I. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESISTIMIENTO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PRINCIPAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 145/2025. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: GRETHELL LÓPEZ GARCÍA.
ÍNDICE TEMÁTICO
El recurso de reclamación fue interpuesto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de Juan Gabriel Vargas Téllez, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos, en contra del auto de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, dictado en la Controversia constitucional 145/2025, mediante el cual la Ministra instructora desechó la demanda en la que se impugnaron distintos actos y omisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así como de la Fiscalía General de la entidad, en los que, a juicio del accionante, se negaron a reconocerle como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos. En el escrito de agravios, en esencia, se plantea que: (i) en el caso no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia; (ii) se afecta la autonomía del Poder Judicial de la entidad, y (iii) se desnaturaliza la función esencial de la controversia constitucional.
Ver índice tématico
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el Recurso de reclamación 25/2025-CA, derivado de la Controversia constitucional 145/2025, interpuesto por quien se ostenta como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra instructora, a través del cual desechó dicho medio de control constitucional.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar la legalidad del desistimiento presentado en el presente recurso de reclamación.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
i. Trámite de la Controversia constitucional 145/2025
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de Juan Gabriel Vargas Téllez, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así como de la Fiscalía General de la misma entidad, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos y omisiones:
“IV. Acto, norma u omisión cuya invalidez se demanda:
1. De todos los entes públicos demandados reclamo:
1.1. El desconocimiento público y/o la omisión de reconocer al suscribiente como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y, en consecuencia, como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos; quien fuera elegido por la mayoría de las y los integrantes de dicho cuerpo colegiado en Sesión Extraordinaria de Pleno del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.
1.2. La omisión de prestar colaboración y coordinación con este Poder Judicial Estatal, a través de dicho representante recientemente elegido, so pretexto de ‘seguir reconociendo’ a quien ostentara el cargo previamente.
2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por actos cometidos por su órgano derivado denominado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adicionalmente reclamo:
2.1. El aseguramiento sin autorización ni control judicial, (de manera conjunta y coordinada con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta última dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos), de las oficinas e instalaciones que ocupa la ‘Presidencia’, el ‘Salón de Plenos’, el ‘Salón Presidentes’, la ‘Oficialía Mayor’, la ‘Secretaría General’ y el ‘Boletín Judicial’, todas del edificio denominado ‘Palacio de Justicia’ que constituye la sede oficial y alberga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y diversos órganos jurisdiccionales, ubicado en calle Francisco Leyva, número 7, colonia Centro, C.P. 62000, en Cuernavaca, Morelos; so pretexto de supuestos ‘actos de investigación' y en contravención a la regularidad constitucional.
3. De la Fiscalía General del Estado de Morelos, por actos cometidos por su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se demanda adicionalmente:
3.1. El aseguramiento sin autorización ni control judicial (de manera conjunta y coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta última dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos) de las oficinas e instalaciones que ocupa la ‘Presidencia’, el ‘Salón de Plenos’, el ‘Salón Presidentes’, la ‘Oficialía Mayor’, la ‘Secretaría General’ y el ‘Boletín Judicial’, todas del edificio denominado ‘Palacio de Justicia’ que constituye la sede oficial y alberga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y diversos órganos jurisdiccionales, ubicado en calle Francisco Leyva, número 7, colonia Centro, C.P.62000, en Cuernavaca, Morelos; so pretexto de supuestos ‘actos de investigación' y en contravención a la regularidad constitucional.
3.2. El aseguramiento sin autorización ni control judicial se demanda adicionalmente el aseguramiento sin autorización ni control judicial de las oficinas e instalaciones de la totalidad de documentos públicos tales como circulares y oficios que han sido girados por el que suscribe en mi calidad de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos, y representante del Poder Judicial del Estado de Morelos; so pretexto de supuestos ‘actos de investigación’ y contravención a la regularidad constitucional.
