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Modo: Corpus Pro

ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SOLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/91. · Registro digital (IUS): 388
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 131.

CONTRADICCION DE TESIS 79/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- En el caso, se surte la hipótesis de contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito, según aparece de las constancias procesales remitidas con motivo de la denuncia, por las razones y circunstancias que se reseñan a continuación:

A. El juicio de amparo directo número DT-9033/90 radicado y resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, encuentra como antecedentes los siguientes:

I. Mediante escrito de fecha seis de octubre de mil novecientos ochenta y tres, presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Banco de Crédito Rural, sociedad nacional de crédito demandó, con fundamento en los artículos 46, fracción V, incisos a) y g), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cese definitivo del trabajador de confianza, Manuel Valadez Ramírez, "por violación a las normas de operación y de la Ley Federal del Trabajo, así como del Reglamento Interior de los Trabajadores del Banco de Crédito Rural del Noreste, S. A.".

II. Por su parte, Manuel Valadez o Valdez Ramírez, mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, demandó del Banco de Crédito Rural del Noreste, sociedad nacional de crédito, su reinstalación como trabajador de base en la categoría de jefe de oficina de operaciones, así como el pago de salarios caídos, horas extras, prima de antigüedad, reparto de utilidades, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones procedentes con arreglo a la ley.

III. Ordenada la acumulación de los procesos de referencia, y habiéndose glosado el más reciente al anterior, la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, luego de dictar dos resoluciones previas, pronunció laudo con fecha nueve de julio de mil novecientos noventa, mismo que concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO.- Se deja insubsistente el laudo dictado el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo DT-8186/89, según lo manifestado en el considerando segundo de este laudo. SEGUNDO.- Se declara inoperante la prescripción opuesta por el trabajador actor Manuel Valadez Ramírez, según lo indicado en el considerando tercero de esta resolución. TERCERO.- Se absuelve al titular del BANCO DE CREDITO RURAL DEL NORESTE, S. A. actualmente S. N. C., de reinstalar al trabajador actor Manuel Valadez Ramírez, en la categoría de jefe de Oficina de Operaciones 'D' y a cubrirle salarios caídos, según lo señalado en el considerando cuarto de este laudo. CUARTO.- Se absuelve al titular demandado de pagarle al hoy actor las horas extras reclamadas en términos de lo señalado en el considerando quinto de este fallo. QUINTO.- Se condena al titular demandado a pagarle al hoy actor $228,225.00 por 124 días de salario por concepto de prima de antigüedad; su reparto de utilidades, aguinaldo proporcional y vacaciones proporcionales por el período laborado durante el año de mil novecientos ochenta y tres, debiéndose cuantificar estas prestaciones de acuerdo con el salario de $1,870.76 que el hoy actor percibía al momento de la terminación de las relaciones laborales, prevéngase a la parte actora para que formule su planilla de liquidación, lo anterior según lo indicado en el considerando sexto del presente laudo. SEXTO.- Gírese el oficio de estilo al Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, a fin de informarle el cumplimiento de la sentencia de amparo DT-8186/89, remitiéndole copia certificada del presente laudo. SEPTIMO.- Notifíquese personalmente.".

