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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION DEFINITIVA, EFECTOS DE LA, CUANDO EL QUEJOSO NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS EN LA PROVISIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 128/96 · Registro digital (IUS): 3700
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RAFAEL FLORES NOE
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, , Pág. 741.

AMPARO EN REVISION 128/96. RAFAEL FLORES NOE.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son parcialmente fundados los agravios anteriores.

Alega el inconforme que el Juez de Distrito viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, al negarle en la resolución combatida la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Esta aseveración es infundada, pues al ser los Jueces de Distrito órganos que tienen a su cargo el control constitucional, jurídicamente no pueden conculcar garantías individuales sino que en todo caso los preceptos que dejarían de observar al emitir sus fallos serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual deben sujetar su actuación. Es aplicable sobre este aspecto, la jurisprudencia número 17 de este Tribunal Colegiado, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS.- El Juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación."

Por otro lado, señala el recurrente que la resolución combatida viola en su perjuicio los artículos 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, al habérsele negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, por considerar el Juez Federal que al no haber comparecido dentro del término concedido a rendir su declaración preparatoria, existe la intención de su parte para evadirse de la acción de la justicia, lo cual es inexacto, pues de ser así no hubiese siquiera aportado la garantía que le fue requerida para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida; además, en el caso de que se le hubiera concedido la suspensión definitiva, habría tenido que aportar una nueva garantía y se le fijaría un término prudente para presentarse ante la Juez responsable a rendir su declaración preparatoria dentro de la causa penal que se le instruye, en el entendido de que quedaría a disposición del Juez Federal por lo que respecta únicamente a su libertad personal y a disposición de la Juez de la causa para la continuación del proceso, con el apercibimiento que de no cumplir con tal prevención, quedaría sin efecto la suspensión definitiva; por lo que el Juez Federal no puede prejuzgar acontecimientos futuros y en su concepto debe revocarse la resolución recurrida y concedérsele la suspensión mencionada con las providencias legales conducentes.

Es parcialmente fundado el anterior agravio, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la medida suspensional contra todo acto restrictivo de la libertad que emane de un procedimiento penal, se concede para el efecto bien delimitado de que el amparista, quede a disposición del Juez de Distrito en lo concerniente a su libertad personal y de la autoridad responsable por lo que respecta a la continuación del procedimiento, para lo cual el Juez Federal que la otorga, condiciona su eficacia a la satisfacción de las medidas de aseguramiento que estime pertinentes (inclusive la de mantenerlo en prisión o internarlo en ella), según su prudente arbitrio y tomando en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, con el fin de que se le permita devolver al quejoso a la autoridad que deba juzgarlo, en el supuesto de que no obtenga sentencia favorable contra el mandamiento de captura cometido.

Ahora bien, es cierto que cuando el quejoso no acata esas medidas de aseguramiento, se supone fundadamente su intención de sustraerse a la acción de la justicia y ello es motivo para que el Juez de Distrito deje sin efecto la medida suspensional de que se trata (provisional o definitiva). Es decir, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso pero no ha sido ejecutado, una vez satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión definitiva fijando en la interlocutoria correspondiente, los efectos y alcances de dicha suspensión, esto es por cuanto a que el amparista quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal, por lo que hace a la continuación del mismo; condicionando a la vez su eficacia a la satisfacción de las medidas de aseguramiento que, según su criterio, estime adecuadas con el objeto de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia en el supuesto de que le niegue el amparo, pudiendo consistir tales medidas, en garantía pecuniaria, así como en diversas obligaciones que puedan imponérsele e inclusive su reclusión en el lugar que determine el propio Juez de Distrito.

En la especie, consta de autos que Rafael Flores Noé reclamó la orden de busca, aprehensión y detención dictada en su contra por la Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, en el proceso número 135/95; así como el cumplimiento que pretenden dar a la misma las autoridades señaladas como ejecutoras. Que por auto de siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Juez Federal concedió al referido quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se le privara de su libertad personal, quedando a disposición del Juez de Distrito a quo por cuanto a dicha libertad hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva, en la inteligencia de que si la orden de aprehensión se refería a delitos que la ley correspondiente considerara como graves, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que fuera aprehendido quedaría a disposición del referido Juez Federal en cuanto a su libertad personal en el lugar en que fuese recluido y a disposición del Juez de la causa en cuanto a la continuación del procedimiento; y que para que la suspensión concedida surtiera efectos, se condicionó a que el amparista otorgara garantía por la cantidad de quinientos pesos en billete de depósito, a que se presentara ante la autoridad judicial señalada como responsable, a rendir su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al otorgamiento de dicha garantía y que debería comparecer cuantas veces fuera necesario para la práctica de diligencias, apercibiéndolo que de no acreditar haber cumplido con dichas prevenciones, precisamente en el término indicado, se mandaría hacer efectiva la garantía que se otorgara en favor de la Federación y dejaría de surtir efectos la referida medida suspensional.

