I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (NUMERALES 2.8.3, 2.8.4, 2.16 Y 2.17 DEL APARTADO II, Y 13.2 DEL APARTADO XIII DEL ANEXO "TARIFA" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JANOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal impugna diversas porciones normativas del anexo denominado "TARIFA", que forma parte de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
Los numerales impugnados establecen el cobro de derechos por la expedición de licencias de construcción y permisos para cambio de uso de suelo para plantas solares fotovoltaicas y/o similares, ubicadas en zonas urbanas y rústicas, así como, licencias de funcionamiento de parques y empresas generadoras de energías verdes, reclamados por el Poder Ejecutivo Federal bajo el argumento de que dichos cobros invaden la competencia exclusiva de la Federación en materias de energía eléctrica.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 53/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Chihuahua, en la que se impugnan diversos numerales del anexo "TARIFA" de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, para el Ejercicio Fiscal 2025.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. El trece de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional impugnando diversos numerales del anexo "TARIFA" de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
2. En su escrito de demanda, la accionante reclamó como único concepto de invalidez, la invasión de la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos sexto y séptimo, 28 párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo siguiente:
• Los numerales 2.8.3, 2.8.4, 2.16, 2.17, y 13.2 del anexo "TARIFA" de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2025, resultan inconstitucionales dado que invaden las facultades en materia de energía eléctrica reservada exclusivamente a la Federación, conforme lo establecido en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracción X, de la CPEUM.
• La competencia federal en materia de energía eléctrica se aprecia desde dos perspectivas. La primera, en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a), del artículo 73, de la CPEUM, y la segunda, se delinea en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia que ostenta el Poder Ejecutivo Federal, a través de la secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, conforme los artículos 6, 13, 15 y 16 de la Ley de la Industria Eléctrica.
• La Ley de la Industria Eléctrica señala que entre las actividades de jurisdicción federal se encuentra la producción de energía eléctrica, y dispone que las autoridades administrativas y jurisdiccionales están obligadas a realizar lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades.
• La regulación de la industria eléctrica y del sistema eléctrico nacional tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura.
• De acuerdo con el artículo 115, fracción V, incisos d) y f), de la CPEUM, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, y otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, observando los términos de las leyes federales y estatales relativas.
• La regulación para llevar a cabo las actividades derivadas de la industria eléctrica se encuentra reservada a la federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f), 35 BIS 2 y 3, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 2 y 5, inciso k), de su reglamento.
• En materia de energía eléctrica, la facultad legislativa, contributiva y ejecutiva la ostenta exclusivamente la Federación en todas sus vertientes, aun y cuando los municipios tengan la facultad constitucional de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, pues esta facultad se acota a las condiciones establecidas por las leyes federales.
• Las disposiciones impugnadas permiten que la hacienda municipal obtenga ingresos adicionales con motivo de dichas actividades, las cuales se relacionan directamente con la regulación en materia de energía eléctrica, aunado a que no se puede realizar una doble tributación.
3. Radicación y turno. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta SCJN tuvo por recibido el escrito de demanda, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 53/2025 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.
4. Admisión y trámite. El veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Chihuahua para que contestaran la demanda en el plazo de treinta días, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada del periódico oficial en el que constara la publicación del decreto controvertido. Tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al municipio de Janos, estado de Chihuahua, a los que se ordenó dar vista con la demanda para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que resultara conveniente.
5. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, la Subsecretaria de Normatividad y asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, contestó la demanda esencialmente en los siguientes términos:
• La emisión de licencias de construcción no invade la competencia federal, pues no es objetivo de los Ayuntamientos y sus órganos el incidir en las actividades de la industria eléctrica, sino únicamente establecer un orden de desarrollo urbano, función que se encuentra protegida por el principio de autonomía municipal reconocida en la fracción V del artículo 115 de la CPEUM.
• El cobro previsto por el Municipio no es una contribución especial sobre energía eléctrica, sino un derecho por superficie de construcción o uso del suelo en el contexto de infraestructura que puede o no estar vinculada a la energía eléctrica.
• Los derechos a que alude la Ley de Ingresos no versan sobre el servicio público de energía eléctrica ni pretenden gravar la generación, transmisión, distribución o comercialización de dicho servicio; por el contrario, los derechos se refieren, exclusivamente, a la utilización de bienes municipales por parte de cualquier ente público o privado, incluido, en su caso, el suministro de servicios como el de energía eléctrica, pero solo en la medida en que implique la ocupación o uso del espacio público municipal.
