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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA PROMOVERLA CONTRA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ESE JUICIO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISOS K) Y L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO 66-67, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ESPECÍFICO EL PÁRRAFO SEXTO DE SU ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, Y DECRETO 66-228, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ LA LEY ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, EN ESPECÍFICO, SU ARTÍCULO 49, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2025. · Registro digital (IUS): 34165
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-07
Promovente: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.371.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2025. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA Y LORETTA ORTIZ AHLF. LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ VOTARON EN CONTRA Y ANUNCIARON SENDOS VOTOS PARTICULARES. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RAMÓN JURADO GUERRERO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: Decreto 66-67 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en materia de Reforma al Poder Judicial, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, así como el Decreto 66-228, publicado el dieciséis de enero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se reformó la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; en específico, su artículo 409.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 2/2025, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra, por una parte, del Decreto 66-67 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en materia de Reforma al Poder Judicial, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro; y por otra parte, también impugna el Decreto 66-228, mediante el cual se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, publicada en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas el dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda y norma impugnada. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas ante la publicación de la siguiente norma:

iv. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso el medio oficial en que se hubiera publicado:

a) DECRETO No. 66-67 66-67 (sic) Mediante el cual se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en Materia de Reforma al Poder Judicial, expedido por el Gobernador Constitucional de la misma Entidad, publicado en el Periódico Oficial local de 18 de noviembre del 2024, específicamente por lo que hace a su artículo segundo transitorio, sexto párrafo que, en lo que interesa, establece:

"ARTÍCULO SEGUNDO. El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán por voto popular:

(...)

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2024-2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso. (...)".

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora estimó vulnerados los artículos 14, 16, 35, fracciones I y II, así como 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los preceptos controvertidos el INE expresó los siguientes argumentos:

Sobre la procedencia de la controversia constitucional

El Instituto Nacional Electoral justifica la procedencia de la controversia constitucional argumentando que, aunque el artículo 105 constitucional no enumera explícitamente la procedencia de la vía ante un conflicto entre un órgano autónomo federal y un poder estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que dicho listado no es taxativo y debe favorecer la protección del sistema federal y la división de poderes.

Por lo anterior, la parte actora considera que los supuestos de procedencia previstos por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal deben de aplicarse favoreciendo una hipótesis de procedencia que, aunque no esté expresamente prevista, sea acorde con la finalidad manifiesta del medio de control constitucional, que es la salvaguarda de las esferas de competencia de los órganos y poderes constitucionales.

Esto, aunado a que la evolución histórica de los alcances de las controversias constitucionales y de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal demuestra la intención del Constituyente Permanente de ampliar las facultades de la Suprema Corte para conocer estas controversias considerando la complejidad actual del sistema de distribución de competencias en cada uno de los órdenes de gobierno; esto, a fin de que se encuentren comprendidas todas las variedades de conflictos competenciales que pueden presentarse, incluyendo a los órganos constitucionales autónomos locales y nacionales.

Sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada

Los planteamientos del Instituto Nacional Electoral se centran en la presunta invasión de sus competencias constitucionales en materia de fiscalización electoral.

El objeto de las reformas contenidas en el Decreto 66-67 es regular el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para elegir por voto popular a magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

El sexto párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto 66-67 facultó al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para emitir acuerdos sobre la "organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2024-2025".

La demanda del Instituto Nacional Electoral se estructura en torno a la defensa de su autonomía y su competencia exclusiva como autoridad fiscalizadora en materia electoral a nivel nacional, la que considera vulnerada por la legislación de Tamaulipas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas es una atribución que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, le confiere de manera exclusiva y para todos los procesos electorales, tanto federales como locales.

Así, el que la normativa de Tamaulipas faculte al Instituto Electoral de Tamaulipas para emitir acuerdos sobre fiscalización o al contemplar una posible delegación, invade directamente esta competencia, trastocando el modelo de fiscalización electoral diseñado por el Constituyente Permanente, que buscaba centralizar esta función para garantizar equidad, transparencia y certeza en todo el país.

El Instituto Nacional Electoral dedica una parte de su demanda a contextualizar su rol como órgano constitucional autónomo y sostiene que aquella es el resultado de un largo proceso de reformas (1990, 1994, 1996, 2007 y 2014) que buscaron "crear un ente no subordinado a los poderes constitucionales para garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas".

Esta evolución demuestra, según el Instituto Nacional Electoral, que su autonomía se ha expandido gradualmente para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar condiciones de equidad, siendo la fiscalización nacional una de las piedras angulares de este modelo.