3.3. El Acuerdo 002/2023 emitido por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, por el que se determinó que todos aquellos servidores públicos y comisionados a esa Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que para el trece de septiembre de dos mil veintitrés, se encontraran adscritos bajo cualquier modalidad laboral y que tuvieran algún movimiento administrativo, como pudiera ser, entre otros, cese, baja, renuncia o cualquier denominación y hasta el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se dejaban sin efectos por ser nulos de pleno derecho, y ordenó notificar a las unidades administrativas de esa fiscalía así como al Fiscal General del Estado de Morelos.
Acuerdo que se materializó en agravio de este Poder Judicial estatal, este diecinueve de marzo de dos mil veinticinco con la irrupción del personal armado de dicha fiscalía especializada y, en específico, de quien se ostentó como Vicefiscal Anticorrupción Adjunto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Édgar Rodolfo Núñez Urquiza, en las oficinas e instalaciones que ocupa la ‘Presidencia’, el ‘Salón de Plenos’, el ‘Salón Presidentes’, la ‘Oficialía Mayor’, la ‘Secretaría General’ y el ‘Boletín Judicial’, todas del edificio denominado ‘Palacio de Justicia’ que constituye la sede oficial y alberga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y diversos órganos jurisdiccionales, ubicado en calle Francisco Leyva, número 7, colonia Centro, C.P.62000, en Cuernavaca, Morelos; y que constituye un hecho público y notorio (difundido a través de diversas redes sociales), asegurando sin control judicial dichas oficinas e instalaciones que ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, so pretexto del desconocimiento de mi designación como Presidente del Tribunal Superior, realizando supuestos ‘actos de investigación’ en contravención a la regularidad constitucional.
4. De todos los entes públicos demandados reclamo:
4.1. Los efectos y consecuencias que de dichos actos se deriven en agravio de este Poder público por dicho organismo constitucional autónomo, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido.”
[El énfasis es de origen.]
Ver actos y omisiones con énfasis 1
2. Radicación y turno de la Controversia constitucional. En proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, la ahora Ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández, entonces presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la referida demanda bajo el número de Controversia constitucional 145/2025 y, una vez formado el respectivo expediente físico y electrónico, turnar los autos a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
3. Desechamiento de la demanda. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora desechó la demanda de controversia constitucional intentada, toda vez que del estudio de las constancias que integran el expediente, se desprendió que la persona accionante no contaba con legitimación activa para hacer valer el medio de control constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos.
4. Lo anterior, ya que del acta de sesión extraordinaria número treinta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, a través de la cual se delega a la persona promovente la representación como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos –y mediante la cual pretendió acreditar su personalidad jurídica–, se advirtió que esta se aprobó sin el quórum legal requerido para tal efecto, conforme a lo establecido en los artículos 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el diverso 18 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas legislaciones del Estado de Morelos.
ii. Trámite del Recurso de reclamación 25/2025-CA
5. Interposición del recurso de reclamación. Inconforme con el acuerdo anterior, mediante escrito presentado de manera electrónica el quince de mayo de dos mil veinticinco, Juan Gabriel Vargas Téllez, ostentándose como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de esa misma entidad, interpuso recurso de reclamación.
6. Admisión y turno. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo al Recurso de reclamación 25/2025-CA, derivado de la Controversia constitucional 145/2025 y lo admitió a trámite. Asimismo, ordenó correr traslado a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, manifestaran lo que a su interés o representación correspondiera, y en el momento procesal oportuno turnar el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
7. Remisión a Sala. Por acuerdo de trece de junio de dos mil veinticinco, la entonces Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar este expediente para su radicación y resolución a la ahora extinta Primera Sala de este Alto Tribunal, a la que se encontraba adscrita la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
8. Avocamiento. Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veinticinco, la entonces Primera Sala se avocó al conocimiento de este asunto y se remitieron los autos a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de resolución.
