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Modo: Corpus Pro

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TITULOS EJECUTIVOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/93. · Registro digital (IUS): 35
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, , Pág. 251.

CONTRADICCION DE TESIS 38/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostiene la tesis que con el carácter de jurisprudencia, aparece publicada en la página 73 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 60, correspondiente al mes de diciembre de 1992, y que a la letra dice:

"ESTADO DE CUENTA BANCARIA, NO LO CONSTITUYE LA SOLA ESPECIFICACION DEL SALDO.-La certificación del contador general de una institución bancaria en la que únicamente se precisa el saldo a cargo del acreditado, sin contener desglose de las operaciones que lo generaron, no hace fe, ni constituye título ejecutivo, en los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por no contener un estado de cuenta, el cual debe comprender una relación de los cargos y abonos correspondientes que dieron como resultado aquel saldo, pues en caso contrario el demandado queda en estado de indefensión frente a las reclamaciones del banco acreedor, al no estar en posibilidad de preparar adecuadamente su defensa, ante el desconocimiento de los elementos que originaron aquel saldo, y la sentencia reclamada que estimó lo contrario, es violatoria de garantías."

En lo conducente, las ejecutorias de las que derivó esta tesis son del siguiente tenor literal:

AMPARO DIRECTO 165/91, PROMOVIDO POR ARTEMIO ANDALUZ OROPEZA:

"En efecto, le asiste razón cuando afirma que debido a las objeciones que planteó frente a su contenido no debió otorgarse valor probatorio pleno a dicha certificación, para estimar que junto con el contrato de apertura de crédito formaba título ejecutivo haciendo procedente la vía mercantil ejecutiva elegida por el banco actor, y fundaba a la vez la condena en su contra por la cantidad de $15'124,372.00 quince millones ciento veinticuatro mil trescientos setenta y dos pesos, que en la misma indica, como suerte principal, pues independientemente de que tenga o no alguna trascendencia que según el texto de ese documento, no se expresó el nombre del contador del banco acreedor, esto es, de la persona responsable de su contenido, sino solamente que tenía tal carácter, lo cierto es que en dicho documento no se mencionan las operaciones o cargos que hubieren dado como resultado la formación del saldo que se pretende cobrar, y como en el caso concreto el monto del adeudo tampoco puede derivarse del contrato base de la acción debido a que se trata de uno de apertura de crédito a través del que se faculta al cliente para hacer disposiciones parciales del crédito otorgado y practicar depósitos también en esa forma, el propio contrato no acredita ningún cargo contra el demandado, quedando únicamente la certificación presentada como estado de cuenta, en la que se fija el saldo antes referido pero, debido a las omisiones anotadas resulta insuficiente para estimar que en sí mismo cumple con la característica de ser un estado de cuenta para el efecto de que junto con el contrato de apertura de crédito, forma un título ejecutivo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que como aparece del texto de esta norma legal, el documento que debe adjuntarse al contrato de crédito es precisamente un estado de cuenta certificado por el contador facultado por el banco para expedirlo, y en el caso particular el banco actor exhibió una certificación de saldo, respecto de la cual