ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONOMICA. EL ARTICULO 19 DE LA LEY RELATIVA NO ES INCONSTITUCIONAL AL COMPRENDER TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS.
AMPARO EN REVISION 349/88. GRISI HERMANOS, S. A.
CONSIDERANDO:
SEPTIMO. Este Tribunal Pleno examinará únicamente el segundo agravio expresado por la quejosa, toda vez que solamente en éste se plantean cuestiones relativas a la constitucionalidad de la Ley reclamada.
La parte que interpone esta revisión alega que el Juez del amparo incurre en una falta de apreciación de los razonamientos expuestos por ella en sus conceptos de violación, en lo que corresponde a la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 19 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, sosteniendo sustancialmente que las atribuciones conferidas al Presidente de la República deben estar consagradas en un ordenamiento perfectamente definido y fundamentadas en la facultad reglamentaria que le confiere la Constitución General de la República; que la ley impugnada en sí misma no regula la conducta o situaciones de los particulares, por lo que necesariamente el Ejecutivo Federal deberá tipificar, en otras disposiciones, aquellas conductas o actuaciones que pudieran considerarse como ilícitas.
Oportuno es señalar, en primer término, que son irrelevantes los argumentos vertidos en relación al artículo 13 de la ley impugnada, en virtud de que respecto al mismo procede sobreseer en el juicio, conforme a lo razonado en el considerando anterior.
Ahora bien, es infundado el agravio sintetizado. En efecto, carece de razón la empresa recurrente porque de la sentencia combatida se observa que el Juez de Distrito apreció debidamente los conceptos de violación hechos valer, dado que el destino de una ley, por cuanto a los obligados a cumplirla, no deriva del examen parcial de sus artículos, pues si bien la ley impugnada efectivamente concede facultades al Ejecutivo Federal, los destinatarios de la norma son las personas físicas o morales que se dedican a las actividades industriales o comerciales expresadas en el artículo 1o. del ordenamiento legal en comento. Contrariamente a lo argumentado por la peticionaria de garantías, debe decirse que la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, no contiene como propósito exclusivo el regular facultades del Ejecutivo Federal, pues lo contrario se advierte de lo establecido por el citado artículo 1o. de ese ordenamiento, en donde expresamente se determina que las disposiciones de esa ley se enderezan hacia aquellas personas que efectúan actividades industriales o comerciales, relacionadas con la producción o distribución de las mercancías que en ese apartado se precisan y entre ellas se encuentra la farmacéutica, que es precisamente la actividad de la quejosa; por tanto se pone en evidencia que la ley en comento también tiende a regular directamente las hipótesis antes referidas, y si el artículo 19 de esa ley prevé que la Secretaría de Comercio debe establecer servicios de inspección y vigilancia para cerciorarse que se han cumplido los presupuestos de esta ley, tal disposición es congruente con el propósito fundamental de la misma que es el económico. Consecuentemente, es lógico que el ordenamiento comprenda tanto a los gobernados a quienes se les va a aplicar, como a las autoridades a quienes les corresponde dictar o aplicar las medidas previstas para su debido cumplimiento, sin que los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal establezcan principio alguno que impida que tales disposiciones se contemplen en una sola ley, independientemente de la denominación que se le dé, pues su título no rige el verdadero sentido o finalidad del ordenamiento.
Por otra parte, sostiene la recurrente que es errónea a la afirmación del Juez del Distrito al establecer que la propia ley autolimita la actuación del titular del Ejecutivo Federal, porque, según alega la quejosa, las autoridades responsables realizan no sólo actos de inspección o vigilancia para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de control de precios, sino también llevan a cabo la imposición de sanciones contrarias a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. Este agravio es de igual manera infundado, porque como con acierto lo estimó el Juez Federal, si bien en el artículo 19 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica se contemplan hipótesis normativas que establecen conductas a cargo de los gobernados, como son el que proporcionen a la Secretaría de Comercio los libros, papeles, informes y datos que se le requieran por escrito, así como el permitir el acceso a los establecimientos al personal comisionado para la práctica de la inspección, ello tiene como finalidad el determinar el marco de facultades conferidas al titular del Poder Ejecutivo Federal para evitar que estableciera cargas mayores a los particulares, sujetando precisamente la facultad reglamentaria de ese titular a los términos indicados. En este orden de ideas, se concluye que el artículo 19 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, no es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.
