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Modo: Corpus Pro

MULTA PREVISTA EN EL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO. APLICABILIDAD DEL ARTICULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/94. · Registro digital (IUS): 3551
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y ANTERIOR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO Y ENTONCES UNICO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, , Pág. 156.

CONTRADICCION DE TESIS 19/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y ANTERIOR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO Y ENTONCES UNICO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- La resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la queja número 20/92, dice en lo conducente:

"III.- Son fundados pero inoperantes los motivos de queja. Aunque es cierto que el auto combatido omite señalar `las circunstancias especiales y razones particulares' que indujeron al Juez de Distrito a establecer que, a su juicio, existió mala fe por parte de las autoridades responsables, aquí recurrentes, al no proporcionar la información por la que se les había requerido, sin embargo, en el presente caso ese extremo de la mala fe proveniente de las susodichas autoridades se puede determinar a través de las constancias que se acompañaron al informe con justificación rendido para esta queja, de donde se aprecia que, previamente a la imposición de la multa a que se contrae el proveído materia de la queja, en diversos acuerdos de catorce de febrero y de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y dos, el Juez Federal ya había requerido a las susodichas autoridades en los términos de los artículos 147, 222, 223, 224, 225, 226 y 227, en relación con el numeral 212 de la Ley de Amparo, para que rindieran sus informes justificados, así como para que remitieran las constancias en que se apoyaron para emitir el acto que se les atribuye o informaran si es cierto o no el acto que se les reclama (fojas 17 a 19 y 42 a 43 id). En esas condiciones, la actitud omisiva de los recurrentes, al no proporcionar la información requerida, y ni siquiera manifestar las razones que les impidieron hacerlo, evidencia la ausencia de buena intención, de rectitud para atender aquellos requerimientos del Juez de Distrito. Por otro lado, también es cierto que mediante oficio número 196957, de catorce de septiembre de mil novecientos noventa, las precitadas autoridades recurrentes habían rendido su informe justificado, como se acredita con las constancias que obran a fojas de la treinta y seis a la cuarenta y uno del toca, empero tal informe justificado quedó insubsistente ya que mediante ejecutoria de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de revisión principal número 204/91 (fojas 51 a 87 id), se declaró insubsistente todo lo actuado en el juicio de garantías de que se trata, entre cuyas actuaciones estaba el mencionado informe justificado. Esta determinación (dejar insubsistente todo lo actuado y por ende, el informe justificado citado), se hizo del conocimiento de las autoridades aquí recurrentes, al notificárseles el aludido acuerdo de catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, en que se dio cumplimiento a tal ejecutoria, según se desprende de los acuses de recibo que acompañó el Juez Federal a su informe justificado (fojas 44 a 50 id del toca de queja). Además, el último requerimiento no se redujo sólo a la rendición del informe justificado por parte de las ahora inconformes, sino que también se les requirió para que proporcionaran las constancias en que se apoyaron para emitir el acto que de ellas se reclamó. Por ende, no es posible determinar que la imposición de la multa a cargo de los recurrentes contravenga el artículo 3o. bis de la ley de la materia. Similar criterio sostuvo este Colegiado en la ejecutoria de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, emitida en el toca de queja número 29/90. Y no es verdad que el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo releve al Juez de Distrito de la obligación de razonar acerca de la mala fe en que incurra la autoridad infractora, a quien se imponga las multas previstas por el dispositivo legal en comento, como lo sostiene el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en la tesis de ejecutoria que bajo el rubro: `ARTICULO TERCERO BIS, PARRAFO SEGUNDO. NO RIGE PARA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO', aparece publicada en la página setecientos ochenta y tres del Tomo I, SEGUNDA PARTE-2, enero-junio de 1988, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación. Esto es así porque la norma aludida (párrafo segundo Art. 224), no debe aplicarse, menos interpretarse aisladamente, sino en su relación armónica y sistemática con los demás preceptos del mismo ordenamiento legal (Ley de Amparo) que prevén igual hipótesis o acto jurídico (imposición de multa). El artículo 3o. bis, párrafo segundo, de la ley de la materia, contiene la regla general que en materia de imposición de multas, expresamente determina `...El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe...' Según este enunciado, tal disposición debe aplicarse a todos los casos en que se decida sancionar con multa a alguna de las partes que intervienen en el trámite del juicio de amparo. Si la intención del legislador hubiere sido en el sentido de formular una regla excepcional en donde no tuviera aplicación la norma genérica a que se contrae el artículo 3o. bis, párrafo segundo, así lo haya (sic) establecido expresamente en el párrafo segundo del artículo 224 del mismo ordenamiento legal. En donde la ley no distingue no le es dable distinguir al juzgador, reza conocido principio de derecho. Por cuanto a que el artículo 224 contenga una regla especial, este Colegiado no encuentra la razón eficiente para que válidamente se establezca tal atributo al precepto. Como todos los que prevén multas (41, 49, 51, último párrafo, 61, último párrafo, 71, 74, fracción IV, segundo párrafo, 81, 90, último párrafo, 102, 103, último párrafo, 119, 134, 149, 152, 153, 164, 169, entre otros), lo único que contiene la repetida norma es la descripción de la conducta sancionable y la categórica determinación de que se aplique la multa a quien la despliegue. Unas dicen `se (o le) impondrá', se `sancionará', ésta enuncia `será sancionada', refiriéndose a la autoridad infractora, pero en rigor lógico no se ve que tenga la característica de especial, que conlleve la no atendibilidad o inaplicabilidad del 3o. bis, párrafo segundo. De ahí que este Colegiado se pronuncie en contra de aquel criterio que sostiene su similar. Consecuentemente, no evidenciado que el auto recurrido sea contrario a derecho, lo que procede es confirmarlo."