IV. Inconforme con tal pronunciamiento, el trabajador actor promovió juicio de amparo directo cuyo conocimiento correspondió al citado Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, el cual, por unanimidad de votos y en acuerdo de catorce de noviembre de mil novecientos noventa, pronunció resolución en el sentido de amparar al quejoso expresando las consideraciones que a continuación se transcriben: "TERCERO.- Con independencia a lo manifestado en los conceptos de violación, este tribunal estima suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, porque en el caso el peticionario de la protección constitucional es el trabajador. En efecto, del laudo reclamado se advierte que para llegar a absolver al demandado de la reinstalación reclamada y al pago de los salarios caídos, la Sala estimó que dicho demandado había acreditado las excepciones que al respecto opuso, es decir, que demostró que el actor había incurrido en una de las causales de rescisión laboral contenida en el oficio de cinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, con las pruebas aportadas por ella, como fue la prueba documental consistente en el acta administrativa de auditoría de fecha veintinueve de junio continuada los días treinta del mes en cita, y cinco y siete de julio (sic). Ahora bien, la consideración de referencia no fue acertada, porque de las constancias que integran el juicio laboral, no se advierte que el acta administrativa mencionada que obra a fojas de la cincuenta a la setenta y uno, y en copia fotostática de la ciento diecisiete a la ciento treinta y seis, se hubiera ratificado por las personas que intervinieron en su formación, para dar oportunidad a la parte actora para repreguntar a los firmantes de ese documento y así poder desvirtuar los hechos que en esa acta se le imputaron. Por lo que en esas condiciones, tal documento carece de valor probatorio que le asignó la Sala, de acuerdo a la tesis jurisprudencial número 13 sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas trece y catorce del Tomo Quinto del Apéndice de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz es la siguiente: 'ACTAS ADMINISTRATIVAS. EN INVESTIGACION DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.'. En consecuencia de lo anterior, debe decirse que al haber otorgado pleno valor probatorio a las documentales consistentes en un 'telefax' de fecha once de enero de mil novecientos ochenta y dos; copia del oficio de veinte de enero de mil novecientos ochenta y dos, que contiene la referencia '14-0067'; copia del oficio de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, que contiene la referencia '1-12-160' al igual que la confesional del propio actor, la Sala responsable no fue acertada, porque como lo reconoce el propio demandado en el escrito de contestación al de reclamaciones, él mismo tenía la obligación, antes de cesar al actor, de levantar acta administrativa correspondiente en términos del artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que al carecer de valor el acta administrativa mencionada, por no haber sido ratificada para que se le hubiera dado oportunidad a la parte actora de repreguntar a los testigos que en ella intervinieron, no puede estimarse que los documentos a que hace mención puedan servir de base para considerar que el despido fue justificado, dados los términos de la jurisprudencia número 13, visible en las páginas trece y catorce del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de mil novecientos ochenta y cinco que dice: 'ACTAS ADMINISTRATIVAS. EN INVESTIGACION DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.- Las actas administrativas levantadas en la investigación de las faltas cometidas por los trabajadores, para que no den lugar a que se invaliden, deben ser ratificadas por quienes las suscriben, para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con objeto de que no se presente la correspondiente indefensión. Por lo tanto, cuando existe la ratificación del acta por parte de las personas que intervinieron en su formación y se da oportunidad a la contraparte para repreguntar a los firmantes del documento y no se desvirtúan, con las preguntas que se formulen, los hechos que se imputan, la prueba alcanza su pleno valor probatorio.'. En las relacionadas condiciones, al resultar violatorio de garantías el laudo combatido, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala lo deje insubsistente y en su lugar emita otro en el que considere que el despido alegado por el actor fue injustificado y resuelva conforme a derecho corresponda sobre las prestaciones que se hicieron depender del despido, sin perjuicio de reiterar las condenas y absoluciones que hizo en el laudo reclamado con relación a las prestaciones accesorias reclamadas.".

B. El juicio de amparo directo número DT-9474/91 (948/91), radicado y resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, encuentra como antecedentes los siguientes:

I. Mediante escrito de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa, presentado ante el secretario general de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juan Gabriel Hernández Estrella demandó de Autotransportes Urbanos Ruta-100, la reinstalación en su trabajo; el pago de salarios caídos hasta el día en que se proceda a su reinstalación; el pago de aguinaldo, vacaciones, prima adicional, despensa, fondo de ahorro e intereses correspondientes, así como los incrementos al salario que se hubieren otorgado dentro del período en que se encuentre separado de sus labores.

II. Emplazado el organismo demandado y agotadas las fases procesales correspondientes, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, el que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- El hoy actor acreditó parcialmente sus acciones intentadas y el titular demandado justificó parcialmente sus excepciones y defensas hechas valer, en consecuencia. SEGUNDO.- Es de absolverse y se absuelve al titular de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, de reinstalar al C. Juan Gabriel Hernández Estrella en el puesto de operador de autobús, así como de pagar los salarios caídos, por ser una prestación accesoria a la principal, de igual manera se absuelve al demandado de pagar la despensa anual, el premio mensual y el premio anual al hoy actor, en virtud de que dichas prestaciones se otorgan solamente a los trabajadores en el desempeño de sus funciones en forma activa independientemente que sigan la suerte de la acción principal ejercitada por el hoy actor. TERCERO.- Es de condenarse y se condena al titular demandado a pagar al hoy actor el pago correspondiente a aguinaldo, vacaciones y su prima adicional, así como a entregar y devolver el fondo de ahorro más los intereses que hayan generado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de las condiciones generales de trabajo vigentes en ese organismo demandado. Por lo que se refiere a las primeras prestaciones, las mismas deberán cuantificarse a razón del salario diario del hoy actor, y que equivale a la cantidad de $28,925.00 pesos diarios; lo anterior con base en el razonamiento efectuado en el considerando quinto de la presente resolución. CUARTO.- Prevéngase al hoy actor a efecto de que exhiba su planilla de liquidación correspondiente.".

