SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LOS ARTICULOS 49 Y 50, FRACCION II, DE LA LEY QUE REGULA AL INSTITUTO RESPECTIVO, NO VULNERAN EL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISION 1437/95. EDUARDO ENRIQUE GARCIA ARIAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Se confirma por no esgrimirse agravio al respecto, el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el resolutivo primero de la sentencia recurrida y considerandos tercero y cuarto que lo rigen.
CUARTO. Son infundados para revocar la sentencia pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, los agravios que formula la parte recurrente.
Como primer agravio, el recurrente alega substancialmente que el Juez Federal, al examinar la inconstitucionalidad del acto reclamado y existir aplicación del artículo 5o. que hace valer en vía de concepto de violación, porque establece que la baja de las Fuerzas Armadas Mexicanas, aunque extingue todo derecho de haber de retiro, compensación y pensión, no priva a la parte quejosa del producto de su trabajo.
Señala que esa consideración es un error, ya que el Constituyente, al establecer la frase "producto del trabajo", tuvo la intención de proteger todos los derechos que adquiere el que presta un servicio personal subordinado, no nada más el salario, haciendo notar que el artículo 123 constitucional consagra diversos derechos sociales, reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en el caso de los militares, en sus leyes especiales, por lo que afirma tener derecho a percibir una compensación o haber de retiro por el servicio prestado a las responsables durante más de veintiún años, insistiendo en que el artículo 5o. constitucional establece que no se le puede privar de ese derecho por ser producto de su trabajo.
Sobre el particular el Pleno de este alto tribunal se pronunció al resolver por mayoría de diez votos los amparos en revisión números 1433/92, promovido por Alejandro de la Cruz María; 871/92, promovido por Cipriano Melchor Méndez; 1045/92, promovido por Catarino Bautista Pablo y 1566/94, promovido por Trinidad Pablo Cruz López.
Los anteriores criterios sustentan la jurisprudencia que se transcribe a continuación:
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. SUS ARTICULOS 49 Y 50, FRACCION II, NO VULNERAN EL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL. Los artículos 49 y 50, fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que establecen que la baja en el Ejército extingue todo derecho a reclamar haber de retiro y que los derechos a percibir beneficios de retiro se pierden, entre otras causas, por baja en el Ejército, no privan al militar dado de baja del producto de su trabajo, pues de la interpretación conjunta de dichos preceptos y de los diversos 13 y 123 constitucionales, apartado B, fracción XIII; 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 10 y 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y, 16, 22, 31, 32 y demás relativos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, se concluye que el derecho al haber de retiro nace hasta el momento del egreso del servicio porque depende, no sólo del tiempo del desempeño, sino de la concurrencia en aquel momento de los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Social antes mencionada, de cuyo contenido deriva, como presupuesto esencial, que se trate de un militar en situación de retiro en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas; situación diversa a la del que es dado de baja que no adquiere el derecho a percibir el haber de retiro, en primer lugar, porque ya no es militar y, en segundo, porque no salió del servicio activo por causas que enaltecen la vocación castrense y la lealtad al instituto armado, como los puestos en situación de retiro, sino por haber incurrido, por regla general, en alguna causa denegatoria de las virtudes mencionadas, de tal manera que los artículos 49 y 50, fracción II invocados, en cuanto establecen que la baja extingue todo derecho a reclamar haber de retiro, no pueden interpretarse como el reconocimiento de que ya existía el derecho, sino como la enfática y reiterada determinación de que los militares dados de baja no tienen derecho a percibirlo.
El anterior criterio jurisprudencial resulta obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.
Por otra parte, el promovente esgrime que el Juez de Distrito al determinar que únicamente el salario es el derecho protegido por el artículo 5o. constitucional, cambia los conceptos de violación hechos valer porque en ninguna parte de ellos se refirió a que se le estuviera privando del mismo, sino del derecho adquirido a obtener una compensación prevista por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que concede ese derecho a los militares que hubieran prestado sus servicios por más de cinco años y menos de veinte.
Es infundado el anterior razonamiento del recurrente.
Es cierto que en vía de concepto de violación no alegó el hecho de que se le estuviera privando de derecho alguno relacionado con el salario, sino de la privación del derecho a percibir "haberes de retiro, compensación y pensión", como productos de trabajo; sin embargo no es verdad que el Juez de Distrito hubiera determinado que únicamente el salario sea el derecho protegido por el artículo 5o. constitucional, tal como lo afirma el recurrente.
Si dicho juzgador concluyó, en parte, que los preceptos reclamados no resultaban violatorios del artículo 5o. constitucional pues no se le privaba al quejoso de ningún salario, ello fue para explicar los alcances de lo dispuesto en dicho precepto de la Carta Magna en el sentido de que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, lo que de ninguna manera implica cambiar los hechos de la demanda, sino que ello fue resultado de la interpretación que estaba obligada a hacer de los preceptos reclamados a la luz del referido precepto constitucional.