no puede estimarse que sustituya al estado de cuenta exigido por la ley pues haciendo una correcta interpretación del citado precepto legal se advierte que si el legislador hubiere estimado suficiente la simple certificación de un saldo a cargo del deudor para formar un título ejecutivo junto con el contrato de crédito, así aparecería establecido en el texto de la propia norma, pero en cambio fijó la exigencia de presentación de un estado de cuenta, que implica una explicación más detallada de las operaciones bancarias respectivas, o dicho en otras palabras, el legislador no estableció la exigencia de presentar una certificación de un saldo a cargo del deudor, sino de adjuntar con el contrato de crédito un estado de cuenta certificado, respecto del movimiento registrado en el crédito del que se pueda conocer cuál es el adeudo a cargo del obligado, lo que no se cumplió en el caso particular porque al citarse aisladamente una cantidad como saldo, es evidente que tal como se argumenta en la demanda de garantías, se dejó al demandado en completo estado de indefensión frente a las reclamaciones de su contraparte, ya que no pudo conocer de dónde surgió el saldo certificado, ni cuales fueron las operaciones que le dieron origen, por lo que menos todavía pudo plantear alguna defensa en su favor, que evidentemente no es el espíritu que guarda la norma legal en comento, la cual se encuentra inmersa en el sistema general de derecho de nuestro país que se rige por los principios de equidad e igualdad entre las partes. Lo anterior se confirma tomando en consideración el contenido de la regla décima primera de las disposiciones que rigen la emisión y la operación de tarjetas de crédito bancarias, en la que se especifica que en el estado de cuenta que deben enviar las instituciones a sus acreditados se deben indicar las cantidades cargadas y abonadas durante cada período. Por tanto, al contrario de lo estimado por el Magistrado responsable, la certificación de mérito no cumple con las características de ser un estado de cuenta para los efectos que se indican en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, en comento, pues no puede estimarse apto para fundar el ejercicio del derecho literal que en el se consigna, debido a las omisiones anotadas porque, como se dijo, el demandado no estuvo en condiciones de conocer las operaciones o cargos que hayan arrojado como resultado la cantidad reclamada y por ende, no pudo presentar ninguna excepción o defensa al respecto, dejándosele en estado de indefensión frente a las pretensiones reclamadas en su contra, por lo que resulta antijurídica la condena establecida en esas condiciones, sin que pueda exigirse, como se hizo en la sentencia reclamada, que el demandado debió desahogar pruebas para acreditar las objeciones que planteó frente a la eficacia de la certificación de referencia, puesto que como lo aduce el quejoso, los motivos de desacuerdo invocados se derivan de omisiones en el texto del documento, para lo cual es suficiente tenerlo a la vista y verificar si se cometieron, y en seguida analizar su alcance de acuerdo con lo aducido por el inconforme. Por consiguiente, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, procede otorgar al quejoso la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria realice el estudio exhaustivo de los agravios expuestos ante su potestad y declare la procedencia de la excepción de improcedencia de la vía opuesta por el ahora quejoso, dejando a salvo los derechos de la institución bancaria acreedora para hacerlos valer en la vía y forma que corresponda."

