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INHABILITACION COMO SANCION ADMINISTRATIVA Y COMO PENA. INHABILITACION DE SERVIDORES PUBLICOS COMO SANCION POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. SU IMPOSICION CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LEY FEDERAL DE. SU ARTICULO 56, FRACCION V, QUE ESTABLECE LA INHABILITACION COMO SANCION ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LOS ARTICULOS 21 Y 49 CONSTITUCIONALES. RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 237/94. · Registro digital (IUS): 3578
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FEDERICO VERA COPCA Y OTRO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, , Pág. 94.

AMPARO EN REVISION 237/94. FEDERICO VERA COPCA Y OTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el a quo en relación con los actos reclamados del auditor general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como tampoco lo es el amparo concedido a los quejosos por vicios propios del acto de aplicación que se hizo consistir en la resolución de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y tres dictada por el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, porque tales determinaciones no fueron recurridas por las partes a quienes pueden perjudicar.

SEXTO. En su único agravio sostiene el tesorero de la Federación, que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 76 a 78 y 192 de la Ley de Amparo, al tener por cierto el acto que de dicha autoridad se reclamó, siendo que con las constancias de autos no está demostrada su existencia y que los quejosos no desvirtuaron la negativa del mismo contenida en su informe justificado, por lo cual resultaba aplicable la tesis jurisprudencial invocada en su recurso con el título: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."

Es ineficaz este agravio, toda vez que la recurrente no contradice la razón que adujo el Juez de Distrito para estimar desvirtuada su negativa del acto reclamado, en términos del considerando primero del fallo en la parte que textualmente dice:

"En el mismo sentido, deben considerarse ciertos los actos reclamados que se atribuyen al tesorero de la Federación, pues no obstante que dicha autoridad negó su existencia, ello queda desvirtuado con la copia certificada de la resolución de quince de junio de mil novecientos noventa y tres, de la que se advierte que en el octavo punto resolutivo se ordena a la Tesorería de la Federación dé cumplimiento al quinto punto resolutivo, esto es, hacer efectivas las multas que les fueron impuestas a los quejosos (foja 97)."

Si el Juez de Distrito expresa con claridad que la existencia del acto reclamado quedó acreditada con la propia resolución que finca responsabilidad administrativa a los quejosos, y la autoridad recurrente se limita a contradecir la conclusión del juzgador, haciendo una referencia imprecisa a las constancias de autos, sin referirse específicamente a la prueba en que se apoya la parte relativa de la sentencia, resulta claro que el agravio hecho valer es ineficaz, porque no desvirtúa los motivos y fundamentos del fallo impugnado.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia publicadas con los números ciento dieciséis y ciento diecisiete de la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, páginas ciento ochenta y nueve y siguiente, que dicen:

"AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."

"AGRAVIOS. NO LO SON LA AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que le hayan fundado."

Al resultar ineficaz el único agravio expresado por el tesorero de la Federación, toca examinar los agravios aducidos por el presidente de la República.

SEPTIMO. Para proceder al análisis de los agravios expresados por el Ejecutivo Federal, todos ellos orientados a demostrar que los artículos reclamados en el presente juicio no violan los artículos 21 y 49 constitucionales, es menester precisar los términos en que quedó planteada la litis en el juicio de amparo.

En el juicio se reclaman los artículos 53, fracción VI y 56, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformados por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, con motivo de su aplicación en la resolución administrativa de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y tres, por virtud de la cual el secretario de la entonces Contraloría General de la Federación les fincó responsabilidad administrativa por su actuación como servidores públicos y les impuso, entre otras, la sanción de inhabilitación para ocupar y desempeñar otros cargos públicos, al tenor de los considerandos quinto y sexto, así como resolutivo cuarto de dicha resolución, que a la letra dicen:

