CAUSAHABIENTES.
AMPARO EN REVISION 239/96. LINO FLORES FLORES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- Son fundados pero inoperantes los agravios aducidos por el recurrente, respecto de los actos reclamados del Juez Quinto de lo Civil, diligenciario impar adscrito al mismo y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de esta ciudad de Puebla.
En efecto, el inconforme aduce toralmente, en el segundo de sus agravios, que la sentencia impugnada resulta ilegal, en virtud de que en el juicio de garantías acreditó ser el propietario del inmueble ubicado en la casa número ciento siete, de la calle Dieciséis Oriente de la colonia Humboldt de esta ciudad de Puebla, y no obstante que en dicha sentencia el Juez Federal a quo así lo sostuvo, estableció también que el documento con el cual acreditó dicha propiedad, resulta insuficiente para justificar que debió ser emplazado al juicio ejecutivo mercantil número 1877/90, o que resultara ilegal el embargo trabado sobre el referido inmueble en dicho juicio, por tratarse de un contrato privado de compraventa.
En efecto, el artículo 2989 del Código Civil del Estado de Puebla, establece: "Los actos judiciales que conforme a la ley deben registrarse, no producirán efectos contra terceros si no están inscritos en la oficina correspondiente del Registro Público."
Ahora bien, resulta pertinente destacar que el Registro Público de la Propiedad, es una institución administrativa encargada de dar publicidad oficial del estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, respecto a la constitución, declaración, transición, modificación, extinción y gravámenes de los derechos reales, debiéndose señalar que las anotaciones en el Registro engendran la presunción de certeza del derecho inscrito, presunción que admite prueba en contrario, y por ende da seguridad jurídica en tanto no sea legalmente destruida; asimismo debe precisarse, que las inscripciones hechas en dicha oficina registral tienen efectos declarativos y no constitutivos, de modo que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho.
Por otra parte, un tercero para los efectos del registro, es aquella persona que mediante un acto o contrato puede ejercer un derecho real sobre determinado inmueble, siempre y cuando se haya adquirido de quien apareciera como su titular en el Registro Público de la Propiedad, mismo que una vez inscrito es oponible a cualquier otro supuesto titular pero no inscrito.
Así las cosas, atendiendo a que todo mandamiento de ejecución descansa sobre la hipótesis de que debe practicarse en bienes del deudor y no ajenos, que el Código Civil aplicable establece que la traslación de dominio de un bien inmueble es perfecta cuando uno de los contratantes transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez paga por ellos un precio cierto y en dinero, sin sujetar la validez de esa operación a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, que el inmueble se adquirió de quien aparecía como su titular en la oficina registral cuando se encontraba libre de gravámenes, y si además se toma en consideración que el Registro Público de la Propiedad sólo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos, ello conduce a determinar que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles que han salido del domino del deudor, sólo produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza.
Luego, al no constituir el embargo, para el acreedor un derecho real, pues se trata de un derecho personal que únicamente puede enderezarse contra la persona pero no al grado de perseguir los bienes con los cuales ésta no garantizó el adeudo y que ya salieron de su patrimonio, ello da como resultado que el embargo trabado en un inmueble que no es del dominio del deudor, sea ilegal, por más que el acto traslativo de domino no esté inscrito a favor del nuevo dueño, porque este requisito no es obligatorio para la validez de la compraventa, que por ser un contrato consensual se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, el cual sí se considera indispensable en todo conflicto de derechos reales, pero de la omisión apuntada no pueden valerse los acreedores, por no otorgarles el embargo un derecho real sobre el bien embargado; por consiguiente, debe estimarse destruida la presunción legal que otorgue el registro respecto de la situación jurídica que guarda determinado inmueble, si se acredita en forma indudable que éste salió del domino del deudor con anterioridad al registro del embargo, quedando en consecuencia sin efecto el mismo.
En tales circunstancias, si el embargo no tiene carácter real, y sólo da al embargante un derecho personal derivado del título de crédito base de la acción en el juicio ejecutivo de que se trata, no le puede beneficiar la falta de registro del acto jurídico mediante el cual se adquirió el inmueble, en todo caso, debe establecerse que si el acreedor desea asegurar el pago del crédito con alguna propiedad del deudor, debe anotarlo como gravamen de esta en el Registro Público de la Propiedad, para que así los futuros adquirentes conozcan la situación jurídica del inmueble y les pueda ser oponible dicho embargo, pero no a quien compró cuando el inmueble se encontraba libre de todo gravamen.
