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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MEDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/91. · Registro digital (IUS): 377
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, , Pág. 93.

CONTRADICCION DE TESIS 55/91. ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Cuarta Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una posible contradicción de tesis en amparos en materia laboral, sustentada por dos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito al resolver el amparo directo 270/90, promovido por Gregorio Goné Arteaga, sostuvo lo siguiente: "V.- Son fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso. La Junta responsable estimó en síntesis que su situación de jubilado excluye la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, porque no tiene la necesidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes a los que percibía; pero la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que no existe incompatibilidad entre el disfrute de una pensión jubilatoria y la indemnización de una incapacidad parcial equiparable a la total permanente. Al respecto pueden citarse las ejecutorias de dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y tres y quince de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, pronunciadas en los juicios de amparo directos números 3914/80, 2762/82 y 4422/84, los dos primeros promovidos por Petróleos Mexicanos y el último por Leonel González García, en las que respectivamente dijo que 'No es verdad, como pretende el quejoso', 'que al condenarlo a pagar la indemnización por incapacidad total permanente, y la jubilación al trabajador, se le haya condenado a un doble pago, ya que la indemnización es una prestación de carácter legal, que debe cubrirse independientemente de las contractuales; y si la Ley Federal del Trabajo establece precisamente que cuando un trabajador sufra un riesgo de trabajo que lo incapacita para laborar, deberá percibir la indemnización correspondiente, y la cláusula 148 (del contrato colectivo de trabajo) establece que es obligación del patrón jubilar a sus trabajadores que sufran una incapacidad total permanente, resulta que no existe doble pago, ya que precisamente un supuesto para que opere la jubilación es que el trabajador se encuentre afectado de incapacidad total permanente'; que 'no tiene relevancia el hecho de que el trabajador haya sido jubilado, pues una prestación contractual diversa no excluye la responsabilidad del riesgo profesional', y que 'la Junta debió condenar a la prestación reclamada en el inciso d) del escrito de demanda (jubilación al 100%), por ser una consecuencia más de la declaración que la propia Junta hizo con respecto a que el actor presenta una incapacidad (equiparable a la permanente total derivada de un riesgo de trabajo, ya que se acreditó que el actor reúne los supuestos que indica la fracción II de la cláusula 148 del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos)'. Asimismo en la ejecutoria de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y siete pronunciada en el juicio de amparo directo número 3192/86 promovido por Jorge Durán Gallegos, la Sala Auxiliar del más Alto Tribunal de la República sostuvo que 'No se ve que haya falta de equidad alguna en que se indemnice además de jubilarlo, a quien quedó con una incapacidad total permanente derivada de un riesgo profesional. No se trata de un simple jubilado, sino de uno que, además, quedó incapacitado con motivo de sus labores. Y de que la parte final de la fracción II de la cláusula 148 del contrato colectivo (de Petróleos Mexicanos) dice que las jubilaciones de que se trata serán adicionales a las indemnizaciones por riesgos de trabajo derivadas de incapacidades permanentes'. También resulta aplicable la tesis visible en la página 31 de la Quinta Parte del Volumen 44 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, que dice: 'JUBILADOS, INCAPACIDAD DE LOS. RESPONSABILIDAD DEL PATRON.- Es a la empresa a quien corresponde la responsabilidad por las incapacidades que presenten sus trabajadores, como consecuencia de los riesgos de trabajo a que están expuestos, sin que sea obstáculo para ello el que el trabajador se encuentre jubilado, si se advierte que tal incapacidad es proveniente de la prestación de servicios anteriores.'. También consideró la Junta responsable que el actor no ofreció ninguna prueba pericial para demostrar el agravamiento de su enfermedad auditiva y que padezca una incapacidad total permanente. Sobre el particular se advierte que a través de su escrito exhibido en la etapa correspondiente (fojas 36 a 38), el licenciado Fernando Mancilla Ovando, apoderado del actor Gregorio Goné Arteaga, bajo la denominación de 'instrumental de actuaciones', ofreció los dictámenes médicos de veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete, catorce y veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho suscritos por los doctores Fernando Lozano Fuentes, Felipe Rodríguez y Castillo y J. Guadalupe Lozano M., respectivamente, haciendo notar que en el segundo se establece que su mandante 'está imposibilitado permanentemente para desempeñarse en la categoría en la cual se encontraba contratado' y que en el tercero se ratifica la 'imposibilidad de éste para el desempeño de la categoría contratada'. Precisamente en esos dictámenes se fundó la pretensión de que se asimilara la incapacidad parcial del trabajador a la total permanente, conforme al artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que conforme al planteamiento de la acción no era necesario demostrar el agravamiento de la incapacidad ya graduada por dichos peritos, sino que la Junta apreciara las conclusiones anotadas a la luz del precepto invocado. En consecuencia, como por las consideraciones que anteceden se concluye que el laudo reclamado es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya que no es congruente con las pretensiones deducidas y con las excepciones opuestas, como lo exigen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, debe otorgarse la protección federal solicitada para el efecto de que el mismo se deje insubsistente y en su lugar se dicte otro en el que se examinen los peritajes mencionados en los términos a que se hizo referencia, y con plenitud de jurisdicción se resuelva lo que en derecho proceda."