"V. Previa valoración que se hizo de las documentales ofrecidas por los presuntos responsables en términos de los artículos 79, 86, 93, 129, 130, 197, 200, 202 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en los asuntos de la presente naturaleza, es de concluirse que: Queda plenamente acreditada la responsabilidad atribuida al C. Federico Vera Copca, en cuanto a que celebró el contrato de subrogación de servicios denominado `entrega y recolección de correspondencia', junto con los dos convenios, con el C. José Alejandro García Limón, sin verificar la veracidad de los datos proporcionados por este último, el cual no contaba con el registro como proveedor de la Administración Pública Federal, requisito sin el cual el contrato, los convenios y todo lo derivado de ellos, sería nulo de pleno derecho, asimismo, queda debidamente acreditado que no verificó que los controles administrativos respecto de la prestación del servicio se realizaran apegados a lo establecido en el Manual de Organización del Departamento de Servicios Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de que no verificó que los pagos realizados al prestador de servicios estuvieran soportados documentalmente, causando con su proceder un daño patrimonial al Instituto por $ 598'963,546.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), irregularidades que se acreditaron conforme a las copias certificadas del contrato, de los convenios, del registro posterior del prestatario como proveedor, de los manuales y del resultado obtenido por la auditoría practicada, en términos del considerando anterior.

"Queda plenamente acreditado que el C. Gustavo Munguía Jiménez, participó en la celebración del contrato de subrogación cuyo propietario no contaba con el registro de proveedor, además de no haber supervisado ni verificado su debido cumplimiento, irregularidades que causaron un daño patrimonial al Instituto citado por $ 598'963,546.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), lo que se dedujo de la misma documentación referida conforme a los razonamientos señalados en el considerando anterior.

"VI. Por todo lo anterior y conforme a lo dispuesto en los artículos 53, fracciones IV, V y VI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y toda vez que los servidores públicos en cuestión, no lograron desvirtuar las respectivas responsabilidades que se les imputaron en términos de los correspondientes oficios de citación, para el desahogo de la audiencia administrativa de ley, es procedente imponerles las siguientes sanciones dada su participación...

"2. Asimismo, deberá imponerse la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de ocho años, a los CC. Federico Vera Copca, Arturo Chena Yarce, Gustavo Munguía Jiménez y... sanciones que deberán imponerse por las razones expuestas en el punto anterior, debiendo hacerse efectivas por el superior jerárquico en términos de lo preceptuado por los artículos 56, fracciones II, IV y V, y el 75 del ordenamiento antes citado.

"CUARTO. Con apego a lo establecido en el artículo 53, fracción VI del ordenamiento citado, se impone la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de ocho años, a los CC. Federico Vera Copca, Arturo Chena Yarce, Gustavo Munguía Jiménez y... sanción que surtirá efectos en los términos de los artículos 56, fracción V y 75 de dicho ordenamiento..."

Los conceptos de violación expresados por los quejosos en lo que concierne a la ley se dirigieron, específicamente, en contra de la parte final del artículo 56, fracción V de la Ley citada porque estiman que esta norma, al facultar a la autoridad administrativa a imponer, mediante resolución del mismo género, la sanción de inhabilitación, viola los artículos 21 y 49 constitucionales que reservan a la autoridad judicial la imposición de penas.

Este concepto fue declarado fundado por el Juez de Distrito, quien apoyándose en diversas razones tanto de orden constitucional como legal y doctrinario, estimó que la facultad que la Ley reclamada dispone en favor de la administración para inhabilitar a los servidores públicos quebranta efectivamente la garantía del artículo 21 de la Constitución Federal y el sistema de división de poderes de su artículo 49, porque se trata de una pena cuya imposición es facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial.

Ahora la autoridad recurrente estima que la sentencia viola en su perjuicio los artículos 77, 149 y 192 de la Ley de Amparo, por indebida interpretación de los preceptos reclamados en relación con los numerales 21, 49, 109 y 113 constitucionales; 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 24 del Código Penal Federal y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, atentos los siguientes argumentos:

1. No considera la diferencia existente entre la inhabilitación como sanción administrativa y la inhabilitación como sanción penal, ya que la primera no afecta los derechos políticos, civiles o de familia del funcionario público, por cuanto sus efectos se agotan en la esfera administrativa y en la esfera laboral conforme al artículo 5o. constitucional, que permite la limitación de la libertad de trabajo por resolución administrativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad, tal como ocurre con el incumplimiento por parte de los servidores públicos de sus deberes legales;

2. Al atribuir el carácter de pena trascendental a la sanción administrativa de inhabilitación, desconoce que desde el siglo pasado se entiende por aquella a la que sobrepasa a la persona del delincuente;

3. Omite analizar todas las disposiciones constitucionales que contemplan a la inhabilitación como una sanción administrativa por infracción a las leyes administrativas, específicamente el artículo 113 de la Ley Fundamental, que sirve de sustento a la Ley reclamada, conforme al cual la autoridad administrativa puede imponer la inhabilitación como sanción administrativa por violación a las leyes del mismo género; la apreciación de que la Ley reclamada viola el artículo 21 constitucional implica afirmar que el artículo 113 del mismo ordenamiento fundamental también lo contraviene;

4. La teoría constitucional que invoca no puede estar por encima del sistema establecido en los artículos 108 a 114 de la Constitución, en particular del 109, conforme al cual las responsabilidades política, penal, administrativa y civil de los servidores públicos se determinan mediante procedimientos autónomos entre sí por virtud de los cuales pueden imponerse a los servidores públicos diversas sanciones también independientes unas de otras, con la única limitación de que por una misma conducta no se apliquen dos sanciones de la misma naturaleza;

5. Las sanciones administrativas y las penales pueden coincidir en su denominación, pero su diferencia debe buscarse en el ilícito que les da origen, de modo que no se quiebra el principio de división de poderes porque la inhabilitación esté prevista como sanción administrativa en los preceptos reclamados y como pena en el artículo 24 del Código Penal Federal;

6. No está fundada la afirmación de que la doctrina de derecho administrativo al abordar el tema de las responsabilidades de los servidores públicos no se refiere a la inhabilitación como sanción, porque los textos que se invocan son anteriores a las reformas al Título Cuarto de la Constitución;

7. Aun cuando los artículos 109 y 110 constitucionales se refieren al juicio político, no sucede lo mismo con el artículo 113 de la misma, porque establece como regla general que las leyes sobre responsabilidades administrativas determinarán las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos para detectar las infracciones que cometan, las autoridades competentes y las sanciones correspondientes, entre las que está expresamente prevista la inhabilitación como sanción de naturaleza administrativa;

8. Los preceptos reclamados no autorizan a cualquier órgano del Estado a imponer la sanción de inhabilitación, sino a la autoridad que en el ámbito administrativo esté facultada para hacerlo previo el procedimiento de investigación y de audiencia, la que conforme a los artículos 64, 68 y 75 de la Ley reclamada es la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (ahora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo); y,

9. La reforma del año de mil novecientos noventa y dos, por virtud de la cual se abandonó el texto original del artículo 56, fracción V de la Ley de que se trata, según el cual la inhabilitación debía imponerse por "resolución jurisdiccional", no implica la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, ya que esa expresión del legislador no se refería a la necesaria intervención de un tribunal ni al trámite de un juicio en sede judicial, sino tan sólo a la naturaleza material de la decisión que pronunciara la autoridad administrativa al resolver la situación del servidor público, una vez sustanciado el procedimiento administrativo con todas las formalidades necesarias para la audiencia del afectado y el debido proceso legal; a este respecto, es aplicable el precedente invocado en el informe justificado, pues en el mismo no se examinan sólo cuestiones de legalidad, sino se interpreta la locución "resolución jurisdiccional".

Son parcialmente fundados los agravios de la autoridad, pues los artículos reclamados no incurren en la violación aducida en la sentencia, al disponer:

"ARTICULO 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

"I. Apercibimiento privado o público;

"II. Amonestación privada o pública;

"III. Suspensión;

"IV. Destitución del puesto;

"V. Sanción económica; e

"VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

"Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

"Para que una persona que hubiese sido inhabilitada en los términos de ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría en forma razonada y justificada de tal circunstancia.

"La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado."

"ARTICULO 56. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas:

"...

"V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente..."

La interpretación que corresponde a estos preceptos debe establecerse considerando su conexión con los demás artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigentes en la época en que se produjo el acto de aplicación, y que en lo conducente dicen:

"ARTICULO 1o. Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto constitucional en materia de:

"I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;

"II. Las obligaciones en el servicio público;

"III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;

"IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones;

"V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero; y

"..."

"ARTICULO 3o. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:

"...

"II. La Secretaría de la Contraloría General de la República..."

"ARTICULO 4o. Cuando los actos u omisiones materia de las acusaciones queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo anterior turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza."

"ARTICULO 46. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley."

"ARTICULO 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas:

"..."

"ARTICULO 48. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

"Para los mismos efectos, se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se le atribuya a través de la contraloría interna de su dependencia."

"ARTICULO 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

"I. Apercibimiento privado o público;

"II. Amonestación privada o pública;

"III. Suspensión;

"IV. Destitución del puesto;

"V. Sanción económica;

"VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público..." (Es la reclamada, ya se transcribió).

"ARTICULO 54. Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

"I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella;

"II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

"III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;

"IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

"V. La antigüedad del servicio;

"VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y,

"VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones."

"ARTICULO 56. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 50 se observarán las siguientes reglas:

"I. El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por el superior jerárquico;

"II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas;

"III. La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se refiere la fracción I, y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el superior jerárquico;

"IV. La Secretaría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y III, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la Secretaría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectiva al superior jerárquico;

"V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente; y (es la reclamada).

"VI. Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando el monto del lucro obtenido o del daño o perjuicio causado, no exceda de cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal y por la Secretaría cuando sean superiores a dicho monto."

"ARTICULO 57. Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la contraloría interna de su dependencia los hechos que, a su juicio, san causa de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección.

"La contraloría interna de la dependencia determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará, por acuerdo del superior jerárquico, las sanciones disciplinarias correspondientes.

"En lo que respecta a las entidades, la denuncia a que se refiere el primer párrafo de este artículo será recibida por el coordinador sectorial correspondiente.

"El superior jerárquico enviará a la Secretaría copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, la Secretaría deba conocer el caso o participar en las investigaciones."

"ARTICULO 60. La contraloría interna de cada dependencia será competente para imponer, por acuerdo del superior jerárquico, sanciones disciplinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, las que están reservadas exclusivamente a la Secretaría, que comunicará los resultados del procedimiento al titular de la dependencia o entidad. En estos casos, la contraloría interna, previo informe al superior jerárquico, turnará el asunto a la Secretaría."

"ARTICULO 62. Si de las investigaciones y auditorías que realice la Secretaría apareciera la responsabilidad de los servidores públicos, informará a la contraloría interna de la dependencia correspondiente o al coordinador sectorial de las entidades, para que proceda a la investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de responsabilidades mayores cuyo conocimiento sólo compete a la Secretaría, ésta se avocará directamente al asunto, informando de ello al titular de la dependencia y a la contraloría interna de la misma para que participe o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades."

"ARTICULO 75. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden público.

"Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la ley correspondiente.

"Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a esta materia."

De la interpretación conjunta de estos preceptos pueden desprenderse las siguientes premisas:

1. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula, en la parte que interesa, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos derivada de la infracción de sus deberes funcionales;

2. Esta responsabilidad da lugar a la imposición de diversas sanciones que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación; y

3. Dichas sanciones se imponen por resolución de las propias autoridades administrativas, ya sea la Secretaría de Estado encargada del sistema global de control, antes llamada de laContraloría General de la Federación, ahora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, o los superiores jerárquicos de los servidores responsables -titulares de las dependencias o coordinadores de sector- aunque tratándose de los servidores públicos incorporados al servicio como trabajadores de base, su destitución deberá demandarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Si de acuerdo con lo expuesto, corresponde a las autoridades administrativas imponer y hacer efectivas las sanciones a los servidores públicos responsables (salvedad hecha de la destitución en el caso antes señalado) y la inhabilitación es una de tales sanciones, debe concluirse por tanto que la expresión empleada en el artículo 56, fracción V en cita, en el sentido de que la inhabilitación "será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente", debe entenderse referida a la autoridad administrativa a quien, de acuerdo con la distribución de competencias entre los sujetos encargados de la aplicación de dicha Ley, le esté asignada la atribución de imponerla, de acuerdo con los criterios relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y demás circunstancias que se previenen en la propia Ley.

Sentado pues que la inhabilitación sólo puede ser impuesta por las autoridades administrativas antes identificadas, como afirma la autoridad en sus agravios (inciso 8 de la síntesis precedente) y no por cualquier órgano del Estado, debe examinarse si esta atribución de las autoridades administrativas es contraria al texto constitucional, para lo cual es necesario transcribir en lo conducente, por una parte, el artículo 21 de la Ley Fundamental y, por otra, los artículos que conforman su Título Cuarto denominando "De las responsabilidades de los servidores públicos".

"ARTICULO 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa..."

"ARTICULO 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones..."

"ARTICULO 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

"I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

"No procede el juicio político por la mera expresión de ideas;

"II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

"III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

"Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

"Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se debe sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

"Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo."

"ARTICULO 110. Podrán ser sujetos de juicio político los servidores y diputados...

"Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier natura

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3578-b0f4a14b/inhabilitacion-como-sancion-administrativa-y-como-pena-inhabilitacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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