Ese asunto originó la siguiente tesis:

"MULTAS. LA REGLA GENERAL DEL ARTICULO 3-BIS EN MATERIA DE. RIGE PARA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO.- EL ARTICULO 224, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, NO RELEVA A LA AUTORIDAD IMPOSITORA DE LA OBLIGACION DE RAZONAR ACERCA DE LA MALA FE EN QUE INCURRE LA INFRACTORA A QUIEN SE IMPONE LAS MULTAS A QUE ESE NUMERAL SE REFIERE, PUES AL IGUAL QUE OTROS PRECEPTOS DE LA MISMA LEY QUE CONTEMPLAN LA IMPOSICION DE MULTAS (41, 39, 51, ULTIMO PARRAFO, 61, ULTIMO PARRAFO, 71, 74, FRACCION IV, SEGUNDO PARRAFO, 81, 90, ULTIMO PARRAFO, 119, 134, 149, 152, 153, 164, 169, ENTRE OTROS), LO UNICO QUE ESTE CONTIENE ES LA DESCRIPCION DE LA CONDUCTA SANCIONABLE Y LA CATEGORICA DETERMINACION DE QUE `SERA SANCIONADA' CON MULTA QUIEN LA DESPLIEGUE (OTRAS NORMAS DICEN: `SE (O LE) IMPONDRA, SANCIONARA'), SIN QUE SE TRATE DE UNA NORMA ESPECIAL QUE HAGA INAPLICABLE LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL ARTICULO 3-BIS, PARRAFO SEGUNDO, DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, ANTES SEÑALADA."

TERCERO.- Las cinco quejas resueltas por el Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, son las siguientes: 25/90, 21/91, 23/91, 35/91 y 49/91.

QUEJA ADMINISTRATIVA 25/90. RECURRENTES: DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA Y OTRAS AUTORIDADES.

"Cuarto.- Procede desechar el recurso de queja que interponen el director general de la Tenencia de la Tierra y el director de Derechos Agrarios, ambos de la Secretaría de la Reforma Agraria, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez Federal se advierte que tales autoridades no tienen injerencia en la imposición de las multas a que se refiere el auto recurrido ni en el nuevo apercibimiento que en éste se contiene, pues dichas autoridades no fueron mencionadas en el acuerdo de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, que sirve de inmediato precedente al auto de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y al recurrido de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa, sin que, además aparezca del sumario que tales autoridades tengan el carácter de `autoridades señaladas como responsables, con residencia en México, Distrito Federal', como refirió el Juez de Distrito en los dos últimos autos, por lo que es evidente que carecen de legitimación para recurrir el acuerdo materia del presente recurso.