III. Inconforme con tal pronunciamiento, el trabajador actor promovió juicio de amparo directo cuyo conocimiento correspondió al citado Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, el cual, por mayoría de votos y en acuerdo de seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, pronunció resolución en el sentido de negar el amparo solicitado por el quejoso, expresando, en lo que a este asunto concierne, las siguientes consideraciones: "TERCERO.- Resultan inatendibles los anteriores conceptos de violación. En efecto, contra todo lo que hace valer el quejoso en sus conceptos de violación y con independencia de que las consideraciones que tomó en cuenta la responsable para resolver en la forma en que lo hizo, sean del todo correctas o no, lo cierto es que esta última actuó correctamente al absolver al demandado de la reinstalación y pago de salarios caídos que le reclamó el actor. Ciertamente, de autos se advierte que el actor se duele de que fue objeto de un despido injustificado el '11 de octubre de 1989', por parte del demandado, en tanto que este último contestó que lo cierto es que fue desde el día '9 de agosto de 1989', en que se instrumentó el acta administrativa contra el trabajador, cuando dejaron de surtir los efectos de su nombramiento, en razón de que, adujo dicho titular, 'el ahora actor con fechas 24 de julio y 4 de agosto de 1989 formó parte de una manifestación de colonos del norte de la ciudad, realizando pintas en las paredes del módulo 51 Naucalpan y paradero indios verdes respectivamente exigiendo el servicio para dicho sector y gritando improperios e insultos contra el organismo que represento y los funcionarios, por tales motivos con fecha 7 de agosto de 1989 se le citó para que compareciera el día 9 de ese mes y año a la instrumentación del acta administrativa en la que se harían constar las anomalías.' (foja 97). Así que, para acreditar la procedencia de las excepciones opuestas, el demandado ofreció como pruebas de su parte el citatorio que se formuló al actor (que contiene la firma autógrafa de éste), y el acta administrativa que también se le instrumentó (que no fue objetada en autenticidad por la contraria, pues, lejos de ello, el trabajador exhibió una copia fotostática de la misma, como prueba documental de su parte), en la cual obran las declaraciones de los dos testigos de cargo que presenciaron los hechos los días '24 de julio y 4 de agosto de 1989', que son los supervisores de vigilancia Ramón Flores y René Bojórquez (que ratificaron haber presenciado los hechos que se imputan al trabajador) (sic). Así las cosas, es incuestionable que si el actor no objetó en cuanto a su autenticidad el documento de referencia, entonces las declaraciones de los testigos de cargo no fueron desvirtuadas y, aún más, en la del actor, aunque éste niega los cargos que se le imputan, lo cierto es que aceptó haber participado en tales 'actos', y la circunstancia de que el trabajador haya exhibido una incapacidad del día '04-08-89', esto no demuestra, por sí misma, que el actor no participó en dichos actos, ya que lo más que puede acreditar es que en la citada fecha se le expidió la licencia médica que amparaba ese único día como justificante de su inasistencia a sus labores, pero no, se repite, es apto para demostrar que aquél estuvo en su domicilio todo el día, porque tales actos no le constan al médico que le extendió la incapacidad cuestionada.".

De los asuntos relacionados se desprende que los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto del Primer Circuito en Materia de Trabajo se han pronunciado en torno a un mismo tema, consistente en el valor probatorio que se debe otorgar a un acta administrativa levantada ante la parte patronal donde se hacen constar hechos u omisiones relacionados con la conducta de un trabajador para efectos de rescindir la relación laboral, llegando a conclusiones opuestas sobre el tópico, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo estima que éstas, para tener total eficacia jurídica, en todo caso deben ser ratificadas en el juicio laboral por quienes en ellas intervinieron, siendo esa la oportunidad procesal para repreguntar a sus firmantes, el otro órgano jurisdiccional sostiene que tales actas alcanzan también pleno valor probatorio cuando no sean objetadas en su autenticidad por el trabajador, aunque no las ratifiquen en juicio sus firmantes.

En las relatadas condiciones queda configurada la presente contradicción de tesis.

