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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHOS ARCO, PUBLICADO EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO SUSPENDE LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO PRO ACTIONE (DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN) NO AUTORIZA DESCONOCER LOS PLAZOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN NI REABRIR TÉRMINOS FENECIDOS. I. RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECURRIDO. II. CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES PUBLICADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU NATURALEZA ES MERAMENTE INFORMATIVA Y ORIENTADORA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO NORMATIVO DE CARÁCTER VINCULANTE Y GENERAL APLICABLE AL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL EN LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHOS ARCO, PUBLICADO EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO SUSPENDE LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA, PUES ES UN INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SECTORIAL. IV. PERIODO DE TRANSICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL ACUERDO GENERAL PLENARIO 3/2025 TUVO COMO FINALIDAD EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIENTES DURANTE LA ETAPA DE TRANSICIÓN Y EN NINGÚN PUNTO DECRETÓ LA SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LA MATERIA SÓLO PUEDE DECRETARSE POR DISPOSICIÓN LEGAL O MEDIANTE ACUERDO EXPRESO DEL TRIBUNAL PLENO, EN ATENCIÓN A SU CARÁCTER EXCEPCIONAL Y A LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y CERTEZA PROCESAL, POR TANTO, NO PUEDE DERIVARSE, POR VÍA INTERPRETATIVA, UNA SUSPENSIÓN TÁCITA DE PLAZOS PROCESALES A PARTIR DE UNA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA REORGANIZACIÓN INTERNA DEL TRIBUNAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO SE INTERRUMPIERON LOS PLAZOS PROCESALES PARA SU PRESENTACIÓN, POR LO QUE ES EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA QUE NO HAYA SIDO PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO PRO ACTIONE NO PUEDE INVOCARSE PARA DESCONOCER LAS REGLAS PROCESALES QUE DETERMINAN LA OPORTUNIDAD DE UN MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, NI PARA JUSTIFICAR EXCEPCIONES NO PREVISTAS EN LA LEY, POR ENDE, NO AUTORIZA DESCONOCER LOS PLAZOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN NI REABRIR TÉRMINOS FENECIDOS. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECISIÓN DE DESECHAR UNA DEMANDA POR EXTEMPORÁNEA NO PUEDE IMPLICAR UN RETROCESO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, SINO LA APLICACIÓN REGULAR DE REGLAS PROCESALES, CONFORME A LOS PLAZOS QUE EL LEGISLADOR ESTABLECIÓ PARA GARANTIZAR LA PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 121/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 234/2025. · Registro digital (IUS): 34099
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-26
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.429.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 121/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 234/2025. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIOS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y RODRIGO ARTURO CUEVAS Y MEDINA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 121/2025-CA derivado de la controversia constitucional 234/2025, interpuesto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra el auto de uno de octubre de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a través del cual se desechó la demanda de dicha controversia por extemporaneidad en su presentación.

El problema jurídico que se plantea consiste en: ¿fue correcto que se desechara la controversia constitucional por extemporaneidad de la demanda?

ANTECEDENTES DEL RECURSO

1. Presentación de la demanda de la controversia constitucional. Por escrito presentado electrónicamente el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Juan Emilio Elizalde Figueroa, ostentándose como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

“IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

1. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama:

1.1 La aprobación y expedición del decreto número sesenta y uno, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6444, de nueve de julio de dos mil veinticinco, por el que se concede pensión por jubilación a (...), con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el pago del Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2025 y ejercicios fiscales subsecuentes, como más adelante se precisará.

2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se reclama:

2.1 La sanción, promulgación y publicación del decreto número sesenta y uno, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6444, de nueve de julio de dos mil veinticinco, por conducto de los servidores públicos con facultades para el efecto, esto es, la Gobernadora del Estado (sanción y promulgación) y el Secretario de Gobierno (publicación).

3. Los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven en agravio de este Poder Judicial, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido.”

2. Radicación y turno de la controversia. Mediante acuerdo de Presidencia de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 234/2025 y turnó el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

3. Desechamiento de la demanda (impugnado). Por auto de uno de octubre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora desechó la controversia por considerar extemporánea la demanda promovida. En la parte que interesa, el acuerdo referido es del contenido siguiente:

“Ciudad de México, a uno de octubre de dos mil veinticinco.