AMPARO DIRECTO 573/91, PROMOVIDO POR RAMON MONTES MORALES:

"En efecto, le asiste razón cuando afirma que no debió otorgarse valor probatorio a la certificación para considerarla junto con el contrato de apertura de crédito como título ejecutivo, que a su vez hizo procedente la vía elegida por la institución bancaria actora y fundó la condena por la cantidad de $10,254,573.00 diez millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos que se indicó en la certificación como suerte principal, pues independientemente de que no constara en papel membretado, no fuera reconocido por el suscriptor ni se acreditara el carácter de éste y sus facultades, lo cierto es que en tal documento no se mencionan las operaciones o cargos que dieron como resultado el saldo que se pretende hacer efectivo, a más de que el monto del adeudo tampoco puede derivarse del contrato base de la acción, por tratarse de uno de apertura de crédito a través del cual se autorizó al cliente para hacer disposiciones parciales de un crédito otorgado por sólo un millón doscientos cincuenta mil pesos y realizar depósitos parciales también que por ende no acredita cargo alguno contra el demandado, habida cuenta que en ese aspecto resulta correcta la determinación de la responsable en el sentido de que aunque el demandado no firmó al calce del clausulado sí lo hizo al frente de la solicitud, reconociendo expresamente haber leído el contenido del reverso y estar de acuerdo. Así que, al no acreditarse en el contrato el adeudo reclamado, queda únicamente la certificación en la que se fija el saldo referido, que debido a sus omisiones no cumple en sí misma con la característica de ser un estado de cuenta que unido al contrato de apertura de crédito forme un título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (que sustituye al 52 de la abrogada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el cual a su vez correspondía al 108 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares derogada por aquélla), ya que según del texto de esta norma legal el documento que debe adjuntarse al contrato de crédito, para hacer mérito ejecutivo, lo es precisamente un estado de cuenta certificado por el contador facultado por el banco para ese efecto, donde por supuesto se contengan fechas y montos de disposiciones de crédito, concepto de las mismas, intereses y comisiones respectivos, en tanto que en el caso a estudio, el banco actor sólo exhibió una certificación de saldo que no puede sustituir al estado de cuenta a que se refiere la ley, pues de la correcta interpretación del proyecto legal citado se advierte que el legislador fijó la exigencia de la presentación de un estado de cuenta certificado y no de una simple certificación para formar junto con el contrato de crédito un título ejecutivo, supuesto que en un estado de cuenta constituye la expresión detallada de las operaciones bancarias donde de acuerdo con el movimiento registrado en el crédito se pueda inferir cuál es el cargo del obligado, para que éste conozca de dónde surgió el saldo certificado y cuáles fueron las operaciones que le dieron origen para así estar en condiciones de acreditar lo incorrecto del adeudo, o en su caso, el pago respectivo. En cambio al citarse escuetamente en la certificación en comento una cantidad como saldo, es incuestionable que se imposibilitó al demandado para plantear debidamente su defensa, evidenciando desigualdad e inequidad entre las partes. Máxime que en la cláusula octava del contrato exhibido como base de la acción se estipula que la institución debe enviar mensualmente a sus acreditados un estado de cuenta indicando las cantidades otorgadas y abonadas durante cada período, en tanto que el banco actor exhibió posterior a su demanda duplicados de estados de cuenta (fojas 55 a la 60 del juicio natural), de los que no se advierte a simple vista que el original lo haya recibido el acreditado en su oportunidad. Así las cosas, contrario a lo estimado por el Magistrado responsable, la multicitada certificación bancaria no cumple con las características de un estado de cuenta para los efectos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado las omisiones aludidas y por tanto no es apto para fundar el ejercicio del derecho literal ahí consignado. En esa virtud, es inconcuso que al no permitirse al demandado conocer las operaciones que hayan arrojado el saldo reclamado, se le dejó en estado de indefensión frente a las prestaciones exigidas en su contra y la condena establecida en esas condiciones viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional invocada por el quejoso, sin que pudiera exigirse a éste acreditar lo incorrecto del adeudo o el pago respectivo, como se hizo además en la sentencia combatida."

AMPARO EN REVISION 221/91, PROMOVIDO POR JOSE MARIA MARTINEZ RUIZ:

"En cambio, le asiste la razón al quejoso cuando afirma que indebidamente se le condenó a cubrir a su contraparte la cantidad de sesenta y tres millones ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos, por concepto de intereses normales, con base en la certificación que extendió el contador de la institución de crédito demandante, de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa, toda vez que, opuestamente a lo considerado por la autoridad responsable, esa sola documental es insuficiente para probar tal extremo, pues al no detallarse en la misma, ni en sus anexos, el procedimiento contable que se siguió para determinar que a esa cantidad ascendieron dichos rendimientos no hay base jurídica para aprobar la partida de que se trata, independientemente de que el quejoso la hubiera objetado bien o mal, ya que si no se precisa en ella el método que se sigue para calcular aquellos intereses, el demandado no estaba en condiciones de impugnarla en forma adecuada, y siendo esto así, es incuestionable que la sentencia que se reclama, en el apartado que se estudia, infringió en perjuicio del quejoso las garantías que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. No obsta para considerarlo así, el hecho de que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito disponga que los estados de cuenta de un acreditado, que expida el contador de una institución, hace fe, salvo prueba en contrario, para fijar el saldo resultante a cargo de aquél, pues se entiende que ese documento merece crédito absoluto cuando su autor expresa en el mismo los factores que tomó en cuenta y las operaciones que hizo para obtener el monto del adeudo de que se trate, y en la especie, el contador de Banca Serfín, S.N.C., en la constancia que aparece a foja 158 del amparo, no dijo cuáles eran las bases que le habían permitido señalar que los intereses normales que adeuda José María Martínez Ruiz, alcanzaban la suma de sesenta y tres millones ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos por lo que, en este punto, no hace fe."

AMPARO EN REVISION 268/92, PROMOVIDO POR ROBERTO ROSALES MIRANDA:

"Asimismo, el Juez Segundo de Distrito en el Estado procedió con acierto al estimar insuficiente la certificación que expidieron los contadores de la institución bancaria demandante el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno (fojas 62 del amparo), para demostrar el monto de los interés moratorios que adeudaba Roberto Rosales Miranda, en razón de que no se detalla en la misma el procedimiento que se siguió para cuantificarlos, lo cual dejó en estado de indefensión al demandado, ya que no estuvo en condiciones de impugnarla en forma adecuada, y al no existir base jurídica para aprobar la partida en cuestión, es obvio que la sentencia reclamada, que declaró procedente su pago con base en dicha documental, es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, y no importa el hecho de que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito disponga que los estados de cuenta de un acreditado, que expida el contador de una institución, hacen fe, salvo prueba en contrario, para fijar el saldo resultante a cargo de aquél, pues se entiende que esos documentos merecen crédito absoluto cuando su autor expresa en ellos los factores que tomó en cuenta y las operaciones que hizo para obtener el monto del adeudo de que se trata, y en la especie, los contadores del Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, Sociedad Nacional de Crédito, en la constancia de que se trata, no dijeron cuáles fueron las bases que les habían permitido señalar que los intereses moratorios que adeudaba Roberto Rosales Miranda ascendieron a la suma que en la misma se precisa, por lo que, en este punto, no hace fe."

AMPARO EN REVISION 277/92, PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA:

"Los argumentos así expuestos no son válidos, habida cuenta que, tal como lo consideró el Juez de Distrito, la certificación expedida por el contador del banco acreedor, que se exhibió con la demanda respectiva junto con el contrato de apertura de crédito, no constituyen, en el caso título ejecutivo que traiga aparejada ejecución, por cuanto que en ella no se especifican las operaciones de cargo y abonos que hubiesen dado como resultado la formación del saldo que se pretende cobrar, y éste tampoco se obtiene del contrato de apertura de crédito, debido a que el mismo únicamente prueba que el cliente estaba facultado para hacer disposiciones parciales del crédito otorgado y efectuar depósitos también en esa forma; en tal virtud, queda únicamente la certificación presentada, en la que se fija el saldo reclamado, pero esta constancia, debido a las omisiones anotadas, es insuficiente para estimar que en sí misma cumple con las características de ser un estado de cuenta, para el efecto de que junto con el contrato de apertura de crédito referido, pudiera formar un título ejecutivo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, numeral que exige que el documento que debe adjuntarse al contrato de crédito sea precisamente un estado de cuenta certificado por el contador facultado por el banco para expedirlo, toda vez que se trata en realidad de una constancia de saldo, la cual no puede sustituir al estado de cuenta exigido por la ley, puesto que haciendo una correcta interpretación del citado numeral, se advierte que si el legislador hubiera estimado suficiente la simple certificación de un saldo a cargo del deudor para formar un título ejecutivo junto con el contrato de crédito, así aparecería establecido en el texto de dicha norma, sin embargo, exigió la presentación de un estado de cuenta, que implica una explicación más detallada de las operaciones bancarias respectivas, es decir, el legislador no estableció la exigencia de presentar una certificación del saldo a cargo del deudor, sino la de adjuntar con el contrato de crédito un estado de cuenta certificado, entendiéndose que éste ha de ser suficiente para que se pueda conocer cuál es el adeudo a cargo del obligado, hecho que en la especie, no se cumplió, porque al citarse aisladamente una cantidad como saldo, es evidente que, tal como lo consideró el Juez Federal, se deja al demandado en estado de indefensión frente a las reclamaciones de su contraparte, ya que no se le proporcionan los datos que le permitan conocer de dónde surgió el saldo certificado, ni cuáles fueron las operaciones que le dieron origen, elementos necesarios para que pudiera plantear alguna defensa en su favor, y esto, obviamente, no se ciñe al espíritu de la norma legal invocada. Así las cosas, al contrario de lo alegado por la recurrente, la certificación a que se hace mérito no cumple con las características de ser un estado de cuenta para los efectos que se indican en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito en cita, ni es apta para fundar el ejercicio del derecho literal que en ella se consigna, en virtud de las omisiones anotadas, las que impiden al demandado conocer las operaciones o cargos que arrojen como resultado la cantidad reclamada, y por ende, excepcionarse al respecto, dejándosele así en estado de indefensión frente a las pretensiones del actor, por lo que la sentencia reclamada, en la que se sostiene lo propio, no viola las garantías individuales de la institución quejosa y ello conduce a confirmar la resolución que se revisa. No obsta para arribar a la anterior conclusión, el significado gramatical de las palabras: estado, cuenta acreedora y certificado, del que se deduce, en opinión del apoderado jurídico del Banco Nacional de México, S.A., que basta que el contador de la institución de crédito certifique el saldo total que se adeuda; ya que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se refiere a una certificación del estado de cuenta y no únicamente a una del saldo que exista a cargo del acreditado, conforme a los razonamientos que ya se expresaron; y tampoco importa el alegato de que en el contrato de apertura de crédito se estipuló que el banco enviaría cada mes a Luis Serna Anaya un estado de cuenta, indicando las cantidades cargadas y abonadas en ese lapso, y que él tendría un plazo de cuarenta y cinco días para objetar el estado de cuenta, en el concepto de que si lo impugnaba, los asientos que figuraran en la contabilidad de la institución, harían prueba en favor de ésta, dado que esa estipulación del contrato de apertura de crédito, no exime al banco actor del cumplimiento de lo que previene el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, acerca de que en el juicio respectivo tiene que exhibirse el estado de cuenta certificado por el contador, junto con aquel contrato, para que estos documentos hagan fe y constituyan título ejecutivo."

TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver los amparos directos relativos a la presente denuncia, sostuvo, en lo conducente lo siguiente:

"AMPARO DIRECTO 397/91 PROMOVIDO POR BANPAIS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO.-Asiste razón a la amparista porque la responsable hizo una indebida interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación al artículo 302 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al declarar en la sentencia que se reclama, que los documentos que la quejosa acompañó a la demanda planteada en contra del tercero perjudicado, no reúnen los requisitos para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por la actora, ahora amparista. Ello de conformidad con las consideraciones que a continuación se vierten. En efecto, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito previene: 'Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados, por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato: I. El acreditado o el mutuatario puede disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados.' Por otra parte, el artículo 302 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Sección Segunda, de la Cuenta Corriente, dispone: 'En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y sólo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible.' De acuerdo a lo anterior, se tiene que, por una parte, el primer dispositivo legal previene que serán 'títulos de crédito los contratos en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador de la institución acreedora; mientras que el diverso artículo 302 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece taxativamente que: sólo el saldo que resulta a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible.' Por ello, contrariamente a lo sostenido por la responsable, la interpretación correcta de ambas disposiciones debe ser en el sentido de que en el mencionado estado de cuenta certificado es suficiente con que se incluya el saldo que resulte a la clausura de la cuenta, y no como erróneamente lo interpretó en el sentido de que debía incluir 'tanto el debe como el haber' es decir, 'los cargos y abonos respecto a la cuenta corriente...', toda vez que atendiendo al significado del concepto de saldo, esto no es otro que la diferencia entre las cantidades anotadas en el debe y las anotadas en el haber de una cuenta. En esta tesitura, resulta que el estado de cuenta certificado por la institución acreedora, ahora quejosa, Banpaís, que se encuentra a foja 4 del expediente de primera instancia contiene los requisitos necesarios para que junto con el contrato de apertura de crédito tengan el carácter de títulos ejecutivos, pues en él además de otros datos identificatorios del contrato celebrado con el tercero perjudicado aparece claramente el saldo a cargo del acreditado, tal y como lo dispone el mencionado artículo 302 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; certificación que a la letra dice: 'Por medio de la presente, en mi calidad de Contador General de BANPAIS, S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, certificó que con fecha 27 de jul (sic) de 1990 existe contabilizado a nombre de SALVADOR CASTILLO O. el adeudo que a continuación se detalla, por disposiciones efectuadas al amparo del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente número 1616 0000 3586 mediante la suscripción de pagarés en los que aparecen los datos de la tarjeta de crédito y el mismo número de contrato que con anterioridad expedimos a favor de dicha persona. CAPITAL $4,886,312.00 INTERESES DE VIGENCIA $1,368,787.00 SALDO A CARGO $6,255,099.00 por cada día transcurrido a partir del 27- julio- 1990 se cobrará 19,241.17 por concepto de intereses de vigencia a la tasa del 76.50% anual y 55,000.00 por gastos de cobranza, 51.00% ints. normal + 50% 25.50% ints. moratorios 76.50% CONTADOR GENERAL BANPAIS, S.N.C.'