CUARTO.- De manera previa a su estudio, resulta pertinente puntualizar, en primer término, que esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se dejó asentado al hacer la reseña del juicio de amparo directo DT-9033/90, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ya ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que las actas administrativas levantadas con motivo de faltas cometidas por los trabajadores sólo alcanzan pleno valor probatorio cuando su contenido es ratificado en juicio por quienes las suscriben, dando con ello oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento y la posibilidad de desvirtuar su contenido.

Dicho criterio jurisprudencial se recoge en la tesis consultable en la página 80, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, que a la letra señala:

"ACTAS ADMINISTRATIVAS. EN INVESTIGACION DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.- Las actas administrativas levantadas en la investigación de las faltas cometidas por los trabajadores, para que no den lugar a que se invaliden, deben ser ratificadas por quienes las suscriben, para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con objeto de que no se presente la correspondiente indefensión. Por lo tanto, cuando existe la ratificación del acta por parte de las personas que intervinieron en su formación y se da oportunidad a la contraparte para repreguntar a los firmantes del documento y no se desvirtúan, con las preguntas que se formulen, los hechos que se imputan, la prueba alcanza su pleno valor probatorio.".

Sin embargo, tomando en consideración que la tesis jurisprudencial transcrita se integró con anterioridad a las reformas de la Ley de Amparo introducidas por decreto legislativo de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete y que, en términos del artículo sexto transitorio de dicho decreto, los Tribunales Colegiados de Circuito pueden válidamente diferir de dicha jurisprudencia (como sucede en la especie, pues el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, aunque sin expresar las razones consiguientes, se apartó del criterio ya establecido), esta Cuarta Sala procede a reexaminar el problema, para verificar si debe o no seguir prevaleciendo el criterio por ella sentado.

En segundo lugar cabe resaltar que dicho criterio jurisprudencial ha tenido aplicación reiterada tanto en el procedimiento laboral que rige el apartado A del artículo 123 constitucional, conferido a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como por lo que hace al contenido en el apartado B de ese mismo artículo, cuyo conocimiento es de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Así lo demuestran las ejecutorias que integran dicha jurisprudencia, ya que cuatro de sus precedentes (amparos directos 1906/74, 5105/74, 2995/75 y 8921/83) se promovieron en contra de actos atribuidos a Juntas de Conciliación y Arbitraje, y uno más (amparo directo 3270/82), contra actos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Atento a ello, y considerando que los asuntos materia de esta contradicción provienen, ambos, de juicios promovidos en contra de actos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, específicamente por aplicación del artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el estudio que se hará en esta resolución sólo tendrá por objeto el análisis de la cuestión en esta clase de juicios.

QUINTO.- En principio debe señalarse que para determinar cuál es la naturaleza -pública o privada-, de la documental consistente en el acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se requiere tomar en consideración lo establecido en la tesis jurisprudencial 1965 (Compilación de 1988, Segunda Parte), que a continuación se transcribe:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL CESE DE LOS.- En virtud de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Estado en sus relaciones con los empleados públicos, ha pasado a ser sujeto de contrato de trabajo, de manera que al separar a uno de sus servidores no obra como autoridad sino como patrono; de lo que resulta que el amparo que se interponga contra ese acto es improcedente, toda vez que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridad, atento a lo prevenido por el artículo 103 constitucional, en sus fracciones I, II y III. Por otra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado concede a los servidores del Estado un recurso ordinario para cuando estimen que fueron violados en su perjuicio algunos de sus derechos, recurso mediante el cual deben acudir primeramente al Tribunal de Arbitraje, que según el artículo 99 de dicha ley, son competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre funcionarios de una unidad burocrática y de los intersindicales de la propia unidad, y después, en su caso, al Tribunal de Arbitraje, que tiene competencia para resolver en revisión los conflictos individuales de que se ha hecho mérito.".

El contenido fundamental de esta jurisprudencia, referido a que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como si fuera el sujeto patronal de un contrato de trabajo, ha sido confirmado por el Pleno de esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales 9/90 y 10/90, integradas el día diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

Como consecuencia de tal criterio, cabe considerar que cuando el titular de una dependencia burocrática (o la persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica, no está actuando como autoridad, sino como asimilado a la parte patronal y, asimismo, como corolario de ese razonamiento, habrá de concluirse que el acta levantada no constituye una documental pública en los términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, según ordena el artículo 11 de aquel ordenamiento, sino un documento privado.