Visto el escrito y anexos de quien se ostenta como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, se acuerda lo siguiente:

I. Representación.

Se tiene al promovente acreditando la personalidad con la que se ostenta, en virtud de que adjunta a la demanda la documental correspondiente, por lo que se reconoce su representación en relación con la citada institución.

(...)

III. Desechamiento.

Ahora bien, de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se concluye que procede desechar la controversia constitucional, por las consideraciones siguientes.

En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 21, fracción I, de la misma Ley, los cuales establecen:

“Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...).

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21; (...)”.

“Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

(...)”.

De los anteriores preceptos se deduce que la controversia constitucional es improcedente cuando la demanda se presenta fuera del plazo legal previsto.

En la especie, el actor impugna el decreto número sesenta y uno, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6444, de nueve de julio de dos mil veinticinco, por el que se concede pensión por jubilación a una persona, el cual reviste la naturaleza de un acto -formalmente legislativo, pero materialmente administrativo-, por lo que se ubica en el supuesto de la fracción I, del artículo 21 de la Ley Reglamentaria, es decir, el plazo para presentar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En ese sentido, el actor manifiesta que tuvo conocimiento del acto impugnado el día de su publicación, por lo que, si la publicación del Decreto que se combate fue realizada el nueve de julio del año en curso, conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para presentar el escrito inicial de demanda transcurrió del diez de julio al cinco de septiembre de dos mil veinticinco. Ilustra lo anterior el siguiente calendario:

Ver calendario

No pasa desapercibida la manifestación realizada por el promovente, en el sentido que debe admitirse la demanda ya que el plazo a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria, para su presentación, transcurrió del diez de julio al veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, toda vez que no debe computarse el periodo de transición establecido en la reforma judicial.

Al respecto, es pertinente precisar que en el Acuerdo General 3/2025 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecieron las bases para la conclusión de funciones de la anterior integración, no se declaró (sic) como días inhábiles, para efectos de la presentación de demandas o promociones de término, el período comprendido del quince al treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco, como el actor sostiene.

Además, de su contenido se advierte que no fue decretada la suspensión de plazos en esta Suprema Corte con motivo del periodo de transición que refiere el promovente.

Incluso, en su “Artículo 7. Turno de Asuntos”(2) se precisó que, en los asuntos recibidos en este Tribunal a partir del dieciséis de abril del año en curso, se continuaría proveyendo en los términos de la normativa vigente.

Sin que sea óbice que en el sitio oficial de esta Suprema Corte https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina-micrositios/documentos/2025-09/Calendario_dias_inhabiles_2025_0.pdf, se encuentre publicado el “Calendario de días inhábiles del año 2025”, en el cual se considera como tales del quince al veintinueve de agosto del año en curso.

Puesto que, dicho calendario versa sobre los días inhábiles para la atención a solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos arco, periodo en el cual no correrán los términos únicamente para la atención de solicitudes de acceso a la información y para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de datos personales en este Tribunal, no así para los diversos asuntos tramitados ante esta Suprema Corte.

En tales consideraciones, si el escrito de demanda fue enviado a través del sistema electrónico de esta Suprema Corte hasta el diecinueve de septiembre del año en curso, su presentación resulta extemporánea.

IV. Determinación.

En consecuencia, se desecha la controversia constitucional promovida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

(...)

Cúmplase.

Así lo proveyó la Ministra instructora Loretta Ortiz Ahlf, quien actúa con Fermín Santiago Santiago, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.”

4. Interposición y admisión de este recurso. Inconforme con el desechamiento de la controversia, por escrito recibido electrónicamente el diez de octubre de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) María Alejandra Ramírez Rodríguez, ostentándose como delegada del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso el presente recurso de reclamación; y por acuerdo de Presidencia de catorce de octubre siguiente, se radicó bajo el número de expediente 121/2025-CA, se admitió a trámite y se turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como ponente del asunto.