9. Entrada en vigor de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el referido medio de difusión oficial el veinte de diciembre de esa misma anualidad, el considerando primero del Acuerdo General número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, y el considerando segundo del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución, a partir de la toma de protesta de las personas Ministras electas en el proceso de elecciones judiciales ante el Senado de la República, que tuvo lugar el primero de septiembre de dos mil veinticinco, concluyó el funcionamiento de la Primera y de la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el conocimiento y resolución del presente asunto corresponde ahora al Tribunal Pleno.
10. Conservación del turno. El cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, y en su artículo sexto transitorio estableció que, por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a fin de aprovechar el conocimiento y estudio de los asuntos turnados a las Ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, en la anterior integración, se determinó que continúen con el conocimiento de dichos asuntos, sin que sea necesario un nuevo acuerdo de returno.
11. Desistimiento. Por escrito recibido vía electrónica el doce de noviembre de dos mil veinticinco, Juan Emilio Elizalde Figueroa, quien se ostentó como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, formuló su desistimiento expreso del presente recurso de reclamación.
12. Acuerdo de desistimiento. Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentado el escrito de desistimiento en mención y, dada la evidencia criptográfica asociada a la firma electrónica contenida en él, se consideró que no se trataba de un documento apócrifo ni se advertía que existiera suplantación de identidad ni intervención ajena a la voluntad del promovente, por lo que no se estimó necesario requerir la ratificación del referido escrito y, en consecuencia, el desistimiento planteado sería materia de estudio al emitir la resolución correspondiente en el presente recurso de reclamación.
I. COMPETENCIA
13. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) y segundo, fracción I, in fine, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales;(3) al tratarse de un recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional.
II. OPORTUNIDAD
14. De conformidad con lo previsto por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de reclamación debe interponerse en un plazo de cinco días.
15. El acuerdo recurrido se notificó al promovente, de manera personal, el trece de mayo de dos mil veinticinco, por lo que en términos del artículo 6 de la propia Ley Reglamentaria, surtió sus efectos el día catorce siguiente.
16. Por lo tanto, el plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso de reclamación transcurrió del quince al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco. Ello, bajo el entendido de que se descuentan de dicho cómputo los días diecisiete y dieciocho del mismo mes y año, por tratarse de días inhábiles, en términos de los artículos 3°, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria,(4) en relación con el diverso 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.(5)
17. En consecuencia, si el respectivo escrito de agravios se presentó de manera electrónica el quince de mayo de dos mil veinticinco ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que el presente recurso de reclamación se interpuso de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
18. Para determinar si Juan Gabriel Vargas Téllez cuenta con legitimación para interponer el recurso de reclamación, conviene tener presente que su interposición fue en contra del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra Instructora Lenia Batres Guadarrama en los autos de la Controversia constitucional 145/2025, y mediante el cual desechó la demanda relativa al considerar que la parte accionante no contaba con legitimación procesal activa para promover ese medio de control constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues del análisis del acta de sesión extraordinaria número treinta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, a través de la cual se designó al promovente como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos –y mediante la cual pretendió acreditar su personalidad jurídica–, se desprendió que dicha decisión se aprobó sin el quórum legal requerido para tal efecto.
19. En este sentido, toda vez que el aquí recurrente se duele de la determinación de la falta de legitimación procesal derivada de una supuesta irregularidad en la aprobación de su designación como Magistrado presidente y, por ende, representante del Poder Judicial del Estado de Morelos, este Tribunal Pleno considera que debe reconocerse legitimación al recurrente, pues, al margen del contenido del documento con el que pretende acreditar su personalidad –lo que, en todo caso, tendría que ser materia de un análisis posterior– lo cierto es que el auto impugnado en el presente recurso de reclamación afecta directamente al recurrente por ser la persona que promovió la demanda en el juicio principal.
