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TESTIMONIOS NOTARIALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER. (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL). COPIAS COTEJADAS POR NOTARIO. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS CERTIFICACIONES DE AQUELLAS. (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 572/94. · Registro digital (IUS): 3548
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DEMI, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, , Pág. 321.

AMPARO EN REVISION 572/94. DEMI, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Es esencialmente fundado el agravio antes transcrito.

En efecto, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México indebidamente sobreseyó en el juicio de amparo, pues fue incorrecto que considerara que quien se ostentó como representante legal de la quejosa no acreditó su personalidad con el instrumento notarial que presentó, porque a su juicio éste no cumple con los requisitos que exige el artículo 94 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.

Antes de abordar el estudio del asunto que nos ocupa, es pertinente comentar el alcance de diversos artículos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, pues su contenido servirá a este órgano colegiado para ilustrar la solución que habrá de tomarse.

El notario, por definición de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, es un licenciado en derecho, investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma en los términos de ley a los instrumentos en que se consignan los actos y hechos jurídicos.

Su función es protocolaria, por lo que debe siempre asentar en el protocolo, el instrumento notarial que se otorgue ante su fe.

El notario no puede autorizar acto alguno si no lo hace constar en los folios o en el Libro de Registro de Cotejos que forman el protocolo, por lo que, fuera de éste no puede darse la función notarial (art. 42).

La ley faculta al notario a expedir y autorizar "testimonios", "copias certificadas" o "certificaciones", utilizando cualquier medio de reproducción o impresión indeleble (art. 96).

Sin embargo, la opinión coincidente, es que ambos, el testimonio y la copia certificada, son copias auténticas de un instrumento notarial. Copiar, significa escribir en una parte lo que está escrito en otra, y así, una copia, como la define Escriche, "es el traslado sacado a la letra de cualquier escrito" y ese traslado puede ser por cualquier medio de reproducción o impresión indeleble (fotografía, fotostática, impresa en offset, impresa en sistema informático o de cualquier otra clase). Obviamente, tanto el testimonio como la copia certificada, deberán estar autorizados con la firma o la antefirma y con el sello en cada una de sus hojas, del notario que legalmente esté facultado para actuar en el protocolo en que conste el instrumento al que se refiere (art. 40 in fine).

Así, en un sentido amplio, tanto el "testimonio" como la "copia certificada" son copias auténticas en las que se transcribe íntegra o parcialmente el contenido de una escritura o acta notarial y que están autorizadas en el sentido ya dicho por el notario.

Aun cuando existen en la ley reglas precisas para la expedición de "testimonio" (arts. 93, 94 y 105 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal), no existen en cambio reglas expresas para la elaboración de "copias certificadas."

Es evidente que en los dos casos debe existir una certificación del notario que la autentique, puesto que en ambos casos se produce una copia que está "certificada" por él.

La palabra certificar, de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, significa: "Asegurar, afirmar algo. Dar por verdadera una cosa. Tratándose de carta que se ha de remitir por correo, obtener, mediante pago de mayor franqueo, un resguardo acreditativo de haberla enviado. Hacer cierta una relación, un acto o un hecho mediante un instrumento público, por la fe de quien lo autoriza."

La voz certificación, conforme a este mismo diccionario, significa: "Testimonio o documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o hecho. Acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta."

El mismo autor define el vocablo certificado como: "Instrumento por el cual se asegura la verdad de alguna cosa, bajo la fe y la palabra del funcionario que lo autoriza con su firma. Certifican únicamente los funcionarios que gozan de fe pública, como notarios, secretarios judiciales; y éstos no solamente deben firmar, sino que han de sellar, e incluso signar el instrumento."

"Certificado", corresponde al participio pasivo del verbo certificar, y certificación es el acto por el cual el notario da fe de algo que le consta, porque obra en su protocolo; además, puesto que certificar es la acción y efecto de certificar, de afirmar algo, de dar por verdadero el contenido de un documento y de garantizar la fiel reproducción en su texto, del instrumento a que se refiera, independientemente de la fórmula gramatical usada por el notario en la "certificación" asentada en la "copia certificada" y del medio de reproducción utilizado en la misma.