• Los municipios pueden establecer derechos por el uso de bienes de dominio público municipal, como lo son las calles, banquetas, subsuelos, camellones, áreas verdes, plazas y demás espacios públicos de propiedad municipal. Las disposiciones impugnadas no versan sobre el servicio público de energía eléctrica ni pretenden gravar la generación, transmisión, distribución o comercialización de dicho servicio.
• Lo que se grava no es la actividad energética, sino el uso físico del espacio público municipal, lo cual no interfiere ni con la prestación del servicio, ni con la competencia exclusiva de la Federación, sobre el sector energético.
• La Federación tiene competencias exclusivas en materia de energía eléctrica, pero no implica que se excluyan totalmente las competencias municipales en materias que se interceptan tangencialmente, como el uso del suelo, desarrollo urbano o autorizaciones administrativas locales.
• El Ejecutivo Federal parte de una interpretación extensiva y restrictiva del federalismo: extensiva respecto de las competencias federales, y restrictiva respecto de las atribuciones estatales y municipales. Una interpretación como la que pretende permitiría que cualquier actividad del Gobierno Federal sirviera como excusa para despojar a los Municipios de sus facultades tributarias, a pesar de que la Constitución les reconoce expresamente dicha potestad.
6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). El dos de junio de dos mil veinticinco, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado, y expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez del Decreto impugnado:
• Los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan al Estado Mexicano la rectoría en materia de energía eléctrica, relativas a generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
• El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sector público tendrá de manera exclusiva a su cargo las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, en materia de energía eléctrica, manteniendo el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan.
• La fracción X del artículo 73, de la CPEUM confiere al Congreso de la Unión la expedición de la Ley de la Industria Eléctrica. Los artículos 6 y 7 de la referida ley indican que las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal. La fracción XXIX, sección 5o., inciso a), constitucional, prevé que el Congreso de la Unión es el facultado para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica.
• El artículo 124 de la CPEUM establece que las facultades que no se encuentren expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas para las entidades federativas.
• Si bien las normas impugnadas no establecen literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades en materia de energía eléctrica, si prevé un pago por metro cuadrado de derechos por la expedición de licencias de uso de suelo y funcionamiento de un servicio relacionado con la regulación en materia de energía eléctrica, por lo que invaden las esferas competenciales de la federación.
7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de junio de dos mil veinticinco, la persona Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua dio contestación a la controversia, en la que medularmente expuso los siguientes argumentos:
• El otorgamiento de licencias de construcción, de uso de suelo, las de verificación de establecimientos comerciales de servicios industriales o cualquier otro, no se encuentran relacionados a la materia de energía eléctrica, sino de una facultad exclusiva y facultativa de los municipios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• A los Municipios se les dotó de la facultad de administrar su patrimonio, así como autorizar, permitir, controlar y vigilar su utilización, en ese sentido, el suelo que comprende su jurisdicción territorial y las construcciones no están referidas únicamente a la propiedad privada, pues queda inmersa cualquier obra o instalación que pretenda realizarse en los bienes de uso particular o de uso común del Municipio.
• Constitucionalmente corresponde a los municipios la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo dentro de sus jurisdicciones territoriales, así como para otorgar licencias y permisos de construcción respetando lo previsto en el artículo 27 constitucional.
• Es facultad de los municipios otorgar permisos y licencias en lo concerniente a obras de construcción que involucren la excavación y relleno en el subsuelo, lo que incluye construcciones de mejoras en viviendas, locales comerciales, subestaciones eléctricas, energía eléctrica, siempre y cuando no involucre la regulación, otorgamiento de permisos o autorizaciones, así como la fiscalización de obras de explotación, uso o aprovechamiento de la materia de energía eléctrica que es propio de la federación.
8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). El veinticinco de junio de dos mil veinticinco, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso medularmente que, conforme a lo previsto con el artículo 73, fracciones X y XXIX, de la CPEUM, corresponde a la federación legislar en materia de energía eléctrica, así como establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación.
9. Opinión de la Fiscalía General de la República. Esta institución no rindió opinión en esta controversia constitucional.
10. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el doce de noviembre de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("ley reglamentaria de la materia"), se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, se relacionaron los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal y se puso el expediente en estado de resolución.
11. Cierre de instrucción. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la CPEUM(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta SCJN, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el Ejecutivo Federal.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA
13. En términos de los artículos 39 y 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente controversia constitucional.