20. Similares consideraciones se sostuvieron al resolver el Recurso de reclamación 20/2015-CA, derivado de la Controversia constitucional 37/2015.(6)
IV. PROCEDENCIA
21. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 51(7) de la Ley Reglamentaria, ya que se interpuso en contra del auto de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, por el cual la Ministra instructora desechó la demanda en la Controversia constitucional 145/2025.
V. DESISTIMIENTO
22. En el caso, lo procedente es tener por desistido al Poder Judicial del Estado de Morelos del presente medio de impugnación y dejar firme el acuerdo recurrido en atención al escrito presentado electrónicamente por Juan Emilio Elizalde Figueroa, quien acreditó ser Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos -personalidad que le fue reconocida por acuerdo de quince de octubre de dos mil veinticinco-, con el objeto de desistirse expresamente del Recurso de Reclamación 25/2025-CA.
23. Al respecto, es importante señalar que la Ley Reglamentaria no prevé de manera expresa la figura del desistimiento respecto de los diversos recursos que en ella se contienen, pues únicamente se contempla como una causa de sobreseimiento en el juicio principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado ordenamiento.(8)
24. No obstante, este Tribunal Pleno ha considerado que si los recursos son accesorios de la acción principal y las partes pueden desistirse de ésta, por mayoría de razón pueden hacerlo respecto de aquéllos,(9) en virtud de que su falta de previsión legal no impide a la parte que interpone un recurso manifestar su voluntad de no proseguir con el medio de defensa a través de esa figura procesal, en cualquier etapa de su trámite.
25. Lo anterior dado que, si la controversia constitucional se sigue a instancia de parte, es decir, a petición de cualquiera de los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, y estos a su vez pueden desistirse de ese medio de control, de conformidad con el referido artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria, entonces por mayoría de razón también pueden hacerlo de los recursos que deriven de su tramitación, precisamente, por tener una naturaleza accesoria al juicio principal.
26. Ahora, de las consideraciones establecidas por este Tribunal Pleno en los asuntos de los que derivaron las jurisprudencias cuyos rubros son: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA”(10) y “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES”,(11) se desprende que la persona que se desiste de la demanda en representación de la entidad, poder u órgano de que se trate, deberá colmar los siguientes requisitos: (i) estar legitimado para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; (ii) ratificar su voluntad ante un funcionario investido de fe pública; (iii) que no se hayan impugnado normas de carácter general, y (iv) que formule el desistimiento de manera expresa.
27. Precisado lo anterior, lo procedente es analizar el cumplimiento en el caso de dichas exigencias establecidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención a la naturaleza propia del presente medio de impugnación.
28. Se considera que el desistimiento fue planteado, de forma expresa, por persona legitimada, a saber, Juan Emilio Elizalde Figueroa, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, personalidad que acreditó en términos del “Decreto número trescientos cuarenta y uno.- Por el que se declara agotado el procedimiento de designación previsto en la disposición décima segunda transitoria del decreto número 165, se reconoce como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa y se establecen disposiciones provisionales sobre quórum y votación del pleno, en tanto entra en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6435, de seis de junio de dos mil veinticinco, así como en términos de lo establecido en el “acta extraordinaria de pleno público solemne número 01 (uno), bajo la presidencia del magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa”, de siete de junio de dos mil veinticinco, en la que el promovente rindió protesta como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
29. Con lo anterior se corrobora que Juan Emilio Elizalde Figueroa tiene la representación del Poder Judicial de la entidad, por lo que se concluye que la parte recurrente se desistió del presente recurso de reclamación por conducto de una persona funcionaria legalmente facultada para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 de la Ley Reglamentaria,(12) así como por el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(13)
30. Por lo que hace al segundo requisito consistente en la ratificación del desistimiento, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticinco dictado en los autos del recurso de mérito, constató que el escrito fue presentado mediante firma electrónica y en el mismo la parte recurrente solicitó que se le tuviera por ratificado en términos de la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.) de la ahora extinta Segunda Sala, de rubro: “DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL”.(14)
31. En ese sentido, en el acuerdo referido se señaló que la evidencia criptográfica asociada a la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la realizada de manera autógrafa ante autoridad judicial, por lo que en el caso no fue necesario requerir la ratificación del escrito de desistimiento, aunado a la circunstancia de que el propio promovente solicitó que, en ese mismo acto, se le tuviera por ratificado.