La Ley del Notariado para el Distrito Federal, pretende finalmente que el testimonio o la copia certificada produzcan en quien los vea, un convencimiento de verdad, esto es, que el documento asegure a todos fehacientemente la verdad de alguna cosa bajo la fe y la palabra del funcionario que lo autoriza con su firma y con su sello; verdad que significa conformidad de una cosa con el concepto que de ella forma la mente (art. 102).

De la lectura del texto reproducido en el testimonio o en la copia certificada, se deberá desprender siempre, e invariablemente, el número y la fecha de la escritura o del acta respectiva, que permitan a terceros identificar el origen del documento aun cuando no sea necesario mencionar dichos datos en el texto mismo de la certificación, pero que de manera indubitable permitan conocer a quienes se les exhiba que el texto reproducido en el testimonio o copia certificada coinciden fielmente con el original del que procedan.

El tercer término utilizado por el artículo 96 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, es ya, en forma específica, el de "certificaciones", que encuentra una regulación expresa en la propia Ley (art. 98). El documento producido por el notario en este caso, implica igualmente para el mismo la acción y el efecto de certificar, pero a diferencia del "testimonio" o de la "copia certificada" en que obra transcrito un instrumento notarial, en las "certificaciones" el notario elabora y expide un documento autónomo o asienta en cualquier otro que se exhiba, la constancia de actos o hechos que constan en su protocolo, pero sin transcribir el texto del acta o de la escritura, por lo que necesariamente el notario deberá hacer constar en el texto mismo de la certificación el número y la fecha de la escritura o del acta, sin cuya satisfacción, la certificación carecería de validez (verbigracia: una certificación que el notario expida respecto de haberse cumplido alguna disposición de carácter fiscal, o de cualquier otro hecho que conste en una escritura o acta, debe contener el número y la fecha de ésta; o una certificación que asiente en un título de propiedad de varios inmuebles, respecto de la enajenación que se hubiera realizado ante su fe, de alguno de ellos).

Por eso, explica Don Luis Carral y de Teresa (Derecho Notarial y Derecho Registral, Editorial Porrúa, S.A., 8a. Edición, 1965, pág. 149), al referirse a las copias, que "las reproducciones de los originales se hacen mediante expediciones de testimonios totales o parciales, de copias certificadas (V. artículo 694 y siguientes, artículos 75, 80 I y relativos), en que tiene que transcribirse totalmente o parcialmente el contenido de la matriz. En cambio en las certificaciones (artículo 74), el notario debe relacionar únicamente, conectar digamos, el documento que certifica con el instrumento de que se trata."

Independientemente de lo anterior, al notario también puede solicitársele que realice una certificación respecto de que una copia de cualquier documento coincide fielmente con el original o copia certificada que se le exhiba, pero con la circunstancia de que ese original o copia certificada no obra en el protocolo en que actúa ese notario o procede del mismo y que implica el confrontarlos o compararlos.

Por razón de que, como hemos explicado, en México la función notarial es estrictamente protocolaria, el notario al realizar el cotejo solicitado, deberá levantar un acta en su protocolo (tal como lo exigía la Ley antes del seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, y a partir de esa fecha, por la reforma sufrida, un registro que cumpla con los requisitos del artículo 56 de la Ley), incorporando a su protocolo a través de agregar al Apéndice una copia cotejada del documento exhibido, y deberá certificar con su sello y firma la copia cotejada que se devuelva al solicitante, haciendo constar en ella que es fiel reproducción de su original o copia certificada, así como el número y fecha del registro que le corresponde.

Queda así perfectamente identificado el instrumento notarial con su número y fecha en el que el notario realizó el cotejo de la copia con el documento que le fue exhibido.

Ahora bien, si la copia certificada que expida el notario es una copia fiel, reproducción del instrumento a que se refiere y cuya matriz obra ya en su propio protocolo, producida por el mismo notario, sería totalmente ocioso levantar nuevamente un registro de cotejo, puesto que la actuación protocolaria del notario quedaría fehacientemente demostrada con la reproducción de su texto en la copia.

Como ya quedó asentado, los artículos 96 y 98 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal (vigente a partir del ocho de abril de mil novecientos ochenta), establecen los requisitos que deben contener las certificaciones:

"Art. 96. Podrán expedirse y autorizar testimonios, copias certificadas o certificaciones, utilizando cualquier medio de reproducción o impresión indeleble."