Asimismo, una vez que las autoridades responsables rindieron sus informes previos, de los cuales se desprende la certeza de los actos reclamados, se llevó a cabo la audiencia incidental en la que el Juez Federal negó la suspensión definitiva de dichos actos, argumentando que no existía constancia que demostrara fehacientemente, que el quejoso hubiese cumplido con todos y cada uno de los requisitos y medidas de seguridad que le fueron fijados por proveído de siete de febrero del año en curso, por el cual se le concedió la suspensión provisional, ni tampoco que dicho quejoso hubiera aportado prueba alguna tendiente a acreditar tal situación; por lo que con apoyo en el artículo 136 de la Ley de Amparo, negó la suspensión definitiva solicitada por inferir la intención del amparista de evadirse a la acción de la justicia, apoyándose en la tesis número 33, publicada en el Informe rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de mil novecientos ochenta y siete, página 38, Tercera Parte, relativa a los Tribunales Colegiados, bajo el rubro: "SUSPENSION DEFINITIVA, EFECTOS QUE DEBE TENER CUANDO EL QUEJOSO NO HA CUMPLIDO CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS EN LA PROVISIONAL."

Esta consideración del Juez de Distrito a quo se estima incorrecta, pues la falta de cumplimiento por el quejoso de las medidas de seguridad que conforme a los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, fijen los Jueces de Distrito al conceder la suspensión provisional solicitada contra una orden de busca, aprehensión y detención, no puede servir de apoyo para negarle la suspensión definitiva, habida cuenta que ello equivaldría a otorgar a dichas medidas la calidad de requisitos de procedencia en materia de suspensión, carácter que indudablemente no tienen, puesto que no se encuentran previstas como tales en el artículo 124 de la Ley de Amparo; máxime que en términos del artículo 139 del mismo ordenamiento legal, la falta de cumplimiento de los requisitos fijados para la concesión de la suspensión provisional, sólo provoca que tal medida deje de surtir sus efectos y que la autoridad responsable quede en aptitud de ejecutar el acto reclamado; por consiguiente, no obstante que el quejoso no haya acatado cabalmente las condiciones que se le fijaron para gozar de la suspensión provisional de los actos reclamados, y que ello efectivamente evidencie su intención de sustraerse a la acción de la justicia, tal circunstancia únicamente conduciría a que el Juez de Distrito, en uso de las facultades discrecionales de que está investido, derivadas del precitado artículo 136 de la ley reglamentaria, extreme las medidas de aseguramiento del peticionario y vigile su cumplimiento, a fin de que esté en posibilidad de devolverlo a la responsable en caso de que le sea negado el amparo, pero no a negar la suspensión definitiva del acto reclamado. Es aplicable sobre este tema la tesis que este Tribunal Colegiado ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 434/89, 102/90, 429/93 y 41/94, que dice: "SUSPENSION DEFINITIVA, EFECTOS DE LA. CUANDO EL QUEJOSO NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS EN LA PROVISIONAL.- Si el Juez de amparo, para otorgar la suspensión, previno al quejoso para que cumpliera con determinados requisitos, y no existe prueba en autos de que así lo hubiese hecho, la suspensión definitiva es correcta si se le concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a la libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para los efectos de la continuación del procedimiento; esto es, al no haber cumplido el quejoso con las medidas de aseguramiento decretadas al concedérsele la suspensión provisional, se presume válidamente que pretende evadirse a la acción de la justicia, por lo que el Juez de Distrito, ante tal actitud, debe ordenar el internamiento del quejoso en el lugar de detención respectivo, ante el desacato referido."

En las condiciones anotadas, lo procedente es revocar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, debiendo el Juez de Distrito a quo en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, para que surta efectos la medida suspensional otorgada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción II, inciso a), 85, fracción I, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, y 37, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la interlocutoria sujeta a revisión.

SEGUNDO.- Se concede la suspensión definitiva solicitada por Rafael Flores Noé en contra de los actos que reclama de la Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad de Puebla, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: María Eugenia Estela Martínez Cardiel, Gustavo Calvillo Rangel y José Mario Machorro Castillo, este último secretario en funciones de Magistrado por ministerio de ley, en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3700-9026fee4/suspension-definitiva-efectos-de-la-cuando-el-quejoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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