Idéntico criterio sostuvo este propio Pleno al resolver con fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa, el ya mencionado amparo en revisión número 1731/88, en el que por mayoría de quince votos de los señores Ministros Magaña Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y González Martínez, decidió negar el amparo a Laboratorios Promeco de México, S. A. de C. V., respecto del artículo 19 de la ley referida, invocándose como precedentes las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión números 7926/87, resuelto por este Tribunal Pleno el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de veintiún votos; 1349/88, resuelto por unanimidad de veinte votos en sesión de veintidós de septiembre del citado año, y 912/88, resuelto por unanimidad de dieciocho votos en sesión de fecha seis de octubre del mismo año.
Resulta aplicable la tesis P. X/90 de este Tribunal Pleno publicada en las páginas cuarenta y cinco a cuarenta y seis de la Gaceta número 33 del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONOMICA. EL ARTICULO 19 DE LA LEY RELATIVA NO ES INCONSTITUCIONAL AL COMPRENDER TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS. La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica no tiene como propósito exclusivo establecer facultades del Ejecutivo Federal, pues lo contrario se advierte del contenido del artículo 1o. de ese ordenamiento, que expresamente determina que las disposiciones de esa ley se dirigen hacia aquellas personas (físicas o morales) que efectúan actividades industriales o comerciales, relacionadas con la producción o distribución de mercancías que en ese apartado se precisan. En tal virtud, es evidente que la ley en cuestión también regula las conductas de los particulares cuyas actividades se encuentran en las hipótesis antes referidas, y si el artículo 19 de ese ordenamiento legal prevé que la Secretaría de Comercio debe establecer servicios de inspección y vigilancia para cerciorarse que se han cumplido las normas contenidas en dicha ley, es claro que tal disposición es congruente con el propósito fundamental de la misma. Consecuentemente, es lógico que el ordenamiento de que se trata comprenda como sujetos tanto a los gobernados a quienes se les va a aplicar, como a las autoridades a quienes corresponde dictar o aplicar las medidas previstas para su debido cumplimiento, lo cual no viola los principios consagrados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal".
Por otra parte, en el agravio relacionado con la inconstitucionalidad alegada por la sociedad mercantil quejosa, ésta hace valer que es inexacta la estimación del Juez del Distrito en el sentido de que los artículos 13 y 19 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica no contravienen la garantía de libertad de industria contenida en el artículo 5o. constitucional. En relación con este agravio se reitera en primer lugar que no se analizará lo concerniente al artículo 13 de la Ley reclamada porque, de acuerdo con las razones expresadas, en cuanto a dicho dispositivo legal lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías. Precisado lo anterior, se destaca que para concluir que el artículo 19 de la Ley referida no es violatorio del derecho individual previsto en el artículo 5o. de la Constitución General de la República, el Juez de Distrito consideró que aquel precepto de la ley ordinaria no constituía una prohibición o impedimento para llevar a feliz término la actividad industrial a que se dedica la empresa quejosa, ya que en todo caso la procedencia o improcedencia de las sanciones que pudieran aplicárseles y que fueron perfectamente delimitadas por el Congreso de la Unión con el fin de que se constriñera al Ejecutivo Federal al emitir la reglamentación correspondiente, dependería de la actitud que asumiera con respecto a las disposiciones legales aplicables.