"Asimismo, y por cuanto hace al resto de las autoridades recurrentes, la queja que interponen es parcialmente improcedente en lo que atañe al cuestionamiento relativo a que el auto recurrido, en la imposición de las multas, carece de fundamentación alguna, pues el que se combate no es sino una consecuencia, en el aspecto apuntado, del auto preventivo de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve que le sirvió de precedente, acuerdo que se fundó en los artículos 222 y 224 de la Ley de Amparo, por lo que es obvio que el vicio que se atribuye al auto aquí recurrido, que sólo hizo efectivo el apercibimiento decretado en aquél, sólo atañe al propio auto preventivo, que fue consentido por las recurrentes.

"Tiene aplicación la tesis jurisprudencial número mil quinientos cincuenta y siete y la tercera de sus relacionadas que aparecen publicadas en las páginas dos mil cuatrocientos cincuenta y seis y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dicen: `QUEJA IMPROCEDENTE.- Es improcedente la queja que se endereza contra una resolución dictada en amparo, que no es más que la consecuencia jurídica de otra resolución que causó estado', y `QUEJA, ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS.- Tratándose de actos que son consecuencia de otros consentidos, la queja que se endereza contra aquéllos es improcedente.'

"Quinto.- El resto de los agravios que se enderezan por vicios propios del auto recurrido como por la nueva determinación que en éste se contiene de apercibimiento de imposición de nuevas multas, contra los cuales sí es procedente la queja, son ineficaces.

"Ciertamente, lo relativo a que se violan los artículos 149 y 3o. bis de la Ley de Amparo porque las autoridades recurrentes no obraron de mala fe, ya que tan es así que por oficio número 197024 de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa rindieron sus informes justificados de manera conjunta, resulta inatendible por las siguientes razones: a).- Porque en tratándose de la aplicación del artículo 224 de la Ley de Amparo, como también sucede con la del artículo 149 del mismo ordenamiento legal, la imposición de las multas a que dicho precepto se refiere deviene del propio imperativo legal y no de la potestad del Juez de Distrito, atenta la redacción clara y terminante del citado artículo 224, que establece que `La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario', de modo que el arbitrio del Juez del amparo queda restringido únicamente a fijar la cuantía de la multa dentro de los límites establecidos en esa disposición, quedando ajena, por tanto, a la imposición de dichas multas, la buena o mala fe del sancionado y, por ende, lo dispuesto por el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo. Por ello, este Tribunal Colegiado comparte la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito que se publicó en la página trescientos cincuenta y tres de la Segunda Parte, Tomo I, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, rubro: `INFORME JUSTIFICADO. MULTA POR NO RENDIRLO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 3o. BIS DE LA LEY DE AMPARO'; y b).- Porque si el acuerdo recurrido es de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y ésta es precisamente la fecha del oficio número 197024 que en fotocopia certificada se anexó al escrito de queja, sin que aparezca cuándo fue despachado, o recibido por el Juez de Distrito, es obvio que el propio Juez no estuvo en aptitud de considerarlo y, así, estuvo en lo correcto al estimar no cumplida la prevención dictada en el acuerdo precedente de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

"Finalmente, como el señalamiento de que debe dejarse insubsistente el nuevo apercibimiento contenido también en el auto que se recurre no se sustenta en agravio alguno, ya que la falta de fundamentación legal y la contravención a los artículos 149 y 3o. bis de la Ley de Amparo que se alega en los agravios no se refieren a esta diversa determinación, la queja resulta, entonces, infundada también en lo que a dicha decisión respecta."

No se transcriben las resoluciones dictadas en las restantes quejas, en virtud de que contienen idénticos razonamientos en cuanto al punto de contradicción.