"Art. 98. El notario sólo puede expedir certificaciones de actos o hechos que consten en su protocolo. En la certificación hará constar el número y la fecha de la escritura o del acta respectiva, requisito sin cuya satisfacción, la certificación carecerá de validez."

La Ley en cuestión fue modificada por Decreto de Reforma y Adiciones, que entró en vigor el catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis, y respecto del tema que nos ocupa, modificó el artículo 40, para quedar redactado de la siguiente forma:

"Art. 40. El sello de autorizar se imprimirá en el ángulo superior izquierdo del anverso de cada hoja del libro o en cada folio que se vaya a utilizar, debiendo imprimirse también cada vez que el notario autorice una escritura, acta, testimonio o certificación."

La Ley del Notariado, vigente hasta el seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en su artículo 89 preceptuaba:

"Art. 89. Para el cotejo de un documento con su copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, se presentará el original y copia al notario, quien en su caso, hará constar en el acta que la copia es fiel reproducción de su original. Este se devolverá con su copia debidamente certificada al interesado.

"Otra copia del documento cotejado se agregará al Apéndice correspondiente."

En las reformas a la Ley del Notariado (vigente a partir del siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro) se modificaron los artículos 42 y 56; y de acuerdo con su nuevo texto, se incluye dentro de los instrumentos notariales el Libro de Registro de Cotejos.

El artículo 56 mencionado establece las características y los requisitos que debe cumplir el Libro de Registro, así como las formalidades de las certificaciones que expide el notario; dicho numeral se transcribe en la parte que nos interesa:

"Art. 56. El Libro de Registro de Cotejos y su respectivo Apéndice a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se regirán por lo siguiente:

"I. El notario hará el cotejo de la copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, teniendo a la vista el documento original o su copia certificada, sin más formalidades que la anotación en un libro que se denominará Libro de Registro de Cotejos. El registro de los cotejos se hará mediante numeración progresiva e ininterrumpida por cada notaría;...

"IV. El notario certificará con su sello y firma la o las copias cotejadas, haciendo constar en ellas que son fiel reproducción de su original o copia certificada que tuvo a la vista, así como el número y fecha del registro que les corresponda;..."

De lo antes transcrito se advierte que con el sello se autorizan los documentos públicos; es el instrumento que emplea el notario para ejercer su facultad fedataria. Permite o impide la actividad notarial (artículo 40 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal).

Por otra parte, la firma da certeza de que el documento fue cotejado por el notario y que éste lo autorizó. La firma, rúbrica o media rúbrica, según acostumbre el fedatario, es de tal importancia que tiene que ser registrada en las Direcciones Generales Jurídicas y de Estudios Legislativos y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Departamento del Distrito Federal y en el Colegio de Notarios (artículo 28, fracción III de la invocada Ley).

Por último, el artículo 98 de la Ley, exige que en la certificación se haga constar el número y la fecha de la escritura o del acta respectiva, esto obedece a que la fe pública notarial es siempre documental y concretamente protocolaria, de acuerdo al principio de conservación del documento y, por tanto, de seguridad jurídica.

Sin embargo, el precepto no es claro, además de que no contempla la excepción que se explicó con anterioridad para aquellos casos cuando la certificación que realiza el notario corresponde a fiel reproducción del instrumento a que se refiera y cuya matriz obra ya en su propio protocolo, y fue producida por el mismo notario. En esta hipótesis aun cuando la ley no lo dice sería totalmente ocioso levantar nuevamente un registro de cotejo, puesto que la actuación de la fe del notario, queda demostrada con la reproducción de su texto en la copia.

Sentado lo anterior y de conformidad con los artículos antes mencionados, las copias de cualquier clase cotejadas por el notario con documentos originales, de cualquier documento público o privado que se le presente y que no obren en el protocolo del notario deberán contener los siguientes requisitos:

A). Sello de autorizar impreso en cada hoja de la copia cotejada;

B). Firma o media firma en cada hoja de la copia;

C). Certificación del notario en la que haga constar que la copia cotejada es fiel reproducción de su original y el número y la fecha de la escritura o del acta respectiva, o número de registro de cotejo que le corresponda. (Esta circunstancia no será necesario asentarla en aquellas certificaciones de documentos que obren en el protocolo del notario, porque él mismo las elaboró).

D). Autorización de la certificación puesta por el notario mediante su sello y firma.

Requisitos estos, sin cuya satisfacción, la certificación expedida carece de validez.