A fin de desarrollar este argumento, el Instituto detalla la robustez del sistema de fiscalización existente, diseñado para ser una herramienta integral que asegura una adecuada rendición de cuentas, previene el uso de recursos ilícitos y garantiza la equidad en la contienda; además de vigilar el correcto ejercicio del gasto para actividades ordinarias, actividades específicas y referentes a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Este modelo incluye:

• La presencia de órganos técnicos especializados, como la Unidad Técnica de Fiscalización o la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

• La dotación de facultades de comprobación y vigilancia, como el monitoreo de propaganda en vía pública, medios impresos e internet, así como la orden de visitas de verificación y la solicitud de información a otros entes públicos.

• El desarrollo de herramientas tecnológicas, como el Sistema Integral de Fiscalización que permite que los sujetos obligados registren sus operaciones en tiempo real y a que los órganos auditores realicen la revisión de ingresos y gastos oportunamente; o bien, el Registro Nacional de Proveedores que permite la verificación e identificación de personas físicas o morales que celebren contratos con partidos políticos y candidaturas.

Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral argumenta que cualquier intento de un órgano local de asumir estas funciones sin la capacidad técnica y la estructura nacional del Instituto Nacional Electoral, resultaría en deficiencias que pondrían en riesgo la equidad de la contienda.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral señala que la controversia constitucional no debería ser desestimada bajo el argumento de que tiene naturaleza electoral, por lo que debería ser retomada la tesis de jurisprudencia P./J. 125/2007 de rubro: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL"; además del criterio adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la controversia constitucional 73/2020.

4. Radicación y turno. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la Controversia Constitucional 2/2025 y designó como instructora a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

5. Ampliación de demanda. El once de febrero de dos mil veinticinco, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, por conducto de Claudia Arlett Espino, presentó ampliación de demanda y precisó como norma impugnada la siguiente:

"iv. Las normas generales o actos cuya invalidez se demanden, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiera publicado:

DECRETO No. 66-228 publicado en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas el 16 de enero de 2025, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, específicamente por lo que hace a los siguientes enunciados normativos.

Sección Novena

De la Fiscalización

Articulo 409.- La fiscalización de las personas candidatas juzgadoras se realizará de acuerdo con lo que establezca la Ley General y los acuerdos y lineamientos del Consejo General del INE.

En el caso de que dicha atribución sea delega al IETAM se estará lo dispuesto en la Ley General del INE y en los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General del INE, y lo previsto en la Ley.

(...)".

(lo resaltado no es propio)

Ver norma impugnada con resaltado

6. Admisión. En proveído de ocho de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora admitió la demanda de la presente controversia constitucional y su ampliación; asimismo, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas y reconoció al Instituto Electoral de Tamaulipas el carácter del tercero interesado; además, ante la solicitud de suspensión de la parte actora, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

7. Suspensión. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticinco, en el expediente del incidente de suspensión derivado de la presente controversia, la Ministra Instructora negó la suspensión solicitada por la parte actora al considerar que tal medida cautelar es improcedente respecto de normas generales.

8. Recurso de reclamación en el incidente de suspensión. Inconforme con la negativa de la suspensión, la parte actora interpuso recurso de reclamación y con él se formó el expediente 23/2025-CA, que fue resuelto por la extinta Segunda Sala de esta Suprema Corte el dos de julio de dos mil veinticinco, en el sentido de confirmar la negativa de otorgar la medida cautelar.

9. Contestación del Ejecutivo Local. Mediante oficio remitido por correo postal el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco y recibido el seis de junio de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Luis Beas Gámez, ostentándose como Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas y en representación del titular del Poder Ejecutivo Local, contestó la demanda de controversia constitucional y formuló los siguientes planteamientos:

Sobre el acatamiento del deber de publicación

En este punto, el Poder Ejecutivo Local refiere haber actuado en apego a lo dispuesto por los artículos 68 y 91, fracción V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y en estricto acatamiento de sus obligaciones respecto al proceso legislativo, circunscritas a la promulgación y orden de publicación de las normas locales.

Sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas

En su contestación, el Poder Ejecutivo de Tamaulipas rechaza la acusación de invasión de competencias, sosteniendo que los Decretos Impugnados son constitucionales y respetuosos del marco federal.

La defensa de Tamaulipas se basa en una interpretación del sistema constitucional como un modelo de cooperación federalista. Sostiene que los Decretos Impugnados no limitan ni niegan la participación del Instituto Nacional Electoral, sino que reconocen expresamente su rol rector y lo incorpora como referente normativo; así, las normas impugnadas establecen un marco de colaboración con el Instituto Electoral de Tamaulipas para la fiscalización de un proceso electoral de naturaleza local, extraordinario y no partidista, como es la elección de personas juzgadoras por voto popular.