Los indicados asuntos conforman la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"MULTAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 3RO. BIS RESPECTO DE LA BUENA O MALA FE DEL INFRACTOR.- TRATANDOSE DE LA APLICACION DEL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO, COMO TAMBIEN SUCEDE CON LA DEL ARTICULO 149 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA IMPOSICION DE LAS MULTAS A QUE DICHO PRECEPTO SE REFIERE DEVIENE DEL PROPIO IMPERATIVO LEGAL Y NO DE LA POTESTAD DEL JUEZ DE DISTRITO, ATENTA LA REDACCION CLARA Y TERMINANTE DEL CITADO ARTICULO 224, QUE ESTABLECE QUE `LA AUTORIDAD QUE NO REMITA LAS COPIAS CERTIFICADAS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO SERA SANCIONADA CON MULTA DE VEINTE A CIENTO VEINTE DIAS DE SALARIO', DE MODO QUE EL ARBITRIO DEL JUEZ DE AMPARO QUEDA RESTRINGIDO UNICAMENTE A FIJAR LA CUANTIA DE LA MULTA DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN ESA DISPOSICION, QUEDANDO AJENA, POR TANTO, A LA IMPOSICION DE DICHAS MULTAS, LA BUENA O MALA FE DEL SANCIONADO, Y POR ENDE, LO DISPUESTO AL RESPECTO POR EL ARTICULO 3RO. BIS DE LA LEY DE AMPARO."

CUARTO.- La resolución dictada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito (actualmente Primero), en la queja número 57/87, dice en lo conducente:

"III.- Los agravios son infundados.

"En efecto, el Juez de Distrito por auto de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, impone a la autoridad recurrente, una multa por la cantidad de ciento ochenta mil pesos cero centavos, haciendo efectivo el apercibimiento decretado por auto de fecha veinticuatro de agosto del mismo año, por el cual requirió al oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria para que remitiera como complemento del informe justificado rendido por ésta, las constancias consistentes en la copia certificada de los acuses de recibo extendidos por los representantes comunales de Santiago Yaitepec, Juquila, Oaxaca, al notificarle el contenido del oficio número 521846, así como la opinión emitida por el Instituto Nacional Indigenista, o que manifestara el impedimento legal que tuviera para cumplir con ello; apercibimiento que se fundamentó en los artículos 149, 157, 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo; ahora bien, como la autoridad promovente del recurso, no dio cumplimiento con lo solicitado, se hizo efectivo el apercibimiento y se impuso la multa reclamada. Cabe decir, que la imposición de la multa es consecuencia directa del apercibimiento decretado, donde se citaron las bases legales; en tal virtud, no era necesario que se hiciera referencia a los preceptos que habían servido de base al juzgador para decretar la multa, pues como se dijo, la imposición de ésta deriva del apercibimiento planteado; por lo que, si la autoridad recurrente no estaba conforme con el apercibimiento de multa debió combatir el auto en el que se le hacía saber lo que no aconteció, por lo que al no haberse combatido no puede estudiarse si estuvo bien o mal pronunciado dicho apercibimiento por lo tanto, si la multa se deriva del acuerdo por el cual se impuso el apercibimiento, y esto no fue impugnado, se estima consentido, y no puede reclamar la multa, pues como se dijo, es consecuencia directa del apercibimiento. Apoya a lo anterior en lo conducente la cuarta tesis relacionada de la tesis jurisprudencial número 20, visible a foja 40, Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que se aplica por analogía, que dice: `ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (MEDIDAS DE APREMIO).- Si el quejoso consintió el auto por el cual se le hizo el apercibimiento de que en el caso de desobediencia a una determinación judicial se le impondría una multa, y con posterioridad reclama en el amparo el auto por el cual le fue impuesta dicha multa, el juicio de garantías es improcedente, porque el acto reclamado fue la consecuencia necesaria y directa de la resolución que el quejoso consintió.'

