidalgo el carácter del tercero interesado; además, ante la solicitud de suspensión de la parte actora, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
6. Suspensión. Por acuerdo de dos de junio de dos mil veinticinco, en el expediente del incidente de suspensión derivado de la presente controversia, la Ministra Instructora negó la suspensión solicitada por la parte actora al considerar que tal medida cautelar es improcedente respecto de normas generales.
7. Recurso de reclamación en el incidente de suspensión. Inconforme con la negativa de la suspensión, la parte actora interpuso recurso de reclamación y con él se formó el expediente 32/2025-CA, que fue resuelto por la entonces Segunda Sala de esta Suprema Corte el seis de agosto de dos mil veinticinco, en el sentido de confirmar la negativa de otorgar la medida cautelar.
8. Contestación del Legislativo Local. Mediante oficio recibido el once de agosto de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ciudadanos Eduardo López Palma y Zayda Berenice Meneses Meneses, en su carácter de representantes legales del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presentaron la contestación a la demanda de controversia constitucional. En dicho escrito adjuntaron el acta de sesión, el diario de debates y el expediente del decreto –contenido en un disco compacto CD-R– mediante el cual el Congreso local aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que reformó la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
9. Contestación del Ejecutivo Local. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, emitido por la Ministra Instructora a través de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, se hizo constar que, una vez transcurrido el plazo legal de treinta días hábiles previsto en el artículo 30 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo no presentó escrito de contestación a la demanda, ni formuló manifestación alguna dentro del término concedido.
10. Desahogo de la vista por parte de la Fiscalía General de la República. Dicho organismo no desahogó la vista correspondiente.
11. Audiencia. El quince de octubre de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.
12. Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El uno de septiembre de dos mil veinticinco, las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación rindieron protesta ante el Senado de la República.
13. Continuación del conocimiento del asunto. En términos del Sexto Transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos radicados ante Ministras y Ministros de la integración anterior continuarían siendo conocidos por ellas y ellos, sin requerir acuerdo de returno. En consecuencia, corresponde a la Ministra Ponente el conocimiento del presente asunto.(1)
14. Cierre de instrucción. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
I. COMPETENCIA
15. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es formalmente competente para resolver esta controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(3) así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco.(4) Lo anterior, toda vez que el INE, al cual la Constitución le otorga autonomía, plantea una invasión competencial por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo, con motivo de la norma general impugnada; ello con independencia de la legitimación que tenga o no para tal efecto.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA
16. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) este Tribunal Pleno debe fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.
17. Del análisis integral del escrito inicial de la demanda, se advierte que el INE señala como norma impugnada la contenida en el Decreto emitido por el Congreso del Estado de Hidalgo relacionado con la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. A saber:
a. Decreto Núm. 214 LXVI, publicado el doce de marzo de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo, mediante el cual se reformó, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en específico, el párrafo tercero de su artículo Segundo Transitorio.
18. El texto de la disposición impugnada en específico se transcribe a continuación:
DECRETO NÚM. 214–LXVI POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE REFORMA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO. En este sentido se combate en particular la siguiente porción normativa:
TRANSITORIOS [...]
"SEGUNDO. [...]
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral ordinario 2026-2027, a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso. [...]"
19. En cuanto a la existencia de dicha norma, ésta queda acreditada con su respectiva publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el doce de marzo de dos mil veinticinco.
20. Lo anterior, puesto que la sola publicación de las normas generales impugnadas es suficiente para tener por acreditada su existencia, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."(6)
III. OPORTUNIDAD
21. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(7) establece que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional, cuando se impugnen normas generales, se computará a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
22. Decreto Núm. 214. LXVI mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado de Hidalgo, fue publicado el doce de marzo de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de dicha entidad federativa.
23. De esta manera, el plazo de treinta días para impugnar el Decreto Núm. 214 LXVI transcurrió del trece de marzo de dos mil veinticinco al treinta de abril de dos mil veinticinco.
24. Por tanto, si la demanda se promovió el veintiocho de abril de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que la presentación fue oportuna.