Argumenta que, al ser una figura electoral novedosa y no prevista explícitamente en la legislación federal, la entidad federativa tiene la facultad, conforme al artículo 116 constitucional, de desarrollar un marco normativo específico para darle viabilidad, siempre que respete los principios federales.

Un punto clave de la defensa del Poder Ejecutivo es que la legislación local no crea un sistema de fiscalización autónomo o paralelo, sino que se subordina expresamente a la autoridad nacional. Esto, ya que el artículo 409 de la Ley Electoral local reformada establece que la fiscalización se realizará de acuerdo con lo que establezca la Ley General y los acuerdos y lineamientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Más importante aún, la participación del Instituto Electoral de Tamaulipas está explícitamente condicionada a que la atribución de fiscalización sea delegada por el propio INE. Esto, según el Poder Ejecutivo Local, impide cualquier invasión unilateral de funciones y demuestra que la norma opera dentro del sistema nacional que contempla supuestos de colaboración con organismos públicos electorales locales; ello, máxime que el Instituto Electoral de Tamaulipas se encuentra expresamente supeditado a los principios constitucionales en la materia.

10. Contestación del Legislativo Local. A través de oficio depositado en la administración postal de Ciudad Victoria Tamaulipas el veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, y recibido el seis de junio de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, contestó la demanda y expresó lo siguiente:

Sobre el acatamiento del deber de publicación

En este punto, el Poder Ejecutivo Local refiere haber actuado en apego a lo dispuesto por los artículos 68 y 91, fracción V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y en estricto acatamiento de sus obligaciones respecto al proceso legislativo, circunscritas a la promulgación y orden de publicación de las normas locales.

Sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas

En su contestación, el Poder Ejecutivo de Tamaulipas rechaza la acusación de invasión de competencias, sosteniendo que los Decretos Impugnados son constitucionales y respetuosos del marco federal.

La defensa de Tamaulipas se basa en una interpretación del sistema constitucional como un modelo de cooperación federalista. Sostiene que los Decretos Impugnados no limitan ni niegan la participación del Instituto Nacional Electoral, sino que reconocen expresamente su rol rector y lo incorpora como referente normativo; así, las normas impugnadas establecen un marco de colaboración con el Instituto Electoral de Tamaulipas para la fiscalización de un proceso electoral de naturaleza local, extraordinario y no partidista, como es la elección de personas juzgadoras por voto popular.

Argumenta que, al ser una figura electoral novedosa y no prevista explícitamente en la legislación federal, la entidad federativa tiene la facultad, conforme al artículo 116 constitucional, de desarrollar un marco normativo específico para darle viabilidad, siempre que respete los principios federales.

Un punto clave de la defensa del Poder Ejecutivo es que la legislación local no crea un sistema de fiscalización autónomo o paralelo, sino que se subordina expresamente a la autoridad nacional. Esto, ya que el artículo 409 de la Ley Electoral local reformada establece que la fiscalización se realizará de acuerdo con lo que establezca la Ley General y los acuerdos y lineamientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Más importante aún, la participación del Instituto Electoral de Tamaulipas está explícitamente condicionada a que la atribución de fiscalización sea delegada por el propio INE. Esto, según el Poder Ejecutivo Local, impide cualquier invasión unilateral de funciones y demuestra que la norma opera dentro del sistema nacional que contempla supuestos de colaboración con organismos públicos electorales locales; ello, máxime que el Instituto Electoral de Tamaulipas se encuentra expresamente supeditado a los principios constitucionales en la materia.

Sobre la falta de legitimación activa

El Poder Legislativo Local afirma que la controversia constitucional es improcedente y que el Instituto Nacional Electoral carece de legitimación activa para promover este medio de control constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas; esto, ya que la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal no prevé que los órganos constitucionales autónomos federales puedan demandar en esta vía a los poderes de una entidad federativa.

Además, el Poder Legislativo estima que es insuficiente que el Instituto Nacional Electoral sostenga como supuesto de procedencia que los Decretos Impugnados invaden sus atribuciones, ya que un presupuesto básico para la procedencia de la controversia constitucional es que se actualice uno de los supuestos previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal; disposición que debe leerse de manera estricta y que solamente supone conflictos competenciales horizontales, pero nunca de naturaleza vertical.

Así, concluye el Legislativo Estatal, la controversia constitucional es improcedente en los términos que han sido resueltos distintos precedentes de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, los Recursos de Reclamación 293/2023-CA, 351/2023-CA, 178/2022-CA y la Controversia Constitucional 178/2022.

Sobre la constitucionalidad de los Decretos Impugnados

Por otra parte, el Legislativo de Tamaulipas sostiene que los planteamientos de la parte actora se sustentan en cuestiones de mera legalidad ajenas a la materia de la vía intentada.