TERCERO.- El Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito al resolver el amparo directo 277/91, estableció: "QUINTO.- Es infundado el primer concepto de violación. En efecto, es cierto que el ahora quejoso en su demanda laboral, solicitó que la responsable con base en lo establecido en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo determinase que su incapacidad es total permanente, con base en un documento en el que se contiene un dictamen recabado en el trámite administrativo que siguió ante Petróleos Mexicanos, suscrito por el doctor J. Guadalupe Lozano M.; sin embargo, la mencionada documental no tiene la eficacia que el quejoso le atribuye porque procesalmente no se trata de una prueba de peritos por no haberse ofrecido y desahogado con las formalidades legales previstas por los artículos 821 al 826 de la Ley Federal del Trabajo, sino una documental, y como tal, es ineficaz para acreditar los extremos de la acción ejercitada como lo estimó la responsable, y como efectivamente no se aportaron otros medios probatorios idóneos y suficientes para establecer si se satisfacen las exigencias del artículo 493 del código laboral en cita para aumentar la indemnización hasta la que le hubiera correspondido si el riesgo de trabajo hubiera provocado la incapacidad permanente total del trabajador, y en su caso para determinar la existencia de la incapacidad total permanente que aduce el actor, pues esas cuestiones deben acreditarse con pruebas periciales ofrecidas y desahogadas en el procedimiento laboral con las formalidades legales previstas por los artículos 821 al 826 de la citada ley. Es verdad que de conformidad con lo previsto en la cláusula ciento veintinueve del convenio colectivo de trabajo, cuando en el trámite seguido ante la propia empresa un perito emita su opinión, ésta será definitiva y acatada por las partes sin ulterior recurso; pero ello no significa como lo pretende el quejoso, que dicho medio convictivo trascienda necesariamente en el juicio laboral toda vez que en éste, la Ley Federal del Trabajo señala el procedimiento que debe seguirse para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas que las partes presenten para acreditar los extremos de las acciones, excepciones y defensas que se hagan valer en el procedimiento respectivo. El segundo concepto de violación es inoperante, en virtud de que contra lo que alega el quejoso, el pago de salarios caídos, en el caso de que procediera, primeramente hubiera sido necesario que acreditase que la incapacidad parcial permanente que se determinó en el trámite seguido ante Petróleos Mexicanos, no fuere la que en realidad presentase el trabajador, pero como se vio, el actor no logró acreditar lo que afirmó, en el sentido de que su incapacidad es total permanente; en consecuencia, es evidente que no le asiste la razón al decir, que tiene derecho a dicha prestación, por lo que en este aspecto el laudo reclamado no le irroga agravio. En mérito de lo anterior, como el acto que reclama es correcto, por tanto no viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar el amparo solicitado.".

CUARTO.- Del estudio comparativo de las resoluciones transcritas se advierte que sí existe la contradicción denunciada, pues de ellas se aprecia que dos Tribunales Colegiados sostienen criterios distintos respecto a un mismo problema puesto a su consideración.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 270/90, promovido por Gregorio Goné Arteaga, sostuvo en esencia, que la Junta responsable había actuado incorrectamente al estimar que el actor no aportó ninguna prueba pericial para demostrar el agravamiento de su enfermedad auditiva, la cual le producía una incapacidad total permanente, ya que su apoderado ofreció, bajo la denominación "instrumental de actuaciones", los dictámenes de los doctores Fernando Lozano Fuentes, Felipe Rodríguez y Castillo y J. Guadalupe Lozano M., probanza en la que aquél fundó su pretensión; por tanto señaló dicho tribunal, ya no era necesario se acreditara el agravamiento de la incapacidad graduada por los citados peritos, sino que la Junta precisara sus conclusiones de acuerdo al numeral 493 de la ley laboral; por ello concedió el amparo para el efecto de que la autoridad dejara insubsistente el laudo impugnado y en su lugar dictara otro en el que examinara ese peritaje y con plenitud de jurisdicción resolviera.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver el amparo directo 277/91, promovido por Ramiro Gómez Cárdenas, estableció en síntesis, que si bien el actor solicitó, conforme al artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, que se determinara la incapacidad total permanente, exhibiendo para tal efecto un dictamen recabado en un trámite administrativo ante Petróleos Mexicanos, suscrito por el doctor J. Guadalupe Lozano M., también lo es que ese documento carece de toda eficacia, ya que no se trata de una prueba desahogada con las formalidades previstas en los numerales del 821 al 826 del código obrero.

Esta Cuarta Sala considera que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por las razones que a continuación se expresan:

El capítulo XII, sección primera de la Ley Federal del Trabajo, regula lo concerniente a las pruebas, da las bases generales para su admisión, desechamiento y la forma en que deben aportarse a juicio, estipulando los artículos 776, 778, 779 y 780 lo siguiente:

"ARTICULO 776.- Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: I.- Confesional; II.- Documental; III.- Testimonial; IV.- Pericial; V.- Inspección; VI.- Presuncional; VII.- Instrumental de actuaciones; y VIII.- Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia."

"ARTICULO 778.- Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos".

"ARTICULO 779.- La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo para ello".

"ARTICULO 780.- Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo".

Las demás secciones contenidas en el mencionado capítulo, hacen referencia a la forma en que deben desahogarse todos los elementos aportados al conflicto y el perfeccionamiento de algunos de ellos, en caso de no cumplirse con los lineamientos ahí fijados. De lo anteriormente expuesto se concluye, que para que una prueba ofrecida en un juicio laboral tenga eficacia y validez, es necesario que satisfaga los requisitos exigidos por el capítulo XII, secciones de la primera a la octava del código obrero.

La razón fundamental por la cual el legislador plasmó en el ordenamiento mencionado un capítulo especial en donde se enumeran pruebas, se fijan las bases para la admisión, desechamiento, forma de aportarse, desahogo y perfeccionamiento de algunas, en caso de incumplirse con lo ahí establecido, es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicción, se sujeten a esos lineamientos, los cuales debe observar la autoridad, se cumplan en sus términos; para así poder otorgarles o negarles eficacia; por tanto, si en la especie se aportaron elementos de convicción consistentes en instrumentos o documentales obtenidas mediante un trámite administrativo seguido ante la empresa demandada, es obvio que no puede válidamente ser aceptadas o valoradas como pruebas periciales, pues su desahogo se llevó a cabo sin el trámite y las formalidades previstas en los artículos 821 al 826 de la citada Ley Federal del Trabajo, es decir, los peritos no protestaron desempeñar su cargo con arreglo a la ley, las partes y la Junta no tuvieron la oportunidad de preguntarles, ni esta última pudo designar tercero en discordia en caso de discrepancia, de ahí que como atinadamente lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, la documental ofrecida, aunque formalmente se designe como pericial médica, no es en realidad una prueba pericial y carecerá, como tal, de la eficacia valorativa que ésta tiene, para probar el riesgo o evaluarlo, lo cual es importante, pues salvo excepciones, el medio idóneo para probar el riesgo lo es la pericial médica, de acuerdo con el criterio sustentado por esta Cuarta Sala en las tesis jurisprudenciales números 799 y 1683, que aparecen publicadas en las páginas 1322 y 2724 respectivamente, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dicen: "ENFERMEDADES DE TRABAJO, PRUEBA PERICIAL PARA DETERMINAR LAS. La naturaleza y condiciones de una enfermedad profesional o el estado patológico de un individuo, requieren para su determinación conocimientos especiales, por lo que necesariamente habrán de fijarse por peritos", y "RIESGOS DE TRABAJO, MEDIO IDONEO PARA PROBARLO.- Si la demandada negó el riesgo-enfermedad de trabajo tocó probarlo al actor, y es indudable que el medio probatorio apto para tal fin lo es el dictamen pericial médico y no la confesional de la demandada, ya que el hecho por dilucidarse requiere una apreciación científica cuyo conocimiento escapa al órgano jurisdiccional, a menos que la demandada hubiese admitido la aseveración del actor en cuanto a la existencia del riesgo de trabajo."