Ahora bien, no obstante lo anterior, y al margen de lo que sostuvo el Juez de Distrito a quo en la sentencia impugnada, debe indicarse que de la copia certificada notarialmente del acta de protocolización de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres, respecto del contrato privado de compraventa que celebraron el trece de noviembre de mil novecientos noventa Miguel Angel Guevara Alvarado y Francisco Ramírez González, en su carácter de apoderados especiales de Sabino Flores Velasco y Ramona García Lezama, como vendedores, y Lino Flores Flores como comprador, respecto de la casa marcada con el número ciento siete de la avenida Dieciséis Oriente de la colonia Humboldt de esta ciudad de Puebla, ante el Juez Menor de Paz de Santo Tomas Chiautla del Estado de Puebla, si bien es cierto demuestra que la citada compraventa fue perfeccionada el trece de noviembre de mil novecientos noventa, sin embargo debe indicarse que no puede estimarse como tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil número 1877/90, el ahora inconforme.
Lo anterior es así, en virtud de que como ya se precisó, el multicitado contrato de compraventa, se realizó el trece de noviembre de mil novecientos noventa, en tanto que el embargo trabado en el aludido juicio sobre el bien inmueble a que se refiere el repetido contrato, tuvo verificativo el veinticuatro de octubre del mismo año, según se advierte a foja treinta y cinco de los autos del juicio de garantías, en la que aparece la diligencia de embargo respectiva, en la que si bien es cierto no consta el año en que se realizó, sin embargo del examen del auto de exequendo (de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa); que obra en la foja treinta y tres; de la razón de notificación a la parte actora (veintidós de octubre de mil novecientos noventa) que obra a foja treinta y cuatro; y de la razón asentada por el diligenciario adscrito al juzgado de origen al pie de la propia diligencia de embargo, en la que aparece que dicho funcionario devolvió los autos el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa, y del auto subsecuente, de siete de noviembre de mil novecientos noventa; se desprende que sin lugar a dudas la diligencia de que se habla se llevó a cabo el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa.
En tales circunstancias, es inconcuso que el contrato privado de compraventa se realizó con posterioridad al embargo trabado en los actos del juicio de que se trata; y por ello, el ahora recurrente no puede sino ser considerado causahabiente de sus vendedores, y por lo mismo queda sometido a lo actuado en relación a éstos, que ya fueron oídos y vencidos en la controversia de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 342/89, 395/95, 511/95 y 669/95, que dice: "- Los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes."
En este orden de ideas, como los causahabientes están sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes; al haberse condenado a los demandados al pago de la suerte principal e intereses moratorios, por ende el embargo trabado en el juicio generador sobre el bien inmueble de que se trata, no puede reputarse ilegal en razón de que cuando éste se trabó, dicho bien no se encontraba dentro de la esfera jurídica del solicitante del amparo. Tienen aplicación sobre el particular, las jurisprudencias números 172 y 31/9a. de este órgano colegiado, que respectivamente dicen: " NO SON TERCEROS EXTRAÑOS.- Los causahabientes no pueden estimarse como terceros ajenos a las consecuencias del juicio seguido por sus causantes y les afecta y beneficia lo resuelto y hecho en el juicio en que intervino su causante."; y "- El causahabiente del demandado no puede ser considerado como tercero extraño al juicio, puesto que entonces no hay más que una sustitución procesal, y es de estimarse que el quejoso fue causahabiente del demandado, si adquirió de éste cuando ya se había instaurado el juicio, pues en tales condiciones no era otra cosa que sustituto del mismo demandado."
En consecuencia, lo que procede es confirmar la negativa del amparo por cuanto ve a los actos reclamados del Juez Quinto de lo Civil, diligenciario impar adscrito al mismo y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de esta ciudad de Puebla.
En las condiciones anotadas, lo procedente es modificar el fallo que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo; y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por LINO FLORES FLORES, contra los actos reclamados del Juez Séptimo de lo Civil, diligenciario par adscrito al mismo y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de esta ciudad de Puebla; consistente en todo lo actuado en el expediente 1250/91, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Rivera, Sociedad Anónima, a través de su endosatario en contra de Sabino Flores Velasco y otra, así como sus consecuencias legales.
TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a LINO FLORES FLORES, contra los actos que reclamó de la Juez Quinto de lo Civil, diligenciario impar adscrito al mismo y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de esta ciudad de Puebla; consistentes en todo lo actuado en el expediente número 1877/90, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, a través de su apoderado en contra de Sabino Flores Velasco y otra, así como sus consecuencias legales.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: María Eugenia Estela Martínez Cardiel, Gustavo Calvillo Rangel y Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, siendo ponente la primera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3662-9f765e58/causahabientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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