Lo anterior, ya que la disposición transitoria de la Constitución del Estado de Tamaulipas que refiere que el Instituto Electoral Local podrá emitir los acuerdos necesarios para, entre otros, la fiscalización del proceso electoral extraordinario 2024-2025, se refiere al caso en que dicha atribución le sea delegada por el Instituto Nacional Electoral.

A decir del Legislativo Local esta lectura es congruente con lo dispuesto por el artículo 409 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, adicionado mediante el Decreto 66-228; disposición que prevé que el Instituto Electoral de Tamaulipas solo ejercerá la fiscalización cuando ella le sea delegada por el Instituto Nacional Electoral.

11. Desahogo de la vista por parte de la Fiscalía General de la República. Dicho organismo no desahogó la vista correspondiente.

12. Audiencia. El once de agosto de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.

13. Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El uno de septiembre de dos mil veinticinco, las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación rindieron protesta ante el Senado de la República.

14. Continuación del conocimiento del asunto. En términos del Sexto Transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos radicados ante Ministras y Ministros de la integración anterior continuarían siendo conocidos por ellas y ellos, sin requerir acuerdo de returno. En consecuencia, corresponde a la Ministra Ponente el conocimiento del presente asunto.(1)

15. Cierre de instrucción. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

I. COMPETENCIA

16. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es formalmente competente para resolver esta controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(3) así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco.(4) Lo anterior, toda vez que el INE, al cual la Constitución le otorga autonomía, plantea una invasión competencial por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, con motivo de las normas generales impugnadas; ello con independencia de la legitimación que tenga o no para tal efecto.

II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LAS NORMAS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA

17. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) este Tribunal Pleno debe fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.

18. Del análisis integral del escrito inicial de la demanda y su ampliación, se advierte que el INE señala como normas impugnadas algunas de las contenidas en dos Decretos emitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas relacionados con la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. A saber:

a. Decreto 66-67, publicado el dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; en específico, el párrafo sexto de su artículo transitorio segundo.

b. Decreto 66-228, publicado el dieciséis de enero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se reformó la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; en específico, su artículo 409.

19. El texto de las disposiciones impugnadas en específico se transcriben a continuación:

Decreto 66-67 que reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

"ARTÍCULO SEGUNDO. El Proceso Electoral Extraordínario 2024-2025, dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán por voto popular.

(...)

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2024-2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constítuclonales y legales aplicables para los procesos electorales, observando los príncipios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los representantes de los partidos politicos ante el Consejo General del Instituto Electoral no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.

(...). ''

Decreto 66-228 que reformó la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas

"Artículo 409.- La fiscalización de las personas candidatas juzgadoras se realizará de acuerdo con lo que establezca la Ley General y los acuerdos y lineamientos del Consejo General del INE."

En caso de que dicha atribución sea delegada al IETAM se estará a lo dispuesto en la Ley General y en los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General del INE, y lo previsto en la Ley.''

20. En cuanto a la existencia de dicha norma, ésta queda acreditada con sus respectivas publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro y el dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

21. Lo anterior, puesto que la sola publicación de las normas generales impugnadas es suficiente para tener por acreditada su existencia, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."(6)

III. OPORTUNIDAD

22. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(7) establece que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional, cuando se impugnen normas generales, se computará a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

23. El Decreto 66-67 mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, fue publicado el dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; mientras que el Decreto 66-228 que reformó la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas se publicó en dicho Periódico Oficial el dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

24. De esta manera, el plazo de treinta días para impugnar el Decreto 66-67 transcurrió del diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro al diecisiete de enero de dos mil veinticinco; mientras que en el caso del Decreto 66-228, transcurrió del diecisiete de enero al tres de marzo de dos mil veinticinco.

25. Por tanto, si la demanda se promovió el dieciséis de enero de dos mil veinticinco, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mientras que su ampliación se presentó por el mismo medio el once de febrero de dos mil veinticinco, se concluye que la presentación de ambas fue oportuna.

IV. IMPROCEDENCIA

26. Con independencia de que pudiera actualizarse diversa causal de improcedencia y la legitimación pasiva que pudiera corresponder a las autoridades demandadas, este Tribunal Pleno estima que la presente controversia constitucional resulta improcedente; esto es así al actualizarse el supuesto de improcedencia consistente en la falta de legitimación activa de la parte promovente, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) en relación con el artículo 105, fracción I, de nuestra Carta Magna.

27. En efecto, del escrito de la demanda se advierte que quien promueve la presente controversia constitucional es Claudia Arlett Espino, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del INE, cargo que acredita con copia del «ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA CIUDADANA CLAUDIA ARLETT ESPINO COMO TITULAR DE LA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34165-f899c719/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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