PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCION DE TESIS 39/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el toca 54/90, relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en el juicio de amparo promovido por Mario Alberto Silva Alemán, contra el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, textualmente sostuvo:
"CUARTO.-Son infundados, los anteriores agravios. Mario Alberto Silva Alemán, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y al relatar los antecedentes de su demanda, afirmó que ante el Juzgado Quinto Civil de esta ciudad, le fue demandada la terminación del contrato verbal de arrendamiento celebrado sobre el inmueble en que tiene su domicilio; que al dar contestación a la demanda ofreció, como prueba de su parte, los autos de los expedientes relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre ofrecimiento de pago y consignación de rentas, números 2468/86 y 455/89, y que el Juez instructor, en proveído de diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, le negó la admisión de tales medios de convicción, motivo por el cual interpuso en contra de él, recurso de apelación; que al resolver sobre el mismo, la autoridad responsable confirmó la determinación del a quo, mediante una resolución contradictoria en la que persistió en la negativa a admitirle de plano las pruebas, por lo cual promovió la queja constitucional. La determinación que es materia del presente recurso, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, desechó la demanda de garantías, por la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, aduciendo el a quo: '...tomando en consideración que los actos reclamados se hacen consistir en la sentencia dictada por ese Magistrado en el toca número I-150/989, que confirmó un acuerdo dictado con fecha diecisiete de julio del mismo año por el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad en el juicio ordinario civil número 747/989, en el que se negó que se «tuvieran a la vista» dos expedientes relativos a diligencias de jurisdicción voluntaria que fueron tramitados en ese juzgado con los números 2468/986 y 455/989, y que aun cuando los actos reclamados derivan de un determinado procedimiento judicial no puede estimarse que sean de aquellos, que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que esa negativa de tener a la vista dos expedientes equivale a un desechamiento de prueba documental que de admitirse podría no influir en el sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio que dio origen a los actos reclamados, ya que ésta bien puede ser favorable a sus intereses...'. Los agravios que impugnan lo así resuelto, son infundados. En efecto, según se advierte de la lectura de los antecedentes de la demanda que relató el quejoso, la resolución combatida por medio del juicio de garantías, modificó el proveído materia de la apelación en los siguientes términos: '... Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 1989, vista la certificación ... . Por otro lado y con apoyo en el artículo 366 fracción II del Código de Procedimientos Civiles y de tramitarse en este juzgado como lo afirma el ocursante se mandan agregar a este juicio los autos de los expedientes números 2468/986 y 455/989, relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre ofrecimiento de pago y consignación de rentas promovidas a favor de Pedro Rodríguez Chávez y Celia Jiménez Patricio, si su estado procesal lo permite, para que sean tomados como medio de prueba de la parte demandada, en su momento procesal oportuno...'. El artículo 159, de la Ley de Amparo, establece que: 'En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley'. Del contenido del precepto legal antes transcrito, claramente se desprende que la fracción III contiene dos hipótesis, la primera de ellas referida a los casos en que no se le reciban al quejoso las pruebas que legalmente haya ofrecido, y la segunda cuando no se le reciban conforme a la ley, que es el caso de la violación procesal reclamada por el ahora recurrente, siendo que, además, los conceptos de violación señalan infractor de garantías el acto reclamado, por el proceder de la responsable de sujetar a dos condiciones la orden que se agreguen al juicio principal los autos de los expedientes números 2468/86 y 455/89, relativos a las diligencias de consignación de rentas. En esas condiciones, al resultar infundados los agravios formulados, lo procedente es que se confirme la resolución recurrida."
TERCERO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión 549/83, cuyo toca no fue enviado a este Alto Tribunal en virtud de haberse extraviado con motivo de los sismos ocurridos en el año de mil novecientos ochenta y cinco, sostuvo la tesis que aparece publicada en el Informe de mil novecientos ochenta y tres, Tercera Parte, página 175, que fue transcrita en el considerando primero de esta resolución, y en la que se señaló que "si la cuestión planteada en la demanda de amparo no se refiere a la admisión o desechamiento de una prueba, sino a los medios y la forma en que el Juez de primer grado pretende emplear para obtener su recepción o desahogo, consistentes en que el oferente lleve personalmente los exhortos correspondientes a su destino y presente ante los Jueces exhortados a sus testigos, para el desahogo de la testimonial a su cargo resulta indudable que tratándose de actos de naturaleza irreparable procede en amparo indirecto, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Federal y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, no siendo, por tanto, reclamable la violación en amparo directo".