Así, concluyendo: carecen de valor probatorio las certificaciones de documentos que se expidan sin satisfacer los requisitos de validez que contempla el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, que establece en su segundo párrafo, que la calidad de los documentos públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso, prevengan las leyes. Razón por la cual, no resultan aptas las copias fotostáticas exhibidas sin los requisitos ordenados en la ley, para demostrar en el juicio la existencia de los supuestos de facto de los que depende el interés jurídico del quejoso.

Precisado lo anterior, procede analizar el agravio de la inconforme, en el que medularmente argumenta que la copia certificada que adjuntó a su demanda de garantías, con la que se ostenta como representante legal de la quejosa, sí cumple con los requisitos del artículo 94 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.

Agravio que como se anticipó es esencialmente fundado.

En efecto, la recurrente exhibió en el juicio para acreditar su personalidad, copias fotostáticas con una certificación notarial, en las que aparece la rúbrica y sello del notario, y que corresponden al primer testimonio de la escritura ciento dos mil ciento setenta y cinco de veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada ante el licenciado Alejandro Soberón Alonso, notario 68 de esta ciudad de México (fojas 37 y 38 del expediente de amparo).

En la página treinta y ocho vuelta de autos, aparece la siguiente certificación en las aludidas copias fotostáticas:

"HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA, ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, DOY FE, MEXICO, D. F., A 30 DE NOVIEMBRE DE 1990." (Sello y firma del notario).

Pues bien, de manera contraria a lo afirmado por el a quo, las copias fotostáticas exhibidas en el juicio de garantías, sí cumplen con los requisitos señalados en la Ley del Notariado para el Distrito Federal, vigente a partir del ocho de abril de mil novecientos ochenta, ya que éstas contienen el sello y la media rúbrica, en cada una de ellas, del notario público que las certificó, la leyenda correspondiente, así como el sello y la firma de autorizar en la última foja.

Así, la certificación expedida por el notario Alejandro Soberón Alonso, respecto de su propio instrumento notarial, cumple con los requisitos establecidos en la Ley del Notariado, los cuales han sido explicados en párrafos precedentes.

Además, las copias fotostáticas que el notario certificó corresponden al primer testimonio de la escritura dos mil cuatrocientos ochenta y cinco; escritura que fue otorgada ante el mismo notario Alejandro Soberón Alonso, y que, por lo tanto, cuya matriz obra en su propio protocolo, pues fue producida por el mismo fedatario.

Es por ello que en el caso el notario público no tenía el deber de levantar nuevamente una escritura o acta, para llevar a cabo la certificación, ya que según se vio la acción protocolaria quedó fehacientemente demostrada con la reproducción de su texto en la copia.

En esas condiciones, el documento en estudio sí tiene plena validez, y es suficiente para acreditar la personalidad de quien promovió el juicio de amparo, en representación de la empresa "DEMI, S. A. DE C.V." Motivo por el cual el agravio expuesto debe declararse fundado.

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que la quejosa recurrente invocó a su favor el contenido del artículo 94 de la Ley del Notariado; sin embargo este precepto se refiere a los requisitos que deben contener los testimonios notariales y, por lo tanto, no resulta aplicable al caso que nos ocupa. Aun así, puesto que los motivos de inconformidad son correctos, la cita equivocada del precepto resulta intrascendente.

Apoyan a la anterior consideración las tesis números P. XXIV/92 y LX/93, del H. Tribunal Pleno, publicadas, la primera, en el Semanario Judicial de la Federación 8a. Epoca. Tomo IX febrero, pág. 5 y la segunda, en la Gaceta No. 71, del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1993, pág. 32, que a la letra dicen:

"NOTARIOS, REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS JURIDICOS EN QUE INTERVENGAN. (LEY DEL NOTARIADO DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en los artículos 60, fracción I, y 62, fracciones III y VIII, de la Ley del Notariado vigente en el Distrito Federal, no es requisito indispensable para la validez de los instrumentos públicos en los que se haga constar un acto jurídico, que se vacíen en el protocolo los textos de los antecedentes, tales como la escritura constitutiva de las sociedades, o documentos que acreditan la personalidad de quien las represente en ese acto, sino que únicamente indica que deben consignarse los antecedentes; certificarse haber tenido a la vista los documentos que se presentaron al notario para la formación de la escritura y relacionar o insertar los documentos respectivos, o bien, agregarlos en original o en copia, es decir, el precepto legal otorga la alternativa de hacerlo de cualquiera de esas tres formas y de ninguna manera obliga a hacerlo específicamente de una de ellas; por lo que empleando cualquiera de esas alternativas, cumple cabalmente con lo especificado por la ley de la materia y, en consecuencia, el instrumento que contiene el acto pasado ante su fe, es legalmente válido."

