DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.
AMPARO EN REVISION 1709/89. GRES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- Se hace innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia recurrida y la totalidad de los agravios expresados por la parte inconforme, toda vez que en la especie se ha encontrado una omisión de orden procesal que impone ordenar la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 91.- El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: (...) IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; (...)"
En efecto, al expresar el primer concepto de violación, la quejosa señaló lo siguiente:
"...el primer acto concreto de aplicación que se reclama es la declaración anual o del ejercicio del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, interpuesta con fecha 4 de abril de 1988, respecto del transcurrido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1987, ante la Secretaría de Hacienda responsable, por conducto de la Oficina Federal de Hacienda ubicada en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, en que se determina un impuesto del ejercicio en cantidad de $13'647,588.00, con pérdida en título II de $362'273,494.00 y utilidad en título VII de $40'617,823.00."
Al precisar el capítulo de autoridades responsables, la parte quejosa mencionó, entre otras, al jefe de la Oficina Federal de Hacienda Número 150, pero omitió señalar expresamente al titular de la Oficina Federal de Hacienda Subalterna de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, lo que originó que dicha autoridad no fuera llamada a juicio, según se advierte de la copia al carbón de los oficios 23874 a 23881 girados a las autoridades responsables (foja 117 del sumario), que contiene la inserción del auto de doce de agosto de mil novecientos ochenta y ocho por el que se admite la demanda de garantías y se solicitan los informes justificados correspondientes.
Por su parte, al producir su informe justificado el jefe de la Oficina Federal de Hacienda Número 150 negó los actos reclamados (respecto de los cuales fue sobreseído el juicio) y aclaró que la declaración formulada por la quejosa, fue presentada ante la Oficina Subalterna Federal de Hacienda en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, tal y como puede apreciarse de la transcripción del siguiente fragmento:
"No son ciertos los actos que se reclaman de esta autoridad, en virtud de que no se ha girado ni ejecutado orden alguna ni se ha emitido acto tendiente a la aplicación del Decreto del 27 de diciembre de 1986 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 del mismo mes y año. Asimismo se señala que tampoco es cierto el que se hayan emitido ni recibido en esta oficina, de la quejosa, las formas de declaración definitiva necesarias para efectuar el entero del impuesto sobre la renta, causado en el ejercicio fiscal de 1987. Por otro lado se hace la aclaración de que la declaración citada fue presentada por la quejosa en la Oficina Subalterna Federal de Hacienda en Santa Ana Chiautempan, Tlax., que aunque depende de esta Oficina Federal de Hacienda No. 150 de la ciudad de Tlaxcala es otra autoridad."
Ahora bien, esta Segunda Sala ha sostenido que cuando del análisis integral de la demanda se advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable, debe prevenirse a la parte quejosa para darle oportunidad a regularizarla, según puede apreciarse de la tesis XXIV/96, aprobada en sesión privada de doce de abril de mil novecientos noventa y seis, cuyo rubro y texto es el siguiente:
"- Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si señala o no como responsable a la referida autoridad y, de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición."
En este sentido, asiste la razón al recurrente cuando afirma en su segundo agravio que se le causa indefensión por lo siguiente:
"2.- Procede la revocación de la sentencia recurrida para el efecto de que sea repuesto el procedimiento del juicio dentro de la primera instancia. Resulta ya de explorado derecho que la demanda de amparo constituye un todo que debe analizarse íntegramente y no con un criterio formalista cerrado que propicie la indefensión de los quejosos. Al efecto son aplicables los precedentes que siguen: jurisprudencia número 7 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 19 de la Sexta Parte del Apéndice de jurisprudencia 1917-1975, que a la letra dice: `ACTOS RECLAMADOS, SEÑALAMIENTO DE LOS.- La Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que el señalamiento de los actos reclamados se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto. De ello se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a señalar los actos reclamados en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben estimarse como actos reclamados todos los que con tal carácter aparezcan en la demanda, aunque no estuvieren señalados en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se mencione un acto y se le impugne como violatorio de garantías, para que se le deba considerar acto reclamado.' Jurisprudencia número 16 del propio Tribunal Colegiado, consultable a foja 30 de la misma Sexta Parte, que a la letra dice: `AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS.- Si en alguna parte de la demanda se señala a una autoridad diciéndose que de ella procede un acto, y si ese acto es impugnado en la propia demanda, como violatorio de garantías, no puede decirse, sin incurrir en un formalismo exagerado, que dicha autoridad no fue señalada como responsable en la demanda, por no habérsele mencionado en el capítulo destacado de `autoridades responsables', pues para satisfacer los requisitos que debe llenar una demanda, la ley no exige formalismos solemnes. Así pues, tal autoridad debe en principio ser llamada al juicio a defender la constitucionalidad de su acto, y la sentencia debe ocuparse de ella y del acto que realizó.' Adicionalmente, del propio tribunal, el precedente consultable a foja 192 del Tomo IV de la obra `TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, CUARENTA Y CINCO AÑOS', editado por este órgano jurisdiccional, que dice: `PARTES EN EL JUICIO. LO SON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO RECLAMADO. DEMANDA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE EN SU TOTALIDAD.- Si se expresa en el cuerpo de la demanda de garantías que el acto que se reclama emanó de otra autoridad, tal circunstancia es suficiente para que le devenga el carácter de autoridad responsable y sea llamada a juicio, toda vez que la demanda de amparo, por ser un todo, debe examinarse en su integridad para determinar qué autoridades tienen el carácter de responsables y lo que realmente constituyen los actos reclamados, no debiéndose, en consecuencia, ceñir exclusivamente a los capítulos `autoridades responsables' y `actos reclamados', ya que no solamente deben reputarse o tenerse como tales los que se comprenden en las secciones respectivas del libelo de amparo que lleven tal rubro, sino también las que se determinen en el cuerpo de la demanda, sin que influya el que lo sea en el capítulo de antecedentes, conceptos de violación o cualquier otro del escrito del caso.' Todos estos criterios se han reiterado constante y consistentemente por la Suprema Corte, resultando de ello indicativo el precedente que corresponde a la Segunda Sala y que es consultable a foja 85 de la Segunda Parte del Informe 1981 del presidente del Supremo Tribunal, bajo este texto: `ACTO
RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR EL.- No obstante que algún acto propuesto como materia del amparo no se incluya en el apartado de la demanda relativo a los actos reclamados, atento al criterio de esta Suprema Corte de Justicia, si del análisis integral del escrito de la demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, en capítulo especial, dentro de los conceptos de violación se señale dicho acto como lesivo de garantías individuales, resulta correcto el estudio que se haga de la constitucionalidad del mismo, teniéndolo como acto reclamado, en virtud de que la demanda debe contemplarse como un todo.' Como consecuencia de que el Juez de Distrito no comprendió lo anterior, dejó de considerar el contenido del segundo antecedente y del primer concepto de violación de la demanda, en relación con sus capítulos de acto reclamado y de autoridades responsables; hizo caso omiso de las constancias que obran en los autos y no llamó a juicio, ni para tal efecto nos previno que presentásemos una copia adicional de la demanda requerida para el traslado, al titular de la Oficina Federal de Hacienda Subalterna de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, no obstante que la quejosa la precisó como la autoridad ejecutora que recibió la declaración anual reclamada y que se combatieron absolutamente todos los efectos y consecuencias de los actos específicamente impugnados, respecto de la totalidad de las autoridades mencionadas en el libelo, dentro de las que se encuentra esta subalterna. El Juez dejó de considerar lo precisado dentro del segundo antecedente y del primer concepto de violación de la demanda, en relación con el capítulo de acto reclamado. Así, para evitar la indefensión de una responsable que necesariamente debió ser oída y para que le pare perjuicio la sentencia que resuelva el caso, porque la quejosa la involucró evidentemente en la contienda constitucional y le atribuyó e imputó específicamente actos reclamados, ha lugar a la revocación del fallo inferior y a la reposición del procedimiento para el efecto exclusivo de que se emplace a juicio a dicha ejecutora subalterna y se le dé oportunidad de defenderse; esto conviene a los intereses de la quejosa, además, porque de no obrarse como se indica, quedará colocada en estado de indefensión si se estimare que, de obtener la sentencia de amparo no constreñiría a la Federal de Hacienda que de manera territorial más inmediata la controla, siendo esta autoridad quien tendría, en su caso, que devolverle los impuestos pagados indebidamente."
En estas condiciones, tomando en consideración que la misma parte quejosa lo solicita, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito prevenga a la parte quejosa, con el objeto de que en el término de tres días aclare su demanda en relación con el titular de la Oficina Federal de Hacienda Subalterna de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala y, en su caso, exhiba la copia de traslado respectiva, con los apercibimientos de ley.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se ordena la reposición del procedimiento en los términos precisados en la parte final del segundo considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3636-3a9fae1a/demanda-de-amparo-si-de-su-analisis-integral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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