CUARTO.-El análisis de los criterios anteriores pone de relieve la contradicción de tesis denunciada por el presidente de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se produce porque mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que cuando la violación que el quejoso reclama se hace consistir no en la demanda o desechamiento de una prueba, sino en la forma en que la responsable pretende recibirle o desahogarle la prueba por él ofrecida en el juicio natural, se está ante actos de naturaleza irreparable respecto de los cuales procede el amparo indirecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito considera que la forma en que se admita una prueba, como es el hecho de sujetarla a condiciones, no constituye una violación procesal reclamable en amparo indirecto.
Es decir, ambos Tribunales Colegiados parten de los siguientes supuestos: 1) que el quejoso en el juicio de amparo es el oferente de la prueba en el juicio natural; y que 2) la violación que reclama no se hace consistir en la admisión o el desechamiento de la prueba, sino en la forma en que la responsable pretende recibirla o desahogarla, pues aun cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito habla de una admisión condicionada de la prueba ofrecida, en realidad, del análisis de la copia certificada del fallo en que se sustentó la tesis materia de la contradicción, deriva que en la resolución reclamada en el juicio de amparo la responsable determinó que: "... de tramitarse en este juzgado como lo afirma el ocursante se mandan agregar a este juicio los autos de los expedientes números 2468/986 y 455/989, relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria..., si su estado procesal permite para que sean tomados como medio de prueba de la parte demandada, en su momento procesal oportuno...", o sea, admitió los expedientes ofrecidos como prueba por el quejoso, pero sujetó tal admisión a dos condiciones, a saber, que tales expedientes se estuvieran tramitando en dicho juzgado y que su estado procesal permitiera que fueran agregados a los autos del juicio en que fueron ofrecidos como prueba, y son estas condiciones y no en sí la admisión de la prueba la violación que reclama el quejoso en el juicio de amparo, lo que permite concluir que la cuestión a debate no es la admisión de la prueba sino la forma en que ésta fue recibida por la responsable, por lo que el supuesto del que parten ambos Tribunales Colegiados es el mismo, es decir, que la violación que se reclama no es en sí la admisión o el desechamiento de la prueba ofrecida por el quejoso, sino la forma en que ésta fue recibida o pretende desahogarse por la responsable.
Sin embargo, a pesar de que ambos Tribunales Colegiados parten de los mismos supuestos llegan a conclusiones contradictorias, pues mientras uno sostiene que en tal hipótesis procede el amparo indirecto por tratarse de actos de naturaleza irreparable, el otro sostiene que tal violación procesal no es reclamable en amparo indirecto.
Por tanto, se configura, en lo sustancial y en cuanto a la regla general, la contradicción de tesis, aunque no en los casos concretos a que se refieren cada una de las ejecutorias en las que dichas tesis fueron sustentadas, toda vez que se trata de pruebas de diversa naturaleza y los condicionamientos en la recepción o desahogo de tales probanzas son también diferentes en uno y otro caso.
QUINTO.-Habiéndose ya determinado que existe la contradicción de tesis denunciada en cuanto a la regla general de procedencia del amparo directo o indirecto contra la violación procesal consistente en la forma en que la responsable pretende recibirle o desahogarle una prueba al oferente de la misma, este Tribunal Pleno se avoca a continuación a decidir cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de tesis de jurisprudencia.
El artículo 107, fracción III, constitucional establece que:
"Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio."
El numeral 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que: "El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo...".
Ahora bien, el artículo 159 del propio ordenamiento hace una enumeración ejemplificativa de diversos casos en los que se considera que se violan las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, concretamente, en su fracción III se establece: "Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Asimismo, el numeral 161 señala que: "Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.".
Por su parte, el artículo 114 de la propia Ley de Amparo dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ...IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o sobre las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;... ".
De los anteriores preceptos transcritos deriva que, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 158 de la Ley de Amparo, como sucede cuando las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley (artículo 159, fracción III, de la propia Ley de Amparo); pero, existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) constitucional y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de su ley reglamentaria, entre ellas cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación.