5. Síntesis de agravios. La parte recurrente hace valer, en esencia, lo siguiente:

• PRIMERO. El auto de desechamiento recurrido produce un agravio directo y de imposible reparación al Poder Judicial actor, porque desconoce el efecto vinculante del calendario de días inhábiles del año 2025, emitido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que se encuentra publicado en su página oficial. Dicho instrumento, lejos de ser un aviso de carácter administrativo, constituye un acto normativo de alcance general cuya finalidad ha sido, de manera histórica y constante, la de otorgar certeza a los justiciables y a los entes públicos respecto de los días en que los plazos procesales no corren en ese Máximo Órgano de decisión judicial.

Año con año se publica ese calendario, consolidando dicha publicación como una práctica institucional de este Alto Tribunal, que sirve de guía indispensable para el cómputo de los términos, y que ha generado en los gobernados una confianza legítima en que sus disposiciones serán aplicadas de manera uniforme en todos los procedimientos de la competencia de la Corte.

En el calendario de 2025 se señaló expresamente que los días comprendidos entre el quince y el veintinueve de agosto serían inhábiles con motivo del periodo de transición derivado de la reforma judicial. La categórica mención de esa temporalidad como inhábil significa, jurídicamente, que durante esos días no podía correr plazo alguno para el ejercicio de medios de impugnación. La claridad del lenguaje empleado en el calendario elimina cualquier margen de duda: se trata de un acto oficial del propio Tribunal Constitucional que vincula a las partes como a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cómputo de términos.

La interpretación sostenida en el auto impugnado, al afirmar que dicho calendario únicamente se refiere a solicitudes de acceso a la información y al ejercicio de derechos ARCO, constituye una lectura restrictiva e incongruente que vulnera los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. En efecto, el encabezado del documento hace alusión a ese ámbito específico, pero lo cierto es que en la práctica del Alto Tribunal ha sido uniforme: los calendarios anuales de días inhábiles son observados para efectos procesales en los distintos asuntos de su competencia, por lo que negar ahora esa aplicación general es tanto como privar de efectos a un acto oficial que, año tras año, ha sido considerado la fuente principal para determinar en qué fechas no corren plazos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia de rubro: “RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO”. Aunque este criterio se originó en el ámbito de la Ley de Amparo y frente a supuestos de presentación anticipada, su razonamiento es trasladable al presente asunto, pues lo que establece es la obligación de ese Alto Tribunal de privilegiar la interpretación que favorezca la procedencia del recurso y no aquella que restrinja su acceso. Si incluso un recurso presentado antes del inicio del cómputo no puede estimarse extemporáneo, con mayor razón debe considerarse oportuno un recurso presentado en el que se dejaron fuera del cómputo del plazo, los días expresamente previstos y señalados en el calendario oficial de días inhábiles de esa Suprema Corte de Justicia como inhábiles.

Ese Alto Tribunal ha aplicado este criterio en precedentes concretos, como en los recursos de reclamación 2070/2019, 356/2021 y 543/2022, en los que se sostuvo que no cabe calificar de extemporánea la presentación de una demanda cuando la duda sobre el cómputo de plazos debe resolverse en favor del acceso a la justicia. Estos precedentes confirman que la interpretación pro actione es un estándar consolidado de ese Alto Tribunal y que no puede abandonarse arbitrariamente en perjuicio de las partes.

Máxime cuando la materia de la impugnación dentro de la controversia constitucional atiende a la necesidad de que se revise por ese Alto Tribunal la cuestión relativa a que no se siga invadiendo la esfera de competencia de este Poder Judicial, pues así sucede con los decretos que emite el Poder Legislativo del Estado de Morelos, en los que carga a la partida presupuestal de este Poder Judicial una pensión de lo contrario, se están limitando los alcances y efectos de la protección constitucional que ya determinó esa Suprema Corte de Justicia, sin que haya una protección efectiva para el Poder Judicial, todo ello en detrimento de su patrimonio e intereses jurídicos.