Los criterios transcritos se aplican aquí por mayoría de razón, pues si operan tratándose de la determinación de la existencia del riesgo, su aplicación se hace más patente tratándose de su graduación, como fue el caso de las contradicciones.

Es pertinente dejar establecido que si bien la cláusula 129 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, vigente en el año de mil novecientos noventa, alude a un procedimiento para determinar si la enfermedad o el accidente, en su caso, es o no profesional, dicho trámite es meramente administrativo y sólo tiene validez para tales efectos, sin que pueda substituir a la prueba pericial desahogada en el juicio laboral, ya que el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo establece las reglas para el desahogo de dicha prueba, al señalar: I.- Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior;

II.- Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la Ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;

III.- La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II del artículo que antecede, la Junta señalará la nueva fecha y dictará las medidas necesarias para que comparezca el perito;

IV.- Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes; y

V.- En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero.

Y la razón fundamental por la cual se fija ese procedimiento, es precisamente para que la opinión técnica de peritos se rinda ante el órgano jurisdiccional que con imparcialidad habrá de apreciar sus fundamentos después de haber dado intervención a todas las partes y de haber tenido oportunidad de confrontar las argumentaciones técnicas para llegar a la conclusión que corresponde en derecho.

En consecuencia, esta Cuarta Sala considera que la tesis que debe prevalecer es la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Lo anterior da lugar a la siguiente tesis, que en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia:

"PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MEDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL.- La razón fundamental por la cual el legislador plasmó en la Ley Federal del Trabajo un capítulo en donde se enumeran las pruebas, se fijan las bases para la admisión, desechamiento, forma de aportarse, desahogo y perfeccionamiento de algunas en caso de incumplirse con lo ahí establecido, es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicción, satisfagan esos extremos y la Junta pueda constatar su observancia, pues de no ser así, no debe otorgarles ninguna eficacia; por tanto, si en el conflicto se ofrece una prueba documental que contiene una pericial médica obtenida en un procedimiento diverso al laboral, es obvio que no puede válidamente ser aceptada o valorada como prueba pericial, ya que su desahogo se llevó a cabo sin los trámites y las formalidades previstas en los artículos del 821 al 826 de la citada Ley Federal del Trabajo, pues la finalidad por la cual se fijó ese procedimiento, es para que la opinión técnica de los expertos se rinda ante el órgano jurisdiccional, que con imparcialidad, habrá de apreciar sus fundamentos después de haber dado intervención a las partes contendientes."

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.- Debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Notifíquese; elabórese la tesis de jurisprudencia respectiva y remítase al Semanario Judicial de la Federación para su publicación inmediata, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales que no intervinieron en su integración. Además, envíese testimonio de esta resolución al Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, así como un ejemplar de la jurisprudencia que se apruebe, y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros José Antonio Llanos Duarte, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, y presidente Carlos García Vázquez. Fue ponente el Ministro Ignacio Magaña Cárdenas.

Firman los CC. Ministros presidente y ponente, con la secretaria de Acuerdos de la Sala que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/377-f5146d7a/prueba-documental-ofrecida-como-pericial-medica-carece-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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