"Asimismo, resulta infundado el segundo agravio expresado, toda vez, que el Juez de Distrito no estuvo obligado a expresar en el auto recurrido, las razones por las cuales la autoridad sancionada incurrió en mala fe al dejar de cumplir con el requerimiento que se hizo, en relación con el envío de las constancias solicitadas a que se refiere el primer párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo, pues aun cuando el segundo párrafo del artículo 3o. bis de ese mismo ordenamiento contiene una regla general que previene que, para la imposición de las multas que establece el juzgador sólo las aplicará a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe, sin embargo dicha regla no es aplicable al caso, ya que la sanción a la conducta omisiva de la responsable de acompañar a su informe justificado las constancias que se le requirieron, deriva de la aplicación de otra disposición legal que establece una regla especial, como es la prevista en el segundo párrafo del citado artículo 224 de la Ley de Amparo en el que se sanciona el incumplimiento de la obligación que impone a las autoridades responsables, el primer párrafo del mismo precepto; regla especial que por contener una disposición expresa de la ley, debe prevalecer sobre la regla general, de acuerdo con los principios generales de derecho, contenidos en las disposiciones preliminares del Código Civil para el Distrito Federal, específicamente en su artículo 11 y en los correlativos de los Códigos Civiles de las entidades federativas, que, en términos semejantes, establecen: `Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no está expresamente especificado en las mismas leyes.'

"En consecuencia, al ser infundados los agravios, procede confirmar el auto recurrido."

QUINTO.- Con la finalidad de establecer y delimitar la materia de la contradicción planteada, se estima conveniente hacer un resumen de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.

I.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió la queja 20/92, interpuesta por el presidente de la República y otras autoridades, cuya parte considerativa se transcribió en el considerando segundo de esta ejecutoria. La materia del recurso lo fue el acuerdo del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en donde se hizo efectivo un apercibimiento y se impuso multa a las autoridades agrarias por no haber rendido su informe con justificación. El Tribunal Colegiado declaró fundados pero inoperantes los motivos de queja y, en el tema de la contradicción, expresó que no es verdad que el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo releve al Juez de Distrito de la obligación de razonar la mala fe en que incurra la autoridad a quien le imponga las multas previstas en ese artículo, como lo sostiene el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis denominada "ARTICULO TERCERO BIS, PARRAFO SEGUNDO. NO RIGE PARA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO"; además, dice, el artículo 224 no contiene una regla especial que conlleve la inaplicabilidad del artículo 3o. bis citado, por lo que éste debe aplicarse a todos los casos en que se decida sancionar con multa a alguna de las partes.

II.- El entonces Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito), resolvió las quejas administrativas 25/90, 21/91, 23/91, 35/91 y 49/91, interpuestas por autoridades agrarias. El acuerdo materia de cada recurso hizo efectivo el apercibimiento e impuso multas a las autoridades responsables, porque las mismas no rindieron sus respectivos informes con justificación. El Tribunal Colegiado desestimó los agravios, sustentado en que tratándose de la aplicación del artículo 224 de la Ley de Amparo, la imposición de multas deviene del imperativo legal, por lo que el arbitrio del Juez queda restringido únicamente a fijar la cuantía de la multa dentro de los límites establecidos, y resulta ajena a la imposición de las multas la buena o mala fe de la autoridad sancionada y, por ende, lo dispuesto en el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo.

III.- El anterior Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito (ahora Primero), resolvió la queja administrativa 57/87, interpuesta por una autoridad agraria en contra del acuerdo que hizo efectiva la multa porque no remitió las constancias solicitadas como complemento del informe justificado. El Tribunal Colegiado declaró infundados los agravios y expresó que el Juez de Distrito no estuvo obligado a razonar en el auto recurrido la mala fe de la autoridad sancionada, en relación con el envío de las constancias solicitadas a que se refiere el primer párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo, pues el artículo 3o. bis de la misma Ley contiene una regla general inaplicable al caso por lo que, dice, debe atenderse a la regla especial que establece el segundo párrafo del primero de los numerales citados.

SEXTO.- Tomando en cuenta lo anterior, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostiene que el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo no contiene una regla especial que haga inaplicable el artículo 3o. bis de la misma Ley.

En cambio, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el anterior Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, sustentan sus criterios en que tratándose del artículo 224 citado, la imposición de multas deriva del imperativo legal, y que debe atenderse a la regla especial contenida en el segundo párrafo de este precepto, lo que hace inaplicable el artículo 3o. bis multicitado.

En tales condiciones, la contradicción de tesis se da sobre la interpretación del artículo 224 de la Ley de Amparo.

No es obstáculo para esta conclusión, la circunstancia de que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, haga también alusión al artículo 149 de la ley de la materia, aplicable al amparo en general; sin embargo, debe tomarse en cuenta que las cinco ejecutorias dictadas por ese tribunal se refieren a quejas en materia administrativa, interpuestas por autoridades agrarias, como se indica en el punto segundo del anterior considerando.