De igual forma, el auto recurrido también irroga agravio porque interpreta de manera restrictiva el contenido y alcances del Acuerdo General 3/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente lo dispuesto en su artículo 7, donde se estableció que los asuntos recibidos a partir del dieciséis de abril de dos mil veinticinco continuarían su trámite conforme a la normativa vigente, pero que los asuntos presentados con posterioridad al quince de agosto serían recibidos sin que se les diera trámite alguno, quedando bajo resguardo de las mesas de trámite correspondientes.

Este precepto revela con claridad que el Pleno del Alto Tribunal diseñó una etapa de transición procesal en la cual, aunque los escritos podían ser presentados y recibir constancia de ingreso, no se impulsaría ni continuarían su curso procesal hasta que finalizara dicho periodo transitorio. Esa previsión es equivalente, en términos materiales, a una suspensión de plazos procesales, pues admitir que los términos corrieran en contra de las partes durante un lapso en el que el propio Tribunal declaró que “no se daría trámite” sería tanto como exigir cargas procesales en un contexto en el que la actividad jurisdiccional estaba formalmente restringida.

La naturaleza de esta disposición se vincula directamente con el calendario oficial de días inhábiles del año 2025, que declaró expresamente inhábiles los días del quince al veintinueve de agosto por motivo del periodo de transición. Interpretados de manera conjunta, ambos instrumentos conducen a una única conclusión, que durante ese lapso los términos procesales no podían transcurrir, ya que el calendario califica los días como inhábiles; en tanto que el acuerdo dispone que no se daría trámite, por lo que ambos convergen en un mismo efecto -suspensión procesal- en perjuicio de las partes.

La resolución recurrida desestima esa previsión y sostiene que, pese a la existencia del Acuerdo General 3/2025, los plazos corrieron normalmente. Tal razonamiento es contrario a los principios que rigen la interpretación de los actos normativos emitidos por ese Alto Tribunal.

En efecto, los acuerdos generales dictados por el Pleno tienen carácter normativo y resultan obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que el artículo 7 del Acuerdo General 3/2025 no podía ser desconocido ni privado de efectos a través de una interpretación restrictiva.

Adicionalmente, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica, prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, exige que las normas y actos de autoridad contengan los elementos mínimos que permitan a los gobernados conocer con certeza las consecuencias jurídicas de sus actos y prever los efectos de la actuación de la autoridad.

La decisión de declarar extemporánea la demanda de controversia constitucional, dándole una inadecuada y restrictiva interpretación al calendario oficial vulnera directamente esta garantía, pues coloca a la parte promovente en la imposibilidad de prever con certeza el verdadero cómputo de los plazos procesales.

En suma, la interpretación correcta del artículo 7 del Acuerdo General 3/2025 lleva a reconocer que el periodo posterior al quince de agosto de dos mil veinticinco fue un lapso de recepción sin trámite, es decir, de inactividad procesal institucional.

Por estas razones, el auto impugnado no solo desconoce el calendario oficial, sino que también desatiende lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo General 3/2025, privándolo de su efecto natural de suspensión procesal y lesionando con ello la certeza y la seguridad jurídica de los justiciables, bajo ese entendido, ningún plazo podía correr en perjuicio de las partes y sostener lo contrario implica desconocer el carácter normativo de los acuerdos generales del Pleno y genera una laguna legal que solo puede resolverse mediante una interpretación armónica con el calendario de días inhábiles. De ahí que se haga necesario acudir a ese Alto Tribunal a través del presente medio de Impugnación.

El agravio también se actualiza porque el auto combatido se enfrenta con una contradicción normativa generada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre, por un lado, el Calendario Oficial de Días Inhábiles del año 2025, que categóricamente declaró como inhábiles los días del quince al veintinueve de agosto, y, por otro, la interpretación que en el auto recurrido se hace del Acuerdo General 3/2025, al sostener que los plazos corrieron normalmente a pesar de que en su artículo 7 se estableció que los asuntos presentados después del quince de agosto serían recibidos pero no se les daría trámite.

Esta contradicción coloca a las partes en un estado de indefensión y de incertidumbre jurídica. El principio de seguridad jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, exige que los actos de autoridad sean claros, congruentes y predecibles. No puede sostenerse que los plazos sí corren cuando el calendario oficial expresamente indica que no, y el acuerdo general establece que no se dará trámite. Resolver en perjuicio del aquí recurrente frente a tal contradicción no solo es incongruente, sino que además vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional.