Ahora bien, lo razonado por el Juez Federal no es combatido por la recurrente con argumentaciones jurídicas suficientes para destruir dicho razonamiento, porque en el agravio enunciado ésta aduce que es incorrecta la consideración del a quo en virtud de que se demostró que en la especie no existió conducta dolosa o contraria a lo dispuesto por las leyes aplicables, específicamente en lo relativo a la ley que se impugna, por lo que lo aseverado por el juzgador es a todas luces improbable y en aras de una situación futura, pero no expresa argumento alguno que tienda a combatir la consideración toral que emite el Juez para establecer que el artículo 19 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica no contraviene la garantía consagrada en el artículo constitucional invocado, y que radica en que aquella norma no constituye una prohibición o impedimento para el desarrollo de la actividad industrial, ya que la procedencia o improcedencia de las sanciones dependerá de la conducta que despliegue la empresa inconforme en relación con los preceptos legales que resulten aplicables. Por consiguiente, lo razonado y determinado por el a quo acerca de la constitucionalidad del artículo 19 citado, por cuanto a la garantía de libertad de industria, debe subsistir ante la insuficiencia de agravios.
OCTAVO.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo, cuando en la revisión subsistan y concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un Tribunal Colegiado, aquélla resolverá exclusivamente el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del Tribunal referido. Ahora bien, en el agravio que se expresa en el apartado I el recurrente hace valer argumentaciones encaminadas a combatir el sobreseimiento que determinó el Juez de Distrito en el considerando sexto de la sentencia impugnada, acerca del acta de inspección que se señaló como acto reclamado, lo cual se combatió por vicios propios según se desprende de lo manifestado por la quejosa en la demanda de amparo, especialmente en el concepto de violación marcado con el número V, acta de inspección que es la número 259769 de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y siete, pues así se advierte de la copia al carbón que obra agregada a fojas veinticinco y veintiséis de los autos del juicio de amparo, y no la número 9130 de veintiuno de mayo del año citado, como erróneamente se mencionó en la sentencia recurrida; por otra parte, en el agravio número III la sociedad anónima que interpone este recurso alega que fue incorrecto que el a quo estimara infundado el sexto concepto de violación, en el que la peticionaria de garantías cuestionó la legalidad del acuerdo emitido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de mil novecientos ochenta y cinco, mediante el cual se adicionó el diverso acuerdo publicado en el propio diario oficial el diez de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Consecuentemente, al no referirse los agravios aludidos al problema de inconstitucionalidad de la ley federal que planteó la quejosa en su demanda de garantías, sino a cuestiones de legalidad relacionadas con los actos de las autoridades administrativas citadas, con base en el invocado artículo 92, así como en el 85, fracción II de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto en los numerales 44, fracción III, y 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se debe reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que se avoque al conocimiento de la parte de los agravios referidos.
Con base en todo lo expresado en los considerandos anteriores, lo que procede es modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión competencia de este Tribunal Pleno, y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado que se menciona.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara la caducidad de la instancia respecto de la revisión interpuesta por el inspector Horacio Vicencio del Angel, por lo que debe quedar firme el resolutivo tercero de la sentencia impugnada.
SEGUNDO.-Se modifica la sentencia recurrida en la parte que fue materia de la revisión, competencia de este Tribunal Pleno.
TERCERO.-Se sobresee en el juicio de garantías en relación con los actos consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 13 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, así como respecto de las autoridades y actos precisados en el resolutivo primero de la sentencia que se revisa.
CUARTO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Grisi Hermanos, Sociedad Anónima, en contra de los actos que reclamó del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Gobernación y Jefe del Departamento del Distrito Federal, consistente en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 19 de la ley citada en el resolutivo que antecede.
QUINTO.-Remítanse los autos, con copia de esta resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, para los efectos que quedaron precisados en el considerando octavo de esta sentencia.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución al Juez de Distrito del conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por unanimidad de diecisiete votos de los Señores Ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez. Fue ponente el señor Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ausentes los señores Ministros: Montes García, Castañón León y Llanos Duarte, por estar disfrutando de vacaciones.
Firman los CC. Presidente y Ministro ponente, con el secretario general de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/57-af46cb8d/atribuciones-del-ejecutivo-federal-en-materia-economica-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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