"PODERES NOTARIALES. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS. NO ES NECESARIO SEÑALAR EL NUMERO TOTAL DE HOJAS. (LEY DEL NOTARIADO DEL DISTRITO FEDERAL). El examen de lo dispuesto en los artículos 82, 84, fracción IV, 89, 96 y 98, de la Ley del Notariado del Distrito Federal revela que ninguno de ellos exige que en la certificación notarial asentada en la copia de un documento se haga constar el número de hojas que la componen, por lo cual no cabe por ese motivo negar valor probatorio al instrumento, sobre todo si se advierte que cada una de sus hojas está numerada en forma progresiva e ininterrumpida y presenta el sello de autorizar del fedatario público, así como su rúbrica."

Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aparta del criterio sustentado por la antigua Tercera Sala de este alto tribunal que aparece con el número 3a. CXVII/91, visible en la página 61, Tomo VIII, julio, Octava Epoca, Tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, rubro: "COPIAS CERTIFICADAS. DEBEN OSTENTAR EL SELLO Y LA RUBRICA DEL NOTARIO PUBLICO Y ADEMAS LA CERTIFICACION DEBE ALUDIR AL NUMERO DE HOJAS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO. (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL)", y que sirvió de apoyo al a quo para sobreseer en el juicio de garantías.

Lo anterior es así, en atención a que las consideraciones en que se sustenta ese criterio se opone a lo resuelto en esta ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el artículo 91, fracción III de la Ley de Amparo, procede realizar el estudio de las causas de improcedencia que las autoridades hicieron valer.

CUARTO. El Congreso de la Unión, al rendir su informe justificado (fojas 100 a 104 de autos), aduce que el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse debido a que el Decreto de reformas impugnado, constituye un acto consumado de manera irreparable, motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Es infundado el argumento.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia que a continuación se invocan, con sus respectivos datos de consulta, al abordar este tema resolvió que el procedimiento de formación de una ley no constituye un acto irreparablemente consumado para los efectos del amparo, y que la solicitud de sobreseimiento apoyada en la respectiva causal, es improcedente.

Los criterios jurisprudenciales textualmente dicen:

"LEYES, AMPARO CONTRA. SU EXPEDICION NO CONSTITUYE UN ACTO CONSUMADO. La expedición de una ley no puede considerarse, para los efectos del amparo, como un acto consumado de un modo irreparable y que, en consecuencia, no esté sujeto a modificaciones o alteraciones. Precisamente el juicio de amparo es un juicio extraordinario que sirve para obtener en los casos concretos, que no se aplique la ley estimada de inconstitucional y, si ha sido aplicada, quede sin efectos tal aplicación."

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, pág. 963.

"LEYES, AMPARO CONTRA LA PROMULGACION O REFRENDO DE LAS. NO PUEDEN CONSIDERARSE ESTOS ACTOS COMO IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. En el juicio de amparo promovido contra la promulgación, publicación y refrendo de las normas legales no procede el sobreseimiento, pues si bien es cierto que el procedimiento de formación de la ley se integra en dos etapas, la propiamente legislativa o de expedición, a cargo del órgano Legislativo y la de promulgación y publicación de la ley, a cargo del Ejecutivo, también lo es que dichos actos no pueden considerarse irreparablemente consumados para los efectos del juicio de amparo, puesto que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por lo tanto, ocasionan que la situación subjetiva de carácter general y abstracto, prevista en la hipótesis normativa, se pueda actualizar al aplicarse al caso concreto que regula. En conclusión, la expedición o creación de una ley y su promulgación y publicación, son dos etapas interdependientes, cuya existencia aislada impide la vigencia y aplicación de aquélla. Es por esto que al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional al precepto normativo, tal disposición jurídica deja de producir sus efectos conjuntamente, en el caso concreto a que se refiere el fallo."

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes,pág. 1750.