IV. IMPROCEDENCIA
25. Con independencia de que pudiera actualizarse diversa causal de improcedencia y la legitimación pasiva que pudiera corresponder a las autoridades demandadas, este Tribunal Pleno estima que la presente controversia constitucional resulta improcedente; esto es así al actualizarse el supuesto de improcedencia consistente en la falta de legitimación activa de la parte promovente, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) en relación con el artículo 105, fracción I, de nuestra Carta Magna.
26. En efecto, del escrito de la demanda se advierte que quien promueve la presente controversia constitucional es Claudia Arlett Espino, en su carácter de secretaria ejecutiva del INE, cargo que acredita con copia del «ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA CIUDADANA CLAUDIA ARLETT ESPINO COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS», publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.
27. No obstante, si bien la promovente cuenta con facultades para representar al INE en su carácter de titular de la Secretaría Ejecutiva, ello sobre la lógica de que los entes reconocidos por el artículo 105 constitucional, en congruencia con el diverso 11 de la ley reglamentaria, deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios,(9) la causal de improcedencia se actualiza porque es el propio instituto quien carece de legitimación activa para promover el presente medio de control constitucional.
28. Debe recordarse que la procedencia de los medios de control constitucional constituye una cuestión de orden público y que las causales de improcedencia –cuya consecuencia jurídica es el sobreseimiento del asunto– comparten esa misma naturaleza. Este Tribunal Pleno ha sostenido, en la jurisprudencia P./J. 31/96 (9a.), que las disposiciones que establecen dichas causales, tanto en las controversias constitucionales como en las acciones de inconstitucionalidad, son de orden público en el marco de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(10)
29. Por esa razón, la parte final del artículo 19 de dicho ordenamiento dispone expresamente que "en todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio".(11) De ello se sigue que su estudio no está sujeto a limitación temporal alguna, pues aun cuando no sean invocadas por las partes, el órgano jurisdiccional tiene el deber de analizarlas de manera oficiosa.
30. Para sustentar lo anterior, es necesario partir del contenido de las disposiciones constitucionales y legales que delimitan los sujetos legitimados para promover controversias constitucionales, como se expone a continuación:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (...)
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y
l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. (...)
En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM
"Art. 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)
VIII. Cuando de la demanda se advierta que no se hacen valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (...)
IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley. (...)
Art. 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; (...)"
31. De los preceptos transcritos se advierte que la Constitución Federal faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten, entre otros, respecto de órganos constitucionales autónomos federales o uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Congreso, ambos de la Unión; o de este tipo de órganos autónomos, pero de las entidades federativas o uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Congreso, ambos Locales.
32. Lo anterior a partir de que el propósito de esas controversias es dirimir los conflictos competenciales que se presenten por normas generales, actos u omisiones –con excepción de las que se refieran a materia electoral– que vulneren el ámbito de atribuciones entre tales órganos previsto en la propia Constitución. En consecuencia, se reafirma que el objeto de este medio de control es exclusivamente de naturaleza constitucional, por lo que queda excluido todo análisis de legalidad ordinaria.
33. Por su parte, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional prevé los supuestos en que las controversias constitucionales resultan improcedentes y, específicamente en su artículo 19, fracción IX, dispone que la improcedencia podrá derivar de cualquiera de las disposiciones contenidas en dicha legislación. Finalmente, establece en su numeral 20, fracción II, que la actualización de una causa de improcedencia conlleva necesariamente el sobreseimiento del asunto.
34. Sobre esa base, a efecto de poder determinar si la impugnación realizada por el INE puede encuadrar en alguna de las hipótesis de la fracción I del artículo 105 constitucional, debemos partir de que dicho Instituto encuentra su base normativa en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en los artículos 35, 41, Base V, y 116. Dichos preceptos, en lo que aquí interesa, establecen el marco constitucional que rige su naturaleza, funciones y competencias como organismo público autónomo encargado de la organización de los procesos electorales federales y, en los términos que determine la ley, de los locales. A continuación, se transcriben los numerales en cita en su parte conducente:
"Art. 35.- Son derechos de la ciudadanía: (...)
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: (...)
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. (...)
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas (...)
IX.- Participar en los procesos de revocación de mandato.
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas ...
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. (...)
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal (...)
Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (...)
I. Los partidos políticos son entidades de interés público (...)
El Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley. (...)
III. (...)
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; (...)
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. (...)
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: (...)
Cuando a juicio del Instituto Nac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34132-8c5d3e5e/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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