Por tanto, el auto impugnado no solo desconoce actos oficiales del propio Alto Tribunal, sino que además omite aplicar un estándar jurisprudencial consolidado que impone a los tribunales constitucionales la obligación de resolver las dudas en favor del acceso a los recursos. Al preferir una lectura restrictiva, se vulnera el principio pro actione y se genera un agravio que afecta de manera irreparable a esta parte promovente, al privarla de que se estudie el fondo de sus planteamientos.

Por otro lado, el agravio se acentúa porque el auto impugnado realiza un cómputo de plazos procesales incorrecto, que contradice las disposiciones normativas y los actos oficiales de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la resolución recurrida se estableció que el término de treinta días para interponer la demanda de controversia constitucional transcurrió del diez de julio al cinco de septiembre de dos mil veinticinco, excluyendo únicamente los sábados y domingos, y que, en consecuencia, la demanda presentada, se presenta fuera de tiempo. Aunado a lo anterior, el principio pro actione exige que, en caso de duda sobre el inicio del cómputo, se prefiera la interpretación que permita el acceso al recurso.

Como se ha señalado ese Alto Tribunal ha aplicado este principio en numerosos precedentes de recursos, entre ellos los recursos de revisión 1896/2016, 2070/2019 y 543/2022, en los que se sostuvo que no procede declarar extemporáneo un recurso cuando existen razones objetivas para concluir que el plazo no había comenzado a correr. En todos estos casos se hizo prevalecer el derecho de defensa sobre formalismos de cómputo.

El cómputo que debió aplicarse en este caso es claro al ser inhábiles los días del quince al veintinueve de agosto, por lo que el plazo debió haber seguido al siguiente día hábil para efectos del plazo legal. Por lo que a partir de esa fecha seguía corriendo el término de los treinta días establecidos en el artículo 21 fracción II de la Ley Reglamentaria, por lo que el plazo venció el veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, luego, si la demanda se presentó dentro del plazo establecido en dicho artículo y conforme a los días inhábiles marcados en el calendario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse oportuno.

La indebida declaración de extemporaneidad tiene consecuencias graves pues priva a esta parte actora de la posibilidad de que se estudien sus planteamientos de fondo, clausura un medio de defensa diseñado para garantizar la legalidad de las actuaciones en controversias constitucionales y crea un precedente de incertidumbre respecto a los efectos de los calendarios y acuerdos generales del Alto Tribunal. Se trata, por tanto, de un acto que vulnera la seguridad jurídica y el derecho de acceso a la justicia, en contravención a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

Finalmente, el agravio se robustece si se atiende a la naturaleza del auto impugnado. Conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el recurso de reclamación contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda. Esta hipótesis se actualiza plenamente en el caso, pues el desechamiento por extemporáneo cierra de manera definitiva el derecho de la parte promovente a que se analicen de fondo los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se formularon en la demanda de controversia constitucional.

Más allá, el auto recurrido no es un acto de mero trámite ni de impulso procesal. Es una determinación que pone fin al procedimiento principal, cerrando la posibilidad de que el Tribunal Constitucional ejerza su función de control sobre las decisiones adoptadas en la tramitación de la controversia constitucional.

A lo anterior se suma la obligación del Tribunal Constitucional de garantizar que los actos normativos que él mismo emite -como el calendario de días inhábiles y los acuerdos generales del Pleno- sean aplicados de manera coherente y uniforme. El desconocimiento de esos instrumentos en el auto impugnado produce un efecto institucional negativo, pues erosiona la confianza de los partes en la fuerza de los actos oficiales de la Suprema Corte, debilitando así la certeza que debe caracterizar a un órgano de control constitucional.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la jurisprudencia con registro digital 192857, interpreta la fracción II del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, la cual lleva por rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA AUTOS O RESOLUCIONES QUE, POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE, CAUSEN UN AGRAVIO MATERIAL NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).”.