Por su parte, el agente del Ministerio Público Federal, al formular el pedimento número doscientos setenta (fojas 59 a 66 de autos) invoca la causal de improcedencia contemplada en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque a su juicio el Decreto impugnado, por su sola vigencia, no causa ningún perjuicio al quejoso.

Igualmente infundado resulta ser este argumento, pues la lectura íntegra del Decreto de reformas que constituye el acto reclamado pone de manifiesto que contiene algunas disposiciones que por su sola entrada en vigor imponen al gobernado una obligación; hecho suficiente para que, quien se estima afectado, pueda acudir al juicio de garantías desde el momento en que el acto reclamado se expidió.

QUINTO. En cambio, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio, y con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia que a su juicio se actualizan. En la especie, la parte quejosa reclamó la aprobación y expedición del Decreto Legislativo de trece de julio de mil novecientos noventa y tres, por el que se reformó la Ley del Seguro Social en sus artículos 19, fracción III, 32, 33, 37, fracción IV, 44, primer y último párrafos, 45, 46, 65, fracciones I, II y III, 83, fracciones I y II, 118, primer párrafo, 122, último párrafo, 128, 160, primer párrafo, 161, 183 G, primer párrafo, 240, fracción XXI, 257, fracción III; la denominación del Título Sexto y de su Capítulo III, y los artículos 276, 278, 280 y 283; así como la adición de los artículos 9 bis, 19 con un último párrafo, 19 A, 218 bis, 240 con una fracción XXII y 253 con una fracción I bis.

Del análisis de la demanda de garantías respectiva se desprende que la quejosa sólo expresó conceptos de violación en contra de dicho Decreto (ver fojas 4 a 43 de esta sentencia), en las partes en que establece incrementos a las cuotas patronales en los diversos ramos que componen el régimen obligatorio del seguro social (artículos 79, 114 y 177, y sus transitorios relativos); en lo que se refiere a la devolución de cuotas enteradas sin justificación (artículo 278) y en que remite al reglamento de la ley para la determinación del índice de siniestralidad (artículo 80); preceptos que disponen:

"ARTICULO 79. Para los efectos de la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas serán clasificadas y agrupadas de acuerdo con su actividad, en clases, cuyos grados de riesgo se señalan para cada una de las clases que a continuación también se relacionan:

Ver tabla

"El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social promoverá ante las instancias competentes, cada tres años la revisión de la tabla anterior, para propiciar que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio financiero de este ramo de seguro. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de clase por modificación en sus actividades, las empresas invariablemente serán colocadas en el grado medio de la clase que les corresponda y con apego a dicho grado pagarán la prima del seguro de riesgos de trabajo."

"ARTICULO 114. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de enfermedades y maternidad, las cuotas del 8.750% y 3.125% sobre el salario diario base de cotización respectivamente. Los ingresos por concepto de pensiones quedan exentos de pago de cuotas."

"ARTICULO 177. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para los seguros a que se refiere este capítulo (invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte), las cuotas del 5.950% y 2.125% sobre el salario base de cotización, respectivamente."

"ARTICULO 278. Las cuotas enteradas sin justificación legal serán devueltas por el Instituto sin causar intereses en ningún caso, siempre y cuando sean reclamadas dentro de los cinco años siguientes a la fecha del entero correspondiente, excepto las provenientes del seguro de retiro; por lo que se refiere a estas últimas se estará a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, tratándose de las otras ramas de aseguramiento, el Instituto podrá descontar el costo de las prestaciones que hubiere otorgado."

"ARTICULO 80. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas, para determinar de acuerdo con sus índices de siniestralidad, por el período y dentro del plazo que señale el reglamento, si permanecen en el mismo grado de riesgo, se disminuye o se aumenta. El grado de riesgo,conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, podrá ser modificado disminuyéndolo o aumentándolo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites determinados para los grados máximo y mínimo de la clase a que corresponda la empresa. El Instituto tendrá la facultad de validar o corregir la determinación y en caso de omisión de las empresas, impondrá la sanción y emitirá el dictamen que corresponda, de conformidad con esta Ley y el reglamento de la materia. La disminución o aumento procederá cuando el índice de siniestralidad de los riesgos de trabajo determinados durante el lapso que fije el reglamento, con independencia de la fecha en que éstos hubieren ocurrido, sea inferior o superio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3548-a139ee08/testimonios-notariales-requisitos-que-deben-contener-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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