14. De la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que se impugnan los numerales 2.8.3, 2.8.4, 2.16, y 2.17, del apartado II, así como el diverso numeral 13.2, del apartado XIII, del anexo "TARIFA" de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2025, que se transcriben a continuación:
Ver normas impugnadas
15. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. OPORTUNIDAD
16. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia en sus fracciones I y II(5) establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales se computará de la siguiente manera:
a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
17. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugnó la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2025, con motivo de su publicación el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días hábiles para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6)
18. Por lo tanto, si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, se determina que la controversia constitucional que nos ocupa se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
19. La presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Chihuahua, por la invasión a la esfera de competencias federales derivada de la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2025, que establece el cobro de derechos por la expedición de licencia de construcción y de cambio de uso de suelo para plantas solares fotovoltaicas y/o similares en zonas urbanas y rústicas, así como licencia de funcionamiento de parques y empresas generadoras de energías verdes.
20. Esta SCJN ha reconocido facultades al Poder Ejecutivo Federal, para acudir en defensa de los intereses de la Federación, como consta en el criterio de la tesis aislada número 2a. XLVII/2003.(7)
21. El escrito de demanda fue suscrito por la entonces titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento de primero de octubre de dos mil veinticuatro, emitido por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
22. Al respecto, el artículo 11, párrafo tercero, de la ley reglamentaria de la materia establece lo siguiente:
Artículo 11. (...)
La persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos será representado o representada por el secretario o secretaria de estado, por el jefe o jefa del departamento administrativo o por el Consejero o la Consejera Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente o Presidenta, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estas personas servidoras públicas y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.
23. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: (...)
X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;
24. Finalmente, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno señala lo siguiente:
ÚNICO. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.
25. De las disposiciones que preceden, se advierte que la persona titular de la Consejería Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este alto tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, se concluye que la presente controversia constitucional se promovió por parte legitimada.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
26. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, puesto que se les atribuye la aprobación de las normas impugnadas; además, las entidades federativas son uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, inciso a), de la CPEUM.
27. En representación del Poder Legislativo local referido compareció Óscar Iván Díaz Saucedo ostentándose como titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua. Lo que acredita con copia certificada del Decreto en el que se le otorga dicho cargo, expedido por ese órgano legislativo el diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro.
28. De conformidad con lo dispuesto con el artículo 130, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,(8) a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos le corresponde la representación del Congreso en los juicios en que este sea parte.
29. Por su parte, en representación del Poder Ejecutivo local, compareció Sahara Gabriela Cárdenas Fernández ostentándose como Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.
30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, fracción XII,(9) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua corresponde a la Secretaría General de Gobierno la representación de la persona titular del Poder Ejecutivo en cualquier procedimiento o medio de control constitucional.(10)
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
31. Este Tribunal Pleno de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(11) pues ha sobrevenido la cesación de efectos de los actos impugnados.
32. En ese sentido, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 19, fracción V, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
33. En el juicio de amparo, para que opere la improcedencia, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, cuyo objeto es restituir el agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
34. Mientras que, tratándose de la controversia constitucional, no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que simplemente basta que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la CPEUM(12) y 45 de su ley reglamentaria.(13)
35. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(14)
36. Por tanto, la causal de improcedencia aludida se actualiza en la presente controversia constitucional, pues como esta SCJN ha sostenido –a diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación– las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.
37. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV,(15) de la CPEUM, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el quince de septiembre de cada año.
38. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el "Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual coincide con el año calendario.
39. Este principio es aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo,(16) de la CPEUM.
40. En el caso concreto, se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugnó diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, que prevén el cobro de derechos por la expedición de licencias de construcción y permisos para cambio de uso de suelo para plantas solares fotovoltaicas y/o similares, ubicadas en zonas urbanas y rústicas, así como, licencias de funcionamiento de parques y empresas generadoras de energías verdes.
41. De esta forma, resulta evidente que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, cesaron el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, fecha en la que concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas.
42. Con base en lo anterior, es dable afirmar que las normas presupuestarias como las aquí impugnadas se encuentran regidas por el principio de anualidad, conforme al cual, las normas concebidas bajo esta característica regirán únicamente por un cierto tiempo previamente establecido.
43. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/2004, sustentada por el Pleno de esta SCJN de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS."(17)
44. De igual forma resulta orientador el criterio de la extinta Segunda Sala de esta SCJN en la tesis aislada número 2a. XLIV/2007 de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA LA APROBACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA O DE LA FEDERACIÓN, SI DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE EL PERIODO FISCAL EN EL QUE ESTUVO VIGENTE."(18)
45. Asimismo, se invoca como hecho notorio, que el pasado veintisiete de diciembre de dos mil veinticinco, fue publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua el decreto LXVIII/APLIM/0425/2025, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Janos para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis, lo que reafirma el principio de anualidad que rige la norma y acredita la cesación de efectos de las disposiciones impugnadas.
46. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006,(19) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."
47. Por las razones expuestas, lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO.—Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34178-375a8292/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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