SEPTIMO.- Precisado lo anterior, esta Segunda Sala considera que debe prevalecer el criterio que sustenta la misma, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

El artículo 224 de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 224.- Las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esas diligencias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados.

"La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omisión no obstante el requerimiento del Juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de esta obligación."

El artículo 3o. bis de la propia Ley, establece:

"Artículo 3o. bis.- Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente enel Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.

"El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe.

"Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponerse el recurso."

De lo anterior deriva que el Juez de Distrito, en amparos agrarios, no puede resolver mientras no tenga en su poder el informe de la autoridad responsable, al que haya acompañado las constancias señaladas en el primer párrafo transcrito, pues la ley lo obliga a requerirla y a sancionarla hasta obtener el cumplimiento de la obligación, de lo que se deduce que la multa prevista en ese artículo tiene una función de apremio, para doblegar la rebeldía de la autoridad y hacerla cumplir la ley.

En cuanto a lo dicho, en el sentido de que el Juez de Distrito está imposibilitado para resolver, mientras no cuente con el informe justificado, esta Segunda Sala ha sustentado la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Epoca, Tomo II, septiembre de 1995, página 369, que literalmente dice:

"AGRARIO. LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO, MOTIVA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- En el amparo en materia agraria las autoridades responsables tienen el deber de rendir sus informes justificados dentro del término de diez días y expresar en su caso, el nombre y domicilio del tercero perjudicado, precisar la certeza de los actos reclamados y la posible realización de otros similares o distintos que tengan o puedan tener por consecuencia afectar los derechos agrarios del quejoso, citar los preceptos legales que justifiquen los actos que realmente se hubieran ejecutado o se pretendan ejecutar y si son autoridades agrarias, expresar la fecha en que hayan dictado sus resoluciones agrarias que amparen los derechos del quejoso y, en su caso, del tercero, incluyendo la forma y términos en que aquéllas han sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales hubieran adquirido sus derechos, además, el de acompañar a dichos informes copias certificadas de todas las actuaciones del caso y constancias que sean necesarias para determinar con toda precisión los derechos agrarios de los interesados, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 222 a 224 de la Ley de Amparo, que tienen como finalidad la de proporcionar al Juez de Distrito el mayor número de elementos que tiendan al dictado de una sentencia más justa y apegada a la realidad de los hechos; la omisión de estas obligaciones llevan a determinar la reposición del procedimiento a fin de que el juzgador de amparo requiera a las autoridades omisas cumplan con el deber impuesto por la ley y, en su caso, aperciba a éstas con la imposición de la multa correspondiente por desacato."

Ahora bien, la facultad de los Jueces de Distrito para imponer multas a las partes, durante la substanciación del juicio de garantías, puede actualizarse por dos tipos de conductas.

Uno de naturaleza positiva que se actualiza por la promoción del juicio de amparo o la interposición de los recursos e incidentes que establece la ley de la materia. Otro de carácter pasivo, que se traduce en omisiones que, a su vez, constituyen incumplimiento de obligaciones procesales.

En cuanto a la segunda hipótesis, que es la relacionada con el tema de contradicción, la Ley de Amparo prevé, de modo principal, las siguientes conductas omisivas, sancionables con multa:

I) Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables, están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esta obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. (Artículo 74, fracción IV).

II) La falta o deficiencia de los informes con justificación en el recurso de queja, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario. (Artículo 100).

III) Cuando el peticionario del amparo omita presentar la ratificación de la demanda presentada por medio del telégrafo, quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá multa de tres a treinta días de salario. (Artículo 119).

IV) Si la autoridad responsable no rinde el informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada de las constancias que apoyen dicho informe, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. (Artículo 149).

V) La omisión de la autoridad responsable de informar al tribunal al que haya remitido la demanda, la fecha de notificación de la resolución reclamada, se sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. (Artículo 164).

VI) Si la autoridad responsable no remite al Tribunal Colegiado la copia certificada de constancias,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3551-71dde315/multa-prevista-en-el-articulo-224-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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