. Los anteriores razonamientos encuentran sustento además, en el hecho de que, como bien lo afirma la quejosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que a falta del estado de cuenta certificado por el contador de la institución acreedora, puedan acompañarse al contrato de apertura de crédito los pagarés no cubiertos; constituyendo de igual forma un título ejecutivo. Desprendiéndose de tal similitud que, para integrar el título ejecutivo en ambos casos, no es necesario que se agreguen los cargos y abonos respecto de la cuenta corriente del acreditado, porque esto desvirtuaría la naturaleza de prueba preconstituida al mencionado título ejecutivo; por lo que si el demandado, ahora tercero perjudicado opone alguna excepción tendiente a destruir la eficacia del título ejecutivo, es a él quien corresponde la carga de la prueba del hecho, de acuerdo al principio de que al actor corresponde acreditar los fundamentos de su acción y al demandado los de sus excepciones o defensas, de conformidad con la cuarta tesis relacionada a la Jurisprudencia No. 1962, visible en la página 3177 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis, bajo el rubro 'Títulos ejecutivos, excepciones contra la acción derivada. De los. Carga de la Prueba'. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis jurisprudencial visible con el número 377, a foja 1155 de la compilación de 1917 a 1965, Cuarta Parte, ha sostenido que: 'los documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción'; esto significa que los documentos ejecutivos exhibidos por la parte actora para fundamentar su acción son elementos demostrativos que hacen en sí mismos prueba plena y que si la parte demandada opone una excepción tendiente a destruir la eficacia de los mismos, es a ella y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el artículo 1194 del Código de Comercio, consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas.' En tal virtud, resulta intrascendente lo argumentado por la responsable en cuanto afirma que la amparista estaba obligada a hacer en la certificación los cargos y abonos de la cuenta corriente del tercero perjudicado, de acuerdo con las cláusulas primera, segunda y octava del contrato de apertura de crédito, porque si bien es cierto que en la cláusula octava se pactó: 'El Banco deberá enviar mensualmente a EL ACREDITADO un estado de cuenta indicando las cantidades cargadas y abonadas durante cada período salvo que éste lo releve por escrito de esta obligación. Dichos estados deberán ser remitidos dentro de los cinco días siguientes al corte de la cuenta EL BANCO prevendrá por escrito a EL ACREDITADO de la fecha de corte, misma que no podrá variar sin previo aviso por escrito comunicado con treinta días de anticipación. EL ACREDITADO tendrá plazo de cuarenta y cinco días a partir del corte para objetar su estado de cuenta por lo que si no lo recibe oportunamente, deberá solicitar a EL BANCO, para en su caso, poder objetarlo a tiempo. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho objeción a la cuenta, los asientos que existan en la contabilidad de EL BANCO, harán prueba a favor de este.' Sin embargo el mencionado estado de cuenta que mensualmente se enviaría al acreditado nada tiene que ver con el estado de cuenta certificado que alude el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, toda vez que este último reviste determinadas características atribuidas por el legislador, mientras que el otro es resultado de un pacto entre particulares, al cual en ningún momento h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/35-d8013aac/estados-de-cuenta-bancarios-requisitos-para-que-constituyan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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