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Modo: Corpus Pro

PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL DOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA AL FIJAR LA BASE DEL IMPUESTO EN LAS CONTRAPRESTACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DEL INMUEBLE ATENDIENDO AL FACTOR 10.0.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 59/2003. · Registro digital (IUS): 17478
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SANBORN HERMANOS, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 1589.

AMPARO EN REVISIÓN 59/2003. SANBORN HERMANOS, S.A.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Para el examen de los conceptos de agravio propuestos, en principio, es menester destacar que la quejosa ejercitó la acción constitucional contra el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, cuya vigencia inició el primero de enero de dos mil dos. La norma fue combatida en su carácter de heteroaplicativa, esto es, con motivo de su acto concreto de aplicación actualizado al momento en que efectuó el pago del impuesto predial correspondiente al primer bimestre de dos mil dos, por diversos inmuebles de su propiedad.

En la sentencia, la Juez de Distrito desestimó la totalidad de las causas de improcedencia propuestas por las responsables; posteriormente, en el examen de fondo del asunto, detalló los principios generales de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, exponiendo enseguida las siguientes consideraciones fundamentales que constituyen el soporte medular de su fallo:

I. Apuntó la Juez que el procedimiento base rentas, previsto en la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, respeta el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que el hecho de considerar los productos obtenidos por dar en arrendamiento bienes inmuebles para determinar su valor catastral, no implica desatender la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues las contraprestaciones que se obtienen por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles resultan ser indicadores del valor del inmueble y, con ello, de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Así, precisa, se respeta el principio de proporcionalidad contributiva, ya que pagarán en mayor proporción aquellos sujetos que obtengan contraprestaciones más altas y en menor medida quienes obtengan menores productos, apoyando su determinación en las consideraciones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron origen a la tesis P./J. 61/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, página 75 que, en lo conducente, establecen:

"En el preinserto numeral se contempla el procedimiento para obtener la base del impuesto predial, es decir la cuantía sobre la que se determinará dicha contribución; se identifica la base con el valor catastral y se dan los lineamientos para determinar este último: desde el avalúo directo del inmueble, a la aplicación de los valores unitarios establecidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

"Asimismo, se establece un segundo procedimiento para determinar el valor catastral tratándose de inmuebles que se den en arrendamiento, y se especifica que deberá determinarse dicho valor catastral de conformidad con los dos procedimientos y el que resulte más alto, será la base del impuesto.

"En el segundo procedimiento establecido por el legislador en el numeral de que se trata, y que deben aplicar los propietarios o poseedores que den los bienes inmuebles en arrendamiento, es el que, según el recurrente, hace a la norma inconstitucional porque contradice los principios de proporcionalidad y de equidad consagrados por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

"...

"En efecto, si el objeto del gravamen es la situación que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal o la cosa a que está ligado el impuesto, es obvio que el objeto del impuesto predial es la propiedad o posesión de bienes inmuebles (del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él) como se señala en el artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal, y el hecho de que para la determinación de la base del tributo (cuantía sobre la que se determina el impuesto) haya que acudirse a los productos de los inmuebles cuando éstos se den en arrendamiento, no significa que no se atienda a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, sino únicamente significa que, en relación con los inmuebles dados en arrendamiento, el legislador toma en consideración, como indicador del valor del inmueble, dichos productos y de esa manera, la capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago del impuesto predial.

"De esa forma, no se transgrede el principio de proporcionalidad, toda vez que pagará más o menos impuesto quien obtenga más o menos productos de los bienes que se otorguen en arrendamiento, dentro de los límites establecidos por el propio numeral.

"Esto no significa que se modifique el valor de los inmuebles, lo que ocurre es que el legislador atiende a que incluso inmuebles idénticos y en lugar similar no tienen el mismo valor para el que los habita y para el que los arrienda; así como para el que los renta para negocio y para casa habitación. Es cierto que en este caso existe identidad en cuanto a que en ambos casos se renta el inmueble, sin embargo es lógico que el legislador trate de estimular la renta para habitación mediante un tributo menor, lo que constituye un fin extrafiscal que busca contribuir a la solución del problema de la vivienda, por lo que se explica ese trato preferente a quien rentó para habitación.

"En estas condiciones, no se ve cómo el impuesto predial sea desproporcional por la única circunstancia de señalar dos procedimientos para la determinación de la base, ya que es claro que el legislador sólo tomó como indicador aprobado del valor de los inmuebles, el monto de sus productos cuando los mismos son materia de un contrato de arrendamiento, de otra suerte interpretado se caería en la confusión de la base y del objeto del impuesto, los cuales, aun cuando pueden coincidir, no existe inconveniente jurídico alguno para que el legislador establezca procedimientos diversos para determinar la multicitada base.

"...

"Se aprecia del preinserto criterio que el legislador se vale de dos procedimientos para determinar la base del impuesto predial teniendo como fundamento para apreciar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, o bien el valor catastral de los predios afectados, o bien las rentas que éstos produzcan o puedan producir. Este sistema no autoriza para confundir la base del impuesto predial, cuando es el valor de las rentas, con el objeto o la fuente del ingreso, que es la propiedad o posesión de inmuebles."

II. Por otra parte, indicó la a quo, contrariamente a lo señalado por la quejosa, el procedimiento base rentas previsto en el precepto legal controvertido respeta el principio de equidad tributaria, pues aun cuando dicho precepto legal establece como base del impuesto predial una diversa para aquellos sujetos pasivos que dan en arrendamiento inmuebles, dicha circunstancia no implica que sea inequitativo, ya que la base gravable se aplicará tan sólo cuando resulte mayor de la determinada conforme a los procedimientos previstos en la fracción I del artículo 149 del código antes citado, lo anterior en razón de que se cuenta con un indicador más exacto del valor del inmueble, lo cual no puede ocurrir con otro tipo de contribuyentes. Al respecto, citó como soporte de su determinación las consideraciones, también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentadas para la emisión de la referida tesis P./J. 61/96, que sobre el tema tratado establecen:

"Por lo que se refiere al principio de equidad, también es respetado por el impuesto en cuestión, pues se da un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, en tanto que todos los sujetos pasivos del tributo que poseen o sean propietarios de bienes inmuebles que no se otorguen en arrendamiento, determinarán la base por el mismo procedimiento establecido en la ley o bien de conformidad con los valores unitarios determinados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, así como también todos los poseedores o propietarios de bienes inmuebles dados en arrendamiento, determinarán la base de conformidad con el procedimiento a que se refiere la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, recibiendo así un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, y variando únicamente en el monto del entero de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente."

III. Precisó que las reformas al artículo 115 constitucional, aplicables al Distrito Federal, no pretendieron restringir a las Legislaturas Locales para fijar tan sólo un procedimiento para el cálculo del impuesto predial, sino que la finalidad de tales reformas consistió en ajustar los valores unitarios de los inmuebles a los precios de mercado, logrando con ello que los Ayuntamientos obtuvieran mayores ingresos; de ahí que, por lo que respecta al procedimiento base rentas, no existe obstáculo jurídico alguno para que el legislador haya señalado tal procedimiento para determinar el valor catastral de un inmueble, pues no existe limitación alguna para que las legislaturas de las entidades federativas calculen el valor catastral de los inmuebles ajustándose únicamente al sistema de valores unitarios.

IV. Por otra parte, determinó la juzgadora que no asiste razón a la quejosa cuando sostiene que no existe un criterio objetivo por el que el legislador hubiera justificado, en el procedimiento base rentas, la aplicación del factor 10, pues del análisis integral de la exposición de motivos del decreto de reformas al Código Financiero del Distrito Federal, con vigencia a partir del primero de enero de dos mil dos, se advierte con claridad que no se pretendió el incremento de los impuestos a pagar durante el presente ejercicio fiscal, sino tan sólo se pretendió actualizar el monto de las contribuciones, para ello se atendió a lo señalado por el artículo 31 del Código Financiero del Distrito Federal.

V. Finalmente, la Juez determinó que también es ineficaz el argumento de la quejosa en el sentido de que el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal viola la garantía de audiencia al no permitirle aportar elementos para estar en aptitud de fijar, en conjunto con la autoridad administrativa, la base del impuesto, consistente en determinar el valor catastral del inmueble. Tal aserto lo apoyó en el hecho de que tratándose de contribuciones, dicha garantía se satisface con la posibilidad de que los gobernados las impugnen una vez que se ha efectuado la liquidación de la contribución correspondiente; en consecuencia, la garantía de audiencia no puede tener la finalidad de que los gobernados acudan ante las autoridades administrativas a fijar uno de los elementos de los impuestos. En ese tema, citó como aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 44, Primera Parte, página 29, cuyo rubro dice: "GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL.".

En consecuencia, apuntó la Juez, si no se demostró que el precepto legal reclamado sea conculcatorio de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria establecidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

De entre los agravios propuestos contra la sentencia, el expuesto en cuarto lugar por la recurrente es medularmente fundado y apto para revocar el fallo recurrido, sobre la base de las siguientes consideraciones:

En su argumento, la demandante sostiene que es inexacta la determinación de la Juez en el sentido de que el procedimiento para la determinación del impuesto predial, tratándose de inmuebles que se otorgan en arrendamiento, previsto en la norma impugnada, respeta el principio de proporcionalidad tributaria, en la medida en que, como lo sostuvo en su demanda de garantías, ese procedimiento genera que el impuesto se cause sobre una base inadecuada, ficticia, errónea e injusta, al no corresponder al valor real del inmueble por el que se paga el tributo.

Por otra parte, aduce la recurrente, también es desacertada la determinación de la a quo en el sentido de que la norma reclamada respeta el principio de equidad tributaria, ya que conforme al hecho generador de la carga fiscal prevista en el artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal, todos los propietarios de inmuebles causan el impuesto predial en relación con tales bienes; por virtud del procedimiento previsto por el artículo controvertido, aquellos que otorgan en arrendamiento sus inmuebles, aun estando en la misma hipótesis de causación que los propietarios, tienen un trato diferencial al tener que calcular el impuesto conforme a una base distinta de aquéllos, lo que redunda en un trato desigual a los contribuyentes con inmuebles iguales o similares.

Con excepción de lo anterior, cabe acotar, los demás argumentos que la quejosa propone en el agravio de que se trata tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de la norma, relacionados, por ejemplo, con la invasión de esferas competenciales entre la Federación y el Distrito Federal, no serán materia de examen por parte de este órgano colegiado, en la medida en que de la lectura íntegra de la demanda de garantías se desprende que la quejosa no formuló directamente ante la Juez del conocimiento tales proposiciones a manera de conceptos de violación, de donde no es factible examinar la actuación de la a quo a la luz de planteamientos que no le fueron expuestos.

Pues bien, a fin de corroborar lo acertado del concepto de agravio en estudio, se toma en cuenta que, como lo expuso la Juez del conocimiento, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma de gobierno que los Estados de la Federación deberán adoptar para su régimen interior, a saber, un gobierno republicano, representativo y popular, que tenga como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

En cuanto a la administración de la hacienda municipal, la fracción IV, inciso a), del precepto en comento establece literalmente:

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ..."

En la reforma que la disposición constitucional de que se trata sufrió, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se modificó su tercer párrafo a fin de otorgar a los Ayuntamientos una facultad de la que hasta entonces carecían: el poder proponer, en el ámbito de su competencia, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, entre otros elementos base de tributación.

El precepto quedó como sigue:

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria."

En la misma reforma constitucional, con el ánimo de enfatizar el impulso económico que a través de ella se buscó a favor de los Municipios, el Constituyente Permanente expidió también un artículo quinto transitorio en que precisó de manera concreta la forma en que, para el año dos mil dos, debía verse cristalizada la participación directa de los Municipios en la determinación de las bases para las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria.

En el dictamen de la iniciativa de reforma del artículo 115 constitucional, se especificó, entre una de las consideraciones que lo sustenta, la siguiente:

"9. Asimismo, se establece un quinto artículo transitorio para prever el desarrollo de la recaudación de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria con que enfáticamente la presente reforma le da un impulso económico a los Municipios del país. Para ello, antes del año 2002, las legislaturas y los Municipios según les corresponda harán lo necesario para que los valores unitarios de suelo que sirven de base para dichas contribuciones sean equiparables a los valores de mercado o comerciales."

Por lo que la disposición se expidió con el siguiente contenido:

"Artículo quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad."

La interpretación literal de las disposiciones insertas llevaría a concluir que, como lo explicó la Juez, única y exclusivamente están dirigidas a los Estados de la República, cuya base de su división territorial, organización política y administrativa interna se sustenta en el Municipio Libre, excluyendo así al Distrito Federal, cuya naturaleza jurídica y forma de gobierno se encuentran consignadas específicamente en los artículos 44 y 122 de la Carta Magna; sin embargo, debe tenerse presente que en esos dos últimos preceptos a que se hizo referencia no se establecen las modalidades conforme a las cuales la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecerá las bases de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, a diferencia de lo que sucede en relación con las Legislaturas de los Estados, para las que, como quedó de manifiesto, desde el rango constitucional se encuentran previstos los lineamientos a los que debe ajustarse ese gravamen.

En esa virtud, atendiendo a que, por una parte, el propio artículo 122, en su apartado C, base primera, fracción V, inciso b), último párrafo, de la Constitución Federal, establece que para la hacienda pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa deberá adoptar los principios consignados en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del aludido artículo 115, en lo que no sea incompatible con la naturaleza y régimen orgánico de su gobierno; y por otra, que dicho artículo 122, en su apartado H, prevé que las prohibiciones y limitaciones que la Carta Magna establece para los Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal, se llega a la convicción de que la interpretación armónica de tales dispositivos no llevan sino a concluir que en ese aspecto de la hacienda pública, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe ajustarse a los lineamientos que en lo conducente se encuentran consagrados en la Carta Fundamental.

En vía de consecuencia, el precepto que en el juicio de garantías controvierte la quejosa, relacionado precisamente con el gravamen de la propiedad inmobiliaria, tiene que ajustarse a los lineamientos previstos en las normas constitucionales de las que se ha venido tratando, en las que, como se vio, se define claramente cuál será la base del impuesto y cuál el parámetro de su cuantificación.

Así, la Legislatura Local, al establecer el impuesto predial, tomará en cuenta:

a) Por un lado, que deberán ser los valores unitarios de suelo los que sirvan de base para el cobro de las contribuciones de la propiedad inmobiliaria; y,

b) Por otro, que dichos valores unitarios deberán ser equiparables a los valores de mercado de la referida propiedad.

Como lo apuntó la a quo, del texto íntegro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende qué debe entenderse por valores unitarios de suelo. En la iniciativa que dio lugar a la mencionada reforma al artículo 115 tampoco se hace referencia a ello, y sólo la Cámara de Origen, esto es, la de Diputados del Congreso de la Unión, al discutir el dictamen a la referida iniciativa, hizo alusión a aquéllos en diversas ocasiones, pero sin definir propiamente qué debe concebirse como un valor unitario de suelo.

En lo relativo, dicha Cámara de Origen asentó lo siguiente durante diversos periodos de la discusión:

"... Retomando este último aspecto de la materia hacendaria del Municipio, debemos considerar la importancia de la reforma tanto para que el Municipio pueda contar con una Ley de Ingresos municipal como el hecho de que las Legislaturas de los Estados fiscalicen las cuentas públicas de los Ayuntamientos posterior a su ejercicio, a la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles que en él se ubican mediante la autorización de tablas de valores de suelo y construcciones sin acudir a las legislaturas refuerza la economía y la autonomía municipales.

"...

"De manera complementaria a lo ya señalado previamente respecto a la hacienda municipal, resulta positivo el que se establezca en la fracción IV el que los Ayuntamientos propongan a las Legislaturas de los Estados las cuotas y tarifas aplicables a las distintas modalidades de contribuciones, toda vez que son precisamente los integrantes del Ayuntamiento, quienes conocen de mejor manera el manejo desigual de valores catastrales de los terrenos ubicados en algún Municipio, por citar un ejemplo.

"...

"Y en el artículo quinto transitorio, la obligación para que la Legislatura de los Estados, para que antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002 o de la otra forma a más tardar el 31 de diciembre de 2001, los Municipios para efecto del impuesto predial, equiparen los valores unitarios de los inmuebles a los valores de mercado de dichas propiedades. Esto resulta interesante, ya que sabemos que los valores catastrales que son base para fijar el impuesto predial, siempre resultan notoriamente inferiores a los valores que los inmuebles tienen como valor comercial por sí mismos o por la especulación inmobiliaria.

"...

"El segundo aspecto es el relativo a que todo Municipio tendrá constitucional derecho a proponer a la Legislatura Estatal sus cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras. Igual derecho tendrán respecto a las tablas de valores de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria. Esto resuelve sin duda un añejo problema de los Estados, en los que el Ejecutivo Local suplanta arbitrariamente el derecho de iniciativa de los Municipios.

"...

"Por último, cabe resaltar que en un artículo transitorio se previene la obligación para que antes del ejercicio fiscal de 2001, las Legislaturas de los Estados tomen las medidas necesarias para que los valores catastrales que sirven de base de las contribuciones inmobiliarias, se equiparen a los valores comerciales. Sólo así comenzará en nuestro país una justa tributación predial a favor de los Gobiernos Municipales y, por tanto, a favor de más y mejores obras y servicios públicos para quien menos tiene. ..."

La lectura de las discusiones de que se trata permite asumir como una definición válida de los valores unitarios de suelo los que fundamentalmente delimita el artículo 151 del Código Financiero del Distrito Federal, entendidos como aquellos valores que, atendiendo a características comunes de los inmuebles en general, sirven de base a los contribuyentes para determinar el valor catastral de aquéllos y, por consiguiente, el impuesto predial a su cargo.

Dichos valores unitarios de suelo, cabe reiterar, según lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó el artículo 115 constitucional, deben ser equiparables a los valores de mercado de la referida propiedad.

Precisadas así las bases que desde el rango constitucional se previeron para que las Legislaturas Locales establecieran el gravamen de la propiedad inmobiliaria, enseguida es menester atender a que, como es bien sabido, el artículo 31, fracción IV, de la Carta Fundamental consagra el principio de que las contribuciones de los mexicanos para los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, Estado o Municipio, deben ser establecidas de manera proporcional y equitativa a las posibilidades económicas de aquéllos.

Mientras el requisito de la proporcionalidad implica que las contribuciones deben estar previstas en relación directa con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el requisito de la equidad consiste en que esos sujetos pasivos reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Para el estudio del primero de los elementos de las contribuciones a que se ha hecho referencia, debe tenerse en cuenta que la capacidad contributiva es la potencialidad real del sujeto pasivo del impuesto para contribuir a los gastos públicos. En consecuencia, el hecho imponible del tributo debe establecerse en relación directa con el supuesto que en forma de una situación o de un movimiento de riqueza refleje una auténtica capacidad económica del sujeto pasivo del impuesto, por lo que es indispensable que exista una íntima relación entre el objeto o hecho generador de la contribución y la base gravable sobre la que se aplicará la tasa o tarifa del gravamen.

El aserto anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 109/99 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, que literalmente dice:

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto."

A fin de determinar si el precepto en controversia satisface el requisito constitucional de que se trata, se toma en cuenta que los sujetos y el objeto del impuesto predial en comento están previstos en el artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal, el que en la parte que interesa literalmente prevé:

"Artículo 148. Están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que sean propietarias o poseedoras del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. ..."

Según se observa, el legislador adoptó como situación de riqueza susceptible de ser gravada, la posesión o propiedad raíz inmobiliaria; luego, conforme a las premisas expuestas, resulta que la base gravable del impuesto indefectiblemente deberá determinarse en relación directa e inmediata no con otro factor sino con la referida posesión o propiedad a las que se ha hecho referencia.

El Código Financiero del Distrito Federal desarrolla los demás elementos del impuesto predial en los artículos 149 al 155 de ese ordenamiento, siendo importante para el presente análisis, lo dispuesto en los artículos 149, 151 y 152 que, en lo conducente prevén:

"Artículo 149. La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente:

"I. A través de la determinación del valor de mercado del inmueble, incluyendo las construcciones a él adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aun cuando un tercero tenga derecho sobre ellas, mediante la práctica de avalúo directo que comprenda las características e instalaciones particulares del inmueble, realizado por persona autorizada.

"La base del impuesto predial determinada mediante el avalúo directo a que se refiere el párrafo anterior, será válida para el año en que se realice el avalúo y para los dos siguientes, siempre que en cada uno de esos años subsiguientes el avalúo se actualice aplicándole un incremento porcentual igual a aquel en que se incrementen para ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código.

"Sin embargo, los contribuyentes podrán optar por determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles aplicando a los mismos los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código.

"...

"II. Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el valor catastral más alto que resulte entre el determinado conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al tota

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17478-345a9d9a/predial-el-articulo-149-fraccion-ii-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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