En dicho precedente, ese Alto Tribunal determinó que el recurso de reclamación procede no solo contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia, sino también contra aquellas determinaciones que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan generar un agravio material no reparable en la sentencia definitiva. Esto implica una interpretación amplia de la norma reglamentaria, que busca asegurar que ninguna de las partes quede en estado de indefensión frente a determinaciones que puedan comprometer el sentido de la decisión final.

La ratio decidendi de este criterio radica en que los efectos de ciertos autos, aunque no cierren formalmente la controversia, sí tienen la capacidad de producir consecuencias jurídicas inmediatas y definitivas que afectan el fondo del litigio, de modo que excluirlos de revisión equivaldría a despojar de eficacia al derecho de defensa procesal. La jurisprudencia, entonces, robustece el papel del recurso de reclamación como mecanismo de control intraprocesal dentro de las controversias constitucionales.

Aplicado al caso que nos ocupa, el acuerdo emitido por la Ministra instructora desechando la demanda de controversia constitucional debe considerarse como un acto de naturaleza trascendental y grave. Ello porque, deja en estado de indefensión al Poder Judicial del Estado de Morelos, al considerar que este poder actor interpuso la demanda de controversia constitucional de manera extemporánea, lo que afecta directamente este Poder Judicial. Este tipo de determinaciones, por sus consecuencias, no pueden ser reparadas en cualquier otro recurso ordinario ni extraordinario, ya que se trata precisamente de un recurso de reclamación.

De esta manera, el criterio jurisprudencial citado encaja plenamente en la situación que origina el presente recurso, pues demuestra que el auto combatido no puede considerarse meramente instrumental o accesorio, sino que produce efectos jurídicos de trascendencia que generan un perjuicio real y actual. Por tanto, al amparo de la fracción II del artículo 51 de la Ley Reglamentaria y de la interpretación obligatoria del Pleno, resulta innegable la procedencia del recurso de reclamación.

Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia con registro digital 191249, sostuvo que el recurso de reclamación constituye el medio procesal idóneo para analizar los actos emitidos por el Ministro instructor al dictar determinaciones de cumplimiento obligatorio, así como al obrar para hacerlas cumplir, precisando que aun cuando dicho recurso no es un medio de control constitucional autónomo para analizar violaciones a garantías individuales, ello no impide que se revisen las actuaciones de la autoridad judicial que, dentro de la controversia, despliegan efectos vinculantes y obligatorios.

Este criterio resulta aplicable al presente asunto porque el acuerdo reclamado fue emitido por el Ministro instructor dentro de la controversia constitucional, y en él se adoptaron decisiones que afectan directamente la esfera jurídica del Poder Judicial promovente, de modo que, conforme al precedente referido, es precisamente el recurso de reclamación la vía adecuada para someter a escrutinio dichas determinaciones.

Así, la jurisprudencia citada refuerza la procedencia del medio de defensa intentado, al tratarse de un acto procesal obligatorio dictado en el marco de la controversia constitucional. La tesis se transcribe a continuación: “RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESE RECURSO ES EL MEDIO PROCESAL IDÓNEO PARA ANALIZAR LOS ACTOS EMITIDOS POR EL MINISTRO INSTRUCTOR AL DICTAR DETERMINACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y AL OBRAR PARA HACERLAS CUMPLIR, NO OBSTANTE QUE SEAN INATENDIBLES LAS VIOLACIONES QUE SE ALEGUEN A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.”.

Siendo que el acuerdo combatido transgrede de manera directa el principio de progresividad de los derechos humanos, reconocido en el artículo 1º constitucional y en la jurisprudencia constante de este Alto Tribunal, al desechar de manera ilegal e indebida el recurso de reclamación.

Con ello no solo se priva a esta parte actora de un medio efectivo de defensa, sino que además se legitima una práctica regresiva prohibida por la Constitución y por los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En efecto, la interpretación adoptada por la Ministra Instructora genera un retroceso injustificado en la protección judicial, al privilegiar un formalismo de cómputo sustentado en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34099-98bb1b23/controversia-constitucional-el-calendario-de-dias-inhabiles-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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