32. Por lo que respecta al último requisito, cabe precisar que, en el presente recurso de reclamación, la materia de impugnación es el acuerdo por el que se desechó la demanda, por lo que no se surte la restricción prevista en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria, en el sentido de que el desistimiento de la demanda no procederá cuando se hubieren combatido normas generales, pues precisamente, éstas no pueden ser materia de este medio impugnativo.
33. No obstante, es de recordar que en la Controversia Constitucional 145/2025, cuya demanda fue desechada en el acuerdo aquí recurrido, tampoco se impugnaron normas generales, al haberse reclamado los siguientes actos y omisiones:
“IV. Acto, norma u omisión cuya invalidez se demanda:
1. De todos los entes públicos demandados reclamo:
1.1. El desconocimiento público y/o la omisión de reconocer al suscribiente como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y, en consecuencia, como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos; quien fuera elegido por la mayoría de las y los integrantes de dicho cuerpo colegiado en Sesión Extraordinaria de Pleno del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.
1.2. La omisión de prestar colaboración y coordinación con este Poder Judicial Estatal, a través de dicho representante recientemente elegido, so pretexto de ‘seguir reconociendo’ a quien ostentara el cargo previamente.
2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por actos cometidos por su órgano derivado denominado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adicionalmente reclamo:
2.1. El aseguramiento sin autorización ni control judicial, (de manera conjunta y coordinada con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta última dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos), de las oficinas e instalaciones que ocupa la ‘Presidencia’, el ‘Salón de Plenos’, el ‘Salón Presidentes’, la ‘Oficialía Mayor’, la ‘Secretaría General’ y el ‘Boletín Judicial’, todas del edificio denominado ‘Palacio de Justicia’ que constituye la sede oficial y alberga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y diversos órganos jurisdiccionales, ubicado en calle Francisco Leyva, número 7, colonia Centro, C.P. 62000, en Cuernavaca, Morelos; so pretexto de supuestos ‘actos de investigación' y en contravención a la regularidad constitucional.
3. De la Fiscalía General del Estado de Morelos, por actos cometidos por su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se demanda adicionalmente:
3.1. El aseguramiento sin autorización ni control judicial (de manera conjunta y coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta última dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos) de las oficinas e instalaciones que ocupa la ‘Presidencia’, el ‘Salón de Plenos’, el ‘Salón Presidentes’, la ‘Oficialía Mayor’, la ‘Secretaría General’ y el ‘Boletín Judicial’, todas del edificio denominado ‘Palacio de Justicia’ que constituye la sede oficial y alberga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y diversos órganos jurisdiccionales, ubicado en calle Francisco Leyva, número 7, colonia Centro, C.P.62000, en Cuernavaca, Morelos; so pretexto de supuestos ‘actos de investigación' y en contravención a la regularidad constitucional.
3.2. El aseguramiento sin autorización ni control judicial se demanda adicionalmente el aseguramiento sin autorización ni control judicial de las oficinas e instalaciones de la totalidad de documentos públicos tales como circulares y oficios que han sido girados por el que suscribe en mi calidad de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos, y representante del Poder Judicial del Estado de Morelos; so pretexto de supuestos ‘actos de investigación’ y contravención a la regularidad constitucional.
3.3. El Acuerdo 002/2023 emitido por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, por el que se determinó que todos aquellos servidores públicos y comisionados a esa Fiscalía Especializada en Comb
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34326-222b775a/i-recurso-de-reclamacion-en-controversia-constitucional-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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