Asimismo, el recurrente argumenta que el Juez Federal omitió estudiar en conjunto los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, sin considerar la argumentación que formuló en relación a la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales la cual se hace derivar de que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial.
El anterior razonamiento deviene infundado, en atención a que de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito del conocimiento sí se avocó al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa antes sintetizados.
Ciertamente, en la parte conducente del fallo federal, el Juez de Distrito consideró lo siguiente:
"Por otra parte, alega el quejoso en su segundo y tercer conceptos de violación, los cuales se analizan en forma conjunta dada su estrecha vinculación, que los ordenamientos legales reclamados resultan violatorios en su perjuicio de las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de que permiten que se le prive del producto de su trabajo sin darle la oportunidad de ser oído en su defensa dentro de un procedimiento previo seguido ante autoridad judicial en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y sin que exista mandamiento escrito emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"Es igualmente infundado lo así aducido por la parte quejosa, ya que basta la simple lectura de los preceptos legales combatidos para advertir que éstos de ninguna manera establecen la privación de un derecho en perjuicio de los gobernados, derivado de la retribución o producto que le corresponde como contraprestación a sus servicios por el tiempo en que los haya prestado, puesto que, como ya se ha visto, las prestaciones y beneficios a que aquéllos se refiere (entre ellos, el haber de retiro), son de naturaleza jurídica distinta al que, en estricto sentido, debe considerarse como producto del trabajo, esto es, el salario.
"Luego entonces, debe decirse que si bien es cierto que los numerales en cuestión establecen que la baja del Ejército trae consigo la pérdida del derecho a reclamar esas prestaciones o beneficios, también lo es que ello se debe a que el elemento que es dado de baja de la mencionada institución, por ese solo hecho, deja de ubicarse dentro de la hipótesis normativa que dispone la posibilidad jurídica de gozar de esos derechos y que persiste, precisamente, en ser miembro en activo de aquélla.
"Por lo anterior, es inexacto que los ordenamientos legales combatidos sean violatorios del artículo 14 constitucional porque no establecen un procedimiento ante autoridad judicial en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, pues, como ya ha quedado expuesto, dichos preceptos no regulan acto de privación alguno en perjuicio de los gobernados y, por ende, no puede estimarse que deban sujetarse a juicio previo, en los términos del mencionado precepto constitucional.
"Por otro lado, en cuanto a lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que los ordenamientos legales reclamados transgreden en su perjuicio la garantía de legalidad porque carecen de fundamentación y motivación, basta con señalar que tratándose de los actos de una autoridad legislativa, la fundamentación y motivación no puede expresarse como si se tratara de una resolución administrativa, ya que esos requisitos quedan satisfechos cuando, como ocurre en la especie, aquéllos son elaborados por un órgano constitucionalmente facultado para ello y cumpliendo con los requisitos relativos a cada una de las fases del procedimiento legislativo que para tal efecto señala la Constitución Federal.
"Sirve de apoyo a la anterior conclusión, el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia sesenta y ocho, consultable en la página ciento treinta y uno de la Primera Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro es:`FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.'"
Los anteriores argumentos ponen de manifiesto lo infundado del agravio que se analiza, ya que contrariamente a lo aducido por el recurrente, el Juez Federal sí se avocó al estudio del concepto de violación relativo a las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales en los términos antes precisados, los cuales deben permanecer firmes en atención a que la parte recurrente omite formular razonamiento lógico jurídico alguno tendiente a combatir dichas consideraciones.
En tales condiciones y en mérito de lo antes expuesto lo que procede en la especie es confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.
Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías en los términos del considerando tercero de esta ejecutoria.
TERCERO. Con la salvedad del resolutivo segundo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Enrique García Arias en contra de los actos reclamados del Congreso de la Unión y otras autoridades, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, y presidente Aguinaco Alemán, se propuso: confirmar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de garantías en los términos del considerando tercero; y con esa salvedad, negar el amparo al quejoso en contra de los actos reclamados del Congreso de la Unión y otras autoridades, precisados en el resultando primero. El Ministro ponente Díaz Romero manifestó que modificaba las consideraciones de su proyecto en los términos asentados en la versión taquigráfica, y que, en atención a la sugerencia formulada por el Ministro Castro y Castro, precisaba en el resolutivo tercero "Con la salvedad del resolutivo segundo". El Ministro Silva Meza votó en contra. Fue ponente el Ministro Juan Díaz Romero.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3526-9120134b/seguridad-social-de-las-fuerzas-armadas-mexicanas-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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