El acta de referencia requiere, para su constitución, del cumplimiento de distintas formalidades que establece el ya aludido artículo 46 bis:

"Artículo 46 bis.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe supervisor de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.

Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumento base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.".

Importa destacar que conforme a lo establecido en el precepto acabado de transcribir, así como en los artículos 46, fracción V y 127 bis del mismo ordenamiento, toca al titular de la dependencia la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le toca también, por consiguiente, la carga de probar la existencia de la causal relativa.

Dentro de tal contexto, es decir, de las cargas que el titular tiene de demandar y de probar la causa de terminación, es que debe examinarse la fuerza probatoria del mencionado documento privado, para dirimir la contradicción de mérito.

Pues bien, de acuerdo con el artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo, supletoriamente aplicada como ya se dijo, "cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento", de donde se infiere que dicho documento no prueba, necesariamente, la verdad de lo declarado o manifestado; y si esta regla opera tratándose de documentales públicas, con mayor razón debe aplicarse tratándose de la multimencionada acta administrativa, que es un documento privado, según ya se especificó.

Además, no puede perderse de vista que dicho documento es formado por orden de la parte patronal y contiene declaraciones de terceros que figuran como testigos, lo que amerita su presentación ante la autoridad jurisdiccional, tanto para que ratifiquen su dicho como para que el trabajador afectado tenga oportunidad de repreguntar ante su juzgador y no ante su contraparte.

Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial 698 (Compilación de 1988, Segunda Parte), que establece:

"DOCUMENTOS PRIVADOS, PROVENIENTES DE TERCERO.- Los documentos privados provenientes de tercero, cuando no son ratificados por quienes los suscriben, deben equipararse a una prueba testimonial rendida sin los requisitos de ley, por lo que carecen de valor probatorio.".

Por lo tanto, si el acta de que se viene tratando no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, tal fuerza debe alcanzarse mediante su perfeccionamiento, cuando se utiliza en el procedimiento laboral.

En tal sentido, dicho perfeccionamiento se logra mediante la ratificación de su contenido por quienes en ella intervinieron o, en su caso, por confesión expresa del trabajador, caso éste que no es materia del análisis aquí desarrollado.

En ese orden de ideas, la citación de los signantes ante el órgano jurisdiccional les permitirá reconocer el documento mismo, su contenido y la autenticidad de sus firmas; se les presenta en juicio al que comparecen de la misma forma a como lo hace un testigo, lo que permite a la parte cuyo interés es opuesto al del oferente de la prueba, repreguntar sobre los hechos que constan en el acta y, en su caso, desvirtuar cabalmente su contenido.

Podría pensarse que si el acta administrativa levantada con motivo de una falta atribuible al trabajador, contiene una relación de hechos que atañen a la responsabilidad de este último, a él correspondería la carga de objetar su contenido para así dar lugar a requerir su perfeccionamiento, pero tal conclusión desaparece si se toma en consideración, básicamente, que en dicho documento se hace constar la causa de rescisión que invoca la parte patronal, en vía de acción, para obtener una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que deje sin efectos el nombramiento del trabajador, de ahí que en estricta observancia del principio procesal que impone a la parte que afirma, la carga de probar los hechos, se tenga también la carga de perfeccionarla mediante la ratificación que de ella hagan sus firmantes, independientemente de que haya o no sido objetada por el trabajador.

De no ser así, y concluir que la ratificación del acta administrativa por los firmantes sólo procede cuando es objetada por el trabajador, implicaría a su vez la grave consecuencia de otorgar al patrono, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento, a fin de lograr un acto que, como cierto tipo de terminación de las relaciones laborales, sólo puede válidamente obtener mediante el ejercicio de una acción y la demostración ante el tribunal competente.

Por estos motivos debe prevalecer, en esencia, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mismo que se apoya en los lineamientos ya establecidos sobre el particular por esta Cuarta Sala y, en consecuencia, se reitera el criterio jurisprudencial sentado al respecto, con modificaciones, para quedar en los siguientes términos:

ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SOLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES.- Tomando en consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el titular de una dependencia burocrática (o la persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo ordenamiento, tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha ley, toca al titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa se contiene la razón por la cual se demanda la terminación de los efectos de un nombramiento, y siendo esa acta un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría a su v

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/388-c6520afe/actas-administrativas-levantadas-con-motivo-de-faltas-cometidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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