Ahora bien, este Tribunal Pleno ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. La tesis jurisprudencial 24/1992 de este órgano colegiado textualmente dice:
"EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."
De igual manera, la jurisprudencia plenaria 6/1991, aplicable al tema a debate, establece:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento, de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara la sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a '... los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda'. Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo."
"Varios 133/89. Contradicción de tesis entre la Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de enero de 1991. Mayoría de once votos de los señores Ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; contra los votos emitidos por los señores Ministros: Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gil de Lester, García Vázquez y Díaz Romero. El Ministro presidente Schmill Ordóñez manifestó que no está de acuerdo con algunas de las consideraciones del proyecto. Los señores Ministros: Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva y Díaz Romero manifestaron que formularían voto de minoría. Ausente la señora Ministra Adato Green. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Jorge Mario Pardo Rebolledo."
Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales transcritos al presente asunto, cabe concluir que la indebida recepción o desahogo de la prueba ofrecida por la parte quejosa se encuentra prevista como una violación que afecta sus defensas al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente haya ofrecido "no se reciban conforme a la ley" al sujetarse a determinadas condiciones su recepción a desahogo, por lo que la violación de que se trata, por regla general, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Efectivamente, la violación procedimental consistente en la indebida forma en que el Juez natural pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa, en el momento en que se produce, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales al obligarlo a cumplir con las condiciones que se le hayan señalado para la recepción y el desahogo de la probanza respectiva o bien al aplicarle las consecuencias que deriven de su incumplimiento, pero con ello no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influya o sea tomado en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del oferente de la prueba, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, haya afectado las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo.
En la especie, resulta claro que el solo hecho de que la recepción o desahogo de una probanza se condicione no debe ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con la indebida recepción o desahogo de la probanza relativa.
En otras palabras, los efectos de la resolución que condiciona la recepción o el desahogo de una prueba se actualizan hasta el dictado del fallo definitivo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de tal recepción o desahogo condicionado de la prueba se vulneraron las defensas del oferente y, con ese motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación.
Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando el condicionamiento en la recepción o el desahogo de la prueba, es decir, la forma en que la responsable pretende recibirla o desahogarla, en sí misma, puede tener una ejecución de imposible reparación lo cual ocurre, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 21/1992 de este órgano colegiado, cuando se viola una garantía individual, o sea cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, de manera tal que aunque la sentencia que en cuanto al fondo se dicte llegue a ser favorable ya no podrá repararse esa violación a la garantía individual.
Resultan aplicables, por analogía, las siguientes tesis jurisprudenciales que aparecen publicadas, respectivamente, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, Volumen V, página 2361 y en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo V, Enero-Junio de 1990, Primera Parte, Tercera Sala, páginas 236 y 237 y que textualmente señalan:
"PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA.-El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley."
"PRUEBAS. SU ADMISION COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL, RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.-Las fracciones III, VII y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del presidente de este Alto Tribunal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de 'EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL'. Además lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecidos por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis."
Las anteriores tesis jurisprudenciales transcritas resultan aplicables analógicamente al caso a estudio pues si de conformidad con las mismas la admisión o el desechamiento de una prueba constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, igual consideración cabe hacer respecto de la forma en que el Juez natural pretenda recibir o desahogar una prueba al oferente de la misma, toda vez que tal violación se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley, procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación procedimental en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al igual que se señala en la jurisprudencia 8/90 de la Tercera Sala, transcrita en último lugar, si el solo condicionamiento a la forma en que la responsable pretende desahogar o recibir las pruebas al oferente de las mismas, transgrede una garantía individual que no podrá repararse aunque la sentencia llegue a ser favorable al quejoso, constituyendo así un acto de ejecución de imposible reparación procederá, en su contra, como excepción, el amparo indirecto, debiendo tan sólo añadirse, al respecto, que no es aplicable al caso el ejemplo que en la tesis jurisprudencial a que se ha hecho alusión se cita para corroborar la excepción toda vez que se refiere a la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte y el presente asunto se refiere no a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/172-3dd509b5/pruebas-la-forma-en-que-pretendan-recibirse-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMI (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- INTERES JURIDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHI PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CONTRATO ENTRE CONYUGES. PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA LA OMISION DE LA AUTORIZACION JUDICIAL. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TITULOS EJECUTIVOS. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- APELACION, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis