NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDENCIA CONCLUIDO EL JUICIO.
AMPARO EN REVISIÓN 237/98. JESÚS FRANCO ROCHA Y OTRA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son infundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente.
En efecto, el representante común del recurrente, alega que el Juez de Distrito, al sobreseer en el juicio de garantías por surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al argumentar que el acto reclamado era susceptible de apelación, y que previamente debió de haber agotado tal recurso, en inexacta aplicación de los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, no tomó en cuenta que cuando se le planteó el incidente de nulidad de actuaciones, el juicio natural se encontraba en ejecución de sentencia, y por tanto, no es recurrible en apelación de conformidad con el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley mercantil, por lo que no se da la causa de improcedencia en que se apoyó y deberá revocarse la sentencia y dictar una nueva en la que se conceda el amparo solicitado.
Por su parte el Juez de Distrito en la sentencia recurrida resolvió:
1) Que debía sobreseerse en el juicio de garantías, por advertirse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
2) Que el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo del año actual, emitida en el juicio ejecutivo mercantil número 1121/91, promovido por Unión de Crédito Comercial de Sonora, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Jesús Franco Rocha y Margarita Valenzuela Clark de Franco, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por estos últimos, a partir de la notificación del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
3) Que de las constancias que integran el juicio de origen, concretamente de la sentencia definitiva de la cual deriva el incidente cuya resolución constituye el acto reclamado, se desprende que el juicio es de carácter mercantil, cuyo interés excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de su interposición, ya que la condena asciende a la cantidad de $810,000.00 (son: ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.), actuales, por concepto de suerte principal.
4) Que si en contra de la interlocutoria reclamada, los impetrantes de garantías no interpusieron el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1341 del Código de Comercio, no obstante ser parte en aquel procedimiento (demandados), en el cual fueron notificados para intervenir, es inconcuso que no agotaron el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.
5) Que al no interponer previamente el recurso o medio de defensa que la ley les concede con la posibilidad de que la resolución combatida fuere modificada, revocada o nulificada; se configura la causal de improcedencia aludida, y decreta el sobreseimiento en el juicio conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.
De lo antes precisado, como lo decidió el Juez de Distrito, en el caso, y atendiendo a la naturaleza mercantil del asunto, así como a su cuantía, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1336, 1337 y 1341 del Código de Comercio de vigencia en la época de instauración de la demanda, la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, que los quejosos promovieron en contra de la notificación de la sentencia definitiva, que arguyen es ilegal, resulta impugnable mediante el recurso de apelación, porque tal interlocutoria es de aquellos actos que causan un perjuicio o gravamen, que por tratarse precisamente de la notificación, en lo que a ellos concierne, de la sentencia que resolvió el fondo del asunto, y que aun cuando tal notificación se controvierta después de que causó ejecutoria aquel fallo, no puede considerarse que se trate de actuaciones posteriores a su pronunciamiento, o sea de un acto derivado del periodo de ejecución, como lo quiere hacer ver el recurrente.
Luego, tal interlocutoria es recurrible en apelación conforme al artículo 1341, el cual tiene por objeto modificar, revocar o nulificar el acto que se someta a consideración del tribunal de apelación; por tanto, previamente al ejercicio de la acción constitucional el recurrente, debió de haber agotado dicho medio ordinario de defensa, y al no haberlo hecho así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y es correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.
Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia número 447 del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 297, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS.-El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.".
Asimismo, la tesis aislada número 11/94 común sustentada por este Tribunal Colegiado, del texto: "-Resulta correcto el sobreseimiento del juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición de la demanda de garantías el ahora recurrente debió haber agotado el medio de defensa respectivo en contra de la notificación de la sentencia, sin que sea óbice el hecho de que dicha sentencia haya causado ejecutoria, dado que el incidente de nulidad de notificación no se promovería en contra de actuaciones efectuadas dentro del juicio (como equivocadamente se pretende hacer valer), sino sobre un acto practicado con posterioridad al fallo, o sea, su incorrecta notificación, el cual obviamente sí es procedente interponer.".
Por otra parte, no resulta aplicable el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que versa: "Artículo 419. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles.", que invoca el agraviado, porque de su texto se advierte que se refiere al caso en que se trate de actuaciones practicadas dentro del procedimiento de ejecución, como procedimiento autónomo; además de que el Código de Comercio, al respecto establece el procedimiento a seguir en cuestión del recurso de apelación.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 338, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página doscientos veintisiete, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995 del rubro: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL.-Tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil.".
Por otro lado, no es atendible la tesis de jurisprudencia que refiere bajo el rubro de "NULIDAD DE PROCEDENCIA.", porque no cumple con los requisitos que como parte en el juicio de amparo le impone el artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que no es factible identificarla por carecer de datos suficientes para ello.
En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo número 463/98-II.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías número 463/98-II, interpuesto por Jesús Franco Rocha y Margarita Valenzuela Clark de Franco, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados Jaime Raúl Oropeza García, Eduardo López Pérez y Lucila Castelán Rueda, siendo ponente la última de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5208-8ab508c2/nulidad-de-actuaciones-procedencia-concluido-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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